Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136810
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.810, "Cristaldo, Juan José s/ Queja en causa n° 111.001 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV" y su acum. causa P. 136.824, caratulada "Aguirre, Alexis Lautaro s/ Queja en causa n° 111.001 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Mercedes, mediante sentencia del día 13 de abril de 2021, condenó a Juan José Cristaldo y a Alexis Lautaro Leonel Aguirre a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por hallarlos coautores del delito de homicidio agravado por su comisión con alevosía (art. 80 inc. 2, Cód. Penal).
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante pronunciamiento dictado el día 8 de marzo de 2022, rechazó los recursos homónimos presentados por las defensas oficiales de los imputados y confirmó la condena.
Contra esa decisión el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de Juan José Cristaldo, y el señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor José María Hernández, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de Alexis Lautaro Leonel Aguirre. Ambos fueron declarados inadmisibles por la Sala recurrida, y ello motivó la interposición de sendas quejas, que fueron admitidas por esta Corte y concedidos los recursos (v. causas P. 136.810-Q en favor de Cristaldo y P. 136.824-Q en favor de Aguirre, resols. de 24-V-2023).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Juan José Cristaldo?
2ª) ¿Lo es el deducido respecto de Alexis Lautaro Leonel Aguirre?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa denuncia la errónea aplicación del art 80 inc. 2 del Código Penal.
Sostiene que el revisor confirmó la existencia del aspecto subjetivo requerido para la configuración de la figura de homicidio alevoso sin contar con sustento probatorio para hacerlo y apartándose de las constancias de la causa.
Asevera que de la declaración prestada por el oficial Luis Alberto Sánchez (policía que analizó las filmaciones de la noche del hecho) surge que la víctima no era la única persona que se encontraba ebria, sino que también lo estaban Cristaldo y Aguirre. Indica que sus dichos fueron corroborados por lo manifestado por Franco Daniel Ayala (dueño del kiosco al que los tres sujetos fueron a comprar y consumir cerveza), quien añadió que los imputados se fueron con la víctima y volvieron solos al comercio.
A partir de ello, manifiesta que quien pretende actuar sin riesgo no vuelve al lugar donde se lo puede identificar.
Agrega que existe un domo municipal que alcanzó a filmar un importante tramo del hecho lo que, a su juicio, también lleva a descartar el actuar sobre seguro propio de la alevosía, toda vez que los imputados fueron vistos en vivo y en directo a través de la referida cámara y nada se hizo.
Refiere que estos planteos fueron expuestos por la defensa al interponer el recurso de casación y no recibieron una adecuada respuesta por parte del tribunal revisor, que arbitrariamente se desentendió de los testimonios que dan cuenta de que Cristaldo estaba ebrio.
Concluye que, a la luz del estado en que se encontraba su asistido, no se puede sostener que estuviese en condiciones de urdir un plan de obrar sin riesgo ni que lo haya querido conscientemente.
Solicita que se declare erróneamente aplicada la figura del art. 80 inc. 2 del Código Penal y se recalifique el hecho como constitutivo de homicidio simple (art. 79, Cód. Penal).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General en cuanto aconsejó el rechazo de la impugnación.
III.1. La defensa de Cristaldo, en el recurso de casación, en lo que interesa, cuestionó la calificación legal asignada al evento, señalando que no contaba con sustento probatorio la afirmación de que hubo "...una convergencia de voluntades tendiente a embriagar a la víctima, y en ese estado de disminución de defensas, conducirl[a] hasta un descampado para ultimarl[a]", puesto que ni de la propia dinámica del hecho, ni del comportamiento que habrían adoptado los imputados de manera previa, concomitante y posterior podía extraerse una conclusión de tal magnitud. Aseveró que nada de lo relevado testificalmente permitía concluir en la existencia de un acuerdo o convergencia de voluntades dirigidas a la consecución de un objetivo determinado y mucho menos el resultado que tuvo este hecho. Indicó que el tribunal se había desentendido de las particularidades del caso, tales como el estado de ebriedad de Cristaldo, Aguirre y la propia víctima; de ello derivó que la determinación de que Cristaldo y Aguirre llevaban casi a la rastra al damnificado era arbitraria.
Criticó la siguiente afirmación del sentenciante: "Con ello quiero significar que los acusados profundizaron al extremo la borrachera de la víctima, llevándolo al descampado cuando estaban mermadas sus posibilidades de defensa, pues no podía siquiera mantener el equilibrio" porque soslayó la declaración del oficial Luis Alberto Sánchez, de la que surge que la víctima no era la única persona ebria, sino que eran los tres, quienes en conjunto habían estado tomando cerveza en el kiosco durante un prolongado tiempo. Agregó que se sobredimensionaron las expresiones del policía, quien opinó que "...una de las personas que se veía en la filmación se notaba que la llevaban medio obligada", ya que el nombrado no pudo dar razones de sus dichos ni tampoco determinar quién de los tres sujetos era el que estaba siendo llevado "obligado".
Refirió que el hecho no encuadraba en la figura del homicidio alevoso, pues quedó acreditado que sobre la esquina de la Av. Sargento Cabral y calle Corrientes existe un domo municipal que alcanzó a filmar una porción importante de la secuencia, circunstancia que debió llevar a descartar un actuar sobre seguro de los imputados, en tanto fueron vistos en vivo y en directo por la autoridad y nada se hizo para que la situación tuviera un final distinto.
En definitiva, reclamó que se corrija la significación legal del hecho de acuerdo a las previsiones del art. 79 del Código Penal (homicidio simple).
III.2. El tribunal intermedio, en primer lugar, reseñó la materialidad ilícita que se tuvo por debidamente acreditada en los siguientes términos: "...el día 25 de agosto de 2018, siendo aproximadamente las 01:32 horas, dos sujetos de sexo masculino, con convergencia intencional respecto del resultado letal finalmente producido, trasladaron a Gabriel Ezequías Castaño al descampado ubicado en la Avenida Corrientes entre Trueba y Sargento Cabral del Barrio San Bernardo de General Rodríguez donde, aprovechando que se encontraba en total estado de indefensión en razón de la intoxicación por el consumo de bebidas alcohólicas que presentaba (2,1 g/l de alcohol en sangre), uno de dichos sujetos, con un arma blanca, hirió a Castaño de muerte en el cuello, causando su óbito por un paro cardio respiratorio traumático secundario a shock hemorrágico irreversible. Posteriormente, previo egresar y retornar al sitio minutos antes de las 02:55 horas, incendiaron el cadáver de la víctima, combustionando a tales fines cubiertas y/o cámaras de vehículos automotores, y la campera del restante sujeto[s] activo. Una vez encendido el ígneo, ambos masculinos se marcharon del lugar".
Posteriormente, en lo que aquí importa, analizó el reclamo de la defensa relativo al encuadre del hecho como homicidio alevoso.
Explicó que la calificante aplicada remite a cuestiones de hecho con trascendencia jurídica, que halló presentes en el caso.
Afirmó que "...la alevosía no solo se configura por el traslado al descampado, sino porque el fomento de la ingesta de alcohol a la víctima la puso en un estado de embriaguez que llevaínsito la mengua de la resistencia y de ahí que se actúe sobre seguro. La cantidad de alcohol en sangre encontrada en la víctima así lo demuestra".
A ello sumó el traslado al lugar desolado, donde la posibilidad de asistencia resultó nula.
Desestimó la alegación de la defensa de que la existencia de cámaras llevaba a descartar un obrar sobre seguro. Para ello explicó que la circunstancia de que no hayan aparecido en escena terceras personas que pudieran eventualmente defender a la víctima se correspondía con la idea del autor de ejecutar la acción sin riesgo para él. "Tal es así que la ejecución de la víctima tuvo lugar en el descampado, desolado, zona en la que, además de estar fuera del alcance de las cámaras, difícilmente pueda presentarse esa posibilidad y que de hecho no ocurrió, lo que permitió que los agresores obraran con esa seguridad".
Recordó que la alevosía integra la comisión de delitos contra las personas, configurándose en aquellos casos en que se emplean en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido o de terceros. Dijo que el fundamento es esencialmente objetivo, derivado, por una parte, de la situación de mayor peligro para la vida, y por la otra, del mayor disvalor de acción del autor.
Agregó que la alevosía posee una naturaleza compleja en la que, además del aspecto objetivo relacionado con el modo de ejecución del hecho, requiere en el plano de la subjetividad del autor —como mínimo— el aprovechamiento consciente, a través de su actuación, de la situación de indefensión de la víctima.
Apuntó que la ausencia de riesgo se deduce, no de la defensa que haga o deje de hacer el ofendido, sino de las condiciones con que el delito es ejecutado, como así también de que los medios utilizados sean tales que racionalmente hagan creer al delincuente que tenía asegurada la ejecución de su acto sin riesgo personal que procediera de la defensa que pudiera oponer la víctima o un tercero.
Entendió que ello quedaba configurado a partir de la prueba producida, mencionando —en oportunidad de abordar las restantes peticiones de las defensas— la declaración testimonial brindada por Micaela Judith Castaño, quien se refirió a las reiteradas amenazas del imputado hacia su hermano y destacó que el día del hecho Cristaldo le mencionó a su suegra que le haría algo a la víctima; dichos que fueron corroborados por Jésica Soledad Martínez.
A ello agregó las imágenes de las cámaras de seguridad que dieron cuenta de la dinámica de los sucesos.
Meritó también las declaraciones juramentadas del kiosquero Franco Daniel Ayala y del oficial Sánchez.
Así, descartó las aspiraciones delineadas por la defensa dado que "...nada puede reprochársele al encuadramiento legal asignado al evento juzgado, toda vez que [...] se encuentran reunidos los elementos que reclama la figura del agravada del homicidio (art. 80 inc. 2 del C.P.)".
IV. Como lo adelanté, el planteo defensista no puede prosperar.
Si bien se denunció la errónea aplicación de la ley sustantiva, lo cierto es que sus desarrollos se encuentran dirigidos a cuestionar la corroboración de las circunstancias tenidas en cuenta para la configuración de la figura calificada (art. 80 inc. 2, Cód. Penal) y esos planteos no son propios del ámbito de conocimiento de esta Suprema Corte, salvo supuestos excepcionales que en el caso no han sido denunciados ni evidenciados (art. 494, CPP).
La Casación determinó, a partir de las pruebas colectadas, que los imputados trasladaron a la víctima a un terreno baldío, previo fomentar una ingesta de alcohol que la puso en un total estado de embriaguez —no comparable con el de los sujetos activos, puesto que Castaño ni siquiera se podía mantener en pie y fue "arrastrado" por Cristaldo y Aguirre—, entendiendo que el dolo se proyectó sobre el consciente aprovechamiento del estado de indefensión de la víctima —quien registró 2,1 g/l de alcohol en sangre, y además estaba sola— y la falta de riesgo para los autores —que la trasladaron a un descampado, donde no había nadie y donde tampoco apuntaba la cámara de seguridad referida por la defensa— al perpetrar el ataque. Por lo expuesto, estimó que la calificación jurídica cuestionada era la que correspondía mantener.
En rigor, las críticas de la defensa a lo decidido por el órgano intermedio respecto a la configuración del homicidio alevoso se han limitado a expresar su oposición a lo resuelto y a descartar la configuración del actuar sobre seguro de los imputados. Así, aunque se haya esgrimido con sustento en la errónea aplicación de la ley sustantiva por parte del Tribunal de Casación, su queja se refiere a cuestiones relativas a la determinación del hecho y la valoración de la prueba.
Y si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo un supuesto de absurdo o arbitrariedad, claramente alegado y demostrado —que ni siquiera vienen planteados por la parte—, no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores en materia de hecho y prueba invocados (conf. doctr. causas P. 92.219, sent. de 12-VII-2006; P. 102.196, sent. de 14-XI-2012; P. 105.648, sent. de 5-XII-2012; P. 110.540, sent. de 12-VI-2013; P. 116.825, sent. de 18-VI-2013; P. 133.177, sent. de 14-X-2020; e.o.).
En síntesis, el planteo se presenta meramente como un criterio divergente al del sentenciante que, por su insuficiencia, amerita su rechazo (doctr. art. 495, CPP).
Contrariamente a lo expuesto por la defensa, el hecho descripto por ambas instancias y las pruebas obrantes en la causa dan por corroborados los elementos del tipo objetivo y subjetivo que requiere la figura del homicidio con alevosía prevista por el art. 80 inc. 2 del Código Penal y la doctrina de esta Corte que considera que "...hay alevosía cuando la falta de peligro para el autor y la indefensión de la víctima —causadas o no por el sujeto activo— hubieran sido condición subjetiva del ataque" (conf. causa P. 124.384, sent. de 14-XII-2016, y sus citas).
En efecto, subjetivamente el tipo sólo requiere que el autor obre sobre seguro, sin el riesgo que puede significar para su persona la reacción de la víctima o de terceros que puedan acudir en su defensa. Ello basta para la configuración del homicidio alevoso.
En el caso concreto no solamente quedó acreditado el elemento objetivo de falta de peligro para el autor e indefensión de la víctima, toda vez que se constató que Castaño estaba alcoholizado y que fue trasladado por los imputados hasta el terreno en el que, finalmente, fue asesinado; sino también el tipo subjetivo, ya que se tuvo por probado que Cristaldo —que ya había amenazado de muerte reiteradamente a la víctima— promovió esa situación y se valió de ella para llevar a cabo su accionar.
Resultado de ello, debe mantenerse la calificación legal tal como llega a esta instancia extraordinaria.
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa denuncia tránsito aparente por la instancia recursiva (arts. 8.1 y 8.2."h", CADH; 14.5, PIDCP; 18 y 75 inc. 22, Const. nac.), y violación del principio de in dubio pro reo en relación con la aplicación al caso de la teoría de la coautoría funcional.
Indica que su planteo, referido a la falta de acreditación de un plan común tendiente a dar muerte a la víctima y a que Aguirre actuó coaccionado por las amenazas de Cristaldo, no recibió una adecuada respuesta del Tribunal de Casación.
Entiende que la actuación mancomunada y la convergencia de voluntades no tiene respaldo en las pruebas, pues fue Cristaldo quien ejecutó el homicidio, mientras que Aguirre se limitó a colaborar en el traslado de Castaño hacia el descampado, pero bajo amenazas de muerte hacia él y su familia y sin conocer la intención homicida del coimputado.
Afirma que la hipótesis defensista no fue válidamente desacreditada, de modo que se imponía la absolución por el in dubio pro reo .
Finalmente, sostiene que al resolver el recurso prescindiendo del concreto contenido de los agravios, la Casación dictó una sentencia arbitraria por apartamiento de las constancias de la causa, que equivale a una infracción al derecho a ser oído, derivado del derecho de defensa en juicio.
II. El señor Procurador General propició el rechazo de la queja. Coincido con él.
III.1. En la sentencia, el tribunal de juicio recordó la materialidad ilícita que se tuvo por probada en el veredicto ("…el día 25 de agosto de 2018, alrededor de las 01:32 horas, los imputados Cristaldo y Aguirre, mediando convergencia intencional entre ellos, trasladaron a Gabriel Ezequías Castaño al interior del descampado ubicado en la Avenida Corrientes entre Trueba y Sargento Cabral del Barrio San Bernardo de General Rodríguez donde Cristaldo, aprovechando que se encontraba en total estado de indefensión en razón de la intoxicación por el consumo de bebidas alcohólicas que presentaba, con un arma blanca, hirió a Castaño de muerte en el cuello"), consideró que debía ser subsumida jurídicamente como constitutiva del delito de homicidio agravado por su comisión con alevosía, y estimó que Cristaldo y Aguirre debían responder en carácter de coautores funcionales (arts. 45 y 80 inc. 2, Cód. Penal).
Destacó que los imputados poseyeron el dominio del hecho, habiendo resultado necesaria la intervención de ambos en el traslado de Castaño "casi a las rastras" y "medio obligado" por la vereda (unos cincuenta metros) y luego hacia el interior del descampado (otros trece metros), sitio seleccionado para darle muerte. Luego, rechazó que Aguirre resultase partícipe (primario o secundario) del hecho.
III.2. Del recurso de casación, en lo que interesa, surge que la defensa cuestionó el razonamiento probatorio efectuado por el tribunal de grado para sostener la intervención de Aguirre a título de coautor.
Tras citar diversas declaraciones testimoniales, afirmó que existió certeza respecto a que quien ultimó a la víctima con un arma blanca fue Cristaldo; añadió que la mera presencia de su defendido en el lugar del hecho no alcanzaba para colocarlo como autor, coautor ni partícipe de una conducta que no se demostró premeditada ni preordenada para el fin que tuvo.
Expresó que las pruebas no demostraban que Aguirre haya tenido el dominio de los acontecimientos, sino que su proceder llegó sólo a un encubrimiento, por la sencilla razón de que su consorte de causa desde el comienzo lo amenazó de muerte.
III.3. El tribunal intermedio, para descartar los planteos de la defensa, indicó que los imputados actuaron mancomunadamente para conducir de manera forzada a la víctima al interior del descampado, escenario donde finalmente le quitaron la vida.
Manifestó que esta convergencia se ponía de manifiesto no sólo atendiendo a lo develado por las cámaras, en cuanto al modo en que ambos trasladaron a la víctima hacia el terreno baldío momentos previos al desenlace fatal, sino también a lo largo de cada episodio.
Apuntó que resultaba incontrastable que Aguirre siempre estuvo a la orden de los acontecimientos, a sabiendas de que Cristaldo "le iba a dar masa" a Castaño según él mismo lo manifestó, colaborando y asumiendo un determinado rol antes, durante y después de
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.