Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135968
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe deja sin efecto el fallo en crisis y se reimplanta la decisión de la Cámara en cuanto confirmó el rechazo de aplicar al presente la suspensión de juicio a prueba respecto de Jonathan Emanuel Berdasco (arts. 76 bis, Cód. Penal; 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.968, "Dra. María Laura Elvira D'Gregorio Fiscal subrogante del Fiscal interino ante el Tribunal de Casación Penal- s/ Queja en causa N° 111.168 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a Berdasco, Jonathan Emanuel", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
Conforme se desprende de las copias digitalizadas del expediente, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, mediante el pronunciamiento dictado el 4 de junio de 2021, rechazó el recurso de la defensa particular del imputado Jonathan Emanuel Berdasco contra la decisión del Juzgado en lo Correccional n° 7 de dicha departamental que rechazó la aplicación de la suspensión de juicio a prueba. El decisorio se fundamentó en que la oposición fiscal a la concesión del citado instituto resultaba razonable ya que el delito reprochado (homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor; art. 84 bis, Cód. Penal) prevé pena de inhabilitación de manera conjunta con la pena de prisión, supuesto expresamente excluido por el art. 76 bis del Código Penal; en su apoyo, se citó jurisprudencia de esta Suprema Corte.
Frente a ello, la defensa particular dedujo recurso de casación que fue desestimado por inadmisible, lo que derivó en la presentación de una queja.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 22 de septiembre de 2021, admitió la queja y declaró procedente el recurso. Destacó que la oposición fiscal tuvo en consideración únicamente las condiciones objetivas del art. 76 bis del Código Penal. Luego, afirmó que es preciso que los órganos jurisdiccionales controlen la legalidad y logicidad de la oposición, y estimó que más allá de lo decidido por esta Suprema Corte en la causa P. 125.430 (sent. de 7-IX-2016), con posterioridad el Máximo Tribunal nacional dictó sentencia en el expediente "Tortoriello de Boero, Mónica Alejandra s/ contrabando art. 863 -Código Aduanero-" en el que descalificó por arbitraria una decisión que había rechazado la suspensión de juicio a prueba con exclusivo sustento en la conminación penal. Aclaró que, si bien esa decisión se refirió a la sanción accesoria de multa, el tipo penal aplicable a ese caso también contenía la pena de inhabilitación (art. 867, Cód. Aduanero). Por último, indicó que la pena de inhabilitación prevista como sanción para un delito determinado "...no puede por sí sola operar como impedimento exclusivo para la denegatoria de la suspensión de juicio a prueba, como sucede en el caso".
Contra lo así decidido, la doctora María Laura D’Gregorio, fiscal subrogante del fiscal titular interino ante el Tribunal de Casación Penal, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue declarado inadmisible por el órgano casatorio; ello derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis ante este Tribunal.
Esta Suprema Corte, mediante resolución de fecha 11 de mayo de 2022, declaró procedente la queja y admitió el carril extraordinario por estimar que la decisión en crisis resulta equiparable a definitiva y la denuncia de arbitrariedad en la interpretación del art. 76 bis del Código Penal se planteó con la suficiencia necesaria para superar la etapa de admisibilidad.
Oído el señor Procurador General, quien acompañó la pretensión fiscal, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Ministerio Público Fiscal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la doctora María Laura D’Gregorio, fiscal subrogante del fiscal interino ante el Tribunal de Casación Penal, luego de reseñar los antecedentes del caso, denunció que el Tribunal de Casación se apartó de manera arbitraria del texto del art. 76 bis del Código Penal.
En su apoyo, trajo a colación diversos tramos de la sentencia dictada por esta Suprema Corte en causa P. 125.430 en cuyo marco se estableció que no es posible conceder la suspensión de juicio a prueba en supuestos donde se investigan delitos reprimidos con pena de inhabilitación, tanto sea de manera única, conjunta o alternativa, pues ello se desprende de la literalidad de la ley, así como también de su interpretación histórica y teleológica.
Agregó que el fallo "Tortoriello de Boero" del Máximo Tribunal nacional, citado expresamente por la Casación para refrendar su decisión, no resulta aplicable pues existen notorias diferencias con la presente. En tal sentido, señaló la distinta naturaleza de los delitos involucrados en ese precedente y en el de autos; destacó que en aquel se contaba con la anuencia fiscal, lo que no ocurre en este supuesto, por contar con una negativa debidamente fundada; y, además, puntualizó que el fondo de la cuestión abordada por el Máximo Tribunal nacional en nada se vincula con la cuestión a resolver en autos, en tanto allí se analizó si la falta de pago de la multa prevista en el tipo aplicable obstaba o no para la procedencia del instituto previsto en el art. 76 bis del Código Penal.
La recurrente alegó que el hecho de que el delito investigado en el citado precedente nacional "...prevea también la pena de inhabilitación, nada aporta a la cuestión dado que los fundamentos por los cuales la Corte nacional declaró la arbitrariedad de lo resuelto, de modo alguno pueden replicarse en autos...".
Para reafirmar la desacertada fundamentación del fallo casatorio ante las diferencias existentes en la situación juzgada en estas actuaciones, precisó que "...nos encontramos ante un supuesto de homicidio culposo agravado, que de modo alguno puede verse alcanzado por los presupuestos propios del procedimiento aduanero, el cual prevé una pena conjunta de prisión e inhabilitación especial, sin que esta última importe una sanción administrativa, ni requiera para su imposición la condena firme del imputado".
Por otra parte, tachó de arbitraria la afirmación de la Casación relativa a que no resulta válido denegar la suspensión de juicio a prueba únicamente con el argumento de que el delito está sancionado con pena de inhabilitación. Explicó que en este supuesto la oposición fiscal no se fundó únicamente en la existencia de una pena de inhabilitación sino también en las particulares características del caso, transcribiendo -en lo pertinente- los tramos del escrito en el que la agente fiscal interviniente manifestó su expresa oposición a la viabilidad del pedido formulado por la defensa.
En ese marco, destacó que la representante del Ministerio Público Fiscal hizo mención no solo a la pena de inhabilitación conminada en el caso, sino también a las circunstancias concretas del suceso, el bien jurídico afectado, la gravedad del hecho y la necesidad de satisfacer las garantías procesales de todas las partes del proceso, todo lo cual determinó el interés por continuar adelante con el ejercicio de la acción penal y desestimar la aplicación de criterios de oportunidad. Frente a ello, afirmó que este último argumento expuesto por la fiscalía vinculado con las particularidades del caso pasó inadvertido para la Casación.
En definitiva, manifestó que el revisor se apartó de la oposición fiscal sin demostrar su falta de razonabilidad.
Concluyó afirmando que el órgano intermedio "...efectuó una revisión aparente de lo resuelto por la Cámara, se apartó de la normativa legal aplicable al caso (art 76 bis del Cód. Penal), se desentendió del contenido de las constancias de autos, rechazó infundadamente la aplicación de la doctrina legal establecida por [esta Suprema Corte] en un supuesto prácticamente análogo al de autos, y pretendió fundar lo resuelto apelando a una inoficiosa interpretación de un precedente de la CSJN que en nada se vincula con el supuesto que nos convoca".
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar a la impugnación. Coincido con lo así dictaminado, el recurso es procedente.
III. Asiste razón al Ministerio Público Fiscal en cuanto tacha de arbitraria la interpretación de la ley efectuada por el Tribunal de Casación Penal (conf. art. 496, CPP).
III.1. Cabe recordar que, más allá de la excepcionalidad de la doctrina que invoca la recurrente -arbitrariedad de sentencias-, no debe olvidarse que ella también procura asegurar respecto del Ministerio Público Fiscal la plena vigencia del debido proceso (conf. doctr. CSJN Fallos: 299:17; 331:2077), requiriendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente (doctr. art. 18, Const. nac.; conf. SCBA causas P. 124.923, sent. de 6-VI-2018; P. 128.451, sent. de 5-XII-2018; P. 132.936, sent. de 18-VIII-2020; P. 131.092, sent. de 20-X-2020; e.o.); exigencias que no se abastecieron en la presente.
En efecto, como lo puso de manifiesto la impugnante, la literalidad del art. 76 bis anteúltimo párrafo del Código Penal resulta categórica en cuanto a la imposibilidad de aplicar la suspensión de juicio a prueba en casos como el presente en el que se investiga la comisión de un delito sancionado con pena de inhabilitación de manera conjunta (conf. art. 84 bis, Cód. Penal).
Al respecto, esta Suprema Corte en el citado precedente P. 125.430 -del que el Tribunal de Casación se apartó con fundamentos meramente aparentes y dogmáticos- afirmó que tanto la interpretación literal, como la histórica (análisis del debate parlamentario de la ley 24.316 y de los proyectos de reforma), la teleológica y la sistemática del mencionado art. 76 bis, permite concluir, sin margen de duda, que la suspensión de juicio a prueba no procede para delitos reprimidos con pena de inhabilitación, sea esta única, conjunta o alternativa (v. punto III.1. y 2. a., b., c. y d. del voto del Juez Soria en causa P. 125.430 op. cit.; v. también, mutatis mutandi, causas P. 132.164, resol. de 25-IX-2019; P. 135.926-Q, resol. de 24-V-2023; e.o.).
Cabe destacar que el motivo por el cual este tipo de delitos queda excluido del instituto en análisis radica en que la pena de inhabilitación contempla un interés social específico vinculado con la incompetencia del imputado en el desempeño de una actividad, arte o profesión cuyo ejercicio depende de una licencia o habilitación del poder público (en el presente, licencia para conducir vehículos automotores). Se advierte que, al impedir la aplicación de la suspensión de juicio a prueba en estos supuestos, se otorga una especial preponderancia a la investigación de los hechos en los que existe una autorización estatal para la actividad reglada en base a la cual se configura el obrar imprudente que da origen al delito reprochado (v. punto III.2.e. y f. del voto citado).
III.2. Para más, como lo advirtió el Ministerio Público Fiscal en diversas intervenciones en el proceso, tanto en la oportunidad de oponerse a la concesión de la suspensión de juicio a prueba como en el recurso extraordinario en análisis, la pena de inhabilitación en un supuesto como el presente reviste especial importancia debido a la gravedad del hecho investigado que tuvo por resultado la muerte de una persona como probable consecuencia de la conducción imprudente de un colectivo por parte de un chofer profesional.
Aquí también asiste razón a la parte en cuanto reprocha al sentenciante incurrir en dogmatismos y apartarse de las constancias del caso, pues -como se reseñó- la oposición fiscal no solo atendió a los requisitos objetivos del art. 76 bis sino también, y especialmente, a las concretas circunstancias del caso.
Es decir, el propio Tribunal de Casación ni siquiera mínimamente atendió a esas particularidades, incurriendo en el vicio que reprochó a la oposición fiscal y a los pronunciamientos jurisdiccionales que refrendaron la logicidad y razonabilidad de dicha objeción (conf. art. 496, cit.).
III.3. Por último, resultan completamente acertadas las críticas que la recurrente formuló contra la aplicación del fallo "Tortoriello de Boero" (conf. art. 496, cit.).
Como lo puso de manifiesto la fiscalía, el Tribunal de Casación Penal no se hizo cargo de las notorias diferencias fácticas y normativas entre ambos casos para demostrar de qué manera, pese a ello, el razonamiento analógico resultaría igualmente sostenible.
En tal sentido, existen evidentes divergencias en cuanto a los hechos en discusión, a los tipos penales en juego y a los bienes jurídicos comprometidos. También las hay en lo que hace al trámite procesal: en el presente caso la fiscalía se opuso a la suspensión de juicio a prueba, mientras que en el citado caso "Tortoriello de Boero" había anuencia fiscal.
De igual modo, también son disímiles las penas en discusión: mientras en el caso en examen la imposibilidad de aplicar el citado art. 76 bis radica en que el delito está sancionado con pena de inhabilitación de manera conjunta con la pena de prisión, en el precedente de la Corte nacional invocado por la Casación la discusión versó únicamente sobre la pena de multa accesoria en ese caso y la exigibilidad o no de su pago mínimo para acceder al instituto solicitado.
Tal como lo advierte la parte, las conclusiones que el órgano casatorio pretendió extraer de dicho precedente argumentando que el Código Aduanero prevé pena de inhabilitación de manera conjunta, no son de recibo pues la posibilidad o no de aplicar la suspensión de juicio a prueba respecto de delitos sancionados con pena de inhabilitación no formó parte del objeto controvertido sobre el que se expidió el Máximo Tribunal nacional, sino que quedó fuera de la ratio decidendi de ese fallo.
En función de lo expuesto, corresponde descalificar también por arbitrario el razonamiento analógico efectuado por el tribunal revisor sobre el que pretendió extender al presente caso el criterio sentado en el precedente "Tortoriello de Boero" (conf. art. 496, cit.).
IV. En definitiva, el fallo de Casación se apoyó en una interpretación arbitraria del art. 76 bis -anteúltimo párrafo- del Código Penal, se sustentó en argumentos meramente aparentes, sin contemplar -debidamente- las particularidades del caso y empleó un razonamiento analógico inadecuado sin expresar de qué manera, a pesar de las notorias diferencias fácticas y normativas, resultaría aplicable al presente caso el precedente de la Corte nacional con el que pretendió avalar su decisión.
Por todo lo expuesto, corresponde dejar sin efecto el fallo en crisis y reimplantar la decisión de la Cámara en cuanto confirmó el rechazo de aplicar al presente la suspensión de juicio a prueba (arts. 76 bis, Cód. Penal; 18, Const. nac.; 496 y concs., CPP).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se deja sin efecto el fallo en crisis y se reimplanta la decisión de la Cámara en cuanto confirmó el rechazo de aplicar al presente la suspensión de juicio a prueba respecto de Jonathan Emanuel Berdasco (arts. 76 bis, Cód. Penal; 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/10/2024 13:06:07 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2024 15:54:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/10/2024 17:07:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/10/2024 09:16:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/10/2024 09:44:24 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia