Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136141
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la señora fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, se casa la sentencia impugnada y, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, se devuelven los autos al mencionado órgano para que dicte una nueva decisión en la cual necesariamente deberá expedirse respecto del agravio llevado por el Ministerio Público Fiscal (art. 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.141-Q, "María Laura E. D'Gregorio, Fiscal Interina ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires s/ queja en causa n° 111.627 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud .
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 12 de octubre de 2021, rechazó por inadmisible el recurso homónimo interpuesto por el fiscal general adjunto, doctor Alejandro Varela, contra el pronunciamiento de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón, en cuanto hizo lugar al recurso deducido por la defensa oficial contra el cómputo de pena practicado por el Tribunal en lo Criminal n° 5 departamental, y estableció que la pena de prisión perpetua impuesta a Sergio Javier Álvarez vencerá a los cuarenta años de su efectivo cumplimiento, es decir, el 18 de enero de 2049 (conf. arts. 13 y 16, Cód. Penal y 500, CPP).
Contra lo así decidido, la señora fiscal subrogante ante la aludida instancia, doctora María Laura E. D'Gregorio, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. archivo digital adjunto en recurso de queja del 30 de diciembre de 2021); el que habiendo sido declarado inadmisible por resolución del tribunal intermedio (v. resol. digital de 21 de diciembre de 2021); motivó la deducción de queja (v. presentación cit.).
Esta Suprema Corte resolvió admitir la vía directa articulada, declarar mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y concederlo (arts. 486, 486 bis y 494, CPP; v. resol. digital de 30 de marzo de 2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 18 de septiembre de 2023), dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la señora fiscal denunció que el Tribunal de Casación Penal efectuó una arbitraria interpretación de los arts. 448, 450 y 452 del Código Procesal Penal, al haber ofrecido una fundamentación aparente e incurrido en un erróneo juicio sobre la legitimidad recursiva de ese ministerio público, vulnerando el debido proceso y la correcta administración de justicia.
Afirmó que el tribunal revisor hizo una interpretación descontextualizada e irrazonable del art. 452 que generó un tránsito aparente por esa instancia, ya que fue llevada a su conocimiento la tacha de arbitrariedad que afectaba la decisión de la Cámara departamental.
Según la recurrente, la naturaleza de los agravios imponía su tratamiento por la Casación; agregó que la condición de parte de ese ministerio para intervenir en la determinación del cómputo de pena le permitía impugnar la decisión desfavorable, más aún si -como en el caso- dicho pronunciamiento fue el fruto de un proceder arbitrario, y teniendo en cuenta que ese ministerio tiene directo interés en la decisión de reducir el plazo de agotamiento de la pena de prisión perpetua (conf. arts. 6, 56 y 103 en función del art. 56 -último párrafo-, CPP).
Señaló la imposibilidad de otorgar vigencia a una norma (art. 16, Cód. Penal) que ha sido virtualmente derogada al haberse reformado la pauta que allí se menciona y a la que hace remisión (art. 13, Cód. cit.), en tanto el plazo de cinco años que menciona el art. 16 ya no existe.
Finalmente, destacó que las cuestiones federales planteadas guardaban directa e inmediata relación con la temática a decidir, pues la interpretación sobre la cuestión de fondo por parte de la Cámara de Apelación y Garantías -que quedaría firme- desnaturaliza el espíritu de la reforma introducida al Código Penal por la ley 25.892, que se enmarca en el proceso de reforma de distintas normas penales encarado en el año 2004 ante el reclamo de la sociedad de mayor seguridad mediante las leyes conocidas como "Blumberg".
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar a la impugnación (v. dictamen digital).
Coincido con lo dictaminado.
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es procedente (conf. art. 496, CPP).
Más allá de la doctrina que invoca el impugnante -arbitrariedad de sentencias- no debe olvidarse que ella también procura asegurar, respecto del Ministerio Público Fiscal, la plena vigencia del debido proceso (conf. doctr. CSJN Fallos: 299:17 y 331:2077) exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente (Fallos: 311:948 y 2547; 313:559 y 321:1909) extremo que no se aprecia en el caso (conf. SCBA causas P. 128.910, sent. de 16-VIII-2017; P. 124.923, sent. de 6-VI-2018; P. 128.451, sent. de 5-XII-2018; P. 132.798, sent. de 27-XII-2022; e.o.).
Veamos.
III.1. La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, a través del pronunciamiento dictado el 29 de abril de 2021, resolvió -por mayoría- hacer lugar al recurso deducido por la defensa y revocar el auto del tribunal de grado que había aprobado el cómputo de pena practicado, el cual había establecido que la pena de prisión perpetua impuesta a Sergio Javier Álvarez -en orden a los delitos de homicidio agravado por su conexión con otro delito, robo agravado por el uso de arma de fuego cometido con la participación de un menor de dieciocho años de edad, y portación ilegal de arma de fuego de uso civil, todos en concurso real- vencía el 18 de enero de 2054 y caducaba el 18 de enero de 2064. En consecuencia, estableció que la pena de prisión perpetua impuesta al nombrado vencerá a los cuarenta años de su efectivo cumplimiento, y teniendo en cuenta que está detenido de manera ininterrumpida desde el día 19 de enero de 2009, vencerá el 18 de enero de 2049 y caducará el 18 de enero de 2059 (arts. 13 y 16, Cód. Penal y 500, CPP).
III.2. Contra ello, el señor fiscal general adjunto dedujo recurso de casación, a través del cual argumentó que dicha resolución era susceptible de revisión, en tanto el cómputo de pena realizado -una vez firme- podía ocasionar un gravamen de imposible reparación ulterior para el Ministerio Público Fiscal, pues impondría un erróneo vencimiento de la pena establecida.
En cuanto al fondo de la cuestión, sostuvo que del entendimiento armónico que emana de los arts. 13 (según ley 25.892) y 16 del Código Penal, de aplicación a este caso a la hora de determinar el límite temporal de la pena de prisión perpetua dictada respecto de Álvarez, y en consonancia con los preceptos que derivan de la Constitución nacional, la sanción alcanzaría su agotamiento una vez cumplidos cuarenta y cinco años de encierro cierto por parte del encartado, y no a los cuarenta años como sostuvo la Cámara.
Concluyó en que "...evidenciada la falencia legislativa que encuentra su origen en la involuntaria omisión de compatibilizar lo dispuesto en el antiguo art. 16 con la nueva redacción del art. 13...", impera la regla según la cual "...la ley posterior deroga la anterior, principio cronológico que entra en juego siempre que se suscite un conflicto entre normas -de igual jerarquía- que aborden una misma cuestión produciendo efectos jurídicos diferentes, por lo cual no es posible su coexistencia por su contraposición"; por lo que corresponde "...aplicar todos los términos establecidos en el actual art. 13 del Código Penal -según ley 25.892-, la que predomina de acuerdo su orden ulterior, de modo que la [pena] quedará agotada transcurridos cuarenta y cinco (45) años de encierro efectivo del mentado".
III.3. De la lectura del resolutorio impugnado se advierte que el Tribunal de Casación Penal, mediante aplicación análoga de lo resuelto en la causa 96.781 caratulada "Ruiz, Oscar Ignacio s/ recurso de casación interpuesto por fiscal general", sentencia de 31-X-2019, desestimó el recurso interpuesto por inadmisible.
Luego de hacer alusión a la doctrina de esta Suprema Corte en torno a la equiparación a sentencia definitiva de la decisión que resuelve el cómputo de pena, afirmó que no obstante, ello no resulta suficiente para tornar admisible en todos los casos el recurso de casación.
Señaló que del primer párrafo del art. 450 del Código Procesal Penal surge que "...podrá deducirse el recurso de casación contra las sentencias condenatorias dictadas en juicio por jurados y contra las sentencias definitivas de juicio oral, juicio abreviado y directísimo en lo criminal..."; se desprende así que no están incluidas en tales hipótesis decisiones provenientes de las Cámaras de Apelación y Garantías, ya que no son órganos competentes para realizar juicios y, por ende, para dictar "...sentencias definitivas de juicio oral, juicio abreviado y directísimo en lo criminal". Agregó que cuando el que recurre es el fiscal -como en el caso- no puede impugnar toda sentencia condenatoria (art. 452 inc. 2, CPP) ni tampoco ingresar al ámbito de la Suprema Corte por inaplicabilidad de ley (art. 494, CPP).
Por otra parte, destacó que la pretensión llevada tampoco encuadraba en los restantes supuestos del art. 450, al no dirigirse contra alguno de los autos expresamente enumerados, no encontrarse en juego la libertad del causante y no atacar una decisión que pusiera fin a la acción, a la pena o a una medida de seguridad; y que la posibilidad establecida a favor de la fiscalía de acudir ante ese Tribunal de Casación en los supuestos de los arts. 448 y 449 del Código Procesal Penal, prevista por el art. 452 inc. 4, no se independiza de las pautas generales en orden a la impugnabilidad objetiva que regula el art. 450.
Afirmó que no se advertía en el caso un supuesto de gravedad institucional ni el compromiso de una cuestión federal directa e inmediatamente vinculada a los hechos en discusión, en tanto el impugnante había llevado cuestiones vinculadas al derecho sustantivo (alcance de los arts. 13 y 16, Cód. Penal); siendo que, además, el pronunciamiento no podía ser descalificado como acto jurisdiccional válido pues la Cámara había explicado las razones por las cuales revocó la decisión del tribunal de la instancia, estableciendo -según su criterio- un nuevo plazo -cinco años menor- para tener por agotada la pena de prisión perpetua; y frente a ello, la parte opuso solo discrepancias subjetivas con lo resuelto, omitiendo efectuar una crítica concreta y útil como para demostrar la existencia en el caso de una cuestión federal suficiente para habilitar la vía de tránsito establecida por el art. 14 de la ley 48.
Por último, se refirió a la doctrina de la arbitrariedad de sentencias y su carácter excepcional; y concluyó en el rechazo del recurso de casación interpuesto por inadmisible.
IV. Ahora bien, tal como afirma la recurrente, el fallo en crisis incurrió en arbitrariedad por graves defectos de fundamentación que lo descalifican como acto jurisdiccional válido (conf., mutatis mutandis , causas P. 90.213, sent. de 20-XII-2006; P. 88.382 y P. 91.483, sents. de 8-X-2008; P. 121.046, sent. de 13-VI-2018; Fallos: 294:376; 308:641; 310:1707; 314:1404; 315:449; 318:495; 324:1721; e.o.).
Como se pudo apreciar en la reseña efectuada, en el recurso de casación se presentaron agravios portadores de una cuestión federal suficiente, debido a que se alegó que la decisión dictada por la Cámara de Apelación y Garantías generó un gravamen de imposible reparación ulterior derivado del conflicto entre normas de igual jerarquía (arts. 13 y 16, Cód. Penal), y la no aplicación del principio cronológico invocado por el recurrente, el cual "...en consonancia con los preceptos que derivan de la Constitución nacional...", permitía concluir que la pena de prisión perpetua alcanzaría su agotamiento una vez cumplidos cuarenta y cinco años de encierro por parte del encartado, y no cuarenta años, como había resuelto el Tribunal de Alzada (v. rec. casación en archivo digital adjunto en queja de 30 de diciembre de 2021).
De tal modo, el Tribunal de Casación debió abordar aquel embate a fin de posibilitar el eventual tránsito de la causa por las instancias superiores locales en cumplimiento de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490); "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) y "Christou" (Fallos: 310:324).
Por todo lo expuesto, y sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, corresponde casar la sentencia dictada por la Sala I del Tribunal de Casación Penal y devolver los autos a la instancia anterior para que dicte un nuevo pronunciamiento en el cual necesariamente deberá expedirse respecto del agravio llevado por el Ministerio Público Fiscal (art. 496, CPP).
Voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la señora fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, se casa la sentencia impugnada y, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, se devuelven los autos al mencionado órgano para que dicte una nueva decisión en la cual necesariamente deberá expedirse respecto del agravio llevado por el Ministerio Público Fiscal (art. 496, CPP).
Regístrese y notifíquese (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/05/2024 15:40:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2024 17:16:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/05/2024 15:32:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/05/2024 21:17:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2024 09:22:47 - OCAMPO Gabriela Amalia Noemi - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/05/2024 11:42:37 hs. bajo el número RS-116-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia