Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137942
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.942, "Fernández Menéndez, José Alfonso y Goyeneche, María Cecilia s/ Queja en causa n° 111.914 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud, Budiño, Maidana, Violini .
Conforme se desprende de las copias digitales, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el día 11 de noviembre de 2022, declaró inadmisible la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley interpuesta por la defensa de confianza de José Alfonso Fernández Menéndez y María Cecilia Goyeneche, contra la decisión del mismo órgano jurisdiccional que había rechazado por improcedente el recurso de la especialidad deducido en oposición al fallo dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Azul que los condenó a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar instigadores de los delitos de violación de domicilio, coacción agravada por tener como propósito compeler a una persona a hacer abandono del lugar de su residencia habitual y daño simple, todos en concurso real.
Frente a lo así decidido, ambos imputados, por derecho propio, con el patrocinio letrado de los doctores Alex Zlatar y Pablo M. Hawlena Gianotti, dedujeron queja.
Esta Suprema Corte, mediante resolución de fecha 31 de marzo del corriente, declaró procedente la queja y concedió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley por considerar que las denuncias de arbitrariedad y afectación de las garantías del juez natural y de la revisión amplia del fallo de condena, se desarrollaron con la carga mínima necesaria para sortear el estadio de admisibilidad.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el remedio extraordinario aludido en los antecedentes, los recurrentes denuncian violación del debido proceso, del principio de legalidad y de la garantía de juez natural (conf. art. 18, Const. nac.), por haber sido juzgados por jueces provinciales cuando -a su entender- debió intervenir la justicia federal en razón del delito previsto en el art. 149 ter inc. 2 apartado "b" del Código Penal.
I.1. Puntualizan que tal cual surge del art. 3 inc. 5 de la ley 48, los delitos previstos en el mentado art. 149 ter del Código de fondo son de competencia federal, frente a lo cual el Tribunal de Casación Penal, de manera arbitraria, citó una figura delictiva diferente para forzar la competencia provincial. Por eso, aclaran que no se trata de un planteo de ley sustantiva, sino que solicitan la nulidad del fallo en crisis (conf. arts. 16, 18, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 57 y 168, Const. prov.).
De seguido afirman que la violación de la garantía de juez natural quebrantó, a su vez, el debido proceso. Destacan que el régimen legal de la competencia es de orden público y por ello no disponible por los jueces ni por las partes, con mención de jurisprudencia de la Corte nacional.
Refieren, en cuanto a la oportunidad, que el planteo se introdujo como cuestión previa a la celebración del juicio. Entienden que "El transcurso del tiempo no convalida ni consolida la afectación de la operatividad de la norma de orden público que rige la competencia federal y con ella, la operatividad de la garantía constitucional y transnacional del Juez natural".
I.2. De otro lado, denuncian arbitrariedad en el modo en que el Tribunal de Casación desestimó las críticas llevadas en el recurso de casación, sin proporcionar un tratamiento puntual a cada una de ellas, en infracción al art. 168 de la Constitución provincial.
Cuestionan que no se examinaron las pruebas que permitían arribar a una absolución. "En vez de tratar los agravios de gravamen irreparable [...] defendieron la sentencia dictada por sus pares a modo de mejoramiento de los fundamentos de aquel acto procesal, reproduciendo su contenido, evidenciando con ello adoptar voluntariamente una postura acusadora fiscal totalmente parcial".
En particular, indican que el a quo "...debió analizar -frente a la afirmación de la Magistratura que ambas partes mentían para mejorar su posición procesal- por qué razón no se dio crédito a quien está constitucionalmente habilitado para mentir y sí a quien tiene el deber de expedirse con verdad bajo amenaza de sanción penal. Sin esta respuesta, la sentencia no puede sostenerse por cuanto, además, imposibilita el desarrollo de un agravio con relación al punto".
Manifiestan que ese proceder despoja de sentido "...la afirmación de que el principio de libertad probatoria que rige en nuestro sistema procesal, autoriza a los juzgadores a formar convicción sobre la base de los dichos de un testigo, aunque éste haya sido víctima del hecho. De ninguna manera se controvirtió este punto en el recurso rechazado, sino que se planteó una cuestión diferente y que no ha sido objeto de tratamiento: el grado de atendibilidad que puede tener un testimonio que es reputado mendaz y dirigido a mejorar la situación procesal en otro proceso que se asume abiertamente. Sin el tratamiento de este extremo, la sentencia no puede sostenerse como acto jurisdiccional válido".
Refieren que el Tribunal de Alzada no ha explicitado las razones por las que "...dio crédito a ese testimonio impugnado, más aún cuando el resto de la prueba de cargo son unas fotografías de la puerta dañada y de los sanitarios rotos, de propiedad de uno de los condenados". Citan el fallo "Casal" de la Corte nacional. Insisten en que la falta de ponderación integral y sistemática de la prueba producida durante el juicio impide convalidar la sentencia en crisis, máxime cuando el a quo no abordó el concreto agravio relativo a que el propio tribunal reconoció "...que el testimonio objetado era intencionado para mejorar su posición procesal, lo cual quebró las reglas de la sana crítica", lo que debió invalidar el fallo de mérito. Además, la transcripción de lo razonado por el órgano de mérito como respuesta a tales planteos, conlleva "...que la sentencia casacional no tenga una verdadera motivación legal" , convirtiendo el tránsito por esa instancia en meramente formal.
En lo que respecta a la situación de Goyeneche manifiestan que la arbitrariedad radica en que el órgano de mérito extrajo conclusiones que no se corresponden con la prueba del caso "...tal [como fue] descripto en el pertinente agravio [llevado] a conocimiento del Tribunal de Casación pero que no fue tratado". Explicaron que la crítica radica en que se fundó su coautoría en la utilización de la línea de teléfono corporativa siendo que esta era utilizada de manera indistinta por ambos acusados, no siendo posible "...determinar con la necesaria certeza y más allá de toda duda razonable, cuál de los dos imputados [la] utilizó para realizar el contacto telefónico endilgado".
Asimismo, critican que tanto el fallo de mérito como el de casación aludieran a la autoría material cuando lo que se debió analizar es la presunta actividad instigadora objeto de reproche. En suma, sostienen que ese obrar jurisdiccional quebrantó el debido proceso y el derecho de defensa en juicio.
I.3. En cuanto a la calificación legal de los hechos también denuncian la infracción del art. 168 de la Constitución provincial por la omisión de tratamiento de los agravios postulados.
Previo reseñarlos junto con la respuesta brindada por el Tribunal de Casación, sostienen que el a quo no expuso argumentos suficientes para confirmar la condena que no sean reeditar los mismos que surgen de la sentencia impugnada, incumpliendo de ese modo, como órgano judicial obligado, con aquella manda constitucional.
La finalidad de las personas juzgadas era que "...abandonaran la casa que le pertenece (tal como ha sido ordenada ya por la justicia civil y comercial, ello con sentencia de desalojo consentida por las presuntas víctimas y firme) sin tener otro interés. De tal modo, no hay elemento alguno que permita tener por configurados los elementos constitutivos del tipo penal objeto de la condena". Por ello, denuncian arbitrariedad, ilegalidad, y violación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso.
I.4. Por último, tachan de arbitraria la determinación judicial de la pena.
Argumentan que la condición de primarios que ambos revisten es una atenuante que no puede desconocerse. Agregan que el incremento de la condena se fundó únicamente en pautas objetivas sin hacer referencia a las subjetivas, pese a los elementos de juicio favorables existentes respecto de sus personalidades y que fueron invocados oportunamente en el debate.
En relación con la peligrosidad, sostienen que "...su juicio de probabilidad ha sido incorrecto al fijar en seis años el tiempo de la condena ya que no se analizaron las condiciones personales de ambos en conjunción con el lapso necesario para una resocialización eficaz".
Concluyen que la pena no reparó en los fines de resocialización ni en las necesidades de prevención especial y que quebrantó las garantías de defensa en juicio y debido proceso.
II. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación. Coincido parcialmente con tal dictamen.
Veamos.
III. La denuncia de violación de la garantía de juez natural, vinculada con la tacha de arbitrariedad y afectación de los principios de legalidad y debido proceso, no proceden en tanto la recurrente se limita a manifestar un mero criterio divergente con lo fallado, sin hacerse cargo de conmover los sólidos argumentos que le dieron sustento (conf. art. 495, CPP).
III.1. Previamente resulta de utilidad destacar que el hecho que se tuvo por probado consistió en que "...el día 1° de agosto de 2016, siendo las 13:00 horas aproximadamente, Sandro Ernesto Juan de Dios -condenado como autor del presente hecho-, en compañía de otras dos personas de sexo masculino no identificadas, ingresaron a la vivienda sita en calle De Paula N° 590 de la ciudad de Azul sin autorización de sus moradores José Gregorio Iribarneygaray y su cónyuge Ana María Mancebo y una vez en su interior, portando una maza cada uno de los sujetos no identificados y habiendo Juan de Dios tomado por la fuerza a Iribarnegaray, lo sostuvo contra la pared del hall de entrada de la vivienda y le expresó 'venimos de parte de Fernández y de Goyeneche, tenés que irte de la casa y arreglar el juicio laboral, sino te vamos a limpiar', con el fin de amedrentar a Iribarnegaray y su grupo familiar conviviente para que abandonen la vivienda, residencia habitual de los mismos, a la par que los dos sujetos restantes ingresaron al baño de la vivienda y con el uso de dichas herramientas destrozaron el inodoro y el lavabo allí instalados. Que para cometer este ilícito, Juan de Dios Sandro Ernesto y sus cómplices fueron directamente determinados por dos personas de sexo masculino y femenino, quienes al momento del mismo mantenían un conflicto laboral patrimonial con las víctimas Iribarnegaray y su familia, pues resultaban ser aquellos los titulares del bien inmueble de calle De Paula N° 590 donde sucedió el delito, cuya desocupación pretendían y era objeto de un juicio en los estrados judiciales".
Sentado lo anterior, frente a idénticos planteos a los ahora reeditados, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, luego de señalar que el juzgado de mérito también desestimó igual petición, afirmó que la justicia ordinaria es competente para conocer en el art. 149 ter del Código Penal cuando los hechos imputados tienen una estricta motivación particular que no afecta directa o indirectamente la seguridad del Estado nacional o de alguna de sus instituciones, tal como acontece en el presente.
La Casación agregó que la pretensión de la parte "...atenta contra el principio de economía procesal y celeridad de la justicia, pues no se advierte del análisis de los elementos probatorios colectados durante la instrucción de la presente causa, que existiera sospecha de que fuera uno de los casos donde se afectaría la seguridad del Estado nacional o de sus instituciones" (conf. art. 3 inc. 5, ley 48).
En definitiva, el órgano revisor coincidió con el juzgado de mérito en que el hecho investigado es competencia de la justicia ordinaria y recordó que el fuero federal tiene una intervención limitada y excepcional. Destacó que son "...de competencia ordinaria los casos en que, lo actuado revela inequívoca y fehacientemente que los hechos tienen estricta motivación particular y que además no existe posibilidad de que resulte afectada la seguridad del Estado nacional o de sus instituciones". En su apoyo, citó jurisprudencia de la Corte nacional.
Concluyó que el planteo de la parte se sustentó en fundamentos débiles en miras a lograr una dilación innecesaria del proceso pues de las características del presente no surge "...la menor sospecha de que fuera uno de los casos que afectara la seguridad del Estado Nacional o sus instituciones, tal como lo manifestara en su decisorio el a quo".
III.2. Como se anticipó, las manifestaciones genéricas de la parte no logran controvertir eficazmente el argumento relativo a que de las particulares características del caso (transcripto en el primer párrafo del punto III.1.) no se desprende que hubiera estado efectivamente comprometida la seguridad del Estado nacional o de sus instituciones a efectos de justificar la declinación de competencia en favor del fuero federal (conf. art. 495 cit.).
Frente a ello, la recurrente insiste en que se trata de uno de los delitos tipificados en la ley 48 sin atender al motivo concreto por el cual, tanto el órgano de mérito como el revisor rechazaron idénticos pedidos de incompetencia.
A lo expuesto se agrega que los hechos investigados tuvieron pronunciamientos en primera y segunda instancia por lo que -como acertadamente lo puso de manifiesto el órgano casatorio- retrogradar la causa en esta oportunidad importaría un dispendio jurisdiccional desmesurado, contrario a las reglas de economía procesal y del debido proceso (conf. arts. 18, Cont. nac. y 2, CPP).
III.3. Por otra parte, tal como expuse en el marco de la causa P. 69.647, la prioridad asignada al órgano jurisdiccional federal para valorar en cada situación concreta si concurre la presunción que está en el art. 3 inc. 5 de la ley 48 puede ceder cuando resulta evidente que se está en presencia de un conflicto ordinario, tal como acontece en la presente (conf. mi voto en causa P. 69.647, sent. de 27-X-2004, mutatis mutandi ).
III.4. En función de lo expuesto, la tacha de arbitrariedad y las denuncias de violación de los principios de legalidad y debido proceso, directamente enlazadas con el planteo de afectación de la garantía de juez natural, quedaron huérfanas de sustento argumental (conf. art. 495, CPP).
IV. Lo concerniente a las críticas de arbitrariedad en la valoración de la prueba, vinculadas con las garantías de revisión amplia, defensa en juicio y debido proceso merece el siguiente deslinde.
IV.1. En lo que refiere a la atribución de instigador del coimputado Fernández Menéndez, el reclamo no procede (conf. art. 495 cit.).
IV.1.a. Vaya primero una aclaración preliminar. Si se entendiera que los reclamos se ciñen a la denuncia de omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, en infracción al art. 168 de la Constitución provincial, es el recurso extraordinario de nulidad la vía habilitada para tales críticas (conf. art. 491, CPP).
IV.1.b. No obstante, pese a reiterarse en varias oportunidades en la pieza impugnativa la infracción de ese precepto de la Constitución local, se advierte que los reclamos reposan sustancialmente en controvertir el alcance de la revisión efectuada por el tribunal del recurso a los planteos postulados ante su sede y en el acuse de arbitrariedad de la sentencia en la ponderación del material probatorio, en el acotado marco en que quedó habilitada la competencia de esta Corte (conf. doctr. art. 494, CPP y los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Strada", "Christou" y "Di Mascio").
IV.1.c. Sentado lo cual se advierte que los cuestionamientos de la parte no pasan de ser una mera opinión genérica discrepante con el criterio sustentado por el órgano intermedio que consideró que el fallo de condena se fundamentó en un análisis lógico y razonado de la prueba producida con la que se acreditaron todos los extremos fácticos de la materialidad ilícita, así como de la participación del acusado en carácter de instigador.
IV.1.d. Contrariamente a lo denunciado dogmáticamente por la parte, el a quo efectuó un análisis minucioso de la prueba testimonial (declaraciones de José Gregorio Iribarnegaray -víctima-, Ana María Mancebo -pareja de la víctima y testigo presencial de los hechos-, María Jesús Iribarnegaray, José Luis Iribarnegaray -hijos de la víctima y testigos presenciales de los hechos-, Alejandro Yurno -abogado del damnificado-, Aníbal Roberto Bocchio e Ignacio Gerardo Laborda -entonces abogados de Fernández Menéndez y de Goyeneche en la causa laboral contra José Gregorio Iribarnegaray y en el propio proceso penal-); de la documental (placas fotográficas de la puerta de ingreso a la vivienda y de los daños efectuados sobre un inodoro y un lavatorio de manos; titularidad del inmueble por parte de Goyeneche; denuncia de usurpación formulada por esta última; entre otros) y de diversos mensajes enviados desde teléfonos celulares y capturas de pantallas.
Asimismo, dio cuenta de los motivos por los cuales se consideraron mendaces los dichos de Fernández Menéndez en la audiencia del art. 308 del Código Procesal Penal.
Con sustento en tales elementos de convicción, el Tribunal de Alzada estimó comprobada la participación de Fernández Menéndez en el hecho en calidad de instigador, siendo Sandro Ernesto Juan de Dios -instigado- el autor material de los hechos que fue, a su vez, condenado por el Tribunal en lo Criminal n° 2 de Azul, en particular a partir de la justipreciación de los siguientes elementos de cargo: lo declarado por el propio José Gregorio Iribarnegaray, damnificado directo, quien refirió que los imputados -Fernández y Goyeneche- eran los administradores del comercio que estimaba que era de propiedad de la señora Ramos, aclarando que, si bien tenía trato con ambos, especialmente lo tenía con Fernández; el testimonio de la esposa del damnificado, Ana María Mancebo, haciendo referencias a las amenazas recibidas por parte de Juan de Dios, quien les indicó que venía de parte de Fernández "...que si querían hablar con Fernández lo tenían a la vuelta"; la hija del matrimonio -María Jesús Iribarnegaray- también refirió que dos de los sujetos subieron con mazas a romper el baño, pero el que se quedó con su padre arrinconándolo contra la pared fue el que le dijo que tenían "...que arreglar las cosas con el señor Fernández"; de similar tenor es la declaración del otro hijo del matrimonio, José Luis Iribarnegaray, quien refirió enterarse en las condiciones que relató que venían de parte de Fernández; a todo ello sumó los mensajes enviados desde el teléfono móvil de Juan de Dios -autor material de los hechos- al del damnificado José Gregorio, en los que se alude a los problemas que tendría éste con el señor Fernández, que llevó a los albañiles que mandó el señor Fernández a su casa con el resultado que luego se tuvo por verificado, entre otros puestos de realce.
Frente a ello, quien recurre no logra demostrar en concreto en qué aspectos el Tribunal de Casación habría incumplido con la manda del art. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Contrariamente a lo sostenido por la apelante de
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.