Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136832
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la señora Fiscal Interina ante el Tribunal de Casación, doctora María Laura D'Gregorio (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.832, "Moretti, Alejandra Marcela -fiscal adjunta ante el Tribunal de Casación Penal- s/ Queja en causa n° 112.081 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a Lescar, Jonás Abdul", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
La Sala I del Tribunal de Casación, mediante sentencia dictada el 28 de octubre de 2021, decidió rechazar -por improcedente- el recurso de la especialidad interpuesto por el señor agente fiscal y, en consecuencia, confirmó el veredicto absolutorio dictado -en el marco de un acuerdo de juicio abreviado- por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora en favor del joven Jonás Abdul Lescar, por el delito de homicidio (art. 79, Cód. Penal).
Contra lo así decidido, la señora Fiscal ante la aludida instancia, doctora María Laura D'Gregorio, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue desestimado por inadmisible (v. resol. de 7-VI-2022, registrada bajo el n° RR-140-2022). Ello derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Esta Suprema Corte, mediante resolución de fecha 27 de junio de 2023 (registrada bajo el n° RR-733-2023), declaró procedente la queja y admitió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por estimar que la tacha de arbitrariedad en la ponderación de la prueba se planteó con la suficiencia y carga técnica necesarias.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El Ministerio Público Fiscal, luego de citar textualmente el fallo de casación, lo tachó de arbitrario por incurrir en afirmaciones dogmáticas y apartarse de las constancias de la causa.
Argumentó que el revisor se desentendió de la prueba de cargo y se valió de fórmulas genéricas para confirmar la absolución de Jonás Abdul Lescar, sin abordar los agravios concretos llevados por la fiscalía (conf. art. 18, Const. nac.).
En tal sentido, recordó las críticas oportunamente formuladas en el recurso de casación:
- En primer lugar, sostuvo que se dio injustificada relevancia a las fotografías en blanco y negro de la frazada hallada y secuestrada junto al cuerpo sin vida de la víctima, sin valorar que dicho extremo era solo un elemento indiciario que debía ser interpretado en conjunto con los restantes elementos de la investigación. Agregó que diversos testigos (oficial subinspector Ramoa, vecinos Quintana y Medina) que presenciaron el hallazgo del cuerpo sin vida del damnificado en la vía pública hicieron referencia a que estaba recostado sobre una frazada roja;
- Como segundo punto, indicó que tampoco se tuvo en consideración que en la descripción de la materialidad ilícita se señaló como lugar de la golpiza la vivienda del acusado en la que estaban los tres involucrados en el hecho: Frutos, Lescar y Verón. Añadió que, además, en ese sitio se encontraron elementos de interés que indicaban que la golpiza se había producido allí;
- En tercer término, destacó que en el recurso de casación también se descalificó por arbitraria la valoración de los testimonios de las cuatro personas que vieron en horas de la noche a la víctima con Lescar y su padre Alejandro Frutos, siendo incluso que dos de ellos -los Orellana- permanecieron en ese domicilio hasta momentos antes de la golpiza. Cuestionó que el sentenciante les haya restado validez a sus dichos por el hecho de no haber declarado "Omar" (la otra persona que los acompañaba) ni Miguel Molina (el dueño de la casa a la que se dirigieron al retirarse de allí);
- A su vez, la fiscalía cuestionó que se hubiera dado trascendencia a la versión de Yésica Isabel Grismado, pues fue el "...único testimonio que dirigió la investigación hacia otras personas -su hermana y su cuñado- con quienes [...] reconoció estar enemistada, y les asignó como motivo para incriminar a Alejandro el querer quedarse con la casa de Frutos, siendo que luego de que Frutos y Lescar abandonaran su morada fue ella misma quien se instaló en la vivienda"; alegó que la versión de esa testigo no fue refrendada por ningún otro elemento de prueba.
Sumó que "Los dichos de Germán y Brian Orellana fueron descartados por no haberse evacuado las citas, en tanto que lo mismo sucedió respecto del testimonio de Yésica Grismado y sin embargo es en base a ese solitario elemento que se construye la duda absolutoria".
De seguido, hizo referencia al testimonio de Arnaldo Andrés Medina y al de su esposa, así como también a las manifestaciones de Germán y Brian Orellana, quienes -a su entender- no solo incriminaron a Frutos sino también a Jonás Abdul Lescar.
Adunó que no se tuvo en consideración que tanto Lescar como Frutos "...se retiraron del domicilio quedando la casa abandonada, el menor tenía un pasaje comprado para irse con su madre a Mar del Plata y Frutos estaba viviendo en otro domicilio suyo".
Concluyó que a la hora del hecho Verón se encontraba solo con Frutos y Lescar, con quienes "...y seguramente producto de lo que habían consumido había tenido más de un altercado en el transcurso de la noche. Alrededor de las 4 de la madrugada se escucharon gritos provenientes de esa vivienda, luego Frutos llamaba a sus vecinos. A la mañana el cuerpo de Verón fue hallado sin vida en una obra en construcción cercana y Frutos y Lescar abandonaron su vivienda inmediatamente".
En definitiva, sostuvo que el fallo confirmatorio emitido por el órgano revisor incurrió en arbitrariedad, pues se apartó de las constancias del caso y no advirtió la existencia de prueba de cargo suficiente para hacer caer el estado de inocencia del joven Lescar y demostrar que este, junto con Frutos, se quedaron solos en el domicilio con la víctima y, en el marco de una discusión, le dieron una golpiza que terminó con su vida. Dijo que tampoco se ponderó adecuadamente el indicio de fuga, pues cuando el cuerpo sin vida fue encontrado a la mañana siguiente, los nombrados ya no estaban en su domicilio.
II. La Procuración General aconsejó hacer lugar al recurso deducido (v. dictamen de 12-XII-2023); no coincido con lo así dictaminado.
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por el Ministerio Público Fiscal es insuficiente.
En efecto, la denuncia de arbitrariedad en la valoración de la prueba y en la aplicación del principio in dubio pro reo no trasciende de una mera opinión discrepante con la ponderación de los hechos y de la prueba realizada por el órgano de mérito y confirmada por la Casación que -como tal- resulta ineficaz para cambiar la suerte de lo decidido.
Veamos.
III.1. De la lectura del fallo de la Sala I del tribunal casatorio se desprende que mediante el voto del señor juez Maidana, que concitó la adhesión del señor juez Carral, frente a idénticas críticas a las ahora reeditadas sobre el modo en que se ponderó la prueba producida en el caso y, luego de poner de manifiesto el alcance que correspondía dar al recurso fiscal contra el veredicto absolutorio dictado en el marco de un procedimiento de juicio abreviado, así como la paridad de condiciones en que se hallaba el órgano revisor respecto de la jueza de grado -justamente- por la elección de ese trámite (art. 395 y sigs., CPP), analizó los diversos elementos probatorios colectados en el expediente y concluyó en que la absolución dictada respecto de Lescar sobre la base del principio in dubio pro reo estaba ajustada a derecho.
En primer lugar, recordó que se tuvo por comprobada la pretensión fiscal en cuanto a la materialidad ilícita del hecho en los siguientes términos: que en horas de la madrugada del día sábado 3 de agosto de 2019, en las calles Cruz Varela y Baigorria de la localidad de Glew, partido de Almirante Brown, con claras intenciones de causar la muerte de Hernán Emmanuel Verón se le propinaron múltiples golpes y heridas cortantes que ocasionaron su óbito, para posteriormente dejarlo en el interior de una obra en construcción ubicada en la calle Cruz Varela en cercanías con su intersección con la calle Baigorria de la localidad y partido mencionados.
Sentado ello, afirmó que la acusación se había limitado a exponer un mero criterio divergente con el modo en que el órgano de mérito valoró la prueba y concluyó que correspondía absolver a Lescar por no existir certeza positiva respecto a su participación en el referido hecho (conf. art. 1, CPP).
Recordó, a los fines de sustentar su postura, que el juzgado de responsabilidad penal juvenil interviniente ponderó los dichos de los siguientes testigos:
i) Roberto Darío Ortiz y Marcos Ortiz, quienes hallaron el cuerpo sin vida del damnificado, boca abajo, con una campera negra de cuero a la altura de la cintura.
ii) Nahuel Alberto Quintana, quien refirió que "...tomó conocimiento del suceso por haber sido hallado el cuerpo de una persona en la propiedad de su amigo, Navarro. Dijo que el nombrado junto a su madre, Valeria, taparon el cuerpo con una manta".
iii) Juan José Navarro y María Valeria Olivera, que coincidieron respecto a las circunstancias en las que arribaron al lugar.
Así, estimó acertada la conclusión del órgano de mérito en cuanto a que ninguno de tales testimonios aportó elementos respecto de quiénes habrían sido los autores del hecho.
Luego, hizo referencia a la valoración del acta de inspección ocular elaborada por el oficial Guillermo Ramoa (en orden a que el cuerpo de la víctima estaba sobre una manta de color roja, cubierto por una campera de cuero negra y un buzo de color negro sobre el cuello). También hizo mención al acta de levantamiento de evidencias físicas, ilustrado con placas fotográficas en blanco y negro, recordando que en el veredicto absolutorio se dijo que ello impidió visualizar la escala cromática de los elementos mencionados "...extremo éste que resultaría sumamente relevante, puesto que existen contradicciones entre las diversas descripciones dadas de la frazada en cuestión, que fuera incautada en el marco de esta investigación y que a su vez fuera reconocida por los testigos que depusieran seguidamente, adjudicando su propiedad a dos personas distintas".
Indicó que en el veredicto absolutorio se resaltó que, pese a que se constataron en el domicilio de los sindicados como posibles autores del hecho "...manchas pardo rojizas en distintos lugares -cocina comedor, pared, mesa, prendas de vestir, e/o- y dos colillas de cigarrillos; no fueron agregados los resultados de tales pericias, [pese a tratarse de] elementos que podrían arrojar luz principalmente en relación a las manchas pardo rojizas encontradas en el domicilio inspeccionado y en las prendas de vestir allí secuestradas, donde si las mismas resultaran ser hemáticas como presume la instrucción, y se contara con un cotejo de ADN respecto de la víctima, se podría determinar si [...] fue en esa finca, el lugar donde se produjera el ataque brutal que terminara con la vida del joven".
En tal sentido, recordó que la jueza de mérito dio cuenta de que el Ministerio Público Fiscal requirió la agregación de los resultados de los peritajes en el marco de la instrucción suplementaria, pero que habiendo las partes optado por asignar al proceso el trámite de juicio abreviado, prescindieron de tal sustancial elemento probatorio, con el que -a su criterio- se podría haber obtenido cierta claridad respecto del lugar donde se desplegó la conducta violenta.
A su vez, hizo referencia al contenido de las testimoniales de Arnaldo Andrés Medina, María del Carmen Grismado, Germán Ezequiel Orellana y Brian Sebastián Orellana, y resaltó que en el veredicto absolutorio se estableció, con relación a lo declarado por tales testigos, que hubiera sido de utilidad contar con la declaración del "...sujeto llamado Omar" y de Miguel Molina.
Finalmente, trajo a colación lo expuesto por la testigo Yésica Isabel Grismado (reconoció la frazada roja en las imágenes del lugar del hecho como propiedad de su hermana María del Carmen Grismado, pareja de Andrés Medina) y lo manifestado por Andrés Medina (sostuvo que la frazada pertenecía a su vecino Alejandro).
Es así que consideró acertada la conclusión a la que había arribado el veredicto absolutorio, en cuanto afirmó que "...ninguno de los testigos pudo dar certeza respecto de lo sucedido, [...] si bien todos coinciden en la presencia en el lugar de la víctima junto al imputado Lescar y su padre, ninguno puede precisar cómo se produjeron los hechos, esbozando alguno de ellos hipótesis construidas en base a juicios formados respecto de la personalidad violenta y problemática adictiva del sindicado Alejandro, que de algún modo se transfiere a su hijo Jon[á]s Abdul Lesca[r], por el solo hecho de estar esa noche en el lugar y presuntamente bajo los efectos del alcohol y las drogas".
En suma, consideró que la magistrada interviniente había ponderado las pruebas conforme las reglas de la sana crítica razonada sin que se pudiera reprochar vicio alguno en la conclusión de que la prueba producida no permitía afirmar con certeza positiva cómo se produjo el hecho investigado, así como tampoco la coautoría responsable del imputado.
Por todo ello, concluyó que no se logró conmover el estado de duda respecto de la participación de Lescar en la comisión de dicho evento.
III.2. Ahora bien, como se adelantó, la impugnación no puede tener acogida favorable, pues las críticas de la parte acusadora no logran poner en evidencia defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen arbitrario el fallo en crisis, sino que se limitan a exponer un mero criterio divergente con la valoración de los hechos y de la prueba (conf. arts. 18, Const. nac. -en sentido contrario- y 495, CPP).
En rigor, la recurrente no evidencia vicio alguno en la decisión de la Casación que confirmó el veredicto absolutorio por estimar que con la prueba reunida en el expediente (a saber: declaraciones testimoniales, acta de inspección ocular, acta de levantamiento de evidencias físicas, entre otras) no se arribó al estado de certeza positiva respecto a cómo sucedió el hecho enrostrado, ni sobre la participación responsable del imputado Lescar en carácter de coautor.
En particular, cabe destacar que el tribunal recurrido indicó -en sentido concordante con el análisis emprendido por el órgano de mérito respecto del plexo probatorio de cargo- que los dichos de Arnaldo Andrés Medina, María del Carmen Grismado, Germán Ezequiel Orellana y Brian Sebastián Orellana, debieron ser complementados con la declaración del tal "Omar" y de Miguel Molina, e hizo mención además a lo expuesto por Yésica Isabel Grismado, todo ello a fin de concluir que los elementos de cargo citados por la fiscalía resultaban insuficientes para conmover el estado de inocencia. Frente a ello, la fiscalía expuso una mera interpretación divergente de la expresada por la Casación, edificada sobre la base de estimar acreditados los extremos inherentes al hecho y la intervención responsable del acusado Lescar (art. 495, cit.).
Para más, la recurrente tampoco se hizo cargo de conmover el argumento relativo a que la prueba solicitada oportunamente como instrucción suplementaria por parte de la fiscalía -con relación a las manchas pardo rojizas halladas en diferentes partes del domicilio y en prendas de vestir, y a las dos colillas de cigarrillos secuestradas- no se produjo como consecuencia de haber aplicado al presente el trámite de juicio abreviado, pese a que podrían haber resultado de utilidad para esclarecer el hecho. Sobre tal aspecto, la parte acusadora no hizo ninguna consideración, dejando incontrovertido este tramo de la sentencia en revisión.
En definitiva, la representante del Ministerio Público Fiscal expuso una interpretación divergente en torno al valor convictivo que -a su criterio- debió asignarse a la prueba colectada en el proceso, así como también restó importancia a los elementos de convicción que a criterio del órgano de mérito y la Casación hubiera resultado de interés producir, todo lo cual pone en evidencia la insuficiencia de la tacha de arbitrariedad endilgada (doctr. art. 495, cit.).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la señora Fiscal Interina ante el Tribunal de Casación, doctora María Laura D'Gregorio (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/09/2024 14:16:13 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2024 14:51:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/09/2024 16:09:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2024 11:01:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2024 11:24:40 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/09/2024 12:40:53 hs. bajo el número RS-167-2024 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia