Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137582
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.582, "Sandoval, Arnaldo Ramón s/ Queja en causa n° 113.209 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Violini.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 7 de febrero de 2022, rechazó el recurso homónimo interpuesto por el señor defensor oficial de Arnaldo Ramón Sandoval contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que, en el marco de un proceso de juicio abreviado, lo condenó a la pena de cuatro años de prisión y multa de cuarenta y cinco unidades fijas, accesorias legales y costas, por resultar autor de los delitos de entrega ilegítima de estupefacientes a título oneroso y tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real (art. 5 incs. "c" y "e", ley 23.737; decreto 560/2019 y arts. 45, 55 y 77, Cód. Penal).
Contra ese fallo, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación, doctor Nicolás Agustín Blanco, presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 30 de marzo de 2022) que, declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. resol. digital de 16 de agosto de 2022) motivó la deducción de una queja. Esta Suprema Corte se pronunció a favor de su admisión y, en consecuencia, concedió el recurso extraordinario (v. resol. digital de 15 de agosto de 2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de fecha 19 de abril de 2024), dictada la providencia de autos el día 22 de abril de 2024 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley formulando un único agravio.
Denuncia la arbitrariedad de la sentencia atacada por apartamiento de las constancias de la causa en la tarea revisora, y por la consecuente violación del derecho al recurso contra el fallo de condena (arts. 1, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2. y 8.2.h., CADH y 14.2. y 14.5., PIDCP).
Cuestiona el razonamiento que siguió el tribunal revisor para convalidar el fallo de grado respecto de la acreditación de la materialidad ilícita pese a la falta de peritaje químico de la sustancia secuestrada, sin probar —en su criterio— la tipicidad de la conducta de su defendido.
Alega, en contraposición a lo decidido por la Casación, que no es posible saber si realmente estamos en presencia de "estupefacientes" en los términos del art. 77 del Código Penal, en tanto no obra en autos el correspondiente peritaje químico de los elementos incautados, por lo que —según dijo— "...no se encuentra probado que la[s] sustancias posean suficiente principio activo como para alcanzar la denominada 'dosis umbral', siendo precisamente ésta la que produce efectos tóxicos".
En sustento de la importancia de tal peritaje como prueba fundamental para establecer la tipicidad de la conducta imputada trae a colación un pronunciamiento de la Sala IV de ese tribunal intermedio (causa n° 112.954 "Valdez Sosa, Ramón Ismael y otros s/Recurso de Casación").
Estima que la confirmación de la condena impuesta sin probar que la conducta atribuida a Sandoval es un delito importó, asimismo, la afectación al debido proceso y al derecho de defensa en juicio. En tal sentido, trae a colación los precedentes de la Corte federal "Banco de la Nación Argentina c/ Volpe de Pasquali, Rosa s/ Demanda ordinaria" (sent. de 11-XII-2007) y "Zaraboso, Luis", entre otros.
Concluye señalando que tal modo de resolver cercenó el deber de revisión amplia del fallo condenatorio, en grave perjuicio para su asistido, al privarlo de la valoración de una prueba fundamental —peritaje químico— para tener por acreditada la materialidad ilícita del delito que se le imputa (conf. arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP).
En consecuencia, solicita que se case el pronunciamiento y se reenvíe la causa al Tribunal de Casación para que —debidamente integrado— dicte una sentencia conforme a derecho sobre las cuestiones discutidas, que garantice la revisión del fallo condenatorio por parte de un tribunal superior.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso interpuesto. Coincido con su opinión.
III. Previo ingresar al fondo del reclamo resulta necesario realizar una reseña de lo acontecido en el caso.
III.1. Conforme surge de los antecedentes, este proceso se ha desarrollado en el marco de un acuerdo de juicio abreviado al que arribaron las partes, con la expresa conformidad de la defensa e imputado acerca de la calificación legal y la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal.
III.2. Aclarado ello, el tribunal de juicio tuvo por acreditado que "...el día 09 de diciembre del año 2019, alrededor de las 18:40 hs. efectivos policiales pertenecientes al 'grupo motorizado' de la Policía Local de Almirante Brown -en el legítimo ejercicio de sus funciones- se encontraban recorriendo la jurisdicción de Adrogué, en prevención de delitos y faltas en general, cuando acudieron a las calles Bradley entre Retiro y Combatientes de Malvinas, de la localidad de Adrogué, partido de Almirante Brown en respuesta a un llamado proveniente de la central de emergencias 911 por un conflicto vecinal. En dicha ocasión y ajeno a las circunstancias por las cuales habían sido convocados observaron a dos sujetos realizar un intercambio 'pasamanos' de pequeños objetos de color negro, logrando luego la interceptación de quien fuera identificado como Arnaldo Ramón SANDOVAL, quien en dicha ocasión tenía ilegítimamente estupefacientes con fines de comercialización, más precisamente cannabis sativa (marihuana) contenida en 80 envoltorios confeccionados con nylon de color negro, contenidos en una bolsa del mismo color, que previamente a ser detenido el mencionado imputado arrojó al suelo, en el patio delantero de una finca en estado de abandono existente en el lugar a la cual intentó ingresar. También se secuestró en poder del encartado dinero en efectivo de curso legal y diferente denominación que ascendió a la suma de tres mil seiscientos pesos ($3600) presumiblemente producto de la actividad ilícita desplegada por el justiciable. Asimismo se encuentra acreditado en autos que el día 09 de diciembre del año 2019 alrededor de las 18:40 hs. en la calle Bradley entre Retiro y Combatientes de Malvinas, de la localidad de Adrogué, partido de Almirante Brown, Arnaldo Ramón SANDOVAL entregó ilegítimamente estupefacientes a título oneroso a otro sujeto del mismo sexo, identificado como Christian Emanuel SANDOVAL, en concreto 03 envoltorios confeccionados con nylon de color negro que contenían en su interior cannabis sativa (marihuana), a cambio dinero de curso legal que ascendió a la suma de trescientos pesos que le entregó en pago el último mencionado en tres billetes de cien. La totalidad de las sustancias en infracción secuestradas están comprendida[s] en los alcances de la Ley 23.737 y modificatorias y Decreto 560/2019, arrojaron resultado positivo a la presencia de cannabis sativa (marihuana) y un pesaje total de 147 gramos entre contenido y continente".
En lo que interesa, tal plataforma fáctica se tuvo por probada a partir de: "...elementos adunados a fs. 1/2, 4/5, acta 3/vta., test de orientación de fs. 6, declaración testimonial del testigo de actuación Alexis Fabián Saucedo de fs. 7/vta., y de los efectivos policiales Oscar María Sebastián Calatayud de fs. 8/vta., y de Carlos Alejandro Mieres de fs. 9/vta., y 27/28, fotocopias de fs. 10, placas fotográficas de fs. 11, 12, 13, 14, 21, 36 y 37, croquis ilustrativo de fs. 15, declaración testimonial de Christian Emanuel Sandoval de fs. 32/33, acta de análisis de teléfono celular de fs. 59/62/vta., fotos pertinentes de dicha labor lucientes a fs. 64/79 y pericia química de fs. 166/169 vta." (v. segunda cuestión del veredicto condenatorio; el destacado me pertenece).
De tal forma, se estimó acreditada la materialidad ilícita como así también la autoría responsable de Arnaldo Ramón Sandoval (v. tercera cuestión del veredicto), y —en coincidencia con la propuesta de las partes al momento de suscribir el acuerdo— se lo condenó a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, más multa de cuarenta y cinco unidades fijas, por resultar autor de los delitos de entrega ilegítima de estupefacientes a título oneroso y tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real (art. 5 incs. "c" y "e", ley 23.737 y modificatorias; decreto 560/2019 y arts. 45, 55 y 77, Cód. Penal; v. sent. de 6 de septiembre de 2021).
III.3. Al interponer el recurso de casación, la defensa cuestionó la acreditación de la materialidad ilícita pues —a su juicio— no se había efectuado una debida valoración del peritaje químico correspondiente, concluyendo que la conducta atribuida a su asistido era atípica (v. punto 3, recurso de casación).
III.4. A su turno, la Sala II del Tribunal de Casación Penal abordó tal reclamo y lo descartó.
Tras efectuar una reseña —en extenso— de los distintos elementos de cargo valorados por la sentencia de mérito, sostuvo que el cuestionamiento sobre la falta de peritaje químico no podía atenderse "...toda vez que el a quo expresó su convicción sincera explicando además las razones por las cuales llegó a ella sin dudas en orden al material estupefaciente que fuera incautado".
Explicó que "...si bien una pericia complementaria constituye una actividad conducente a la acreditación puntual de las sustancias, lo cierto es que invocado en el pronunciamiento con mucho detalle un extenso cúmulo probatorio acerca de la actividad ilícita, el razonamiento llevado a cabo por el a quo no puede ser desvirtuado, más aún cuando la afirmación concreta sobre el punto en cuestión se apoya no solamente en el test de orientación sino además en todo el contexto de recreación que contienen testimoniales, pruebas digitales y comprobaciones telefónicas".
Añadió a ello que se probó que la sustancia, fraccionada y acondicionada, se hallaba en gran cantidad a disposición de Sandoval, y que el nombrado procuró descartarla al verse perseguido por la policía.
Destacó que las alegaciones vinculadas con la atipicidad de la conducta "...olvidan los elementos señalados por el a quo que, arrojando datos pertinentes, permitieron establecer la calidad de la sustancia y a la par de individualizarlo como el sujeto que con antelación fue visualizado realizando una maniobra compatible con la venta de estupefacientes y luego, se hallara en su poder lo que fue incautado".
Expresó que el recurrente se limitó a postular la ausencia de elementos que permitan acreditar un extremo en particular "...fragmentando el plexo probatorio y omitiendo toda consideración a los datos relevados por el a quo a partir de los diversos medios de prueba".
Estimó que la logicidad y mérito del razonamiento ensayado por el sentenciante "...no se ven modificados con una posición que la parte sostiene a partir de apreciar de un modo diverso la misma prueba, sin [...] demostrar apartamiento de las reglas de la sana crítica".
Dijo que "...la concreta naturaleza de la sustancia, y su fraccionamiento y preparación en ochenta envoltorios para su inmediata disposición [...] permite entender que la tenencia tuvo por finalidad su comercialización, sin quedar resquicio por el cual evaluar el cambio pretendido en el tipo penal", y que lo mismo ocurría "...respecto de aquellos tres envoltorios de los que dispuso a cambio de dinero".
Consideró que no es factible condicionar la tipicidad a la existencia de un concepto variable y debatible como el de "dosis umbral".
Enfatizó que el juzgador de origen tuvo por acreditada la existencia de sustancia estupefaciente en los envoltorios secuestrados, hallando así completado el tipo objetivo de la figura aplicada, y que en definitiva "...ponderó diversos elementos de prueba que, concatenados, le permitieron sustentar su conclusión en los puntos criticados".
Por todo ello, concluyó que el veredicto y la sentencia poseían la motivación y fundamentación legal exigida por los arts. 106 del Código Procesal Penal y 171 de la Constitución provincial.
IV. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley resulta insuficiente (conf. arts. 451, 495 y concs., CPP).
IV.1. En primer lugar, pues de la reseña efectuada se advierte que la defensa incurrió en un viraje argumental que obsta a la procedencia de su reclamo (doctr. art. 451, CPP; conf., por muchas, causa P. 133.978, sent. de 22-XI-2022).
Nótese que en el recurso de casación la parte denunció la falta de acreditación de la materialidad ilícita con sustento en la indebida valoración del peritaje químico correspondiente (v. punto III.3.); mientras que en el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley adujo que "...no se realizó la pericia química y por ello no sabemos realmente si estamos en presencia de estupefacientes". Se trata de postulados distintos: el primero presupone que el peritaje se hizo (pero no se valoró), mientras que el segundo afirma que el peritaje no se hizo.
Con todo, el único argumento que la defensa esgrime ante esta instancia para tildar de arbitrario el pronunciamiento impugnado por apartamiento de las constancias de la causa parte de una premisa falsa, toda vez que, tal como surge del detalle de los elementos de prueba ponderados por el tribunal de grado para fundar la materialidad ilícita, el peritaje químico fue practicado y valorado para llegar a concluir que "La totalidad de las sustancias en infracción secuestradas están comprendida[s] en los alcances de la Ley 23.737 y modificatorias y Decreto 560/2019, arrojaron resultado positivo a la presencia de cannabis sativa (marihuana) y un pesaje total de 147 gramos entre contenido y continente".
IV.2. Luego, de los fundamentos reseñados en el apartado III.4. se advierte que el Tribunal de Casación, sin apartarse de tales constancias fácticas, expuso las razones por las cuales correspondía desestimar el recurso de casación promovido por la defensa y confirmar la sentencia de condena como acto jurisdiccional válido.
En esa dirección, el órgano revisor destacó que "Las alegaciones tendientes a sostener la atipicidad de la conducta de Sandoval, olvidan los elementos señalados por el a quo que, arrojando datos pertinentes, permitieron establecer la calidad de la sustancia y a la par de individualizarlo como el sujeto que con antelación fue visualizado realizando una maniobra compatible con la venta de estupefacientes y luego, se hallara en su poder lo que fue incautado" (el destacado me pertenece).
Y sin perjuicio de otras consideraciones que podrían formularse en torno al criterio de los jueces de casación para determinar si se está en presencia de sustancia estupefaciente —pues esta Corte tiene dicho que el elemento normativo "estupefacientes" exigido por el tipo agravado en cuestión, supone que la sustancia que se tiene con fines de comercialización tenga la capacidad toxicomanígena de ocasionar dependencia física o psíquica, y esta capacidad se constituye no solo por el requisito cualitativo (la calidad de la sustancia) sino también el cuantitativo (que exista una cantidad mínima; al menos una dosis umbral)—, en el caso, según lo que se desprende del peritaje químico de fs. 166/169 vta., tales requisitos se hallan abastecidos respecto de la sustancia secuestrada —marihuana— (conf. causas P. 135.535, sent. de 24-V-2023 y P. 136.241, sent. de 28-XII-2023).
En suma, los argumentos esgrimidos por el recurrente con sustento en que el fallo impugnado incurrió en un apartamiento de las constancias de la causa, no resultan idóneos para demostrar los vicios alegados (art. 495, CPP).
IV.3. Desarticulado el planteo de arbitrariedad, queda vacía de fundamento la denuncia de transgresión de la revisión amplia de la sentencia de condena, así como también la referencia a la conculcación del debido proceso y la defensa en juicio, por su vinculación intrínseca con aquel.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Violini, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/12/2024 11:35:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/12/2024 13:47:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2024 14:08:44 - VIOLINI Victor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2024 09:12:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2024 09:26:05 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 23/12/2024 10:54:05 hs. bajo el número RS-218-2024 por SP-DONATO MAURO AGUSTIN.
Fin de la sentencia