Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137668
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.668-Q, "Pitman, Lucas Leonel s/ queja en causa n° 113.577 del Tribunal de Casación Penal, Sala III" y su acumulada P. 137.671-Q, "Jaime, Tomás Agustín y Villalba, Juan Cruz s/ queja en causa n° 113.577 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
Conforme surge del expediente digitalizado radicado ante esta Suprema Corte, el Tribunal en lo Criminal n° 3 de Mar del Plata -integrado por un jurado popular- dictó, el 17 de septiembre de 2021, veredicto de no culpabilidad respecto de los acusados Tomás Agustín Jaime, Lucas Leonel Pitman y Juan Cruz Villalba.
Luego de ello, los particulares damnificados peticionaron la nulidad del juicio, lo que fue rechazado por el juez técnico e impugnado por esa parte mediante un recurso de casación el cual, a su vez, fue declarado inadmisible.
En tal contexto la parte aludida acudió en queja ante el Tribunal de Casación y la Sala III del órgano revisor, el 23 de diciembre de 2021, declaró admisible la queja presentada, dispuso la anulación del juicio y del veredicto de no culpabilidad dictado por el jurado y devolvió jurisdicción al tribunal en lo criminal a efectos de que se convoque a otro jurado y se renueven los actos necesarios para la realización de un nuevo debate.
Contra esta decisión la defensora particular de Lucas Pitman, doctora Noelia E. Agüero, y Tomás Agustín Jaime y Juan Cruz Villalba, por derecho propio, con el patrocinio de los doctores Martín Nicolás Bernat y Marcelo Gabriel Giménez, dedujeron recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, los cuales fueron declarados inadmisibles por el tribunal intermedio por resolución del día 4 de octubre de 2022. No obstante, interpuestas las respectivas quejas, esta Suprema Corte por decisión del día 29 de junio de 2023 las admitió en lo que refiere a los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y los concedió (v. resol. digital).
Asimismo, este Tribunal mediante resolución de fecha 21 de diciembre de 2023 admitió como amigos del Tribunal - amicus curiae - a diversas asociaciones y organismos (v. presentaciones digitales de fechas 22-VIII-2023; 24-VIII-2023; 8-IX-2023; 13-IX-2023; 1-XII-2023; 4-XII-2023 y 6-XII-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 18-XII-2023), dictada la providencia de autos el día 19 de diciembre de 2023, presentadas las memorias por parte de los particulares damnificados, así como por la defensa de Lucas Pitman, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Lucas Leonel Pitman?
2ª) ¿Lo es el deducido respecto de Tomás Agustín Jaime y Juan Cruz Villalba?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Como primer punto corresponde destacar que el recurso fue admitido a los efectos de abordar la afectación del ne bis in idem que, a criterio de la defensa, generó la declaración de nulidad por parte de Casación del veredicto de no culpabilidad dictado oportunamente por el jurado.
II. En su escrito impugnativo, la doctora Noelia E. Agüero, defensora de Lucas Pitman, denunció que la anulación de un veredicto que gozaba de cosa juzgada material por haber sido emitido por un jurado popular, acarrea la afectación al debido proceso y el derecho de defensa en juicio. Aseveró que con la renovación del enjuiciamiento de su asistido se vulnera el ne bis in idem y en tal sentido, trajo a colación fallos de la Corte federal.
También sostuvo que se violó normativa constitucional y convencional en tanto se desconoció que el particular damnificado tiene impedido recurrir un veredicto de no culpabilidad. Transcribió parcialmente el fallo P. 130.555 de este Tribunal.
Agregó que la Casación, con carácter previo, debió abordar la ausencia de legitimación recursiva del acusador privado, sin embargo, resolvió tal cuestión sin analizar ni efectuar los correspondientes traslados a la defensa. Expuso que tampoco llevó adelante la audiencia y admitió como amicus curiae a diferentes organizaciones que solo pueden intervenir en tal carácter ante esta Corte.
Aseveró que, de todos modos, la nulidad decretada -que se basó en la presunta ausencia de la Asesora de Menores durante el juicio- no existió pues según surge de las grabaciones o actas del debate dicha funcionaria estuvo presente. Añadió que, en todo caso, la Casación tampoco refirió cuál fue el perjuicio que la supuesta ausencia de esa representante hubiese generado. En ese sentido, hizo hincapié en que los progenitores, su abogado representante legal y la propia menor -ya con diecisiete años de edad- decidieron que declare y así lo hizo acompañada por su psicóloga particular, mientras la Asesora estuvo junto a la fiscalía y al abogado representante. Agregó que también obraba el testimonio a tenor del art. 102 bis del Código Procesal Penal, con la debida presencia de la Asesora y psicóloga especializada, el que fue reproducido en el debate con posterioridad a recibírsele declaración.
Afirmó que la presencia de la Asesora durante todo el debate no es exigida por ninguna norma, reforzando la tesis de que no hubo ninguna nulidad.
Denunció la violación del debido proceso y la arbitrariedad del fallo y sostuvo que la Casación utilizó un subterfugio para violar la ley al decretar la nulidad de un juicio cuyo veredicto absolutorio es irrecurrible por provenir del jurado y poseer -por ello- efecto de cosa juzgada material. De ese modo insistió en que con lo decidido se viola la prohibición a la doble persecución penal. Citó los arts. 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8 inc. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
III. El señor Procurador General propició el acogimiento de las impugnaciones de las defensas.
IV. Considero que, en línea con lo expuesto por el señor Procurador General, le asiste razón a la parte impugnante. La decisión del Tribunal de Casación por la cual -a través de la queja llevada ante su sede-, anuló el veredicto de no culpabilidad dictado por el jurado y reenvió para la realización de un nuevo juicio, no puede ser convalidada por provocar que los imputados deban enfrentar un nuevo riesgo de condena, alcanzado -en el caso- por la garantía del ne bis in idem.
IV.1. Para una mejor comprensión de lo acontecido en la causa, haré un detalle de ciertos pasos procesales que surgen del expediente digital y que resultan de interés.
1. A los imputados Tomás Jaime, Lucas Pitman y Juan Cruz Villalba se los acusó, ante un tribunal de jurados, de haber -al menos dos de ellos- abusado sexualmente de la adolescente J.A., con acceso carnal (vaginal, anal y/o oral). Que los tres obraron con intención y conocimiento de abusar sexualmente con acceso carnal a la adolescente J.A.; y que la adolescente J.A. no pudo consentir libremente la acción o acciones.
2. A su vez, se instruyó al jurado sobre la posibilidad, en caso de no encontrar probadas las circunstancias del delito principal materia de acusación (abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas) que los hechos que encuentren probados constituyan delitos menores, a saber: abuso sexual gravemente ultrajante por haberse cometido por dos o más personas; abuso sexual con acceso carnal; abuso sexual gravemente ultrajante; abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima; abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas; o finalmente, la figura residual de abuso sexual simple.
3. Durante la investigación penal preparatoria, la víctima, identificada bajo las iniciales J.A. -en virtud de su minoría de edad al momento de los hechos-, declaró bajo la modalidad de Cámara Gesell, de conformidad con lo dispuesto por el art. 102 bis del Código Procesal Penal. Dicha declaración videofilmada, se incorporó al juicio como prueba de cargo.
4. Los particulares damnificados manifestaron que la propia J.A. deseaba prestar testimonio ante el jurado. Ante ello, el juez del juicio, el doctor Fabián Luis Riquert, con fecha 2 de septiembre de 2021, dispuso que previamente, un profesional del área psicológica/psiquiátrica evaluara si esa declaración en el juicio era viable (art. 83 incs. 1, 4 y 5, CPP). Agregó que, de estar llevando a cabo un tratamiento con un profesional de su confianza, era este quien estaba en mejores condiciones de evaluar la procedencia de esa declaración y en su caso, de acompañarla durante el juicio.
5. Los acusadores particulares presentaron el 5 de septiembre de 2021 escrito acompañando el certificado de la licenciada en psicología Natalia Edith Segovia, profesional tratante de la menor, quien corroboró su aptitud para tal acto procesal. Tras un pedido de aclaración del juez respecto al efectivo acompañamiento durante la declaración, los acusadores ratificaron expresamente que la aludida psicóloga era la elegida por esa parte para "intervenir y velar por el resguardo de la integridad psíquica y moral de la menor víctima con la facultad prevista en el art. 102 bis párrafo primero 'in fine' de sugerir la prescindencia de preguntas que puedan producir menoscabo en la menor".
6. El 10 de septiembre de 2021, la doctora Silvia N. Fernández, titular de la Asesoría de Incapaces n° 1 de Mar del Plata, presentó un escrito en el que, en lo que resulta de interés, manifestó tomar conocimiento de que la menor había solicitado a través de sus representantes prestar declaración con el asesoramiento de su psicóloga. En virtud del ejercicio de representación complementaria, hizo saber que le asistía "interés procesal y legitimación para concurrir en ocasión de la declaración de la niña, para su eventual asistencia -sin perjuicio de la presencia del letrado particular damnificado-", lo que solicitó que el juez tuviera presente a efectos de ser autorizada a ingresar al recinto.
7. El 13 de septiembre de 2021, el magistrado autorizó a la Asesora a asistir a la jornada de declaración de la víctima en carácter de observadora "...ya que aquella cuenta con patrocinio letrado y será acompañada por la profesional tratante (art. 102 bis 'a contrario' C.P.P.; 103 C.C.C.)".
8. El 14 del mismo mes (día de inicio del juicio), la Asesora interpuso reposición y apelación en subsidio.
9. El día 15 de septiembre el juez lo rechazó y, además, desestimó el recurso de apelación, con cita de los arts. 338, 436 y 439 del Código Procesal Penal. La Asesora se notificó sin formular ningún tipo de protesta o reserva.
10. En la misma fecha (15-IX-2021) J.A., acompañada por su psicóloga, prestó declaración, habiéndose previamente hecho salir de la sala a los imputados.
11. El 17 de septiembre de 2021, el jurado dictó veredicto de no culpabilidad.
12. Concluido el juicio, específicamente con fecha 23 de septiembre de 2021, los particulares damnificados presentaron escrito requiriendo la nulidad del debate y veredicto con base en la intervención de la Asesora de Incapaces, la violación de la limitación probatoria en cuanto a la intimidad de la menor y la inconstitucionalidad del procedimiento de juicio por jurados.
13. El 30 de septiembre de 2021, el juez rechazó la aludida presentación.
14. El 5 de octubre de 2021, los particulares damnificados denunciaron la omisión de pronunciamiento sobre el planteo nulificante. El 7 del mismo mes y año, el doctor Riquert estuvo a lo resuelto el 30 de septiembre.
15. Deducido recurso de casación por parte de los particulares damnificados, el 15 de octubre de 2021 se lo juzgó inadmisible aludiendo a lo ya resuelto donde se citó el art. 452 in fine del Código Procesal Penal.
16. El 21 de octubre de 2021 dedujeron queja.
IV.2. Así llegamos a la decisión del Tribunal de Casación que ante esta Corte cuestionan las defensas. Previo al dictado del fallo, con fecha 25 de noviembre, se aceptó a las directoras provinciales Andrea Cecilia Balleto y Silvina Perugino, como acompañantes del recurso del particular damnificado y a la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, como colaboradora del Tribunal.
El pronunciamiento ahora atacado se dio -como fuera dicho- en el marco de la queja contemplada en el art. 433 del Código Procesal Penal. Bajo tales parámetros, el doctor Violini -al que adhirió el doctor Borinsky-, luego de reseñar los agravios planteados por la particular damnificada hizo hincapié en la denuncia relativa a que "todos los actos realizados durante la audiencia de debate, y en especial, la declaración testimonial de la víctima menor de edad, fueron desarrollados sin la intervención de la Asesora de Menores e Incapaces, a quien el Tribunal le negó su participación en el proceso pese a la férrea protesta e impugnación de la representante minoril, colocando a la niña en una situación de vulnerabilidad".
Después de transcribir los arts. 202 del Código Procesal Penal y 38 de la ley 14.442, juzgó que en el caso dicha asistencia no pudo efectivizarse, toda vez que el tribunal de la instancia negó la intervención de la Asesora de Incapaces en el debate lo que motivó la interposición por parte de aquella del recurso de reposición que fuera rechazado, y sus sucesivas presentaciones acompañando a los particulares damnificados.
Seguidamente trajo a colación los arts. 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 27 de la ley 26.061 y aseveró que "sin lugar a dudas, llevan razón los peticionantes cuando sostienen que, en el caso de autos, la decisión del Tribunal de negar intervención a la Asesora de Incapaces en el acto de declaración de la menor J.A. en el debate oral, ha supuesto un claro avasallamiento a los derechos reconocidos a la joven víctima a contar con la asistencia especializada que refiere la normativa citada; pues como acertadamente lo marca la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en su presentación como colaboradora ante este Tribunal, el artículo 103 del Código Civil y Comercial de la Nación establece la participación necesaria del ministerio Público en todos los procesos en los que se encuentran involucrados intereses de personas menores de edad, resultando esencial, en el ámbito penal, a la luz de la normativa convencional vigente, para garantizar la protección de los derechos de los niños víctimas, en tanto entran en juego valores como el interés superior del niño que merece de especial tutela jurisdiccional".
Citó la resolución 99/19 y concluyó que la negada intervención de la Asesora de Incapaces, "quien fue relegada de su rol de representante de los derechos de la menor víctima a la de una mera espectadora del juicio en la que la joven fue interrogada sin asistencia alguna, supone una violación del debido proceso que conduce necesariamente a la nulidad del juicio de conformidad con lo establecido por el artículo 202 inciso 2° del Código Procesal Penal, en tanto se han inobservado las disposiciones mencionadas [...] referentes a la necesaria intervención de la nombrada y, con ello, los derechos convencionales y constitucionales de la damnificada".
V. Tal como adelantara, el recurso procede.
V.1. En primer lugar, se advierte que, abierta la competencia del órgano revisor a través de una queja, se omitió imprimir el trámite propio que corresponde a tal carril.
En efecto, es sabido que la queja es un medio que ataca no la decisión agraviante impugnada, sino la resolución que rechaza el recurso que la critica (conf. Derecho Procesal Penal , AAVV, Chiara Díaz y La Rosa directores, Buenos Aires, Astrea, 2013, pág. 236).
Incluso alguna doctrina sostiene que el instituto de la queja solo configura un "mero pedido de jurisdicción" a raíz de la denegatoria de esta, o que se trata de un "procedimiento" para llegar a la alzada más que un recurso en sí mismo (v. Vázquez Iruzubieta - Castro, Procedimiento penal mixto , t. III, pág. 285, citados por Palacio, Lino Enrique, Los recursos en materia penal , Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1998, pág. 172 y sus citas).
Es por ello que el órgano jurisdiccional debe analizar, antes que nada, si están cumplidos los recaudos propios de la vía impugnativa (temporaneidad, adjunción de copias, legitimación recursiva, entre otros -conf. art. 433 y concs., CPP-), para luego evaluar si, efectivamente, hubo un error o algún tipo de extralimitación en la denegatoria del recurso originariamente interpuesto, -en este caso, el de casación-.
Sin embargo, nada de ello fue realizado ni explicitado en el pronunciamiento aquí analizado. Si bien en la parte dispositiva de la decisión se citaron múltiples normas, ninguna tiene correlación con lo efectivamente fallado, sobre todo, considerando que lo objetado era un veredicto de no culpabilidad resuelto por un jurado popular que arribó a la sede casatoria en razón de que el tribunal en lo criminal -naturalmente- no concedió la impugnación en virtud de la ausencia de legitimación recursiva de los particulares damnificados (conf. arts. 371 quater inc. 7, 452 y 453, CPP).
De manera que, el primer déficit que se advierte en la decisión casatoria radica en que dicho tribunal abrió su competencia e ingresó al análisis de los agravios a contramano de la técnica propia de la vía directa articulada.
Nótese que tanto los particulares damnificados, así como la Asesora de Incapaces (quien presentó un escrito por el cual adhirió a los particulares damnificados, lo cual, no encuentra amparo en el art. 428, CPP), pretendían -como paso lógicamente previo y necesario- la declaración de inconstitucionalidad del juzgamiento por jurados en supuestos como el aquí acontecido y cuestionaban la normativa local que les impide impugnar, lo cual fue decidido de manera adversa por el juez de la instancia.
El Tribunal de Casación, soslayó cualquier consideración al respecto -sin que quepa estimarlo resuelto de manera implícita- al tiempo que prescindió del reciente antecedente de esta Corte en la materia (v. lo resuelto en causa P. 130.555, sent. de 11-VIII-2020 en la que se desecharon cuestionamientos sobre el desapego constitucional de la imposibilidad legal de impugnar la decisión de no culpabilidad del juicio por jurados).
V.2. Pasaré entonces a analizar el núcleo del agravio traído: la posible afectación de la garantía del ne bis in idem que, según aduce la defensa, la resolución dictada podría provocar.
V.3. Dejando de lado las cuestiones respecto a su previsión constitucional (esto es, si puede interpretarse que integra el art. 18 o si surge del art. 33 -garantías implícitas-), lo cierto es que esta garantía encuentra acogida en los tratados que integran el bloque. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.7, que dispone que "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país") como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.4, que reza "El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos") la contemplan. De modo tal que su texto expreso integra la Constitución nacional (conf. art. 75 inc. 22, Const. nac.).
Por su parte, nuestra Constitución provincial también la recepta cuando en su art. 29 establece que ningún acusado "será encausado dos veces por un mismo delito", definición que aparece como una fórmula -incluso- de mayor amplitud.
En línea con ese entendimiento vasto, la Corte Suprema ha señalado que esta garantía no solo protege contra la aplicación de una nueva sanción por un hecho ya penado sino también contra la exposición
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.