Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137071
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, se revoca la sentencia impugnada y se reenvía la causa al Tribunal de Casación Penal para que expida un pronunciamiento ajustado a derecho (art. 496, CPP).
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Sala II del Tribunal de Casación Penal a través del pronunciamiento dictado el 8 de abril de 2022, rechazó por improcedente la queja deducida por el señor agente fiscal contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Florencio Varela, que -en el marco de un juicio abreviado-, condenó a Daniela Adriana Suárez a una pena de dos años de prisión, costas y multa de mil pesos, declarando la inconstitucionalidad en el caso concreto tanto del mínimo legal como de la multa previstas en el tipo aplicado, por resultar autora responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5 inc. "c" ley 23.737 en función de la ley 26.052).
Deducida queja por aquella parte (v. presentación digital de fecha 1-VIII-2022), la impugnación fue concedida por esta Suprema Corte a través de la resolución de 4 de agosto de 2023 por estimar que la tacha de arbitrariedad de sentencia (por arbitraria interpretación de los arts. 448, 450 y 452 del Código Procesal Penal; y por falta de fundamentación suficiente y fundamentación aparente al declarar inadmisible el recurso de casación con apartamiento arbitrario de los agravios planteados por el recurrente), se desarrolló con la carga técnica necesaria, se efectuó una crítica concreta y razonada del fallo casatorio y se demostró la relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de fecha 18-IX-2023), dictada la providencia de autos el 19 de septiembre de 2023, acompañada la memoria por parte de la doctora Ana Julia Biasotti, defensora adjunta de la defensoría de Casación penal (v. presentación digital de fecha 3-X-2023), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio, la señora representante fiscal denuncia la arbitrariedad de la sentencia impugnada por fundamentación aparente, afirmaciones dogmáticas y omisión de tratamiento de la cuestión federal invocada por el recurrente.
Refiere que en la instancia de juicio abreviado el tribunal entendió que las penas de prisión y de multa estipuladas en el art. 5 inc. "c" de la ley 23.737 resultaban desproporcionadas e incompatibles con los estándares internacionales en materia de género, por lo que, en ese marco, decidió declarar su inconstitucionalidad e imponer a Suárez una pena sensiblemente inferior a la legalmente establecida. Señala que, al agraviarse sobre lo así decidido, el tribunal intermedio consideró que los planteos de pretenso cariz federal no alcanzaban para soslayar los límites procesales. A juicio de la recurrente, tal conclusión se apoya en afirmaciones dogmáticas en franca violación al debido proceso, la defensa en juicio y la correcta administración de justicia. Pues, dice, el régimen republicano de gobierno exige que todo acto de autoridad pública sea fundado (arts. 1, 5 y 18, Const. nac).
Puntualiza que, tanto en el recurso de casación como en la queja llevada a esa instancia, se articularon agravios que portaban una cuestión federal suficiente derivada de la arbitrariedad de la sentencia dictada por el tribunal de la instancia, dado que carecía de debida fundamentación por haberse realizado una valoración parcial y sesgada de los elementos probatorios reunidos en la investigación a los efectos de declarar la inconstitucionalidad de la norma.
Argumenta que las constancias recopiladas en la investigación, no permitían concluir que Suárez hubiese realizado la conducta delictiva enrostrada al amparo de una situación de vulnerabilidad derivada de su género ni debido a una miseria tal que justificara la declaración de inconstitucionalidad referida.
Estima que la gravedad institucional que implicaría la firmeza de la decisión adoptada en la instancia, justifica la inmediata intervención de esta Suprema Corte en aras de la obtención de un fallo que resuelva la cuestión planteada por el fiscal de la instancia.
II. El señor Procurador General aconsejó en su dictamen que se haga lugar al recurso deducido (v. dictamen digital).
III. La doctora Ana Julia Biasotti, defensora adjunta ante la instancia intermedia, acompañó la memoria y solicitó el rechazo del recurso fiscal. Argumenta que la recurrente se desentendió de lo resuelto por parte del a quo y justificó su posición mediante un criterio discrepante sobre la existencia de un agravio de pretenso cariz federal. Sostiene que el Ministerio Público Fiscal solo puede recurrir ante Casación si la pena impuesta resultó inferior a la mitad requerida, supuesto que no se configuró en el caso de autos (conf. art. 421, CPP).
Por último, afirma que se cuestionó la sentencia de juicio abreviado al haber efectuado una valoración parcial y sesgada de los elementos probatorios durante la investigación. Sin embargo -a juicio de esa parte- la magistrada de grado realizó un pormenorizado análisis de las circunstancias agravantes y las atenuantes vinculadas al juicio de reproche; y de ahí, teniendo en cuenta las constancias obrantes en el expediente y la entrevista de visu , alcanzó su certeza sobre la existencia de múltiples vulnerabilidades en la vida de la imputada que debían repercutir en la pena a aplicar.
IV. Como lo aconseja la Procuración General, el recurso procede, merced a la resolución de esta Suprema Corte que admitió la queja y de suyo la vía intentada a efectos de tratar las cuestiones federales involucradas (v. resol. digital de fecha 4-VIII-2023).
En ese contexto, cabe recordar que esta Suprema Corte, excepcionalmente, puede controlar la interpretación y aplicación realizada por el tribunal inferior en lo tocante a las normas procesales que regulan la materia recursiva, a efectos de que no se vulneren el debido proceso y el derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.; conf. causa P. 108.244, sent. de 4-IX-2013; e.o.); y que más allá de la excepcionalidad de la doctrina que invoca -arbitrariedad de sentencias-, no debe olvidarse que ella también procura asegurar, respecto del Ministerio Público Fiscal, la plena vigencia del debido proceso que se dice conculcado (conf. doctr. Fallos: 299:17; 331:2077), exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente (Fallos: 311:948 y 2547; 313:559 y 321:1909; conf. causa P. 131.163, sent. de 14-X-2021), lo que no se aprecia en el sub examine .
V. Sentado lo cual, es necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en autos.
El Tribunal en lo Criminal n° 1 de Florencio Varela, a través de la sentencia dictada el 16 de septiembre de 2021, condenó a Daniela Adriana Suárez -en el marco de un proceso de juicio abreviado-, a la pena de dos años de prisión, costas y multa de mil pesos ($1.000) como coautora responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art 5 inc. "c" de la ley 23.737 en función de la ley 26.052), cometidos entre los días 16 de diciembre de 2019 y 18 de junio de 2020, en la vivienda sita en calle Diagonal Delfino entre Charruas y Atalaya de la localidad y partido de Florencio Varela, en perjuicio de la salud pública. A su vez, declaró la inconstitucionalidad, en el caso concreto, tanto del mínimo legal respecto de la pena de prisión como de la multa prevista en el tipo penal endilgado a la encartada.
Sobre este punto, consideró que la pena de cuatro años de prisión y la de multa establecida por la ley resultan inconstitucionales -para el caso, a tenor de las particularidades que expuso- por violentar garantías contempladas en la Constitución nacional, principalmente la igualdad ante la ley, el principio de proporcionalidad, de razonabilidad y el fin de resocialización de las penas, la prohibición de aplicar penas crueles e inhumanas, la obligación estatal de reformar las leyes mediante una mirada con perspectiva de género y la prohibición de la confiscatoriedad, superando ampliamente la culpabilidad por el hecho verificado en el caso (conf. arts. 1, 17, 18 y 19, Const. nac.; y tratados internacionales de derechos humanos incorporados con jerarquía constitucional al art. 75 inc. 22 especialmente CEDAW y Convención de Belem Do Pará).
El señor agente fiscal interpuso contra ello recurso de casación a través del cual denunció la arbitrariedad del pronunciamiento en el tramo correspondiente a la declaración de inconstitucionalidad del mínimo fijado en la norma por errónea aplicación de preceptos legales (conf. art. 5 inc. "c", ley 23.737).
El Tribunal de la instancia declaró la inadmisibilidad del recurso al considerar que el recurrente no se hallaba legitimado para interponerlo, de conformidad a los presupuestos taxativos previstos por el art. 452 inc. 2 del Código de Procedimiento Penal, ya que no se había impuesto una pena inferior a la mitad de la requerida.
Contra esta decisión, dedujo queja por denegatoria del recurso de casación (v. escrito digital de fecha 22-X-2021).
Así llegamos al pronunciamiento de 8 de abril de 2022 del que se diera cuenta en la reseña de los antecedentes.
El tribunal a quo sostuvo que esa Sala tenía dicho que "...cuando la ley distingue entre las diversas partes, la legitimación para recurrir sólo asiste a quien le es expresamente conferida (art. 421 del CPP); y en el caso del recurso de casación cuando se trata de sentencias condenatorias, el Fiscal sólo puede recurrir si la pena impuesta es inferior a la mitad de la requerida, supuesto que no se configura en el caso de autos en que la sanción escogida por el sentenciante no es inferior a la mitad de la solicitada".
Agregó que "La limitación objetiva del inciso segundo del artículo 452 del Código Procesal Penal impide que el Fiscal recurra en supuestos en [...] los que obtuvo una condena a una pena privativa de libertad que no se aleje en forma considerable de la que había solicitado, pues en ese caso la ley considera que cualquier agravio resulta entitativamente ineficaz para habilitar el conocimiento recursivo de este Tribunal, criterio que podrá o no compartirse pero que de ninguna manera resulta irrazonable".
Sumó a lo dicho que al no concurrir la condición prevista en la citada norma, el fiscal no puede recurrir la sentencia condenatoria, del mismo modo en que no puede recurrir la absolutoria si no pidió la condena; y estas limitaciones no pueden ser soslayadas mediante la interpretación extensiva de alguno de los restantes incisos del art. 452, pues ello importaría desconocer el carácter excepcional de las facultades recursivas y derogar la norma específica -inc. 2 referido a sentencia condenatoria- mediante la aplicación prevalente de la más genérica -inc. 4-.
Por último, consideró un sinsentido la limitación del inc. 2 del art. 452 si pudiera ser obviada con la sola condición de que se invoque alguno de los motivos de los arts. 448 o 449 del Código Procesal Penal, cuya concurrencia configura un requisito ineludible para el progreso de cualquier planteo casatorio.
VI. Como se puede apreciar del pronunciamiento recurrido, con solo ese fundamento -la limitación objetiva del inciso segundo del art. 452 del Código Procesal Penal- el tribunal a quo desestimó la queja y confirmó la inadmisibilidad del recurso de casación declarada por el tribunal de la instancia; omitiendo pronunciarse sobre aquellas cuestiones constitucionales que la parte había invocado en su recurso, las cuales -más allá de lo que se opine sobre su procedencia- hacen excepción a la regla de admisibilidad que invocó la casación, no solo para esa instancia, sino eventualmente, de cumplir con los debidos presupuestos, incluso para esta sede extraordinaria a efectos de transitar los carriles necesarios para el acceso a la Corte federal.
En otros términos, si de conformidad con la doctrina de los fallos "Strada", "Christou", y "Di Mascio" (Fallos: 308:490, 310:324, y 311:2478), los supremos tribunales de cada provincia no pueden invocar las limitaciones contenidas en normas locales para obviar el tratamiento de cuestiones federales oportuna y suficientemente articuladas, de igual modo se aplica esto a la instancia revisora intermedia en el orden provincial, el Tribunal de Casación (esta Suprema Corte: causas P. 80.570, resol. de 17-VII-2003; P. 87.203, resol. de 22-IX-2004; P. 96.735, resol. de 24-V-2006; P. 101.238, resol. de 5-XII-2007 - conf. mi voto en causa P. 121.732, sent. de 2-III-2017- ).
Por último, no procede la oposición formulada por la defensora oficial adjunta ante la instancia intermedia (v. memorial digital de 3-X-2023), en tanto que -a su juicio- los planteos desarrollados en el recurso de casación y reiterados en la vía extraordinaria -sobre la arbitraria valoración parcial y sesgada de los elementos de prueba durante la investigación-, solo dejan entrever una opinión contraria al pronunciamiento recurrido.
Sobre ello, cabe destacar que el argumento no es de recibo pues el rechazo de planteos constitucionales no puede ser implícito. Si la Casación estimaba que las cuestiones de orden constitucional federal expuestas en el recurso no permitían sortear los límites previstos en la legislación procesal local, así debió declararlo, brindando concienzudamente los fundamentos de esa decisión, en lugar de preterir toda referencia al punto y remitirse sin más al límite previsto en el art. 452 inc. 2 del Código Procesal Penal en relación con la pena oportunamente requerida.
Por tanto, propongo revocar la decisión impugnada y reenviar la causa al Tribunal de Casación para que expida un pronunciamiento ajustado a derecho.
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Genoud y Torres , y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, se revoca la sentencia impugnada y se reenvía la causa al Tribunal de Casación Penal para que expida un pronunciamiento ajustado a derecho (art. 496, CPP).
Regístrese y notifíquese (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/04/2024 14:39:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/04/2024 15:05:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/04/2024 09:57:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2024 10:12:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2024 10:40:38 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/04/2024 07:49:43 hs. bajo el número RS-59-2024 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia