Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137585
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara abstracto el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la señora fiscal ante el Tribunal de Casación Penal (doctr. art. 488, segundo párr., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.585-Q, "D' Gregorio, María Laura E. -Fiscal Titular Interina ante el Tribunal de Casación Penal- s/ queja en causa n° 113.621 del Tribunal de Casación, Sala III, seguida Barbona, Martín Antonio", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 23 de junio de 2022, hizo lugar a la queja y declaró procedente el recurso homónimo articulado por la defensa oficial contra la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Dolores, que había confirmado la decisión que rechazó el pedido de inconstitucionalidad del art. 100 de la ley 12.256 y la consecuente formación del incidente a salidas transitorias. En consecuencia, casó la resolución impugnada y devolvió las actuaciones a la citada Sala del Tribunal de Alzada para que dicte un nuevo pronunciamiento acorde a lo allí resuelto.
Contra ello, la señora fiscal titular interina ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D'Gregorio dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; el cual fue declarado inadmisible por resolución del tribunal intermedio del 4 de octubre de 2022.
Deducida queja, esta Suprema Corte la admitió, declaró mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y lo concedió (v. resol. digital de 6 de marzo de 2024).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 2-XII-2024); dictada la providencia de autos el 4 de diciembre de 2024; presentada la memoria por parte de la defensa oficial (v. digitalmente en 10-XII-2024); y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Ha devenido abstracto el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
Caso negativo:
2ª) ¿Es fundado?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La recurrente denuncia arbitrariedad por apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso —según refiere— sin argumentos valederos para la inaplicación del precepto en cuestión; fundamentación aparente e inmotivada de la doctrina de esta Suprema Corte.
Sostiene que los argumentos dados por el Tribunal de Casación —voto mayoritario— en torno al art. 100 de la ley 12.256 desconocen —sin una expresa declaración de inconstitucionalidad— la propia letra de la ley. En particular, al devolver los autos a la instancia y ordenar la reconsideración del pedido de salidas transitorias en el caso concreto, obviando el delito por el cual Barbona se hallaba condenado (homicidio en ocasión de robo).
Indica que al disponer un reenvío meramente formal provocó que la Cámara departamental, no tuviera más opción —para no incurrir en un alzamiento contra el superior— que declarar la inconstitucionalidad de tal precepto, concediendo el beneficio denegado.
Se refiere a la pena privativa de la libertad y su finalidad esencial "reforma y readaptación social" de los condenados (arts. 5.6., CADH y 10.3., PIDCP); analizó la ley 24.660 como también diversos precedentes de esta Suprema Corte (causas P. 133.372; P. 132.969; P. 127.709 y P. 133.520; e.o.).
Concluye en que el Máximo Tribunal federal ha determinado que casos como el presente, en el cual el tribunal inaplica la ley (sin declarar su inconstitucionalidad —al menos— en forma expresa), constituye un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso sin argumentos que válidamente la sustenten, incurriendo en arbitrariedad y en contra del principio de legalidad. Por ende, solicita la descalificación de la sentencia como acto jurisdiccional válido.
II. El señor Procurador General mantuvo el recurso (v. dictamen digital de 2-XII-2024), en tanto la señora defensora oficial ante el Tribunal de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, al presentar la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal, solicitó el rechazo de la impugnación fiscal (v. presentación digital de 10-XII-2024).
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio ha devenido inoficioso.
Me explico.
III.1. El Juzgado de Ejecución Penal del Departamento Judicial de Dolores, a través del pronunciamiento dictado el 21 de julio de 2021, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 100 de la ley 12.256 y con ello las salidas transitorias que fuera peticionado por la defensa oficial en favor de Martín Antonio Barbona bajo el argumento de que la mentada norma es contraria a la Constitución nacional porque lesiona el principio de igualdad, racionalidad o razonabilidad normativa.
Para así resolver, se refirió a la doctrina de la Corte federal sobre la declaración de inconstitucionalidad como de "ultima ratio" del orden jurídico, y agregó que esa situación no se daba en el caso puesto que "...la redacción actual dada por el legislador art. 100 de la ley 12256 conforme ley 15232, no violenta en modo alguno el principio de igualdad [...], y menos aún el principio de progresividad en la ejecución de la pena".
En sustento de ello, hizo alusión a diversos precedentes de esta Suprema Corte y del Tribunal de Casación Penal; concluyó que —por regla— "...la pena se impone para ser cumplida en su totalidad", lo cual no obsta a que luego, en virtud de determinadas circunstancias del hecho o del condenado, se pueda excepcionar esa regla a su favor. Por ende, no se advierte inconstitucionalidad alguna en la circunstancia de que el legislador establezca que quien haya cometido determinado ilícito se encuentre vedado de la posibilidad de acceder a los derechos mencionados.
III.2. Deducido recurso de apelación por parte de la defensa oficial del nombrado, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental —por sentencia del 5 de octubre de 2021— lo rechazó y confirmó la decisión anterior.
A juicio del Tribunal de Alzada, la norma en cuestión no viola derecho ni garantía constitucional alguna en tanto que "El art. 100, prevé límites para acceder a determinados beneficios en razón de la clase de delito de que se trate"; y "Dado ese carácter de ley previa y general, emanadas todas ellas de las legislaturas respectivas", no consideró que tal decisión, se esté de acuerdo o no con ella, importe una mortificación de la norma suprema de la Nación.
III.3. Frente al recurso de casación de la defensa, la Sala III del tribunal intermedio —por mayoría— resolvió en el sentido en que se diera cuenta en los antecedentes en la presente causa.
Con el voto del señor juez Violini, quien hizo la mayoría, señaló que "...la norma del artículo 100 de la ley 12.256 impone una regla cerrada, que impide, en principio, una interpretación alternativa compatible con la Constitución Nacional, frente a las pautas que regulan el objeto y fin de la pena"; añadió que los arts. 18 de la Constitución nacional, 10 inc. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen el objetivo de resocialización para la imposición de la pena privativa de libertad, las cuales poseen carácter supralegal, y por ende, cualquier restricción a los beneficios concedidos a los penados, fundada en dicho objetivo, aparecerá en principio como razonable.
Con relación al caso puntual, señaló que el extremo acreditado había sido el opuesto desde que el único impedimento para la obtención del beneficio solicitado era el tipo de delito cometido, importando ello "...hacer aplicación de una teoría especial negativa de la pena, reñida con los principios de dignidad humana y resocialización". Además, reputó que no obstaba a la solución propuesta la doctrina emergente del precedente P. 133.372 de esta Suprema Corte, pues allí este Tribunal se había pronunciado sobre el instituto de la libertad condicional que no era el supuesto en trato.
Concluyó así que correspondía postular la procedencia del recurso intentado por cuanto el decisorio cuestionado no era derivación razonada del derecho vigente; de tal modo, casó la resolución impugnada y ordenó devolver los autos a la jurisdicción de la Cámara para que dictara un nuevo pronunciamiento conforme lo allí decidido.
III.4. De conformidad con el pronunciamiento anterior —y sin reparar en la regla del art. 431 del Código Procesal Penal— las actuaciones fueron devueltas a la Sala I del Tribunal de Alzada quien con fecha 13 de septiembre de 2022, decidió —a su vez— la remisión de los autos a la instancia de origen a fin de que, con los nuevos informes carcelarios agregados, el mismo juez que intervino anteriormente dictara un nuevo pronunciamiento expidiéndose sobre el fondo de la cuestión, analizando la totalidad de los requisitos legalmente exigidos y verificando si el penado Martín Antonio Barbona se hallaba en condiciones de acceder al instituto solicitado por así haberlo dispuesto el ad quem.
Luego de reseñar el temperamento adoptado por el tribunal superior, sostuvo que esa instancia estaba constreñida a resolver teniendo en cuenta que la sentencia del tribunal impuso ponderar la existencia de alguna otra circunstancia que fuera más allá de la calificación legal del hecho por el cual se condenó a Barbona, pues esa sola circunstancia no habilitaba a denegar el beneficio.
III.5. Por resolución del 13 de diciembre de 2022, el Juzgado de Ejecución de Dolores resolvió no hacer lugar al régimen de salidas transitorias peticionado por la defensa de Barbona.
Luego de hacer un repaso de las vistas del expediente al Ministerio Público Fiscal como a la defensa oficial, recordó que el Tribunal en lo Criminal n° 2 departamental había condenado a Martín Antonio Barbona por ser partícipe primario del delito de homicidio en ocasión de robo a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, sentencia que fue casada por la Sala III del Tribunal de Casación Penal con fecha 16 de agosto de 2018, imponiéndole una pena de catorce años y ocho meses de prisión por el delito mencionado. A su vez, indicó que —de conformidad con el cómputo de pena practicado— ella vencería el 29 de enero de 2029.
Señaló que del acta dictamen n° 441/2022, surgía la conveniencia de incluir a Barbona en el marco propuesto de salidas transitorias fundado en que había podido incluirse en los dispositivos de capacitación, oficios, taller de carpintería, jardinería y horticultura, electricidad doméstica y herrería, como también en actividades laborales sosteniéndose en el marco disciplinario; además se aconsejó la continuidad por la vía en trato actual a fin de consolidar los recursos adquiridos.
Sentado ello, señaló que analizado el art. 17 de la ley 24.660 con relación al inc. 1, Barbona había cumplido el requisito temporal que el mismo establece, y que, de autos, surgía que se hallaba en un régimen penitenciario semiabierto desde el 29 de agosto del 2022. Con relación al inc. 2 indicó que no surgía la existencia de causa abierta en la cual interese su detención. Finalmente, agregó que Barbona posee conducta ejemplar diez y concepto bueno además de contar con un informe favorable por parte del organismo Técnico Criminológico.
No obstante, resolvió que "...conforme el delito por el cual ha sido condenado Barbona en los presentes autos, homicidio en ocasión de Robo, art. 165 CP, el mismo se encuentra dentro [de los supuestos alcanzados por] el art. 56 bis Ley 24660 conforme ley 25948 que impiden la concesión del beneficio de trámite...", por lo cual no correspondía hacer lugar al régimen de salidas transitorias peticionado por su defensa.
De modo que, pese a lo decidido por Casación, el beneficio no se concedió a Barbona.
III.6. Del sistema informático "MEV" se advierte que la defensa reiteró un pedido similar al que se aborda en esta instancia, a través del cual reclamó la incorporación al régimen abierto —cabe recordar que goza del semiabierto desde el 29 de agosto de 2022— y nuevamente al de salidas transitorias —conforme el art. 100 de la ley 12.256—, siendo rechazado otra vez por el juez de ejecución y confirmado por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores.
Contra esta última decisión, la defensa de Barbona dedujo recurso de casación que fue denegado por inadmisible por el Tribunal de Alzada departamental de conformidad con la resolución dictada el 15 de agosto de 2024. Frente a ello, dicha parte dedujo queja ante Casación por recurso denegado (v. en lo pertinente legajo n° 134.398 "Barbona Martín Antonio s/ recurso de queja").
Por decisión de la Sala III del tribunal intermedio a través de la sentencia dictada en el marco de la citada causa, el 21 de noviembre de 2024, rechazó la queja y quedó convalidada de esa manera la denegación de la vía casatoria intentada y, por ende, el rechazo al planteo de las salidas transitorias de conformidad con el art. 100 de la ley 12.256.
IV. Así las cosas, del derrotero judicial de la presente causa, así como particularmente de la decisión del tribunal intermedio del 21 de noviembre de 2024 que convalidó —en definitiva— la denegación de la vía casatoria intentada y, por ende, el rechazo al planteo de las salidas transitorias de conformidad con el art. 100 de la ley 12.256 pretendido por la defensa de Barbona, ha devenido inoficiosa la primigenia decisión del Tribunal de Casación recurrida ante esta Sede por la señora fiscal doctora María Laura D'Gregorio mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; en tanto esa decisión no atiende a la situación actual del imputado Martín Antonio Barbona, sino a una anterior.
De tal modo, no se aprecia la subsistencia de ningún interés actual que haga necesario expedirse sobre la cuestión (art. 488, CPP).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Dado el modo en que ha sido resuelta la cuestión anterior, no corresponde el tratamiento de la presente.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se declara abstracto el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la señora fiscal ante el Tribunal de Casación Penal (doctr. art. 488, segundo párr., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2025 19:27:53 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2025 11:19:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/05/2025 18:23:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2025 12:41:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2025 12:49:05 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 23/05/2025 13:55:00 hs. bajo el número RS-73-2025 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia