Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137189
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.189-RQ, "Acevedo, José Matías s/ Queja en causa n° 113.838 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, el 6 de octubre de 2021 condenó a José Matías Acevedo a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas por encontrarlo autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal cometido en un contexto de violencia de género.
La defensa oficial interpuso un recurso de casación y la Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 28 de abril de 2022, luego de tratar todos los agravios presentados, rechazó el recurso y confirmó la condena.
Contra esa decisión se alzó el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, merced al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue desestimado por la instancia anterior. Interpuesta la queja, esta Suprema Corte lo concedió mediante resolución de 27-VI-2023.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial denunció la inobservancia de los arts. 40 y 41 del Código Penal, la violación al art. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, arbitrariedad (conf. arts. 1, 18 y 33, Const. nac.) y la frustración al doble conforme en el procedimiento de individualización de la pena (arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP).
En lo esencial, sostuvo que el órgano revisor abordó de modo aparente sus planteos sobre la falta de valoración de pautas atenuantes.
Adujo que la ausencia de antecedentes penales fue acreditada, circunstancia prevista por los arts. 40 y 41 del Código Penal. Destacó que el informe donde consta la carencia de antecedentes debe ser valorado a los efectos de graduar la pena de conformidad con el fin constitucional del encierro: la prevención especial o resocialización del imputado.
Sostuvo que es innegable que los citados artículos prevén la posibilidad de valorar como atenuante el buen concepto vecinal, el que debe ser presumido ante la ausencia de un informe que abone lo contrario, puesto que las presunciones en ausencia de prueba deben resolverse en favor del justiciable.
Alegó que la normativa vigente no exige que la defensa del imputado acredite de qué manera tal pauta puede influir en el juicio de reproche siendo a su vez que tal exigencia implicaría invadir la competencia del órgano jurisdiccional, ya que la determinación de las pautas atenuantes y agravantes de un hecho y, con base en ellas, graduar y establecer el monto de pena a imponer, es tarea del juzgador.
Manifestó que el Tribunal de Casación, con sustento normativo en el art. 371 del Código Procesal Penal, expresó que las cuestiones relativas a las eximentes, atenuantes y agravantes, solo se plantearán cuando hubieren sido discutidas o el tribunal las encontrare pertinentes, por lo que consideró al fallo arbitrario por omisión de tratamiento.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso.
III. Coincido con lo dictaminado, la vía extraordinaria interpuesta no prospera.
El reclamo resulta insuficiente toda vez que el recurrente se limita a insistir en que debieron valorarse pautas atenuantes, aun cuando no fueron propuestas por la defensa, pero sin rebatir eficazmente los fundamentos dados por la instancia revisora frente a similar planteo llevado a su conocimiento (conf. art. 495, CPP).
III.1. En lo que interesa, puede sintéticamente señalarse que la defensa, en el recurso de casación, planteó que la sentencia de mérito no había brindado razones fundadas en cuanto a la mensura de la pena, la que —en su criterio— resultó excesiva y desproporcionada. Cuestionó la referencia a que no mediaban atenuantes propuestas por las partes ni se advertía su concurrencia, invocando la facultad del juez revisor de mejorar la situación procesal del impugnante. En consecuencia, consideró que correspondía ponderar como atenuantes, no solo la ausencia de antecedentes penales sino también el buen concepto que, ante la ausencia de los correspondientes informes, debía presumirse.
III.2. El órgano revisor se pronunció sobre los planteos de la parte. Destacó que no había logrado demostrar la falta de proporcionalidad invocada, ya que la sanción de quince años de prisión se encontraba dentro de los márgenes que establece la escala penal de los delitos atribuidos (art. 119 tercer párrafo del Código Penal en la modalidad de delito continuado), monto al cual se había arribado luego de valorar dos pautas agravantes de la pena y estimar que no concurrían circunstancias atenuantes.
En ese marco, precisó que, si bien podía enmarcarse en el art. 41 del Código Penal el buen concepto presunto, lo concreto era que la defensa no lo había solicitado en ocasión de sustanciarse dicho factor como diminuente ante el tribunal del juicio para que este se pronunciara.
Agregó que la norma del art. 371 del Código Procesal Penal establece que las cuestiones relativas a las eximentes, atenuantes y agravantes, solo se plantearán cuando hubieren sido discutidas o el tribunal las encontrare pertinentes, con lo cual, no era el momento procesal oportuno para solicitar que se computaran circunstancias que pudieron plantearse al tiempo de alegar (conf. art. 368, CPP).
En cuanto al monto de pena efectivamente impuesto, expuso que el fallo no se encontraba inmotivado pues en el tratamiento de la cuestión el juzgador expresó las circunstancias que, verificadas en la causa, habían tenido incidencia aumentativa en la magnitud de la pena por considerar que resultó traducible en un mayor grado de injusto, explicando también las razones que fundaron la valoración de las severizantes meritadas con total apego a lo normado por los arts. 40 y 41 del Código Penal. Entonces, a partir de allí y en consideración a los márgenes de la escala penal aplicable, estimó que el tribunal de grado había seleccionado la pena impuesta al acusado brindando una adecuada motivación.
IV.1. Así las cosas, en primer lugar, la denuncia de errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal no prospera ya que la defensa no rebate eficazmente la respuesta dada por el tribunal revisor, referida a que la pena se fijó dentro de los márgenes establecidos por la escala penal aplicable y expresadas las circunstancias que, verificadas en la causa, tuvieron incidencia aumentativa en la magnitud de la pena.
La falta de consideración de las pautas atenuantes ahora reclamadas, lejos de obedecer a un obstáculo formal opuesto en el tránsito de las instancias previas, se originó —en el entendimiento del a quo— en la propia omisión de la parte que no las introdujo en tiempo oportuno (v. acta de debate firmada el 29-IX-2021), lo que no ha sido objetado con suficiencia (art. 495, cit.).
IV.2. La reseña efectuada también expone que el órgano revisor abordó los planteos llevados en el recurso de casación, respondió a los agravios específicos sobre las pautas atenuantes, para luego avalar la determinación de la pena efectuada dentro de la escala legal prevista en función de la subsunción legal reprochada, confirmándola.
Es decir, desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó los planteos llevados por la parte en el remedio casatorio y los descartó brindando las razones que lo llevaron a distanciarse de la postura defensista, justificando el temperamento adoptado, todo ello de manera compatible con los parámetros establecidos en el precedente "Casal" de la Corte federal (Fallos: 328:3399).
Sobre ese aspecto, el recurrente no consiguió constatar que el examen realizado por el tribunal intermedio haya importado un menoscabo de la garantía prevista en el art. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que se limitó a la exposición de comentarios generales desentendidos de las determinaciones del fallo y que no logran demostrar que ese deber haya sido violado en el caso (art. 495, CPP; conf. causas P. 120.555, sent. de 11-II-2016; P. 126.034, sent. de 4-VIII-2016; P. 130.739, sent. de 21-XI-2018; e.o.).
Por último, conforme resulta de la decisión en crisis, la denuncia de arbitrariedad no prospera, desde que no se aprecia que el reproche practicado contra el imputado sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia.
Cabe recordar que el objeto de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencia acuñada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234); y, en el presente caso, la defensa no consigue poner en evidencia la existencia de esos graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/06/2025 14:42:01 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2025 10:48:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/06/2025 12:37:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/06/2025 15:38:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/06/2025 17:03:21 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 12/06/2025 17:22:34 hs. bajo el número RS-80-2025 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia