Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137417
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.417, "F., A. E. s/ Queja en causa n° 114.415 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño, Natiello, Kohan, Violini.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia dictada el 7 de junio de 2022, hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad presentado por el entonces defensor particular de A. E. F., contra la sentencia del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 de Mercedes que lo condenó a la pena de catorce años de prisión y accesorias legales por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso de armas, lesiones graves, portación ilegal de arma de guerra y homicidio agravado por el uso de arma, todos en concurso real entre sí. En consecuencia, readecuó la pena en diez años de prisión.
Contra lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor José María Hernández, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Por resolución de 31 de agosto de 2022, el tribunal recurrido lo declaró inadmisible.
Frente a ello, la defensa oficial dedujo queja.
Esta Suprema Corte, mediante resolución dictada con fecha 17 de octubre de 2023, declaró procedente la queja y admitió el carril extraordinario por estimar que las denuncias de arbitrariedad en la determinación de la pena y de "...conculcación de los principios rectores del proceso de menores" cuentan con la suficiencia técnica necesaria para superar la etapa de admisibilidad.
Por su parte, la defensa oficial, mediante escrito presentado el 17 de septiembre de 2024, solicitó ante esta Suprema Corte la declaración de prescripción de la acción penal del delito de abuso de armas.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Corresponde hacer lugar al pedido de prescripción de la acción del delito de abuso de armas?
En caso negativo: ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Cabe destacar que, encontrándose el expediente ante el Tribunal con autos para resolver, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación, doctor Nicolás Agustín Blanco, mediante escrito presentado el 17 de septiembre de 2024, solicitó la declaración de prescripción de la acción penal del delito de abuso de armas (conf. art. 104, párrafos primer y segundo, Cód. Penal).
Sin embargo, la competencia revisora de esta Suprema Corte solo fue habilitada por el recurrente en lo que respecta al monto global de pena impuesta a su asistido, sin que la parte haya efectuado ningún cuestionamiento directo ni indirecto del delito de abuso de armas cuya prescripción reclama ante esta instancia.
La defensa oficial debió —al menos— en la discusión sobre la mensura de la pena, efectuar alguna crítica vinculada con el delito cuya prescripción pretende, lo que no aconteció en el caso por lo que el reclamo no puede prosperar (conf. causas P. 134.345-Q, sent. de 20-IX-2024; P. 138.154, sent. de 12-III-2025, mutatis mutandi art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Abro respetuosa disidencia, pues considero que en el caso debe declararse la prescripción de la acción penal del delito de abuso de armas por el que A.E.F. fue condenado en los autos principales (conf. mis votos —en lo pertinente— en causas P. 131.745, sent. de 21-VII-2020; P. 134.184, sent. de 7-VI-2022; P. 133.556, sent. de 10-XI-2022; P. 136.901, sent. de 9-IV-2024; e.o.).
II. Cabe destacar que la defensa oficial sometió a decisión de esta Suprema Corte agravios vinculados con la arbitrariedad del fallo casatorio por falta de fundamentación en el monto de la pena y afectación de los principios especiales rectores del fuero penal juvenil vinculados al interés superior del niño (arts. 3, 12, 37 y 40, CDN; precedentes P. 132.257 y P. 132.174 de esta Suprema Corte; Reglas de Beijing y lo emergente del fallo "Maldonado" de la CSJN y el caso "Mendoza vs. Argentina" de la CIDH).
Frente a los planteos traídos, que hacen pie en la determinación de la pena impuesta a la persona acusada, estimo que no puede considerarse excluido del ámbito de conocimiento de esta Corte lo relativo a la vigencia de la acción penal en orden al delito de abuso de armas que integró la condena (conf. causas P. 109.771, sent. de 7-IX-2011; P. 132.525, sent. de 23-VII-2020; e.o.).
II.1. Sentado ello, y al margen de que acá existe un pedido de parte (v. escrito digital de fecha 17 de septiembre de 2024), cabe recordar que es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, opera de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; e.o.).
Y ello debe ser resuelto por esta Corte, aun en el estrecho marco de su competencia extraordinaria, cuando se encuentren verificados todos los requisitos positivos y negativos que establece la ley para su procedencia. Estos son: 1) el transcurso del plazo pertinente (art. 62, Cód. Penal) y 2) la inexistencia de actos procesales interruptores y la no comisión de un nuevo delito (conf. art. 67, Cód. cit.).
II.2. Por otro lado, esta Suprema Corte venía sosteniendo de manera reiterada que el fallo revisor de la sentencia de condena interrumpe el curso de la prescripción, doctrina que fue sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015), conforme los lineamientos que habían sido establecidos en las causas P. 84.431, sentencia de 31-X-2007; P. 90.959, sentencia de 3-IX-2008; P. 90.736, sentencia de 30-IX-2009; P. 105.309, sentencia de 29-IV-2015; entre otras.
Sin embargo, en el marco de las causas P. 131.745, "Villafañe" y P. 132.525, "Godoy" (ya citadas), a cuyos términos me remito en su totalidad, se aplicó la doctrina del fallo "Farina" de la Corte federal (sent. de 26-XII-2019), en lo que respecta a la interpretación que debe darse al art. 67 inc. "e" del Código Penal (ley 25.990), puntualmente, en el sentido de considerar que el último acto interruptor de la prescripción al que se alude en dicha norma es únicamente "...el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme".
Aquí también, esta Corte debe adoptar los lineamientos sentados por el Máximo Tribunal nacional en el mencionado precedente. Recuérdese que en aquella ocasión se instruyó a esta Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires a fin de que "...en lo sucesivo, para evitar dilaciones innecesarias como las verificadas en el extenso derrotero de las presentes actuaciones, adopte las medidas necesarias para que sus pronunciamientos y los de los tribunales penales en la jurisdicción a su cargo se adecuen a lo establecido por el legislador en el art. 67, inc. e, del Código Penal y a la doctrina sentada en la jurisprudencia de esta Corte sobre la materia, en la inteligencia de que la cuestión decidida excede largamente la mera interpretación de una norma de derecho común, como es el Código Penal, para involucrar la observancia de diversos artículos de la Norma Fundamental del país, a saber: 1) art. 18 (vigencia del principio de legalidad estricta en materia penal y su proyección sobre el derecho a la jurisdicción o de juicio previo); 2) art. 31 (vigencia del orden jerárquico establecido por la Ley Suprema de la Nación, en el caso subvertido por la prevalencia de la cuestionada interpretación de un artículo del Código Penal -que es una ley de la Nación- por sobre el mencionado art. 18 de la Norma Fundamental); 3) arts. 116 y 117 (vigencia de la interpretación de esta Corte, como tribunal supremo de la Nación, en 'causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución' como son aquellas que -como la presente- tratan sobre la observancia del principio de legalidad en materia penal)" (CSJN causa "Farina", cit., cons. 19).
II.3. Entonces, computando el término legal de la prescripción desde la sentencia condenatoria de 14 de septiembre de 2021, ha transcurrido el plazo legal de prescripción de la acción penal correspondiente al delito de abuso de armas (que prevé una pena máxima de 3 años de prisión), de acuerdo con los arts. 62 inc. 2 y 67 del Código Penal.
II.4. Por otra parte, efectuadas las constataciones pertinentes, no se verifica la causal de interrupción prevista en el art. 67 párrafo sexto inc. "a" (comisión de otro delito), a tenor de los informes del Registro de Procesos del Niño, el Registro Nacional de Reincidencia y la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (v. actuaciones digitales de fecha 8-X-2024, 10-X-2024 y 24-X-2024).
Por ello, habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción de la acción penal, corresponde declarar su extinción en orden al delito de abuso de armas por el que —junto a otros— viene condenado A.E.F. (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 y 104 párrs. primero y segundo, Cód. Penal).
Voto por la afirmativa.
Las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la cuestión previa también por la negativa.
Los señores Jueces doctores Natiello y Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la cuestión previa también por la afirmativa.
El señor Juez doctor Violini, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la cuestión previa también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Dado el modo en que ha quedado resuelta —por mayoría— la cuestión previa, corresponde abordar el reclamo planteado por el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación, doctor José María Hernández, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En la pieza impugnativa, la parte tacha de arbitrario el fallo por falta de fundamentación en el monto de la pena y se agravia de la afectación de los "...principios especiales rectores del fuero vinculados al interés superior del niño" (conforme arts. 3, 12, 37 y 40, CDN; 18 y 19, Const. nac.; 9, CADH y 15.1., PIDCP; los precedentes P. 132.257 y P. 132.174 de esta Suprema Corte; las Reglas de Beijing y lo emergente del fallo "Maldonado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el caso "Mendoza vs. Argentina" de la CIDH).
Afirma que no se expusieron los argumentos con sustento en los cuales se fijó la pena en diez años de prisión ni se justificó el apartamiento del mínimo legal de la escala penal aplicable (conf. art. 4, ley 22.278). Asimismo, tilda de dogmáticas las referencias al art. 41 del Código Penal.
De seguido, manifiesta que se inobservó la doctrina fijada por esta Suprema Corte en el marco de las causas P. 132.174 y P. 132.257 de mención, en lo que respecta a la determinación judicial de la pena y a las implicancias de la celebración de la audiencia y su vinculación con el derecho a ser oído.
Cita nuevamente los arts. 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño en cuanto a las limitaciones especiales que deben respetar las medidas privativas de libertad impuestas en el fuero de responsabilidad penal juvenil.
Sostiene que "...la 'necesidad' de imponer pena en el caso concreto, es uno de los más delicados juicios de valor, dado que se deberá determinar en qué se apoya, con sus razones y parámetros de igualdad y proporcionalidad", teniendo en consideración la situación de culpabilidad disminuida.
Sentado lo anterior, considera que el Tribunal de Alzada no dio razones para fundar la pena de diez años de prisión ni para demostrar que esta resulte proporcional y ajustada al grado de culpabilidad.
Por todo lo expuesto, sostiene que el fallo resulta arbitrario y quebranta las garantías de defensa en juicio y debido proceso. A la vez que estima quebrantado el derecho a la doble instancia (arts. 8.2. "h", CADH y 14.5, PIDCP).
En lo que respecta al precedente P. 132.174, refiere que sus fundamentos son plenamente aplicables a este caso en torno a la dosificación de la pena, por haberse apartado de la escala reducida del art. 4 de la ley 22.278 sin adecuada motivación y de las particulares exigencias de fundamentación que se deben respetar por encima de las requeridas en los procesos de adultos.
Acerca de la causa P. 132.257 afirma que el fallo en crisis no abordó los planteos efectuados por la defensa con relación al excesivo monto de pena impuesto, ni a la aplicación de la reducción de pena por aplicación del art. 4 de la ley 22.278, "...sin perjuicio de haberse disminuido en 4 años la pena impuesta".
Asimismo, cuestiona que la sentencia en crisis omite toda consideración a la audiencia de visu mantenida en la instancia casatoria, transformándola en un mero trámite formal. Aclara, que si bien su asistido tuvo audiencia "...no se le ha dado ninguna utilidad a la misma o por lo menos ello no se ve reflejado en la sentencia, pues no existe ninguna referencia a ella, a la impresión que dejó el imputado en los sentenciantes, ni a su situación y necesidades actuales".
Por último, afirma que la casación estaba obligada a evaluar las condiciones de encierro y las del joven imputado, sin embargo, se limitó a enumerarlas, sin analizarlas.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso. Coincido con lo así dictaminado.
III. El recurso es insuficiente (conf. art. 495, CPP).
Previo a ingresar al fondo del reclamo, corresponde efectuar una reseña de los antecedentes del caso.
III.1. En el recurso de casación, el entonces defensor particular, doctor Gustavo Armando Azzollini, en lo que aquí importa, denunció que a su asistido se lo condenó como si fuera un adulto sin reparar en las particularidades que impone el juicio de culpabilidad por hechos cometidos siendo menor de dieciocho años.
Hizo consideraciones genéricas sobre el juicio de necesidad o no de imponer pena y sobre los principios de culpabilidad y proporcionalidad.
A su vez, afirmó que la reducción de la escala penal prevista en el art. 4 de la ley 22.278 es obligatoria y que ello no se respetó en el caso. Por ese apartamiento de los principios específicos del fuero, solicitó que se deje sin efecto el fallo en crisis y se fije la pena conforme la reducción prevista para la tentativa.
III.2. Frente a tales reclamos, el Tribunal de Casación destacó que la determinación judicial de la pena presenta dificultades pues no consiste en una mera operación matemática, sino que deben tomarse en consideración las características del ilícito cometido, el grado de culpabilidad del imputado "...con el correctivo de la peligrosidad y las reglas de los arts. 40 y 41 CP".
A su vez, trajo a colación el principio de proporcionalidad y la importancia de atender a la individualidad de la persona sometida a un proceso penal.
En particular, en lo que respecta a las causas del fuero de responsabilidad penal juvenil, refirió que a tales pautas se agrega la necesidad de analizar el art. 4 de la ley 22.278.
Manifestó que teniendo en cuenta los principios protectorios del fuero "... es que la citada Convención sobre los Derechos del Niño establece en sus artículos 37 y 40 que los niños en conflicto con la ley tienen derecho a recibir un trato que fomente su sentido de la dignidad y de su valor, que tenga en cuenta su edad y que aspire a su reintegración en la sociedad. A la vez que establece que el ingreso de jóvenes en conflicto con la ley a un centro de reclusión -o cualquier otra institución cerrada-, debe ser una medida de último recurso, que ha de evitarse siempre que sea posible y, de no ser posible, que ha de establecerse durante el período más breve que proceda (Comité sobre Derechos del Niño, OG 10, 2007 'Los derechos del niño en la justicia de menores' CRC/C/GC/10)".
De seguido, indicó que la sentencia de mérito puso de manifiesto que "...el imputado no causó una buena impresión [durante el juicio], mostrando una actitud fría y desafiante frente al grave daño ocasionado" por lo que sobre la base de "...aquella impresión directa, de los antecedentes personales, las modalidades de los hechos que se le atribuye[ron] y el resultado del tratamiento tutelar", concluyó que correspondía aplicarle una pena "...a fin que continúe con su proceso de resocialización, el cual solo puede darse en el marco de una contención institucional, con tratamiento específico en relación a su salud, asistencia psiquiátrica y psicológica, con abordaje de su problemática de consumo de sustancias y, asimismo, con el fortalecimiento por parte de los organismos de niñez correspondientes, de los vínculos familiares, a los fines de lograr su reinserción en un proyecto de vida digno".
Sentado lo anterior, la casación estimó que la necesidad de imponer pena se fundó debidamente. En su apoyo, citó el fallo "Maldonado" de la Corte nacional.
En particular, en lo que respecta al monto de pena, destacó que A. E. F. fue condenado a la pena de catorce (14) años de prisión de efectivo cumplimiento, con accesorias legales y sin imposición de costas, como autor penalmente responsable de los delitos de abuso de armas, lesiones graves, portación ilegal de arma de guerra, todo ello en concurso real entre sí y homicidio agravado por el uso de arma de fuego, sin cómputo de agravantes ni atenuantes.
De seguido, sostuvo que la ley 22.278, al referirse a la pena, en su artículo 4 establece la facultad que tiene el juez de reducir el monto punitivo a imponer a la escala del delito tentado, aun cuando la condena fuera por un delito consumado. Aclaró que esta reducción de la pena "...no es obligatoria para el juez, como lo afirma la defensa -sin fundamento alguno-, sino que la ley se limita a establecer la facultad de reducirla o no imponerla cuando ello fuere la mejor solución del conflicto".
A su vez, puso de realce que los jóvenes menores de 18 años tienen la imputabilidad restringida en función de que se encuentran en proceso de formación madurativa y emocional lo que restringe su ámbito de autodeterminación.
A consecuencia de ello, señaló que "...la pena debe ser proporcional a la culpabilidad de autor y esta culpabilidad se determina según el ámbito de autodeterminación que éste haya tenido para ejercer su conciencia moral en la constelación situacional en que hubiese actuado y en relación a sus personales capacidades en esa circunstancia ‘Maldonado’ (Fallos 328:4343)".
En razón de lo expuesto, con cita del art. 435, primer párrafo, del Código de rito, valoró como atenuante "...la menor culpabilidad del imputado en razón de su edad".
En definitiva, con sustento en los principios rectores del fuero de responsabilidad penal juvenil antes mencionados, tomando en especial consideración las particularidades del caso, la magnitud de los injustos, la atenuante ponderada y los restantes parámetros contenidos en el art. 41 del Código Penal, redujo la pena en diez (10) años de prisión, accesorias legales y costas.
IV. Como se adelantó, la denuncia de arbitrariedad en la determinación judicial de la pena aparece expuesta de un modo genérico y dogmático, sin atender a las respuestas dadas por el órgano revisor. Tales déficits tornan ineficaz el planteo para cambiar la suerte de lo decidido (conf. art. 495, CPP).
IV.1. En efecto, el apelante no demostró que la sentencia en crisis, en cuanto confirmó la necesidad de imponer pena de prisión y redujo su monto en cuatro años, tuviera defectos graves de fundamentación o razonamiento ni que se aparta
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.