Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138155
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Franco Emanuel Pérez Mercado, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.155, "Pérez, Franco Emanuel s/ Queja en causa n° 114.482 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
De las copias digitalizadas obrantes surge que la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 3 de mayo de 2022 y su aclaratoria del día 5 del mismo mes y año, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza que, en el marco de un juicio abreviado y con integración unipersonal, condenó a Franco Emanuel Pérez Mercado a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa (arts. 41 bis, 42, 55 y 79, Cód. Penal), imponiéndole la pena única de catorce años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, comprensiva de la dictada en el marco de la presente y la impuesta en autos 1151-2020 (IPP 05-01-001716-20/00) por el Tribunal Criminal n° 1 departamental, por sentencia firme del 27 de agosto de 2020 que condenó al nombrado a la pena de tres años de prisión y costas en orden a cuatro hechos de robo agravado por el empleo de arma cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada, en concurso material.
Frente a ello el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 9-VI-2022), el que habiendo sido declarado inadmisible por el órgano intermedio (v. resol. digital de 14-VII-2022), motivó la deducción del recurso de queja (v. presentación digital de 29-XII-2022).
Esta Suprema Corte admitió parcialmente la queja deducida y concedió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley con el alcance fijado en dicha resolución (v. resol. digital de 17-X-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 2-V-2024), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. De conformidad con la resolución de esta Suprema Corte que admitió la queja, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fue concedido a los fines de abordar las denuncias vinculadas con la errónea aplicación de la ley sustantiva (arts. 40 y 41, Cód. Penal) y con la errónea revisión de la sentencia de condena en cuanto a la ausencia de fundamentación del monto de la pena —arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos— (v. pto. III.2. "a" y "b" de la resol. digital cit.).
II.1. Sentado ello, con relación a la denuncia de infracción de la ley sustantiva, el recurrente cuestiona que el órgano revisor convalidó la agravante referida a que el imputado actuó motivado por el comercio de estupefacientes y por una eventual disputa territorial entre bandas, esgrimiendo que tal disputa se basa solo en una mera conjetura del órgano revisor "...sin acreditar y mucho menos explicar vinculación alguna con las motivaciones que puedan animar a una persona a realizar una acción y que puedan ser reveladoras de una mayor peligrosidad".
Destaca que el motivo principal por el que no debe valorarse tal agravante, es que el propio sentenciante admite que la referida disputa territorial es eventual, reconociendo —de tal forma— que el hecho que lo fundamenta podría o no existir.
Añade que, aún de aceptarse que sea válido computar tal circunstancia por ser reveladora de una mayor peligrosidad en el agente, ello no es lo ocurrido en el caso de autos conforme los hechos —allí descriptos— cuya materialidad ilícita se tuvo por acreditada.
Por ello, solicita que se case el fallo impugnado y se declare erróneamente aplicado el art. 41 del Código Penal.
II.2. En cuanto al restante agravio, esto es, la denuncia de errónea revisión de la condena respecto a la ausencia de fundamentación del monto de la pena, aduce que esa parte se agravió ante la Casación de la mensuración del monto de pena por considerarlo inmotivado y excesivo.
Luego de efectuar una reseña de lo decidido por el a quo, centra su crítica en que no se elaboró ningún tipo de análisis del caso, ni se respondió al planteo concreto formulado en el recurso, incurriendo así en la insuficiencia que se le achaca a esa parte, pues "...en lugar de asumir la responsabilidad de hacer frente a todos y cada uno de los agravios defensistas, la elude".
Considera que el órgano revisor debió analizar si se verificaba o no la falta de fundamentación del monto de pena, si correspondía alejarse del mínimo legal y por qué razones, cuáles eran las circunstancias tenidas en cuenta para ese alejamiento y si ellas resultaban debidamente fundamentadas. Sin embargo, estima que el revisor no cumplió tal proceso, provocando "...la desnaturalización del derecho al recurso [...], en un aspecto fundamental como lo es el monto de pena a ejecutar".
En opinión de la defensa, la Casación otorgó un tránsito aparente a la vía emprendida, omitiendo analizar el planteo referido a la falta de fundamentación del monto de pena impuesto.
Finalmente, en sustento de su postura citó el precedente P. 96.240 (sent. de 11-III-2009), de este Tribunal, y los fallos "Miara" (sent. de 15-VII-1997) y "Squilario" (sent. de 8-VIII-2006) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicita que se case el fallo impugnado y se reenvíen los autos a la instancia anterior para que, con la debida integración, se dicte una nueva sentencia conforme a derecho sobre la cuestión discutida.
III. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1. De las copias digitalizadas surge que el Tribunal en lo Criminal n° 2 de La Matanza —en el marco de un proceso de juicio abreviado llevado adelante en la causa LMP-1229-2021— condenó a Franco Emanuel Ezequiel Pérez a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa (arts. 41 bis, 42, 55 y 79, Cód. Penal).
En lo que aquí interesa, en el rubro de las atenuantes, el tribunal no ponderó circunstancia alguna ni tampoco fueron invocadas por las partes; respecto de las agravantes, señaló que "De conformidad con lo previsto en el acuerdo entre partes, habré de valorar como pautas agravantes el motivo que impulsó a Pérez Mercado a actuar -vinculado a otra actividad ilícita, concretamente al comercio de estupefacientes y una eventual disputa territorial entre bandas- y el riesgo que su conducta generó para terceros desde que surge de la prueba testimonial que en el lugar había otros jóvenes reunidos, siendo un punto de encuentro en el barrio; siendo además demostrativo de ello el rubro de los comercios situados en las inmediaciones" (sent. de condena, sexta cuestión).
En dicho pronunciamiento se unificó la pena dictada en esta causa, con la pronunciada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 departamental (en el marco de la IPP 05-01-001716-20/00), dictada el 27 de agosto de 2020, por la cual se condenó a Pérez a la pena de tres años de prisión y costas por cuatro hechos de robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada.
En definitiva, le impuso al nombrado la pena única de catorce años de prisión, accesorias legales y costas del proceso.
III.2. En el recurso de casación la defensa oficial, por un lado, denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal en lo referente a la valoración de la concurrencia de agravantes, con sustento en que no se ha acreditado que el accionar que se le enrostra a su asistido haya tenido alguna clase de relación con el comercio de estupefacientes ni con una "eventual" disputa territorial, y por el otro, cuestionó el quantum de la pena impuesta resultaba desproporcionado a la vez de que no se encontraba debidamente fundado, solicitando que se la reduzca al mínimo legalmente aplicable tanto en lo que hace a la pena correspondiente por el presente hecho como así también con relación al monto de la pena única.
III.3. A su turno y en el marco apuntado se pronunció la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, que desestimó el recurso por improcedente.
Liminarmente advirtió que "...la pauta severizante relativa al 'motivo que impulsó a actuar al imputado' fue acordada por las partes al suscribir la presente causa el trámite del procedimiento abreviado, de modo que no se explica cómo dicha circunstancia pueda constituir un motivo de agravio en el caso, habiéndose respetado la pena que fuera acordada oportunamente por las partes".
Luego sostuvo que, sin perjuicio de ello y a diferencia de lo sostenido por el recurrente "...todos los testimonios recibidos, dan cuenta de un trasfondo vinculado al comercio de estupefacientes en el barrio y a disputa entre bandas, vinculadas al desarrollo de dicha actividad ilícita, que claramente fueron los factores que impulsaron el accionar temerario y despiadado del encausado y lo hace merecedor de un mayor grado de reproche".
Por otra parte, expresó que "...la justa transmutación de la cuantía del injusto y de la culpabilidad en magnitudes penales no es susceptible de establecerse en cantidades prefijadas legislativamente (más allá de los extremos en las escalas) o jurisprudencialmente dado que resulta imposible [...] estandarizar los juicios de valor para traducirlos en cantidades numéricas", por lo que para establecer el quantum de pena a imponer no puede apelarse a fórmulas matemáticas preestablecidas sino que debe atenderse a los principios de culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad, a la vez que debe tenerse en mira una adecuada reinserción social.
Con relación al punto de ingreso a la escala penal explicó que "...no debe seguir una escala de gravedad continua sino que, por el contrario, el mínimo y el máximo de la escala penal con que se reprima un delito deben ser tomad[o]s como indicadores del valor proporcional de las normas en cuestión", permitiendo al juez de juicio la elección de la sanción que considere adecuada para el caso concreto, en la inteligencia de que "...cada hecho y cada autor son diferentes y presentan particularidades que difícilmente puedan reducirse a criterios rígidos y estandarizados".
Señaló que "...la determinación de la pena supone un complejo de decisiones relativas a diferentes operaciones intelectuales. Éstas no tienen un orden sistemático, m[a]s es inevitable que se parta desde el marco legal que surge de la subsunción de la conducta a un tipo penal específico [...]. A partir de entonces y tomando como base al hecho cometido y su autor, será posible asignar relevancia a ciertas cuestiones y descartar aquellas que no modifiquen la decisión por no tener influencia para la finalidad a alcanzar...", siendo el juez del hecho quien está en condiciones de valorar acabadamente estas circunstancias, así como la impresión que el autor pudo dejarle durante el juicio.
Como corolario, afirmó que, salvo supuestos excepcionales de notoria desproporción o irracionalidad, ajenos a este caso, el recurso de casación que se limita a calificar de excesivo el monto impuesto es improcedente; y citó en su apoyo doctrina legal de la Corte federal en la materia.
Finalmente recordó la doctrina de esta Suprema Corte de Justicia que expresamente establece que no es obligatorio partir siempre del mínimo legal de la escala penal y que la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implica de por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo, como asimismo que no existe punto de ingreso a la escala penal.
IV.1. El planteo referido a la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal dirigido contra el pronunciamiento casatorio por falta de fundamentación de la pauta agravante aplicada no ha sido articulado —al menos del modo en que fue traído— con la suficiencia y la carga técnica necesaria para evidenciar tal vicio (art. 495, CPP).
En efecto, se advierte que el tribunal revisor desarrolló los fundamentos que le permitieron coincidir y convalidar el criterio del órgano de mérito en punto a la consideración de la pauta agravante concerniente al "...motivo que impulsó a Pérez Mercado a actuar vinculado a otra actividad ilícita, concretamente al comercio de estupefacientes y una eventual disputa territorial entre bandas".
Para ello ponderó que todos los testimonios recibidos dieron cuenta de un trasfondo vinculado al comercio de estupefacientes en el barrio y una disputa entre bandas relacionadas con el desarrollo de dicha actividad ilícita, y que ello impulsó el accionar temerario y despiadado de Pérez, haciéndolo merecedor de un mayor grado de reproche. Sin embargo, el recurrente insiste en sostener que el fundamento del a quo reposa solo en una suposición sobre una disputa por la venta de estupefacientes que no se encuentra acreditada, pero sin adunar desarrollos argumentales que, controvirtiendo los fundamentos del fallo —a la luz de las pruebas obrantes en la IPP en el marco del procedimiento de juicio abreviado acordado— permitan evidenciar que, en virtud de las referidas constancias comprobadas de la causa, puntualmente las citadas testimoniales, dicha pauta severizante hubiera sido erróneamente aplicada. Media, pues, insuficiencia (conf. doctr. causas P. 110.231, sent. de 22-VIII-2012; P. 132.476, sent. de 3-VI-2020; P. 134.393, sent. de 16-III-2023; e.o.).
En rigor, los agravios se limitan a la exposición de una opinión contraria sobre los elementos de prueba que justificaron la ponderación de dicha circunstancia agravante y que fundamentó la construcción del monto punitivo. De ese modo, el recurrente no logra poner de manifiesto que la decisión de Casación padezca de defectos tales como para evidenciar la errónea aplicación de la ley que invoca (art. 495, CPP).
No huelga señalar que es doctrina de esta Corte que el criterio divergente del recurrente respecto de la incidencia sobre el monto de la pena que le cabe a las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica ni significa violación legal alguna (conf. causas P. 43.015, sent. de 25-II-1992; P. 55.688, sent. de 31-X-1995; P. 64.969, sent. de 12-III-2003; P. 73.338, sent. de 25-VI-2003; P. 130.081, sent. de 5-XII-2018; e.o.).
Por lo demás, contrariamente a lo sostenido por la defensa, también tiene dicho que el Código Penal no contiene un determinado sistema legal para efectuar la cuantificación punitiva, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf., entre otras, causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.316, resol. de 17-IV-2013 y P. 112.514, resol. de 24-IV-2013).
IV.2. El agravio vinculado con la errónea revisión de la sentencia de condena por ausencia de fundamentación del monto de pena impuesto (conf. arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP), tampoco es de recibo.
El tratamiento brindado a los planteos llevados por el recurrente sobre dicho extremo no constituye una infracción a la revisión de la sentencia de condena en los términos de los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en tanto el tribunal intermedio abordó los agravios y dio adecuada respuesta acorde a los parámetros mencionados.
En efecto, de la reseña efectuada se aprecia que, respecto de la crítica de la parte a la pena única impuesta, el Tribunal de Casación descartó un déficit en su determinación y fundamentación. Sobre el punto argumentó, en primer término, que la pauta agravante cuestionada había sido acordada por las partes al suscribir la presente causa el trámite del procedimiento abreviado y que, sin perjuicio de ello, todos los testimonios recibidos, daban cuenta de un trasfondo vinculado al comercio de estupefacientes en el barrio y a disputa entre bandas. A la par que brindó los fundamentos por los que consideraba que la sanción aplicada no aparecía irracional o desproporcionada, y que resultaba ecuánime en lo que respecta a la culpabilidad del injusto bajo análisis.
Frente a lo decidido, los embates traídos quedan huérfanos de todo sustento en torno a la demostración de algún tipo de restricción indebida a los alcances del derecho a la revisión del fallo de condena (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Franco Emanuel Pérez Mercado, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/02/2025 12:58:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/02/2025 14:29:31 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/02/2025 19:07:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2025 10:54:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2025 11:07:23 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 12/02/2025 11:22:13 hs. bajo el número RS-2-2025 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia