Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137529
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.529-Q, "Vázquez, Sergio Daniel. Queja en causa n° 114.676 y su acumulada 114.677 del Tribunal De Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala I del Tribunal de Casación Penal, a través del pronunciamiento dictado el día 24 de mayo de 2022, rechazó los recursos homónimos interpuestos por las defensas de Vicente Enrique Silva y Sergio Daniel Vázquez contra la sentencia del día 7 de octubre de 2021, por la cual el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Necochea condenó al primero de los mencionados a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, más declaración de reincidencia, por resultar coautor del delito de homicidio simple en concurso ideal con incendio, y al segundo a la pena de veinte años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor del delito de resistencia a la autoridad y coautor de los delitos de homicidio simple en concurso ideal con incendio, ambos hechos en concurso real (arts. 54, 55, 79, 186 inc. 1 y 239, Cód. Penal).
Contra ello, el señor defensor oficial adjunto ante la citada instancia, doctor José María Hernández, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a favor de Vicente Enrique Silva (v. presentación digital de 13 de junio de 2022); por su parte, el doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, también defensor oficial adjunto de casación, dedujo igual recurso a favor de Sergio Daniel Vázquez (v. presentación digital de 11 de agosto de 2022); ambos recursos fueron declarados inadmisibles por resolución del tribunal intermedio del día 22 de septiembre de 2022.
Deducidas quejas por las defensas de los imputados ante esta instancia (v. presentaciones digitales de 30 de septiembre de 2022 —por Vázquez— y 11 de octubre de 2022 —por Silva—), esta Suprema Corte, a través de las resoluciones dictadas el día 4 de agosto de 2023, las admitió, declaró mal denegados los recursos extraordinarios articulados y los concedió.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 5 de marzo de 2024), dictada la providencia de autos el día 6 de marzo de 2024 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Corresponde declarar la extinción de la acción penal por prescripción con relación al delito de resistencia a la autoridad?
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Sergio Daniel Vázquez?
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a favor de Vicente Enrique Silva?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Preliminarmente, cabe efectuar una breve reseña del derrotero procesal del caso a fin de comprender la solución a la que arribaré en esta cuestión.
I.1. El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Necochea, por sentencia dictada el día 7 de octubre de 2021, en lo que importa destacar acá, condenó a Sergio Daniel Vázquez a la pena de veinte años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor del delito de resistencia a la autoridad ("hecho 1") y coautor de los delitos de homicidio simple en concurso ideal con incendio ("hechos 2 y 3"), ambos en concurso real (arts. 54, 55, 79, 186 inc. 1 y 239, Cód. Penal).
I.2. La defensa oficial de Vázquez dedujo recurso de casación contra la sentencia de condena (v. escrito digital de fecha 15 de octubre de 2021).
En primer lugar, reclamó la aplicación de la regla de exclusión probatoria, pues —según dijo— mediante la declaración del policía Cristian Maldonado se trajeron ilegalmente al juicio los dichos de un testigo (Marcelo "el Taca" Sánchez) al que la defensa no tuvo posibilidad de contrainterrogar, vulnerando de tal modo el derecho de defensa en juicio y la doctrina sentada por la Corte federal a partir del fallo "Benítez".
Como segundo motivo de agravio, alegó la ausencia de dolo en la conducta atribuida en los términos del art. 239 del Código Penal (resistencia a la autoridad).
En tercer lugar, cuestionó la calificación del "hecho 2" como homicidio simple. Criticó que se haya descartado la hipótesis de la muerte por golpe en la zona costal izquierda de la víctima, también que se haya tenido por acreditado un cuarto foco de incendio en el suelo, donde se encontró el cadáver. Dijo que no se probó la utilización de acelerantes de combustión. Señaló que entre la discusión y el transcurso del fuego pasaron de quince a treinta minutos, sumado a que ningún testigo vio cuando golpeaban a la víctima, de modo que no se podía sostener que Silva y Vázquez la hubiesen agredido en forma conjunta y coordinada. Además, postuló que la víctima recibió un solo golpe, lo que descartaba la coautoría funcional endilgada y debía llevar a absolver a ambos acusados, por no haberse podido determinar cuál de los dos la golpeó. En subsidio, sostuvo que la existencia de un solo golpe, en el marco de una discusión, sumado al estado de intoxicación de ambos acusados y la deteriorada salud de la víctima, llevaba el encuadre legal al terreno del homicidio preterintencional.
Luego, cuestionó el rechazo del planteo de inimputabilidad o imputabilidad reducida de Vázquez; expresó su disconformidad con el delito de incendio, por no haberse creado un peligro concreto para bienes indeterminados; y, finalmente, se agravió del monto de la pena impuesta.
I.3. El Tribunal de Casación, según se dio cuenta en el relato de antecedentes del caso, rechazó el recurso.
I.4. Más allá del detalle con que se reseñarán los reclamos de la parte en la primera cuestión, a esta altura alcanza con decir que en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la defensa de Vázquez postuló, entre otros agravios, que los planteos referidos al art. 239 del Código Penal no fueron prácticamente abordados por el tribunal intermedio, lo que —según dijo— constituía una causal de arbitrariedad; y afirmó que su asistido debía ser absuelto en orden a la resistencia a la autoridad, porque el grado de intoxicación que tenía al momento de su aprehensión, sumado al consumo constatado de estupefacientes, hacía imposible que hubiera podido comprender o que hubiera entendido la orden de alto impartida por el personal policial.
En suma, queda claro que el hecho de resistencia a la autoridad fue directamente cuestionado tanto en el recurso de casación como en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
II. Ahora bien, es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; e.o.).
Y ello deber ser resuelto por esta Corte, aun en el estrecho marco de su competencia extraordinaria, cuando se encuentren verificados todos los requisitos positivos y negativos que establece la ley para su procedencia, a saber: 1) el transcurso del plazo pertinente (art. 62, Cód. Penal) y 2) la inexistencia de actos procesales interruptores y la no comisión de un nuevo delito (conf. art. 67, Cód. Penal).
III. Luego, conviene recordar que en las causas P. 131.745 "Villafañe" (sent. de 21-VII-2020) y P. 132.525, "Godoy" (sent. de 23-VII-2020), a cuyos términos me remito en su totalidad, esta Suprema Corte aplicó la doctrina del fallo "Farina, Haydée s/ homicidio culposo" de la Corte federal (sent. de 26-XII-2019) en lo que respecta a la interpretación que debe darse al art. 67 inc. "e" del Código Penal, puntualmente, en el sentido de considerar que el último acto interruptivo de la prescripción al que se alude en esa norma es únicamente "el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme".
Aquí también esta Corte debe adoptar los lineamientos sentados por el máximo tribunal nacional en el mencionado precedente. Así, resulta que el último acto con capacidad interruptiva es la sentencia de condena dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 de Necochea, que data del 7 de octubre de 2021, y desde esa fecha transcurrió con exceso el máximo de duración de la pena correspondiente al delito de resistencia a la autoridad (2 años).
IV. Por otra parte, efectuadas las constataciones pertinentes, no media en autos la causal prevista en el art. 67, sexto párrafo, inc. "a", a tenor de los informes de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y del Registro Nacional de Reincidencia (v. oficios digitales de 7 y 13 de junio de 2024).
Por ello, habiéndose verificado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción, corresponde declarar la extinción de la acción penal en orden al delito de resistencia a la autoridad por el que —junto a otros— viene condenado Sergio Daniel Vázquez (arts. 62 inc. 2, 67 y 239, Cód. Penal).
V. En consecuencia, teniendo en cuenta lo que se establecerá en la cuestión siguiente, corresponde devolver los autos a la instancia de origen para que se establezca la pena correspondiente a los delitos de homicidio en concurso ideal con incendio por los que el nombrado también resultó condenado, de conformidad con los índices mensurativos que resulten pertinentes.
Voto por la afirmativa.
A la cuestión previa planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres en cuanto a que el delito de resistencia a la autoridad se encuentra prescripto y así debe ser declarado.
En efecto, tal como lo indica el colega ponente, la defensa ha cuestionado directamente las determinaciones legales de tal figura y la respuesta o la pretensa omisión de tales cuestionamientos por parte del revisor en ese punto. De manera que ha habido en la impugnación una discusión directa del delito en cuestión.
Por otro lado, el último acto con capacidad interruptiva de la prescripción ha sido el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Necochea, que, con fecha 7 de octubre de 2021 (vigente el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Farina, Haydée Susana", Fallos 342:2344) condenó a Sergio Daniel Vázquez a la pena de veinte años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor del delito de resistencia a la autoridad ("hecho 1") y coautor de los delitos de homicidio simple en concurso ideal con incendio ("hechos 2 y 3"), ambos en concurso real (arts. 54, 55, 79, 186 inc. 1 y 239, Cód. Penal).
En consecuencia, desde tal fecha ha transcurrido con holgura el plazo legal de dos años (conf. art. 239, Cód. Penal).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres en cuanto a que el delito de resistencia a la autoridad se encuentra prescripto y así debe ser declarado.
Tal como lo indica el colega ponente, la defensa ha cuestionado directamente las determinaciones legales de tal figura penal y la respuesta a tales cuestionamientos por parte del tribunal revisor, por lo que esta Corte tiene habilitado expedirse sobre el punto.
Sentado ello, sea que se compute el término legal de la prescripción desde la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Necochea (7 de octubre de 2021) o se lo haga a partir del fallo del Tribunal de Casación Penal que confirmó aquella decisión (24 de mayo de 2022), ha transcurrido holgadamente el plazo prescriptivo de dos años del delito de resistencia a la autoridad, de acuerdo con los arts. 62 inc. 2, 67 —ley 25.990— y 239 del Código Penal; siendo que además no media en autos la causal prevista en el art. 67, sexto párrafo, inc. "a", a tenor de los informes de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y del Registro Nacional de Reincidencia de los que se da cuenta en el voto al que adhiero.
Por ello, voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la cuestión previa también por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor oficial de Sergio Daniel Vázquez, mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, formuló los siguientes agravios.
I.1. En primer lugar, denunció que la sentencia constituye un pronunciamiento arbitrario en tanto se basó en afirmaciones dogmáticas que no abastecen el requisito de la fundamentación de los pronunciamientos judiciales, de conformidad con la doctrina de la Corte federal y de esta Suprema Corte; alegó revisión aparente y la afectación a la defensa en juicio —derecho a ser oído— y al debido proceso legal (arts. 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2."h", CADH; 14.5, PIDCP y 168 y 171, Const. prov.). Invocó la infracción a la doctrina de la Corte federal en la causa "Benítez", al in dubio pro reo y violación de la ley sustantiva (conf. arts. 81 inc. 1 apdo. "b", 183 —eventualmente inaplicable al caso—, 42, 186 y 239, Cód. Penal).
En resumidas cuentas, cuestionó la revisión llevada a cabo por el tribunal intermedio en los aspectos vinculados a la materialidad ilícita y autoría, calificación legal y la pena impuesta.
Con relación a la materialidad, sostuvo que se mencionaron elementos que luego no fueron comprobados en la causa, como por ejemplo la utilización de acelerantes de combustión. Entendió que la muerte —a todo evento— debió ser estimada a título preterintencional.
Explicó que nadie vio cuando la víctima fue golpeada, por lo que no existe prueba directa que dé cuenta de ello, y los indicios tampoco permiten confirmar la intervención de Vázquez en el suceso. Solo se pudo comprobar la existencia de una discusión entre la víctima y los victimarios treinta minutos antes de que se advirtiera el inicio del fuego, que nada aporta en torno a la acreditación de la autoría de su defendido; en base a ello, reclamó su absolución.
Por otro lado, volvió a referirse a la ausencia de dolo y alegó sobre la inimputabilidad de su asistido por falta de capacidad subjetiva de culpabilidad en razón de su estado de ebriedad y supuesto consumo de estupefacientes. Consideró que la Casación rechazó este planteo de forma arbitraria.
En subsidio, se explayó sobre un estado de inimputabilidad disminuida, tanto para la absolución como para la reducción de la pena, y explicó que el Tribunal de Casación Penal bien pudo acoger los reclamos articulados en esa dirección mediante la declaración de inconstitucionalidad por omisión (al no tener expresamente reglamentada esta cuestión en la parte general del Código Penal). Sostuvo que existe una flagrante violación de los principios de culpabilidad por el acto, proporcionalidad, razonabilidad y humanidad de las penas; y que aun frente al improbable supuesto de confirmar el veredicto de culpabilidad, tales cuestiones deberían estimarse al momento de dosificar la sanción.
Desde otro lado, impugnó la incorporación "por lectura" del testimonio de cargo de Marcelo Sánchez, con sustento en el fallo "Benítez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hizo hincapié en el principio de inmediación, en la imposibilidad de esa parte de interrogar en el debate al declarante, y argumentó que el Ministerio Público Fiscal tenía el deber de procurar la asistencia de Sánchez al juicio, dado que sus dichos contienen una directa imputación en contra de Sergio Vázquez.
Consideró que el criterio del tribunal de juicio importó una clara inobservancia del art. 366 del Código Procesal Penal, con afectación de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso legal, que debió ser reconocida mediante la revisión emprendida (conf. arts. 8.2."h", CADH y 14.5, PIDCP).
Afirmó que en el caso se condenó a Vázquez en base a prueba carente de la certeza necesaria para fundar un pronunciamiento de estas características; por lo que reclamó que se declare procedente el recurso interpuesto y se case el fallo dictado por el Tribunal de Casación, al haberse violentado el debido proceso y el derecho a ser oído como derivación del derecho de defensa en juicio en lo relativo al debido alcance que corresponde otorgar al recurso como garantía del imputado. Añadió que de este modo la Casación dictó una sentencia arbitraria, al invocar afirmaciones doctrinales y apartarse de las constancias de la causa.
I.2. En segundo término, volvió a tachar a la sentencia recurrida de arbitraria por afirmaciones dogmáticas, invocó también la infracción a los arts. 42, 45, 81 inc. 1 apartado "b", 183 —que no correspondería aplicar—, 186 y 239 del Código Penal en función del requerimiento de absolución, y pidió la recalificación de los hechos y la congruente reducción de la pena.
Argumentó sobre la petición de encuadrar la conducta de su asistido como constitutiva del delito de homicidio preterintencional, con la consecuente incidencia en el monto de la pena a imponer.
Por otra parte, destacó que tampoco recibió adecuada respuesta lo relativo a la capacidad de culpabilidad de su defendido por el grado de intoxicación que presentaba al momento de su aprehensión (grado II), más el consumo constatado de estupefacientes; circunstancias que hacían necesario, a su vez, evaluar la absolución de Vázquez en lo que respecta a la resistencia a la autoridad, cuestión que "cuasi" no fue abordada por el órgano intermedio.
En cuanto al delito de incendio, sostuvo que el encuadre legal es incorrecto, y que el hecho debió ser interpretado como un daño (sobre el que Vázquez no fue intimado y que por tanto no se le podría reprochar) o a lo sumo una tentativa de incendio.
Insistió en que la Casación realizó solo en apariencia la revisión buscada, en detrimento de la doctrina emergente del fallo "Casal" de la Corte federal y de las causas P. 99.084 (sent. de 29-IV-2009) y P. 89.939 (sent. de 6-IX-2006) de esta Suprema Corte.
Por todo lo expuesto, solicitó que se case la sentencia impugnada por ausencia de fundamentación en el tratamiento de los agravios de carácter constitucional vinculados con la vulneración de los derechos a la defensa en juicio, al debido proceso legal y culpabilidad por el acto, y que se recalifiquen los hechos en el sentido propiciado.
I.3. Por último, consideró que de resolverse favorablemente alguno o todos los reclamos formulados, debería ordenarse el reenvío del caso para la imposición de una pena adecuada a la culpabilidad y al grado de injusto constatado (conf. arts. 40 y 41, Cód. Penal).
A su vez, consignó que los diversos agravios dirigidos a cuestionar el monto de pena aplicado "no fueron más que señalados sin ser tratados", en lo que —según dijo— constituyó una respuesta dogmática, de pura forma y contraria a los requerimientos de fundamentación por parte del Tribunal de Casación.
En función de ello, solicitó a esta Corte el acogimiento favorable de lo reclamado, como así de la remisión del caso al tribunal intermedio para que, debidamente integrado, se expida en línea con su pretensión, aun frente al eventual supuesto de confirmarse el reproche penal de su asistido y considerar pertinente fijar una pena a su respecto que —en su parecer— deberá ser de menor entidad.
II. El señor Procurador General dictaminó por el rechazo del recurso (v. dictamen digital de 5 de marzo de 2024), postura que comparto.
III. Inicialmente, cabe destacar que, en función de la decisión adoptada en la cuestión previa, en donde se declaró la extinción de la acción penal por prescripción respecto al delito de resistencia a la autoridad por el que fue condenado Sergio
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.