Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136705
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.705, "V., H. s/ Queja en causa n° 115.244 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres .
El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Necochea, el 1 de diciembre de 2021 -en lo que interesa destacar- condenó a H. V. a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado por haberse cometido contra una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente (Hecho 1); abuso sexual reiterado calificado por haberse cometido contra una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente (Hecho 2); y abuso sexual reiterado calificado por resultar grave daño en la salud de la víctima (Hecho 4), todos en concurso real entre sí.
Frente a ello, la defensa oficial interpuso un recurso de casación y la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 29 de abril de 2022, lo rechazó.
Contra lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor José María Hernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, declarado inadmisible por el órgano revisor (conf. resol. digital de 17-V-2022), motivó la queja ante este Tribunal, siendo concedido finalmente mediante la resolución del día 8 de marzo de 2023.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 7-IX-2023), dictada la providencia de autos (de fecha 8-IX-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto del Tribunal de Casación, denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y la violación al debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio por quebrantamiento de la prohibición de la reformatio in pejus (arts. 435 in fine , CPP; 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8, CADH y 14, PIDCP).
Cuestionó que el órgano revisor, no obstante haber reconocido que el razonamiento del tribunal de juicio había sido errado dado que debió haber valorado como atenuante la falta de antecedentes penales de V., rechazó el reclamo sobre dicho extremo.
Adujo que Casación consideró que no se había demostrado falta de proporcionalidad entre el desvalor de la acción y el principio de culpabilidad.
Explicó el recurrente que, en tal sentido, si el órgano revisor entendió que debió haberse valorado esa atenuante (carencia de antecedentes penales) al momento de la condena, debió a su vez reflejarse en el monto de pena impuesto. Lo contrario -desde su punto de vista- implica reformar la pena y su fundamentación en contra del imputado, al igual que si se considerase que, aun aplicando la atenuante, la pena -de dieciocho años de prisión- es razonable.
Agregó que las pautas de mensura o el monto mismo de la pena impuesta en la instancia de grado no resultó objeto de recurso por el fiscal.
En esa dirección, expresó que la sentencia impugnada derivó en la afectación al debido proceso legal y la defensa en juicio por inobservar la prohibición de modificar la resolución de grado en perjuicio del imputado en puntos que no fueron objeto de recurso por parte de la acusación.
En su apoyo, citó precedentes de la Corte federal y doctrina de autor, y trajo a colación lo expuesto por el doctor Pettigiani en la causa P. 75.012 (sent. de 30-III-2005) de esta Suprema Corte.
En suma, solicitó que esta Corte aplique correctamente los arts. 40 y 41 del Código Penal y ordene la fijación de un nuevo monto punitivo en base a la pauta atenuante tenida en cuenta, reestableciendo así la garantía constitucional a la prohibición de la reformatio in pejus .
II. Previo a resolver el planteo, corresponde precisar algunos aspectos del caso.
III.1. Como se reseñó en los antecedentes, el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Necochea condenó a H. V. a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, en orden a los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado por haberse cometido contra una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente (Hecho 1); abuso sexual reiterado calificado por haberse cometido contra una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente (Hecho 2); y abuso sexual reiterado calificado por resultar grave daño en la salud de la víctima (Hecho 4), todos en concurso real entre sí (arts. 12, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 55, 56 y 119 párrafos primero, tercero, cuarto -incs. "a" y "f"- y quinto, Cód. Penal).
Los hechos que se tuvieron por probados con las evidencias reunidas en la investigación y producidas durante el juicio oral, fueron los siguientes: "Hecho 1: En la ciudad de Necochea, en el período comprendido entre los años 2010 y 2013 sin poder precisar fecha exacta, en el interior de la vivienda emplazada en la Quinta '… …' sita en esquina de calle … y … de Necochea, lugar donde concurría la joven S.M. a visitar a su hermana L. M., su esposo H. V. y sus sobrinos. Que el Sr. V. H. abusó sexualmente de la joven S.M. quien contaba en sus inicios con 12 años de edad, ejerciendo en reiteradas ocasiones penetración digital y con su miembro viril en la vagina y la cola de la joven. Que para llevar a cabo la conducta descripta el Sr. V. se aprovechó de la edad de la menor como así también de la convivencia preexistente con la misma como también de la concurrencia de la menor a visitar a su hermana y sus sobrinos, quedándose incluso a dormir en la quinta, la importancia de su rol en el grupo familiar atento que el mismo resultaba ser su cuñado, como así también del grado de vulnerabilidad de la misma dada su corta edad, como la falta de madurez psíquica y sexual de la víctima para entender el significado de las conductas sexuales, interrumpiendo así el desarrollo psico-sexual normal de S.M. Que con el proceder adjudicado al Sr. V. resulta lesionada la integridad sexual de la joven [...] ".
" Hecho 2: En la ciudad de Necochea, en el período comprendido entre los años 2010 y 2013 sin poder precisar fecha exacta, en el interior de la vivienda emplazada en la Quinta '.. …' sita en esquina de calle … y … de Necochea, lugar donde concurría la joven S.M a visitar a su hermana L. M., su esposo H. V. y sus sobrinos. Que el Sr. V. H. abusó sexualmente de la joven S.M. quien contaba en sus inicios con 12 años de edad, ejerciendo sobre la misma en reiteradas ocasiones, comportamientos con contacto sexual, consistentes en tocamientos en las partes íntimas de la niña (genitales y pecho) por encima y por debajo de la ropa. Que para llevar a cabo la conducta descripta el Sr. V. se aprovechó de la edad de la menor como así también de la convivencia preexistente en el lugar, vale decir que, para llevar a cabo la conducta el Sr. V. sabía que sus sobrinos se quedaban incluso a dormir en esa quinta, la importancia de su rol en el grupo familiar atento que el mismo resultaba ser su cuñado, como así también del grado de vulnerabilidad de la misma dada su corta edad, como la falta de madurez psíquica y sexual de la víctima para entender el significado de las conductas sexuales, interrumpiendo así el desarrollo psico-sexual normal de S.M. Con el proceder adjudicado al Sr. V. resulta lesionada la integridad sexual de la joven [...] ".
"Hecho 4: En la ciudad de Quequén, en el período comprendido entre los años 2013 hasta 2019, sin poder precisar fecha exacta, en el interior del departamento lindero a la vivienda sita en calle … Nro. … de Quequén que corresponden al mismo terreno, lugar donde concurría la joven S.M. a visitar a su hermana L. M., su esposo H. V. y sus sobrinos. Que el Sr. V. H. abusó sexualmente de la joven S.M., ejerciendo sobre la misma en reiteradas ocasiones, comportamientos con contacto sexual, consistentes en tocamientos en partes íntimas de la joven (genitales y pecho). Que para llevar a cabo la conducta descripta el Sr. V. se aprovechó de la concurrencia de la menor a visitar a su hermana y a cuidar a sus sobrinos, del temor de la menor por las amenazas del Sr. V. de causarle mal a su familia, de la importancia de su rol en el grupo familiar atento que el mismo resultaba ser su cuñado, como así también del grado de vulnerabilidad de la misma dada su corta edad, como la falta de madurez psíquica y sexual de la víctima para entender el significado de las conductas sexuales, interrumpiendo así el desarrollo psico-sexual normal de S.M, como así también resultando un grave daño a la salud de la joven que se demuestra con los intentos de suicidio padecidos" (el destacado figura en el original).
En lo que aquí interesa, al momento de resolver sobre la concurrencia de pautas atenuantes, el tribunal de juicio recordó que la defensa había planteado en calidad de tales la falta de antecedentes penales; su historia de vida; el haberse "...hecho cargo de la familia", y su dedicación al trabajo.
Sentado ello, decidió abstenerse de valorar la falta de condenas anteriores en la medida que en el juicio se acreditó que V. reiteradamente durante el término de diez años, perpetró una multiplicidad de hechos de violencia sexual intrafamiliar contra una niña discapacitada, bajo amenazas de muerte y con el empleo de un arma de fuego, comportamientos que provocaron, además, un grave daño en la salud de la víctima.
A diferencia de ello, valoró las condiciones personales del imputado aunque, respecto de la historia de vida de V., la relativizó en virtud de la madurez y experiencia de un hombre de 51 años cuando comenzó a cometer los hechos, hasta los 61, circunstancias apreciables del propio relato vertido por el acusado durante el juicio.
Con relación a la ponderación de pautas agravantes, refirió las solicitadas por la acusación vinculadas con la naturaleza de la acción; la producción del daño mayor al propio de este tipo de delitos; la circunstancia de ser el victimario el cuñado de la víctima; la calidad del sujeto pasivo, una persona altamente vulnerable en virtud de su discapacidad mental.
Evaluó la oposición de la defensa y resolvió que le asistía razón respecto de que no correspondía ponderar el grave daño para la salud en el Hecho 4, pues ya estaba incluido en la calificación legal, por lo que la prohibición de doble valoración impedía tal valoración. Con esta salvedad, hizo lugar desarrollando los fundamentos por los cuales correspondía atender al resto de las agravantes solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y la Asesora de Incapaces.
III.2. Al interponer el recurso de casación, la defensa de V. objetó, también en lo que aquí interesa destacar, la falta de consideración como atenuante de la carencia de antecedentes penales de su defendido, solicitando su valoración y consecuente disminución del monto punitivo impuesto (v. apdo. "e", rec. digital).
III.3. En el abordaje de dicho reclamo, el doctor Carral sostuvo que, si bien -desde su punto de vista- los jueces del tribunal debieron haber valorado como pauta atenuante la carencia de antecedentes penales en razón de que resultaba relevante en términos del art. 41 del Código Penal, no surgía demostración alguna de que la decisión del órgano jurisdiccional hubiera afectado la proporcionalidad entre el disvalor de acción por el hecho y el principio de culpabilidad por el acto. Por lo tanto, rechazó la impugnación agregando que, a partir de las conductas desplegadas por V., las calificaciones asignadas y la escala penal resultante, la pena impuesta aparecía razonable y ajustada a derecho.
IV.1. Considero -en sintonía con el dictamen del señor Procurador General- que el recurso es insuficiente (art. 495 CPP), de conformidad con las razones que a continuación se expondrán.
Las consideraciones vertidas en el recurso, dirigidas a reclamar que la pauta atenuante basada en la ausencia de antecedentes penales nunca fue ponderada -o bien que su valoración no tuvo reflejo en la sanción numérica establecida-, dejan al descubierto que el recurrente se desentiende de las razones dadas por la Casación para mantener la penalidad fijada al encausado V., y de esa forma no puede justificar que el examen del tribunal recurrido haya de algún modo inobservado o aplicado erróneamente las pautas establecidas por los arts. 40 y 41 del Código Penal (art. 495, CPP).
En efecto, el recurrente no logra rebatir eficazmente el fundamento brindado en la sentencia del Tribunal de Casación vinculado con que, si bien el tribunal de juicio -a criterio del revisor- debió valorar la mentada pauta atenuante, tal omisión no afectó la proporcionalidad ni la razonabilidad de la determinación punitiva, al considerar la calificación legal aplicada y la escala penal resultante.
Y en ese sentido, cabe recordar que es doctrina de esta Corte que el Código Penal no contiene un determinado sistema legal para efectuar la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 130.188, sent. de 6-XI-2019; P. 131.375, sent. de 4-XII-2020; P. 132.280, sent. de 13-IV-2021; P. 133.937, sent. de 23-II-2022; P. 133.808, sent. de 4-IV-2022; e.o.) y que el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el quantum de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica ni significa violación legal alguna (causas P. 43.015, sent. de 25-II-1992; P. 55.688, sent. de 31-X-1995; P. 64.969, sent. de 12-III-2003; P. 73.338, sent. de 25-VI-2003; e.o.), por lo que esa forma de recurrir se devela ineficaz para conmover lo fallado.
IV.2. Asimismo, lo resuelto se condice con el criterio expuesto por esta Corte en múltiples oportunidades en las que entendió que "...así como la ausencia de agravantes y la existencia de atenuantes no impone graduar la pena en el mínimo de la escala respectiva (P. 38.661, sent. del 6/II/1990, entre otras) tampoco la exclusión de alguna circunstancia de agravación (o la inclusión de una atenuante) en la alzada lleva necesariamente a una disminución de la pena impuesta en primera instancia. El sistema legal de los arts. 40 y 41 del Código Penal no contiene un régimen matemático, que deba traducirse en que la exclusión de ciertas agravantes repercuta en la disminución de la pena, pues están en juego valoraciones jurídicas según las cuales puede resultar justo a criterio del a quo -a quien le está reservada esta determinación- mantener la pena originaria (véase P. 68.751, sent. del 17/X/2001)" (v. en particular, voto del doctor de Lázzari en la causa P. 87.552, sent. de 17-VI-2009 y P. 89.691, sent. de 3-X-2007; P. 104.317, sent. de 19-III-2014; e.o.).
Por lo tanto, cabe en este caso concluir -en consonancia con aquellos precedentes- que el mantenimiento de la pena establecida en primera instancia aun incluyendo una pauta de atenuación, no comporta un supuesto de infracción a la garantía establecida en el art. 18 de la Constitución nacional.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/04/2024 13:51:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/04/2024 18:21:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2024 08:34:59 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 08:45:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 08:48:40 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 29/04/2024 09:08:44 hs. bajo el número RS-79-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia