Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139581
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa oficial de Gustavo Humberto Ávila y Basilio Vujovic, con costas (arts. 481, tercer párr., 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.581-Q, "Ávila, Gustavo Humberto y Vujovic, Basilio s/ Queja en causa n° 115.934 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
Conforme surge del expediente digital, el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes rechazó el planteo de extinción de la acción penal por prescripción respecto de Gustavo Humberto Ávila y Basilio Vujobic. Apelada esa decisión por las defensas oficiales, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, revocó el pronunciamiento y decretó la prescripción.
La Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura Di Gregorio, interpuso un recurso de casación y la Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 9 de febrero de 2023, por mayoría, hizo lugar al mismo, casó el fallo y reimplantó la decisión del órgano de mérito.
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. La casación lo desestimó por inadmisible (resol. de 31-VII-2023).
La defensa oficial dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal. Esta Suprema Corte, mediante resolución dictada el 6 de marzo de 2024, declaró procedente la queja y admisible el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley por estimar que los tópicos de pretenso cariz federal se plantearon con la suficiencia y carga técnica necesaria.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, tachó de arbitrario el fallo por apartamiento de la doctrina de los precedentes "Farina" y "López" y se agravió de la violación del debido proceso, del derecho de defensa, del principio de legalidad, y del plazo razonable (conf. arts. 1, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1., 9 y 25.1., CADH y 14.1. y 15.1., PIDCP).
En primer lugar, tildó de arbitraria la decisión del revisor que, sobre la base del argumento de que se habría configurado un supuesto de "graves violaciones a los derechos humanos" se apartó de la doctrina "Farina" de la Corte nacional.
De seguido, indicó que ninguno de los instrumentos internacionales citados en el fallo en crisis consagra la inaplicabilidad del régimen general de prescripción previsto en los ordenamientos jurídicos internos, a lo que agregó que, por el contrario, sí receptan el derecho de las personas acusadas a ser juzgadas dentro de un plazo razonable.
Como segundo punto, se agravió de la cita del precedente "Bulacio" por considerarla genérica y dogmática. Argumentó que en el caso no recayó una sentencia de la Corte Interamericana a lo que adunó que existen diferencias fácticas en tanto en el presente -a diferencia del precedente citado- otros coimputados fueron condenados e incluso a Ávila se le tuvo por compurgada la pena de prisión con el tiempo sufrido en prisión preventiva. A su vez, manifestó que no es posible reprocharles a sus defendidos la ineficacia estatal.
En tercer lugar, cuestionó el concepto de "...graves violaciones de derechos humanos" por entender que, aunque en el fallo de Casación se aclaró que los hechos no constituyen crímenes de lesa humanidad, se les atribuyó la imprescriptibilidad a los delitos juzgados.
Como cuarto punto, tachó de arbitraria la invocación del párrafo segundo del art. 67 del Código Penal pues a su modo de ver no se explicó cuáles eran los cargos públicos desempeñados por Ávila y Vujovic ni cómo habrían obstaculizado desde su función la investigación en el tiempo computado para el análisis de la subsistencia de la acción penal. A su vez, destacó que de la normativa internacional citada por la casación no se desprendía que el régimen de la prescripción no fuera aplicable a los funcionarios públicos.
Con cita de los precedentes "López" y "Farina" de la Corte nacional, solicitó la declaración de extinción de la acción penal por prescripción respecto de Gustavo Humberto Ávila y a Basilio Vujovic por considerar que desde la sentencia de condena (19-X-2015) transcurrió el plazo de cinco años respecto de los delitos previstos en los arts. 144 bis incs. 2 y 3 del Código Penal (conf. arts. 62 inc. 2, 67 párr. cuarto, aptdo. "e", Cód. Penal).
II. El señor Procurador General aconsejó desestimar el recurso. Coincido con lo así dictaminado.
III.1. Previo a ingresar al fondo del reclamo, resulta necesario efectuar una reseña de los antecedentes del caso:
El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes, mediante sentencia dictada el 19 de octubre de 2015, en lo que aquí importa, condenó -entre otras personas- a Gustavo Humberto Ávila a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento y seis años de inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos, con costas, en orden al delito de apremios ilegales con víctimas plurales en concurso ideal; y a Basilio Vujovic a la pena de cuatro años de prisión, ocho años de inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos, accesorias legales y costas en orden al delito de apremios ilegales con víctimas plurales en concurso ideal.
Contra lo así decidido la defensa oficial de los nombrados dedujo recurso de casación.
Frente a ello, la Sala III del Tribunal de Casación Penal, en lo que aquí importa, mediante sentencia dictada el 15 de febrero de 2018, hizo lugar parcialmente a la impugnación, recalificó el hecho por el que fue condenado Vujovic, descartó diversas agravantes e incorporó la demora en el proceso como pauta atenuante. En definitiva, ordenó el reenvío para que se readecuara la pena de Vujovic en orden al delito de vejaciones con víctimas plurales en concurso ideal (conf. arts. 54, 144 bis inc. 2, Cód. Penal) y de Gustavo Humberto Ávila por el delito de apremios ilegales con víctimas plurales en concurso ideal, tomando en consideración las modificaciones en las pautas mensurativas de las respectivas penas.
En función de ello, el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes, en cumplimiento del reenvío ordenado, con fecha 14 de noviembre de 2018, condenó a Vujovic a la pena de tres años y seis meses de prisión, siete años de inhabilitación especial para desempeñarse en cargos públicos, accesorias legales y costas en orden al delito de vejaciones. Asimismo, impuso a Ávila la pena de tres años de prisión (que se tuvo por compurgada con el tiempo de detención), seis años de inhabilitación especial para desempeñarse en cargos públicos, accesorias legales y costas en orden al delito de apremios ilegales con víctimas plurales en concurso ideal.
Contra ello, las señoras defensoras oficiales de los nombrados Vujovic, Ávila -y también del coimputado Fernando Carlos Pedreira-, doctoras María Soledad López y Lorena Del Valle Iacono, dedujeron recurso de casación cuestionando el monto global de la pena impuesta a sus asistidos luego del reenvío, solicitando que se los condenara al mínimo de la escala penal.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia dictada el 23 de junio de 2020, en lo que aquí importa, rechazó los recursos y confirmó las respectivas condenas oportunamente impuestas a Vujovic, Ávila y Pedreira.
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial ante la aludida instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nofli, por un lado, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley únicamente en favor de Pedreira (impugnación que tramitó ante esta Suprema Corte en el marco de la causa P. 136.052). Por otra parte, en lo que respecta a Vujovic y Ávila, con fecha 22 de diciembre de 2020, puesto en conocimiento de la voluntad impugnativa de sus asistidos, afirmó que la interposición de un recurso en favor de los nombrados no era técnicamente viable. Por tales motivos, solicitó que se diera por concluida la tramitación de la etapa recursiva a su respecto.
Mediante resolución dictada el 10 de junio de 2021, la casación declaró la firmeza del fallo de la Sala, dictado el 23 de junio de 2020 respecto de Ávila y Vujovic.
Por su parte, la señora defensora oficial de primera instancia, doctora María Soledad López, el 1 de febrero de 2021, solicitó ante el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes la prescripción de la acción penal en favor de Ávila y Vujovic. Argumentó que desde la sentencia de condena dictada el 23 de octubre de 2015 habían transcurrido los cinco años previstos como pena máxima de los delitos por los que fueron condenados -petición que dio origen al presente trámite impugnativo-.
III.2. Como se adelantó el recurso no prospera por ser manifiestamente insuficiente (conf. art. 495, cit.).
En línea con lo expuesto por el señor Procurador General en su dictamen, la cuestión de fondo no puede ser atendida ante la falta de uno de los presupuestos primordiales para el examen del régimen de la acción penal.
Es que, corresponde señalar que el pedido de prescripción formulado por la defensa oficial ante el Tribunal de mérito -el 1 de febrero de 2021- tuvo lugar una vez que la sentencia de condena materialmente estaba firme por expresa indicación de aquella parte que, en el mes de diciembre de 2020, dio por concluida la etapa impugnativa, más allá de la posterior ratificación formalizada por el Tribunal de Casación meses después (v. resol. de 10 de junio de 2021). De este modo, se corrobora ausente uno de los presupuestos fundamentales en este tipo de reclamos: la pendencia del proceso (conf. art. 481, tercer párr., CPP).
En efecto, por el principio de unidad de la defensa, se verifica que el planteo de 1 de febrero del 2021 de la señora defensora oficial ante el tribunal de origen, se formuló meses después de que el señor defensor oficial ante la instancia casatoria afirmara el agotamiento de la vía impugnativa, imposibilitando así cualquier planteo posterior sobre la vigencia de la acción penal.
En tal sentido, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que firme la sentencia de condena, ningún tribunal cuenta con jurisdicción para declarar la prescripción de una acción penal ya fenecida (conf. causas P. 110.734, sent. de 11-XII-2013; P. 120.535, resol. de 17-XII-2014; P. 124.373, resol. de 15-VII-2015; P. 125.947, resol. de 11-XI-2015; P. 122.741, resol. de 2-III-2016; P. 124.272, resol. de 30-III-2016; P. 125.152, resol. de 21-XII-2016; P. 133.222, resol. de 16-IX-2020; P. 134.252, resol. de 27-XI-2020; e.o.).
En definitiva, la prescripción resta al juicio penal la acción que lo pone en movimiento, lo que supone por definición la pendencia de un proceso, situación que no acontece en el presente (conf. Fallos: 329:2005, in re S. 717.XXXVI- "Sanz, Tomás Miguel S/ calumnias", sent. de 30-V-2006, cons. 8° del Máximo Tribunal nacional, en lo pertinente).
Consecuentemente, los reclamos de la parte quedan desplazados por lo antes expuesto.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa oficial de Gustavo Humberto Ávila y Basilio Vujovic, con costas (arts. 481, tercer párr., 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/12/2024 14:30:47 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2024 09:57:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2024 12:55:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/12/2024 09:08:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2024 09:39:23 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 12/12/2024 10:45:23 hs. bajo el número RS-210-2024 por SP-GELEMUR BERNARD LUCIANA.
Fin de la sentencia