Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137860
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.860, "Padrón, Silvio Demetrio s/Queja en causa nº 115.786 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño, Violini.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 6 de septiembre de 2022, rechazó el recurso de la especialidad interpuesto por la señora defensora oficial de Silvio Demetrio Padrón contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, que con integración unipersonal, en la causa 4138/4396, condenó al nombrado a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, con más declaración de reincidencia, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, privación ilegal de la libertad calificada por su comisión con violencia y amenazas y lesiones leves agravadas por ser la víctima su pareja, siendo perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, todo ello en concurso real (arts. 40, 41, 50, 55, 80 incs. 1 y 11, 89, 92, 119 tercer párrafo y 142 inc. 1, todos del Cód. Penal; v. sent. digital).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 27-IX-2022), el que habiendo sido declarado inadmisible por el órgano intermedio (v. resol. digital de 3-XI-2022), motivó la deducción de recurso de queja (v. presentación digital de 17-XI-2022).
El 20 de septiembre de 2023, esta Suprema Corte admitió parcialmente la queja deducida y concedió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley con el alcance fijado en dicha resolución (v. resol. digital).
El 14 de mayo de 2024, la señora defensora adjunta a cargo interinamente de la Defensoría de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, requirió que se remitan las actuaciones a la instancia a fin de que se analice la subsistencia de la acción penal respecto del delito de lesiones leves agravadas por mediar una relación de pareja con la víctima y perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género; y, consecuentemente, se suspenda el trámite del recurso extraordinario articulado hasta tanto se resuelva de manera definitiva esa cuestión.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 3-V-2024), dictada la providencia de autos el día 6 de mayo de 2024 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Debe declararse la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de lesiones leves agravadas por mediar una relación de pareja con la víctima y perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género?
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Previo al tratamiento del recurso interpuesto por la defensa oficial de Silvio Demetrio Padrón, y tal como fuera requerido por la señora defensora adjunta interinamente a cargo de la Defensoría de Casación Penal en la memoria presentada ante esta Corte (v. presentación digital de 14-V-2024), corresponde analizar si se encuentra o no vigente la acción penal en orden al delito de lesiones leves agravadas por mediar una relación de pareja con la víctima y perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, por el que fuera responsabilizado Silvio Demetrio Padrón (arts. 89 y 92, con relación al art. 80 incs. 1 y 11, Cód. Penal).
II. En primer lugar, cabe establecer que, aun cuando dicho ilícito no fue específicamente cuestionado por la defensa al interponer el recurso de casación, de la lectura del pronunciamiento del tribunal intermedio surge que le fueron sometidos, entre otros planteos, agravios concernientes al monto de pena impuesto, que se vinculan con índices comunes de mensura de la sanción aplicados al complejo concursal de delitos que incluía el referido en el punto anterior. De modo tal que, desde esa arista, aunque sea indirectamente, el delito en estudio formó parte del reclamo (conf. causas P. 108.962, sent. de 9-XI-2011 y P. 132.716, sent. de 25-XI-2020).
Por demás, ante esta instancia extraordinaria, la defensa oficial introdujo agravios vinculados con la arbitrariedad del fallo casatorio, por un lado, por la utilización de afirmaciones genéricas en el descarte de circunstancias atenuantes (en concreto, las circunstancias enunciadas por la perito psicóloga respecto a la personalidad del imputado y su "buen concepto" informado por testigos) en franca violación al debido proceso y defensa en juicio; y, por el otro, por falta de fundamentación en el proceso de construcción y elección del monto de pena.
En definitiva, frente a tales planteos, que hacen pie en la determinación de la pena impuesta a la persona acusada, estimo que no puede considerarse excluido del ámbito de conocimiento de esta Corte lo relativo a la vigencia de la acción penal en orden al delito de lesiones leves agravadas por mediar una relación de pareja con la víctima y perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género que integró la condena (causas P. 109.771, sent. de 7-IX-2011; P. 132.525, sent. de 23-VII-2020; e.o.).
III. Sentado ello, y al margen de que acá existe un pedido de parte (v. escrito digital de fecha 14-V-2024), cabe recordar que es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; e.o.).
Y ello debe ser resuelto por esta Corte, aun en el estrecho marco de su competencia extraordinaria, cuando se encuentren verificados todos los requisitos positivos y negativos que establece la ley para su procedencia, a efectos de evitar la continuación de un juicio innecesario (conf. CSJN Fallos: 186:396; 318:2481). Estos son: i) el transcurso del plazo pertinente (art. 62, Cód. Penal); y ii) la inexistencia de causales de interrupción (art. 67, Cód. Penal).
La ley 25.990 (B.O. de 11-I-2005) —vigente al momento del hecho, ocurrido desde aproximadamente tres semanas antes al 18 de febrero de 2019— modificó los párrafos cuarto y quinto del art. 67 del Código Penal, sustituyendo del primero de ellos la expresión "secuela del juicio", como causal interruptora de la prescripción de la acción penal, por un catálogo taxativo de actos procesales que producen ese efecto (incs. "b", "c", "d" y "e").
En el régimen actual, el último acto con entidad para enervar el curso de la persecución penal es "El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme" (inc. "e", cit.). De ese modo, la ley 25.990 vino a modificar sustancialmente el instituto relativo a la prescripción de la acción penal, restándole virtualidad interruptora a muchos actos que —según jurisprudencia de esta Corte— revestían esa entidad en la instancia recursiva (por ejemplo: el llamamiento de los autos para dictar sentencia, conf. doctr. causas P. 76.237, sent. de 19-III-2003; P. 83.147, sent. de 14-IV-2004; e.o.). También lo hizo respecto de los actos que poseían esa aptitud en la instancia ordinaria, sea en la etapa preliminar o en la contradictoria.
IV. Por otro lado, esta Suprema Corte venía sosteniendo de manera reiterada que el fallo revisor de la sentencia de condena interrumpe el curso de la prescripción, doctrina que fue sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015), conforme los lineamientos que habían sido establecidos en las causas P. 84.431, sentencia de 31-X-2007; P. 90.959, sentencia de 3-IX-2008; P. 90.736, sentencia de 30-IX-2009; P. 105.309, sentencia de 29-IV-2015; entre otras.
Sin embargo, en el marco de las causas P. 131.745, "Villafañe" (sent. de 21-VII-2020) y P. 132.525, "Godoy" (sent. de 23-VII-2020), a cuyos términos me remito en su totalidad, se aplicó la doctrina del fallo "Farina" de la Corte federal (sent. de 26-XII-2019), en lo que respecta a la interpretación que debe darse al art. 67 inc. "e" del Código Penal (ley 25.990), puntualmente, en el sentido de considerar que el último acto interruptor de la prescripción al que se alude en dicha norma es únicamente "...el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme".
Aquí también, esta Corte debe adoptar los lineamientos sentados por el Máximo Tribunal nacional en el mencionado precedente. Recuérdese que en aquella ocasión se instruyó a esta Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires a fin de que "...en lo sucesivo, para evitar dilaciones innecesarias como las verificadas en el extenso derrotero de las presentes actuaciones, adopte las medidas necesarias para que sus pronunciamientos y los de los tribunales penales en la jurisdicción a su cargo se adecuen a lo establecido por el legislador en el art. 67, inc. 'e', del Código Penal y a la doctrina sentada en la jurisprudencia de esta Corte sobre la materia, en la inteligencia de que la cuestión decidida excede largamente la mera interpretación de una norma de derecho común, como es el Código Penal, para involucrar la observancia de diversos artículos de la Norma Fundamental del país, a saber: 1) art. 18 (vigencia del principio de legalidad estricta en materia penal y su proyección sobre el derecho a la jurisdicción o de juicio previo); ii) art. 31 (vigencia del orden jerárquico establecido por la Ley Suprema de la Nación, en el caso subvertido por la prevalencia de la cuestionada interpretación de un artículo del Código Penal -que es una ley de la Nación- por sobre el mencionado art. 18 de la Norma Fundamental); iii) arts. 116 y 117 (vigencia de la interpretación de esta Corte, como tribunal supremo de la Nación, en 'causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución' como son aquellas que -como la presente- tratan sobre la observancia del principio de legalidad en materia penal)" (CSJN causa "Farina", cit., cons. 19°).
Por tal motivo, computando el término legal de la prescripción desde la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata el 15 de noviembre de 2021, la acción penal por el delito de lesiones leves agravadas por mediar una relación de pareja con la víctima y perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, se encuentra prescripta pues ha transcurrido el plazo que fatalmente determinan los arts. 62 inc. 2 y 67 del Código Penal (según ley 25.990).
V. Por otra parte, efectuadas las constataciones pertinentes, no se verifica la causal prevista en el art. 67 sexto párrafo inc. "a" del Código Penal, a tenor de los informes de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal (v. archivos adjuntos en oficios recibidos el 5-VII-2024 y 11-VII-2024, respectivamente).
VI. Por ello, habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción de la acción penal, corresponde declarar su extinción respecto del imputado Silvio Demetrio Padrón en orden al delito de lesiones leves agravadas por mediar una relación de pareja con la víctima y perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, por el que viene condenado junto a otros ilícitos en concurso real (arts. 62 inc. 2, 67 —según ley 25.990—, 89 y 92 con relación al 80 incs. 1 y 11, Cód. Penal).
VII. En consecuencia, teniendo en cuenta lo que se establecerá en la cuestión siguiente, corresponde devolver los autos a la instancia de origen para que se establezca la pena correspondiente a los delitos de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegal de la libertad calificada por su comisión con violencia y amenazas por los que el nombrado también resultó condenado, de conformidad con los índices mensurativos que resulten pertinentes.
Voto por la afirmativa.
A la cuestión previa planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Desde mi punto de vista no corresponde declarar la extinción de la acción penal por prescripción. Una breve reseña de los antecedentes del caso permitirá ilustrar adecuadamente el sentido de la solución que propicio.
El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, el día 15 de noviembre de 2021 condenó a Silvio Demetrio Padrón a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, con más declaración de reincidencia, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, privación ilegal de la libertad calificada por su comisión con violencia y amenazas y lesiones leves agravadas por ser perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, todo ello en concurso real (arts. 40, 41, 50, 55, 80 incs. 1 y 11, 89, 92, 119 tercer párrafo y 142 inc. 1, todos del Cód. Penal; v. sent. digital).
La defensa oficial, a través del recurso de casación, cuestionó la construcción probatoria de la plataforma fáctica determinada por la jueza de la instancia, la que incluía al delito de lesiones leves agravadas por ser perpetradas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género. El Tribunal de Casación abordó los agravios, les dio respuesta rechazándolos y confirmando la materialidad ilícita, la participación de Padrón en los mismos, y la determinación penal.
Luego, la defensa oficial ante esta Corte —en el recurso de inaplicabilidad de ley bajo estudio— no propuso ningún agravio que pusiera en juego las determinaciones efectuadas puntualmente respecto del delito de lesiones leves agravadas, pues el planteo alude —bajo el ropaje de cuestión federal— a la falta de motivación sobre la mensuración de la pena. Consecuentemente, el delito de mentas ha quedado incuestionado y por lo tanto alcanzado por la cosa juzgada parcial (conf. doctr. —por mayoría— en causa P. 134.184, sent. de 7-VI-2022; P. 133.556, sent. de 10-XI-2022; P. 135.287, sent. de 7-III-2024; e.o.).
Por lo expuesto, y a tenor de los precedentes citados, voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Budiño y el señor Juez doctor Violini, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la cuestión previa también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Dado el modo en que ha quedado resuelta —por mayoría— la cuestión previa, corresponde abordar los reclamos planteados por el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
De conformidad con la resolución de esta Suprema Corte que admitió la queja, la pieza impugnativa fue concedida a los fines de abordar las denuncias de arbitrariedad vinculadas, por un lado, con el rechazo de las circunstancias atenuantes solicitadas por la defensa y, por otro, con la falta de fundamentación de la determinación de la pena.
I.1. Con relación a la primera, la parte impugnante denunció la violación al debido proceso y la defensa en juicio por la utilización de afirmaciones genéricas en el descarte de las circunstancias atenuantes solicitadas (art. 18, Const. nac.).
Cuestionó la respuesta del Tribunal de Casación que, asumiendo competencia positiva, desestimó la pretensión de la defensa en torno a que se valoren como pautas diminuentes las circunstancias enunciadas por la perito psicóloga en el informe respectivo que —a su entender— redujeron la capacidad de autodeterminación de su asistido, y el buen concepto informado por los testigos que concurrieron al debate.
Tras efectuar un cotejo entre los agravios llevados sobre dicho extremo en el recurso de casación y lo fallado al respecto, alegó que el órgano intermedio incurrió en afirmaciones genéricas impidiendo que la cuestión sea ampliamente debatida en el marco de la revisión de la condena atribuyendo a esa parte insuficiencia recursiva, pese a que contaba con herramientas procesales para requerir el dictado de una sentencia fundada de quienes percibieron por sus sentidos las declaraciones de los testigos durante el debate.
Estimó que, encontrándose comprobada la menor capacidad de Padrón de motivarse en la norma, en atención al principio de culpabilidad y el buen concepto vecinal a valorar en términos de "calidad de la persona" (arts. 19, Const. nac.; 40 y 41, Cód. Penal), ello debió implicar la imposición de una pena inferior.
Solicitó, en definitiva, que se case la decisión recurrida y se reenvíen los autos a la sede intermedia para que resuelva conforme a derecho.
I.2. En lo que respecta a la denuncia de arbitrariedad vinculada con falta de fundamentación de la determinación de la pena, nuevamente denunció la afectación a la defensa en juicio y al debido proceso (art. 18, Const. nac.).
Luego de transcribir los argumentos dados por la Casación para convalidar el criterio del órgano de mérito en el proceso de selección del monto de pena, estimó que efectuó un juicio genérico, apartado de la totalidad de las constancias de la causa y sin explicar el peso de las pautas atenuantes y agravantes ponderadas oportunamente, fijando un monto de pena imposible de controlar, solo atribuible a la discrecionalidad de los jueces.
Adujo, en definitiva, que el órgano revisor convalidó una inadecuada fundamentación de la pena con sustento en que aquella se fijó dentro de la escala penal, se evaluaron pautas en los términos de los arts. 40 y 41 del Código Penal y sin la obligación de partir del mínimo penal.
Concluyó señalando que, ante la petición de que se imponga el mínimo legal conforme los criterios de mínima intervención y pro homine, la respuesta brindada resultó insuficiente en el marco de la jurisprudencia invocada y los principios constitucionales vigentes.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1. Cabe recordar, en lo que aquí interesa, que el tribunal del juicio ponderó como atenuante de la pena: "...la circunstancia de pertenecer el imputado a una familia numerosa de 17 hijos analfabetos, con necesidades básicas insatisfechas, trabajo infantil y escasa escolarización"; y, como pautas agravantes, tal como lo solicitara la señora fiscal: el aprovechamiento de la condición de vulnerabilidad conocida por el imputado, el sistemático ataque a distintos bienes jurídicos a lo largo del tiempo de privación de la libertad, el lugar de comisión que fue la vivienda donde convivían; el plus de afectación que provocó en la víctima el ser consciente de que su pequeña hija escuchara cómo era sometida y, por consiguiente, la afectación indirecta que padeciera la niña K., quien con tan solo 6 años, presenció los actos violentos hacia su madre; y la condena anterior que registraba el encartado, en tanto revelaba la mayor indiferencia del sujeto que, advertido por la justicia, no se motivaba en la norma (v. cuestiones "CUARTA" y "QUINTA" del veredicto).
III.2. En el recurso de casación, la defensa oficial de Padrón denunció —también en lo que es materia de análisis— la arbitrariedad del pronunciamiento de condena por la omisión de tratamiento de las pautas atenuantes invocadas por la defensa vinculadas con la opinión de la perito psicóloga respecto a los rasgos de personalidad de Padrón que —en su parecer— habrían reducido su capacidad de autodeterminación, y con el buen concepto informado por los testigos que concurrieron al debate.
A consecuencia de ello, tras
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