Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137364
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.364, "Medina, Kevin Alexander y Medina, Alan Nahuel. Queja en causa n° 117.212 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
De las copias digitalizadas obrantes en el sistema informático de gestión de expedientes Augusta se advierte que la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 7 de julio de 2022, rechazó -en lo que resulta pertinente destacar- los recursos homónimos interpuestos por la defensa oficial de Kevin Alexander y Alan Nahuel Medina contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza, que los condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautores responsables de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causae (conf. arts. 55, 80 inc. 7 y 166 inc. 2, Cód. Penal).
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue declarado inadmisible por la Sala mencionada (v. resol. RR-240-2022, de 23-VIII-2022), y presentada queja por la parte contra esa decisión (v. escrito de 1-IX-2022) esta Suprema Corte lo declaró parcialmente admisible en lo que respecta a la denuncia de la arbitrariedad por afirmaciones dogmáticas en el tramo vinculado a la acreditación de la ultrafinalidad del homicidio agravado -errónea aplicación del art. 80 inc. 7 e inobservancia del art. 79, ambos del Código Penal- (v. resol. RR-645-2023, de 2-VI-2023).
Oído el señor Procurador General (conf. dictamen de 28-XI-2023), dictada la providencia de autos con fecha 4 de diciembre de 2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que corresponde resolver a tenor del acotado juicio de admisibilidad efectuado por este Tribunal que ha sido reseñado en los Antecedentes de la presente, la defensa oficial de ambos imputados denunció que la sentencia recurrida es arbitraria en tanto confirmó una condena mediante afirmaciones dogmáticas que no abastecen el requisito de fundamentación de los pronunciamientos judiciales (en contradicción con los arts. 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2 "h", CADH; 14.5, PIDCP; 168 y 171, Const. prov.).
Sostuvo, en ese marco, que el órgano casatorio no ha dado respuesta a los argumentos esgrimidos tendientes a desacreditar la prueba del especial elemento subjetivo vinculado con la ultrafinalidad establecida en el art. 80 inc. 7 del Código Penal, y que tampoco puede afirmarse, frente a los ilícitos que se tuvieron por acreditados con grado de certeza, que el disparo efectuado haya perseguido la finalidad de asegurar el fin propuesto -robo- o bien procurar su impunidad, tal la calificación legal escogida en el fallo del tribunal de origen.
Insistió con que los magistrados intervinientes distinguen, en la descripción de la materialidad ilícita, entre hechos para justificar la aplicación al caso de lo dispuesto en el art. 55 del Código Penal -concurso material entre el robo calificado y el homicidio-, cuando dicha plataforma fáctica bien puede y debió encuadrarse de conformidad con lo dispuesto en la compleja figura del citado art. 165 del Código Penal.
Se ocupó en destacar que el disparo efectuado en el evento analizado -que causó el deceso de la víctima- se produjo, tal como expresamente lo reconocen los sentenciantes al reseñar la materialidad ilícita, en medio de los forcejeos que mantuvieron los imputados Medina con una de las personas damnificadas que intentó resistir el robo activamente, y la muerte acaecida no tuvo como fin facilitar o asegurar el resultado del robo, sino que ocurrió con motivo del delito contra la propiedad.
Afirmó que el modo de resolver esta cuestión por parte de la Casación origina una errónea aplicación de la ley sustantiva al tener por probados extremos de la imputación que no aparecen debidamente demostrados y solicitó que, en tanto la hipótesis fáctica tenida por cierta por el órgano revisor revela sólo la existencia de un homicidio doloso ocurrido en el marco de un robo, pero sin que se encuentre presente el requisito típico de la ultrafinalidad afirmada por ese tribunal, se declare erróneamente aplicada al caso la figura legal consagrada en el art. 80 inc. 7 del Código Penal, como así también inobservado el art. 165 del referido digesto de fondo.
Invocó el voto del doctor Carral en la causa n° 90.940 de la Sala I del Tribunal de Casación -el que transcribió en sus pasajes esenciales en apoyo de su postura- y argumentó que, tal como se afirmó en el fallo correspondiente a ese precedente traído a colación, en las presentes actuaciones "...las circunstancias valoradas por el juzgador -a las que se remitiera el Tribunal intermedio sin brindar una respuesta razonada a los argumentos expresados por [esa] parte-, hacen imposible a un tercero reconstruir la existencia del elemento subjetivo de la figura prevista en el art. 80 inc. 7 del CP", siendo que la ausencia de certeza respecto de la acreditación del aludido elemento subjetivo de la figura típica que integró la imputación no puede valorarse en contra de sus defendidos.
Expresó que la respuesta brindada por la Casación lo fue de manera genérica y sin vinculación con las constancias de la causa al aplicar la cuestionada figura calificada de homicidio -art. 80 inc. 7 del Código Penal- de forma objetiva, esto es sin tener en cuenta la configuración de la ultrafinalidad mencionada, lo cual -a su criterio- redunda en la transgresión del principio de culpabilidad por el acto y en el dictado de un pronunciamiento arbitrario -por revisión aparente y meramente formal-.
Finalmente, requirió que para el supuesto que se haga lugar a la vía impugnativa en trato se recalifique el suceso de conformidad con lo normado por el art. 165 del Código Penal -homicidio en ocasión de robo-, en su defecto, por los arts. 55, 79 y 166 inc. 2 del mismo cuerpo legal -homicidio en concurso real con robo agravado por el uso de arma-, procediéndose -previo reenvío- a la consecuente reducción de pena.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, vale recordar que atento el juicio de admisibilidad -parcial- efectuado por esta Corte respecto del recurso extraordinario en abordaje, los extremos de la imputación correspondientes tanto a la materialidad ilícita como a la autoría responsable de los imputados devienen firmes en esta instancia (conf. resol. RR-645-2023 de 2-VI-2023 -cit.-).
En ese sentido el fallo confirmatorio dictado por el tribunal intermedio tuvo por acreditado que "‘ el día 5 de marzo de 2019, siendo aproximadamente las 4:30 horas, al menos cuatro sujetos del sexo masculino que circulaban a borde del vehículo marca Fiat Mobi Pte. AB-994-LV, de tal forma que al llegar a la intersección de las calles Almería y Juan B. Justo de la localidad de Isidro Casanova, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, descendieron del mismo y mediante intimidación con armas de fuego aptas para el disparo hac[i]a un grupo de jóvenes que allí se encontraba, Lucas Daniel Jiménez, Juan Pablo Toledo, Johathan Omar González, Leonardo Joaquín López, Ismael Adrián Figueroa y Leandro Ariel Porcet, se apoderaron en forma ilegítima de sus pertenencias, marco ilícito en el cual y por la resistencia ofrecida por Porcet, se produjo un forcejeo con uno de los malvivientes quien, con conocimiento y voluntad de dar muerte y con el claro propósito de asegurar el fin propuesto y procurar su impunidad y la del grupo, efectuó al menos un disparo del arma que portaba, conducta que fue acompañada de la misma forma y con el mismo objetivo por otro del grupo agresor, acción conjunta que le provocó a la víctima heridas de tal magnitud que lo llevaron a su deceso, gracias a lo cual logran huir del lugar disponiendo libremente del botín’ " (el destacado figura en el original; v. sent. casatoria, primera cuestión planteada, acápite I).
III.2. Al dar respuesta a similar agravio al aquí traído, vinculado con la falta de acreditación de la conexión subjetiva exigida en el art. 80 inc. 7 del Código Penal entre el homicidio acaecido y el ilícito contra la propiedad -robo-, el órgano revisor tras señalar la insuficiencia en el modo en que había sido esgrimido el planteo, lo rechazó y avaló lo resuelto sobre ese tópico por parte del tribunal de mérito (v. sent. casatoria, primera cuestión, apdo. V).
Señaló, en sustento de su decisión, que conforme las particularidades de la plataforma fáctica traída a estudio "...de la mecánica del suceso se desprende que fueron al menos cuatro los sujetos que intervinieron en el mismo. Se determinó que Kevin Medina y Alan Medida fueron aquellos que dispararon a [Leandro Ariel] Porcet, causándole la muerte y que Alexander Romero fue quien, con el fin de asegurar la ejecución del suceso delictivo, se mantuvo en todo momento a cierta distancia del lugar, consolidando ese escenario mediante la intimidación ejercida con un arma de fuego".
Agregó que las circunstancias probadas en punto a la acreditación de los sucesos "...dan cuenta con suficiencia los extremos que permiten inferir que la conducta desplegada por los imputados fue efectuada con el cabal conocimiento de que estaban utilizando armas de fuego aptas y que cuando se disparó, los tiros se dirigieron a zonas vitales de la humanidad de la víctima, todo lo cual permite ratificar, a su vez, la voluntad y decisión de acabar con la vida del sujeto pasivo, lo que así finalmente acaeció" y, en función de las circunstancias expuestas, entendió comprobada en el evento la ultraintencionalidad que exige el art. 80 inc. 7 del digesto de fondo.
Precisó, con apoyo en doctrina de autores, que el homicidio agravado por la causa es un homicidio calificado, no por concurrir con un robo u otro delito, sino por un elemento subjetivo que determina su comisión, mientras que la hipótesis del art. 165 citado -postulada por la defensa- se refiere a un delito complejo formado por un robo y un homicidio en el que este último surge como una contingencia, no calificada por aquel elemento subjetivo, sino en ocasión del despliegue de una acción tendiente al apoderamiento de la cosa ajena, o con motivo de ella, siendo el robo el elemento circunstancial del tipo que pune el resultado de homicidio.
Agregó que tampoco debía pensarse que el homicidio criminis causae requiera siempre en forma previa una preordenación o meditada reflexión, sino que -por el contrario- la exigencia de la conducta incriminada se ciñe a que el fin delictuoso funcione como motivo determinante del homicidio, resultando que será suficiente una decisión que puede darse incluso súbitamente, siempre que concurran los motivos antes señalados.
Por último, expresó su coincidencia con el análisis efectuado en la sentencia de origen, por considerar que -en línea con la descripción de la materialidad infraccionaria acreditada en el caso- el homicidio perpetrado fue efectuado para asegurar el fin propuesto y procurar su impunidad tanto de quienes efectivamente dispararon así como la del grupo, esto es así desde que una de las víctimas se resistió activamente a entregar las llaves de su vehículo trabándose en lucha con uno de los sujetos activos del delito, circunstancia que determinó a Kevin Medina y Alan Medina a asumir la conducta homicida, con el fin más arriba mencionado, lo que así aconteció tras los disparos descerrajados.
Y tales circunstancias -finalizó- fueron las que permitieron tener por acreditado la conexión final del homicidio acaecido, en relación con el ilícito contra la propiedad, razones que condujeron a desestimar el agravio introducido por la defensa oficial de los encausados en cuanto pretendió la readecuación del reproche al amparo de la figura del art. 165 del Código Penal -homicidio en ocasión de robo-.
IV. Frente a lo así resuelto, se advierte que el órgano revisor dio respuesta al reclamo de la defensa, brindó las razones que lo llevaron a mantener la calificación del delito contra la vida adoptada en la sentencia del tribunal de origen, con debida fundamentación de lo resuelto en las constancias probatorias reunidas en la causa. Por ello, los argumentos esgrimidos por el impugnante con sustento en que el fallo carecería de la debida fundamentación, no resultan idóneos para demostrar el vicio que se alega (art. 495, CPP).
En rigor de verdad, las críticas formuladas trasuntan sobre cuestionamientos a la ponderación en la determinación de los hechos y su prueba.
Si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo un supuesto de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados, no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores facti invocados (conf. doctr. causas P. 114.722, sent. de 3-X-2012; P. 102.196, sent. de 14-XI-2012; P. 105.648, sent. de 5-XII-2012; P. 110.540, sent. de 12-VI-2013; P. 116.825, sent. de 18-VI-2013; P. 111.032, sent. de 10-VII-2013; P. 110.347, sent. de 23-XII-2013; P. 135.764, sent. de 28-XI-2023; P. 134.438, sent. de 9-II-2024; P. 136.166, sent. de 23-II-2024; e.o.).
El impugnante no ha puesto en evidencia -siquiera liminarmente- la existencia de graves defectos de fundamentación o razonamiento del fallo cuestionado, ni en consecuencia la aplicación al caso de la doctrina de la arbitrariedad que invocó (CSJN Fallos: 310:234).
Por otra parte, y en virtud de la respuesta que se acaba de reseñar, tampoco demuestra que dada la plataforma fáctica devenida firme que fuera descripta en el apartado III.1. de la presente, lo decidido haya incurrido en un error de derecho (en la aplicación de la ley sustantiva o en la doctrina legal de esta Corte) que deba, por ende, ser aquí remediado (art. 495, CPP).
Por otra parte, concurren los demás elementos subjetivos propios de la figura en examen -art. 80 inc. 7 del Código Penal-, pues -tal como se tuvo por verificado en las instancias previas en concordancia con la doctrina de esta Corte sobre el tópico- es suficiente para que resulte aplicable el homicidio calificado criminis causae la demostración en el autor de cualquiera de las ultrafinalidades que contempla ese precepto (conf. doctr. causas P. 47.611, sent. de 4-V-1993; P. 135.745, sent. de 13-XII-2022; P. 136.598, sent. de 9-II-2024; e.o.). Asimismo, se ha señalado que "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (conf. doctr. causas P. 34.495, sent. de 6-II-1987; P. 113.545, sent. de 19-XII-2012; P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 121.171, sent. de 10-V-2017; P. 127.696, sent. de 14-VI-2017; P. 126.435, sent. de 16-VIII-2017; P. 133.519, sent. de 16-XII-2020; P. 133.152, sent. de 30-VIII-2021; P. 135.745, cit.; P. 135.376, sent. de 11-IV-2023; P. 134.461, sent. de 16-III-2023; P. 136.598, cit.; P. 136.166, cit.; e.o.).
En efecto, el modo de actuar descripto en la materialidad de los hechos enjuiciados es congruente con la concurrencia de al menos una de las finalidades previstas por la figura legal actuada y tenidas por debidamente comprobadas en las dos instancias precedentes: la de realizar la acción para "...asegurar el fin propuesto" a la que refirió el fallo del Tribunal de Casación, junto con aquella vinculada con la de "...procurar su impunidad tanto de quienes efectivamente dispararon así como la del grupo" (esp. sent. casatoria, primera cuestión, puntos I y V -cit.-).
La mención del recurrente relacionada con que el comportamiento típico reprochado -en concreta referencia a los disparos con arma de fuego efectuados a zonas vitales de la humanidad del damnificado Leandro Ariel Porcet- acaeció en virtud de la resistencia brindada por la víctima, no es un argumento válido puesto que esta Suprema Corte ya ha explicitado que si la muerte se produce a consecuencia de la resistencia (o intervención) de la víctima (o terceros) esa circunstancia no obsta ni al dolo de matar (evidente -como se dijo- al efectuar en el caso conscientemente los disparos a una zona vital de la humanidad del sujeto pasivo), ni a la relevancia de la ultrafinalidad típica constatada (conf. doctr. causas P. 117.199, sent. de 4-XI-2015; P. 121.266, sent. de 17-V-2017; P. 127.176, sent. de 27-XII-2017; P. 128.192, sent. de 9-V-2018; P. 133.946, sent. de 24-VIII-2021; P. 134.856, sent. de 3-XI-2021; P. 135.745, cit.; P. 135.295, sent. de 11-IV-2023; P. 136.598, cit.; e.o.).
Lo expuesto precedentemente alcanza para desestimar la aplicación al caso de la figura reclamada del art. 165 del digesto sustantivo.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/08/2024 13:21:53 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/08/2024 19:16:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2024 10:03:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2024 11:02:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/08/2024 11:07:41 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 19/08/2024 12:14:00 hs. bajo el número RS-153-2024 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia