Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138775
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.775, "D'Gregorio María Laura —Fiscal Titular Interina ante el Tribunal de Casación Penal— s/ Queja en causa n° 117.598 del Tribunal de Casación Penal, Sala III, seguida a C., L. Á.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres , Kogan , Budiño .
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia dictada el día 24 de noviembre de 2022, por mayoría, rechazó el recurso de la especialidad presentado por el Ministerio Público Fiscal contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Morón que absolvió a L. Á. C. en orden a los delitos de corrupción agravada cometido por ascendiente y abuso sexual gravemente ultrajante para la víctima, agravado por haber sido cometido por ascendiente (art. 119 párr. cuarto inc. "b", Cód. Penal).
Frente a lo así decidido, la señora Fiscal Titular Interina ante el Tribunal de Casación, doctora María Laura D'Gregorio, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue desestimado por inadmisible por el mencionado órgano revisor, lo que derivó en la presentación de una queja ante este Tribunal en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Esta Suprema Corte, mediante resolución de fecha 27 de mayo de 2024, declaró procedente la queja y admitió el carril extraordinario por estimar que las tachas de arbitrariedad se desarrollaron prima facie con la suficiencia y carga técnica necesarias a efectos de ser abordadas por el Tribunal (v. resolución digital).
En oportunidad de notificarse de dicha resolución, el señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor Nicolás Agustín Blanco, presentó escrito en el cual solicitó que se declare la extinción de la acción penal por afectación al plazo razonable de duración del proceso.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 16-X-2024), dictada la providencia de autos el día 21 de octubre de 2024 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Previo al análisis del recurso fiscal corresponde advertir que, conforme se diera cuenta en los antecedentes, la defensa oficial de L. Á. C. efectúa una presentación originaria ante esta Suprema Corte en la que solicita, como cuestión previa, la extinción de la acción penal por afectación al plazo razonable de duración del proceso.
Empero, tal presentación no se dirige contra una decisión del Tribunal de Alzada que hubiese abordado y descartado la extinción de la acción penal por dicha causal y cuyo —eventual— desacierto pretenda ahora revertirse por la vía indicada (arg. art. 494, CPP).
Se trata, en rigor, de un planteo originario ante esta Sede que, como tal, resulta inatendible en tanto excede la competencia de este Tribunal establecida en los arts. 161 de la Constitución provincial y 479 y concordantes del Código Procesal Penal (conf. causas P. 106.004, sent. de 25-IX-2009; P. 106.499, resol. de 1-IX-2010; P. 115.200, resol. de 12-VI-2013; P. 123.212, sent. de 3-V-2018; P. 136.495, "Álvarez", resol. de 18-VIII-2022; e.o.).
II. Corresponde ahora brindar tratamiento a la impugnación bajo estudio.
La fiscalía denuncia arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa; por falta de fundamentación y tránsito aparente por la instancia intermedia; e infracción a la doctrina legal de este Tribunal, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de valoración de la prueba en casos de abuso sexual infantil y valoración parcial y fragmentada de la prueba.
Afirma que el órgano revisor desatendió por completo el plexo cargoso reunido en el caso, sin brindar ninguna explicación para desechar los agravios llevados a su conocimiento por esa parte pues, en su criterio, existe prueba de cargo suficiente para condenar a L. Á. C.
A continuación, formula su réplica a los diversos argumentos de la decisión mayoritaria impugnada.
En lo concerniente al modo en cómo se ha formulado la denuncia por la progenitora, y lo que surge de los testimonios de M. S., amiga de la familia, y del abuelo materno del niño —N. C.—, explica que se debe tomar en consideración la especial situación que atravesaba el grupo familiar. Puntualmente refiere que la víctima —A. E. C.— tiene hermanos mellizos mayores que él, quienes años antes habían sufrido el abuso sexual por parte de su progenitor, el que se encontraba detenido al momento de los hechos denunciados, y por los que luego recibiera condena.
Sobre los testimonios desincriminantes formulados por la exesposa y la hija del imputado —Y. C. C.—, estima incomprensible la crítica efectuada a la progenitora de la víctima dado que el padre de los niños fue condenado a una pena severa por los abusos cometidos, y considera extraño que se aluda a que la madre formuló la denuncia por una situación de despecho ante múltiples infidelidades.
Acerca de lo afirmado por la licenciada en psicología Rey, dice que se omitió mencionar que aquella atendió al niño en el año 2012, ocasión en la que no trató el tema del abuso para no revictimizarlo debido a que ya había recibido atención previa por parte de dos profesionales, y que si bien el niño no habló del tema "...en los dibujos aparecían en la zona del genital masculino como un triángulo hacia afuera, las manos similares a un órgano masculino " (el destacado figura en el original).
Luego advierte que se recortaron numerosos pasajes de la intervención de la licenciada Parracchini, en los que se alude a la existencia de indicadores específicos en la conducta del niño, que —en su parecer— podían llevar a concluir en el padecimiento de una situación de abuso sexual. Agrega que la nombrada habló con la víctima de ese tema en la cuarta sesión, y que al preguntarle en la sesión siguiente si se acordaba que le había contado, contestó "...si, que el abuelo me tocó".
En cuanto a lo manifestado por la licenciada Nudel, destaca que la misma mencionó el "secreto" que se imponía en toda la familia acerca del daño constatado en la víctima, el cual no era derivado del abuso de sus hermanos, y que ello se manifestó en los dibujos.
Respecto de lo expresado por la psicóloga Siciliani, enfatiza que tal profesional se refirió al "no recuerdo" como un mecanismo de defensa del niño, y con relación al trastorno de estrés no especificado, explica que no es necesariamente por abuso sexual infantil, pero tampoco lo descartó.
También cita el testimonio de la licenciada Zabala, quien aludió a que el niño presentaba indicadores inespecíficos, como ansiedad, enojo, irritabilidad y dificultad para concentrarse, los que consideró erróneamente descartados por el sentenciante bajo el argumento de que no resultaban específicos de abuso.
Concluye que el a quo omitió valorar adecuadamente el testimonio de la licenciada Parracchini, quién sí manifestó haber escuchado detallar al propio A. E. C. los abusos padecidos, y que ello resulta conteste con lo que lo que le contara a su madre, su abuelo materno y la amiga de la familia.
Refiere que los hechos que se juzgan acaecieron cuando la víctima era menor de edad e invoca, a tal efecto, la calidad de "niño" en los términos de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y los casos Campo Algodonero y Miguel Castro vs. Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Trae a colación los precedentes de esta Suprema Corte en las causas P. 118.217 y P. 130.488, en cuanto a los estándares para evaluar el relato de niñas y niños víctimas de abuso sexual, y con relación a la existencia de prueba suficiente para tener por probado el hecho y la autoría, cita los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Insiste en que el órgano revisor ha fragmentado las conclusiones de las profesionales que atendieron a A. E. C., y que el descargo del imputado, los testimonios de sus hijas y su exesposa sólo procuran mejorar su situación procesal, atribuyendo la denuncia a una supuesta venganza de la madre de la víctima.
En resumen, afirma que el órgano revisor extrajo conclusiones de la prueba testimonial y pericial que no surgen de su contenido, evidenciando la arbitrariedad de su razonamiento y critica que se concluya que el hecho no existió porque el niño "no habló" del abuso, pues algunas profesionales detectaron el posible extremo a partir de otros indicadores.
III. El señor Procurador General sostuvo la impugnación fiscal y propició su acogimiento (v. dictamen digital de 16-X-2024).
IV. Estimo, no obstante, que el recurso no procede. Pues, viene insuficientemente fundada la denuncia de arbitrariedad en la valoración de la prueba, en el marco de excepción al que remite esa doctrina. Por otra parte, los planteos de afectación del interés superior del niño y del derecho a ser oído no trascienden de un mero criterio divergente con el modo en que la Casación controló la ponderación de la prueba y concluyó que la absolución resultaba ajustada a derecho (conf. art. 495, CPP).
V. Un repaso por los antecedentes del caso permitirán justificar mejor la insuficiencia reprochada.
V.1. El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Morón, con relación a los hechos de la acusación, indicó: "...en fecha no establecida, pero presumiblemente en el mes de abril de 2008, en el interior del domicilio sito en … … … de la localidad de Haedo, partido de Morón, en un horario establecido entre las 14 y las 19 horas, L. Á. C. aprovechando que se encontraba solo en una de las habitaciones con su nieto A. E. C. de 4 años de edad, cuanto menos en una oportunidad, abusó sexualmente del mismo al bajarle los pantalones e introducirle con fuerza sus dedos en su ano, acto que [...] configuró una degradación y humillación gravemente ultrajante para el menor".
El órgano de juicio tras cotejar las evidencias colectadas en el debate, sostuvo que las mismas no le permitieron superar el estado de duda respecto de la ocurrencia de los hechos y, por ende, de la autoría penalmente responsable del imputado.
En prieta síntesis, expresó que coincidía con el señor agente fiscal acerca del déficit que significó no haber podido contar durante el juicio con el relato del menor víctima, quién tampoco pudo ser escuchado en los términos previstos por el art. 102 bis del Código adjetivo, el que fue propuesto como testigo por la parte, y luego desistido merced a los informes incorporados por la psicóloga particular del niño y el señor asesor de menores, doctor Daniel Alberto Zacoro, que daban cuenta de la inconveniencia de convocarlo a tal fin porque ello conduciría a su revictimización, sin beneficio alguno para él.
Por otra parte, destacó que no existieron testigos presenciales del hecho, ni quedaron evidencias o signos físicos concluyentes, subrayando que fue la madre de la víctima quien escuchó de primera mano el develamiento del niño, y que quienes refirieron haber escuchado por parte de aquel lo ocurrido contaron con información previa brindada por su progenitora, situación que los motivó a interrogar directamente al menor sobre el hecho, tal el caso de su abuelo materno, N. E. C., y la amiga de la familia, M. F. S.
Añadió que el informe médico practicado por la doctora Noelia Skakavac tampoco resultó ser determinante, y que aun cuando no se ha escuchado al médico legista durante el juicio, estimó que la fisura anal constatada no resultó concluyente de abuso, toda vez que puede tener múltiples causas de producción, tales como estreñimiento o esfuerzo durante la evacuación.
En el mismo sentido, sostuvo que el informe psicológico practicado por el licenciado Daniel Burgos, carecía de interés para la comprobación de los hechos y la autoría, y que si bien los profesionales que intervinieron oportunamente en las evaluaciones del menor coincidieron en algunos de los indicadores inespecíficos, como el estrés que presentaba por su situación familiar, ninguno fue determinante como para concluir que ello obedeció al hecho que se ventila en el debate, dado que pudieron haber sido múltiples las causas de afectación al niño. Ejemplificó que mientras para la licenciada Paracchini existieron indicadores que "podrían" llevar a la conclusión de que el niño vivió un abuso, sin descartar su situación familiar por aquellos tiempos; para la licenciada Zavala no se encontraron indicadores lo suficientemente concluyentes para dar cuenta de la existencia o no de compromiso vinculado al hecho.
Expresó que la psicóloga del niño, licenciada Rey, quien mantuvo sesenta entrevistas con aquel, afirmó que el trabajo con chicos no es tan exacto, y que no recordó que el niño le hubiera hablado de abuso, sino que lo tomó de antecedente, refiriendo que los dibujos pueden significar una situación de abuso, pero no se puede especificar si no fue por la situación de sus hermanos.
En esa dirección, estimó relevante lo señalado por la defensa en cuanto a que de un testimonio de las psicólogas que atendieron a P. C. —hermano de la víctima— en una causa que se le siguiera al progenitor del niño en esta causa, emerge que aquel le dijo "...que lo habían retado porque jugando le quiso meter los dedos en la cola a su hermanito". Consideró el juzgador de instancia que ello permitía visibilizar la afectación de los integrantes de la familia por los acontecimientos vividos, y lo vinculó con el testimonio de la licenciada Cristina Rosa Nudel, acerca de que la situación de los hermanos puede confundirse en el sufrimiento de A., y alterar la camada de hermanos, así como que el daño producido puede ser por algo propio o ajeno.
Luego destacó que la versión del imputado, por la cual negó su participación en el hecho, fue corroborada por sus hijas Y. C. C. y E. B. C., como por su exesposa M. C. M., en el sentido de que resultaba imposible que haya ocurrido un hecho como el denunciado sin que hubiera sido advertido.
Añadió que de los testimonios también surgen contradicciones en cuanto a cómo el niño llamaba a su abuelo, algunas versiones afirmaron "abuelito L.", otras "abuelito B." y que la progenitora dijo que lo llamaba abuelo como le salía y con frecuencia mezclaba los nombres porque se llamaban igual varios integrantes de la familia.
Por último, explicó que el tiempo transcurrido desde el inicio del juicio, aproximadamente catorce años, había incidido en el recuerdo de los profesionales actuantes quienes, en algunos casos, tuvieron que apoyarse en notas personales para guiarse, a lo que añadió la dificultad del recuerdo de algunos de los testigos que ya habían declarado en dos juicios anteriores por hechos en los que resultaron víctimas los hermanos mayores de A. E. C.
Concluyó que tales reparos le impidieron despejar el oscuro marco probatorio en cuanto a la existencia del hecho y la autoría de Campana en el mismo y "...por ello, la duda en este punto ha de favorecer al encausado".
V.2. El señor agente fiscal de la instancia interpuso recurso de casación alegando la existencia de dos vicios lógicos en el pronunciamiento de mérito, vinculados —por un lado— con la absurda valoración de algunas premisas y —por otro— con el análisis efectuado sobre el valor convictivo de los elementos de prueba invocados por esa parte.
Postuló que la ausencia de declaración de la víctima no podía jugar en desmedro de la acreditación del hecho y la autoría de C., esgrimiendo que el niño fue "oído" a través de su progenitora, cuyo relato fue avalado por el de Marcela Fabiana Santamaría, y de su abuelo materno, N. E. C.
Adujo que las contradicciones halladas en los testimonios de las profesionales que asistieron a la víctima no son tales, sino que obedecen a los distintos momentos de sus intervenciones y según la especialidad de cada una. En particular, enfatizó la relevancia de la opinión de la licenciada Parracchini, a quien el niño en su cuarta entrevista le dijo "el abuelo me tocó".
Puntualiza que el análisis conjunto de la prueba conforma un cuadro presuncional sólido que conduce a la certeza necesaria respecto del hecho y el rol autoral del imputado.
V.3. Como se adelantó en los antecedentes, la Sala III del Tribunal de Casación Penal —por mayoría integrada por los votos de los doctores Violini y Carral— rechazó el recurso de la fiscalía.
Luego de reseñar la base fáctica sostenida por la fiscalía según se transcribiera más arriba, efectuó un detallado control de la prueba y de los fundamentos que dieron sustento al veredicto absolutorio.
Comenzó refiriéndose a la declaración de la denunciante A. E. C. y el contexto en el que su hijo le pidió que le hiciera el juego de dedos que le hace el abuelo, que consistía en meterle el dedo en la cola y adivinar cuál había sido; a lo que adunó el testimonio de M. S., amiga de la familia, quien se enteró del hecho por comentarios de la madre y que al preguntarle al niño si su abuelo lo quería, éste le contestó que le tocaba la cola; y el del abuelo materno, N. C., a quien el niño le contó que su abuelo lo manoseó, que le metió los dedos en la cola.
Luego repasó lo declarado por la exesposa del imputado M. C. M., quien negó la ocurrencia del suceso por considerarlo imposible y que resultaba absurdo que hubiera pasado algo sin ser visto, señalando que la relación del niño con la madre era de sumisión, que ésta era manipuladora, cuya familia era muy rara, con antecedentes psicológicos y psiquiátricos. Siguió con el relato de la hija del imputado Y. C. C., acerca de que tenía una relación muy apegada con su sobrino, y que la denunciante usó y perjudicó a su padre muy gravemente.
Continuó con el análisis de los diversos testimonios de las profesionales intervinientes, tales como el de licenciada Rey, quien afirmó que no indagó al niño sobre el abuso y que la encopresis que presentaba podía obedecer a múltiples causas, pero que no aparecían vinculadas con el abuso; el de la licenciada Parracchini, quien dijo no recordar a la víctima y que no contaba con la historia clínica que obraba en la institución, y que al serle exhibido un informe obrante a fs. 95/99, sostuvo que podía ser posible que el hecho haya sucedido, concluyendo que el menor había padecido una situación de abuso, siendo sólo lo que manifestó; luego con el de la licenciada Cristina Nudel, quien advirtió que era un menor con estrés postraumático vinculado a una alteración en la sexualidad, y que no observó daño psicosexual por inducción y tampoco contó con datos sobre el abusador; el de la psicóloga Noelia Siciliani, quien no halló factores específicos de abuso sexual y que del informe del cuerpo técnico auxiliar de peritos se descartaron elementos compatibles con alteraciones de la evolución psicosexual, pero sí de sintomatología de una situación de altísimo estrés; y, por último, el de la licenciada Zavala quien sostuvo que el niño presentaba parámetros que por sí solos no constituían indicadores de abuso sexual.
Finalmente recordó que el imputado, además de negar los hechos, afirmó que este tema lo afectó muchísimo.
Sentado lo anterior, el doctor Violini ponderó los razonables motivos que condujeron a la víctima a no querer declarar cuando tenía diecisiete años, cuya inconveniencia fue avalada por el doctor Zacoro y por el informe de la psicóloga que lo trataba en esa oportunidad, y enfatizó que ello no constituía indicio alguno en su desmedro, pero que lo cierto era que el primer testimonio recabado en la causa era el de su madre a quien su hijo le había contado que el abuelo le metía un dedo en el ano, y que transcurrido un mes se practicó un informe médico "...que da cuenta de una lesión en di
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