Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 139084
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.084-Q, "D'Gregorio, María Laura E. —Fiscal titular interina ante el Tribunal de Casación Penal— s/ Queja en causa n° 117.700 del Tribunal de Casación Penal, Sala III, seguida a P., C. G.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, con fecha 30 de marzo de 2022, absolvió a C. G. P. en orden al delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido perpetrado contra una persona menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente.
La fiscalía apeló el fallo y la Sala III del Tribunal de Casación Penal, por mayoría, rechazó la impugnación por improcedente (sent. de 27-III-2023).
Contra ese pronunciamiento, la señora Fiscal titular interina ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D'Gregorio, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio. Ello motivó la deducción de una queja ante esta Suprema Corte, que por resolución del día 17 de septiembre de 2024 fue admitida, y concedida la vía extraordinaria por estimar que las tachas de arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa, falta de fundamentación, valoración parcial y arbitraria de los elementos de prueba e inobservancia de la perspectiva de género e infancia, contaban con la suficiencia y carga técnica necesarias para ser abordadas.
El señor Procurador General sostuvo la impugnación y propició su acogimiento; la señora defensora oficial adjunta interinamente a cargo de la Defensoría de Casación Penal presentó la memoria prevista en el art. 487 del Código Procesal Penal solicitando que se rechace el remedio intentado.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la señora Fiscal de Casación?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La señora Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal denuncia arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa, por falta de fundamentación y tránsito aparente ante el órgano revisor, valoración de la prueba de modo parcial, fragmentado y contradictorio.
Alega que el pronunciamiento atacado es absurdo y arbitrario por su fundamentación aparente, en tanto se aparta de las constancias de la causa, fragmenta la ponderación del material probatorio y omite valorar circunstancias de hecho debidamente acreditadas y decisivas para la correcta solución del caso.
Sostiene que para confirmar la falta de comprobación de la materialidad ilícita y la participación del imputado, el revisor se remitió al análisis fragmentado y parcializado efectuado por el tribunal de la instancia, desatendiendo los agravios llevados a su conocimiento.
Asevera que el estudio conglobado de la prueba conduce a tener por probada la existencia del hecho y la participación de P.
Alega arbitrariedad en la fundamentación de la duda y déficit de motivación. Puntualiza la contundencia que se desprende de la declaración efectuada por la víctima en la audiencia de debate, que se dio con signos de llanto, nerviosismo y prolongados silencios con miradas perdidas ante las preguntas de las partes.
Agrega que la licenciada Silvia Raquel Diorio (perita oficial) evaluó la exposición de la joven (conf. art. 102 ter, CPP), y en el juicio indicó: "...fue una declaración testimonial con correlato emocional intenso que se corresponde con la magnitud de lo denunciado con desbordes, accesos de angustias y el último episodio un pico de ansiedad que lo pudo controlar. Me pareció espontáneo. El relato lo fue construyendo con la limitación meramente emocional. Emocionalmente está condicionada y le cuesta poner en palabras lo referido. Por lo demás me pareció un relato genuino. Yo no percibí indicadores de fantasía o mendacidad. La impresión general es que estaba relatando algo vivenciado y sobre lo cual en sus términos podía poner lentamente en palabras, y la emoción se refleja en eso".
Trae a colación el informe del servicio local de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, del que emerge que "...se entrevistó a la niña C. R. de 13 años [...] ayer salió del colegio y no volvió a su casa donde vive con su madre V. P. [...] que también vive con su padrastro Sr. C. G. P. [...] que su padrastro P. cuando ella tenía [8] años la desnudó en la habitación matrimonial, la manoseó, le tocó la vagina y los pechos, que lo hizo hasta que la niña tuvo 10 años, desde entonces no lo hizo más, pero cuando pasa a su lado le toca las nalgas [...] la niña relata todo esto en llanto, muy angustiada, que relata estos hechos luego de superar un largo silencio...".
Alude también a los informes psicológicos confeccionados por la licenciada Constanza Valeria Torrado, de los que surge: "No presenta indicadores de personalidad fabuladora [...] la niña presenta indicadores de abuso sexual infantil como impacto psíquico de trauma, francas dificultades de verbalización, gran monto de angustia manifiesta, crisis de llanto al momento de la entrevista, relato recortado, por partes, poco estructurado, labilidad yoica y vulnerabilidad subjetiva, dolor psíquico, recursos defensivos deficitarios, estado anímico con indicadores de depresión, conductas autolesivas (cortes en los brazos) [...] Se extraen de su relato los siguientes dichos significativos: 'Fue mi padrastro, C. [...] desde los ocho hasta los diez años él me tocaba (señala vagina) [...] me sacaba la ropa (en franca crisis de llanto) [...] desde los diez en adelante solo me toca el culo [...] (no puede seguir hablando) [...] mi mamá sabía de todo esto [...] yo le contaba y ella me ignoraba'...La menor no se encuentra en condiciones de brindar su testimonio bajo la modalidad de Cámara Gesell [...]. La menor se muestra con un nivel muy bajo de predisposición al dialogo. Se observa elevada tensión psíquica, angustia manifiesta y sensación de incomodidad y dolor psíquico en el momento de referirse a los motivos de su presencia en la sede. Se observa un notorio desequilibrio emocional que se manifiesta en la rutina y las costumbres que la menor lleva a cabo actualmente...".
Indica que frente a este cuadro probatorio, tanto el tribunal de origen como el revisor centraron su atención principalmente en la declaración de la hermana de la víctima y en los dichos de la licenciada Tamara Dalila Paradela, que hicieron hincapié en que C. era una niña conflictiva, ladrona y mentirosa; y por otro lado, en el estado de extrema vulnerabilidad en que se encontraba merced al desamparo y abandono familiar, pero no analizaron lo que realmente debían valorar, esto es, las circunstancias en que C. fue abusada por P.
En apoyo, transcribe el voto minoritario del señor juez Borinsky.
Afirma que el tribunal casatorio no justificó las razones por las que cabía restar entidad al testimonio de la víctima, en la doble condición de niña y mujer, que la vuelve especialmente vulnerable a la violencia.
Advierte que la labor jurisdiccional se centró, arbitrariamente, en cuestionar la credibilidad de la víctima, efectuando una especie de evaluación de sus comportamientos, "...sin reparar en que el relato de la niña fue apuntalado por contundente prueba de cargo, como lo es lo informado por las especialistas que, por un lado, destacaron que la misma padecía síntomas compatibles con hechos de abuso sexual; y por el otro, que el mismo era contundente, genuino, espontáneo, con correlato emocional, sin influencia de terceros, sin fantasías ni mendacidad".
Resalta que el relato de la joven se mantuvo incólume, y que fue apreciado como altamente creíble, con ausencia de indicadores de fabulación, mendacidad o inducción de terceros.
Sostiene que la condición de niña de la víctima al momento de los hechos (desde los ocho hasta los trece años de edad) apareja un estándar elevado de protección que el tribunal intermedio ignoró, controvirtiendo de esta forma los mandatos constitucionales e internacionales. Expresa que se convalidó una decisión sobre la base de afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas.
Denuncia que el revisor se apartó de la doctrina legal de este Tribunal, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de valoración de la prueba en casos de abuso sexual en la infancia, toda vez que los estándares probatorios no se adaptaron a las circunstancias del caso con perspectiva de infancia y de género, siendo que debió ponderarse el testimonio de la víctima partiendo de su credibilidad.
Colige que los sentenciantes incurrieron en meras afirmaciones dogmáticas y estereotipadas, que pretenden hacer foco en una problemática familiar a fin de socavar la credibilidad de la denunciante, por lo que solicita que se descalifique lo resuelto como acto jurisdiccional válido.
Destaca que el derecho de los niños a ser oídos (art. 12, CDN) implica que sus relatos sean escuchados por quienes resuelvan cuestiones que los afecten directamente.
Concluye que el revisor desestimó arbitrariamente, mediante afirmaciones dogmáticas, el recurso de casación, soslayando el vasto material probatorio que hubiera permitido revertir el veredicto absolutorio y condenar a P. por los hechos que victimizaron a C. R.; todo lo cual implica el incumplimiento de la obligación estatal de debida diligencia, de satisfacción de los derechos y garantías judiciales de las niñas víctimas, y de la obligación específica en materia de violencia contra niños, niñas y adolescentes de investigar y sancionar a los responsables.
II. El señor Procurador General sostuvo la impugnación fiscal y propició su acogimiento (v. dictamen digital de 4-XI-2024).
III. Sin embargo, el recurso resulta insuficiente para revertir lo decidido.
Las alegaciones que porta la pieza impugnativa, y que se pretenden apoyar en la doctrina de la arbitrariedad por fundamentación aparente, no logran superar una mera discrepancia con el criterio establecido por el juzgador y confirmado por la Casación, sin evidenciar los déficits de motivación que se le reprocha al pronunciamiento.
Contrariamente a lo sostenido por la parte, la decisión cuenta con fundamentos suficientes que descartan esa tacha (conf. doctr. CSJN Fallos: 301:909; 319:1728; e.o.) en la medida en que la totalidad de los agravios fueron tratados y resueltos por el tribunal del recurso, sin que se logre evidenciar un error grosero o palmario cubierto por la doctrina del absurdo o la arbitrariedad (conf., por muchos, CSJN Fallos: 331:477).
IV. Una breve reseña de los antecedentes del caso permite ilustrar adecuadamente el sentido de la solución que propicio.
IV.1. El tribunal de juicio dictó veredicto absolutorio por no encontrar acreditada la materialidad ilícita tal como la propuso el Ministerio Público Fiscal.
Para resolver así, el magistrado que lideró el acuerdo, y a cuyo voto adhirieron los restantes integrantes del tribunal, comenzó por señalar los términos del reproche que sostuvo la fiscalía al comienzo del juicio: "Lo que se le imputa a P. es que aprovechándose de la convivencia con la menor C. R. nacida el 3 de diciembre de 2004, hija de su pareja, la señora V. B. P., mientras que mantuvo con aquella una convivencia desde que la niña tenía cuatro años; entre los ocho y los diez años de edad de la misma, en el domicilio que compartían en calle … … n° … [...] de General Rodríguez, en reiteradas oportunidades abusó sexualmente de la misma, mediante manoseos en sus zonas intimas, vagina, pechos, cola, por debajo de sus ropas, hechos que fueron reiterados durante un prologando tiempo".
Explicó que con posterioridad, y en atención a las notables deficiencias de investigación con que el expediente llegó a esa instancia plenaria, "...tras haber podido escuchar —deficitariamente quizás por el contenido y alcance [...]— a la menor víctima C. R., en virtud a que efectivamente aquella por recomendación de las profesionales de la salud mental peritos psicólogas oficiales, hasta ese momento no se hallaba en condiciones de brindar su testimonio, es el propio Fiscal quien pidiendo de algún modo la implementación de las previsiones del art. 359 del Ceremonial, amplía las circunstancias de tiempo, modo y lugar del delito continuado endilgado a P., diciendo que los vejámenes habrían comenzado teniendo lugar en la edad cronológica y con la modalidad descripta cuando la menor contaba con entre 8 y 10 años en las localidades de San Antonio de Padua e Ituzaingó, y que los mismos habían tenido continuidad hasta que la niña contara con 13 años de edad, más precisamente hasta el día 14 de Noviembre de 2018, donde los vejámenes habrían menguado en su modalidad a tocamientos esporádicos por sobre de la ropa a modo de 'nalgadas al pasar' siempre que el imputado tuviera oportunidad de ello, siendo estas acciones descriptas, cometidas en la ciudad de General Rodríguez".
Aclaró que en virtud de ello se dio traslado a la defensa, se le concedió la posibilidad de proponer nuevas pruebas —que, de hecho, la parte utilizó— y, finalmente, se resolvió tener por ampliada la delimitación de los hechos.
A continuación, el tribunal advirtió que la prueba brindada en el debate y la incorporada por lectura en los términos del art. 366 del Código Procesal Penal, "...ha resultado insuficiente para arribar a un juicio de reproche positivo en contra de C. G. P., [...] fundamentalmente porque la misma resulta equívoca y contradictoria en orden a establecer fehacientemente y sin duda alguna, qué fue lo que realmente pasó, en el marco constelacional donde las propias circunstancias de tiempo, modo y lugar, aparecen de dificultosa intelección, a la luz del desenvolvimiento y/o desarrollo de los valores en juego y aceptados por la media".
Destacó las notables contradicciones halladas a lo largo de las distintas pruebas, que llevaron "...el asunto a un peldaño de oscuridad tal, que impiden infelizmente, poder establecer con el grado de certeza necesario lo que realmente ocurrió dentro de los distintos domicilios de cohabitación del imputado con su hija afín en las localidades de San Antonio de Padua, Ituzaingó y General Rodríguez, para disipar las dudas que han quedado como remanente".
Transcribió y meritó la totalidad de los testimonios recibidos, los informes y demás prueba incorporada al debate; indicó que en este tipo de delitos, llamados "de oscuridad", resulta por demás relevante la declaración de la víctima, porque por su propia naturaleza, su versión es una de las pruebas más trascendentes de la comisión del hecho, pero no la única, puesto que debe procurarse acompañarla de otros elementos de convicción para corroborar la hipótesis acusatoria, "...situación que se dio de manera deficitaria en este caso".
Especificó que desde la originaria delimitación temporal y de lugar de los abusos, y sin la declaración de la víctima hasta el día del debate por las recomendaciones cursadas por las peritas oficiales, existió una mudanza generosa "...mas no pudo agregarse ni una prueba más —testimonios de las personas que estaban con C. previo a que apareciera de su fuga del hogar, palabra de su hermana mayor, confidente y casi madre, palabra de su padre o principalmente de su psicóloga tratante— que pudiera apuntalar un juicio de reproche en contra del sindicado P., empero nada de eso fue realizado por la Fiscal de instrucción, ni recreado siquiera por el representante que tuviera que acudir a la audiencia de debate [...] de modo que todo ello ha conducido a un mar de dudas, que por la orfandad probatoria antes expuesta considero que no puede ser superado tal como ha sido traído a debate".
Concluyó que, en base a la insuficiencia probatoria, y sin que ello significase suscribir la hipótesis de ajenidad e inocencia de P., lo que existía era un estado de duda que no pudo ser aclarado en el debate. Pues la acusación no había cumplido con la carga de probar la culpabilidad del acusado (art. 367, CPP), de modo que, por aplicación de lo dispuesto en el art. 1 ("En caso de duda deberá estarse a lo que sea más favorable al imputado"), correspondía absolver a C. G. P. por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido perpetrado contra una persona menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente.
IV.2. Frente a ello, el señor fiscal de la instancia interpuso recurso de casación, en el que denunció absurdo en la valoración de la prueba y violación de las reglas de la sana crítica.
Indicó que los déficits evidenciados en la etapa de investigación pudieron ser revertidos con la prueba producida en el juicio, en especial, el testimonio de la víctima, que con dolor, angustia y temor relató detalladamente los abusos sufridos a manos de su padrastro desde los ocho y hasta los trece años de edad, en los distintos domicilios en los que convivieron; dando cuenta del descreimiento de su propia madre, que la llevó a guardar silencio durante mucho tiempo.
Destacó que el testimonio de C. se vio robustecido con lo declarado por la licenciada Diorio, quien descartó la existencia de indicadores de fabulación, mendacidad o influencia en su relato, tildándolo de espontáneo y genuino, y también con lo consignado en el informe de las profesionales del servicio local que comenzaron a intervenir luego de que C. denunciara los hechos el día en que fue hallada tras haberse fugado del colegio.
Trajo a colación el informe escolar y el informe socioambiental realizado de forma previa al debate, que evidenciarían que, pese al tiempo transcurrido, la víctima ratificó los hechos y sus sentimientos al respecto.
Se agravió del valor asignado a lo declarado por la progenitora de la joven, quien se limitó a denigrarla, brindando una activa colaboración con el hecho que calificó como constitutivo de violencia de género, y también a lo manifestado por su hermana, A. P., quien la trató de ladrona, soslayando que aquello no es impedimento para la ocurrencia del hecho.
Criticó el peso otorgado al informe de la licenciada Tamara Paradela, quien no declaró en el debate ni trató a la víctima después de la denuncia, y extendió su crítica a lo testificado por S. A. M., indicando que la nombrada no concurría todos los días a cuidar de la víctima.
Concluyó que el sentenciante no le otorgó el valor correspondiente a lo declarado por la damnificada ni a lo que dijeron en el debate las peritas oficiales, que —en su opinión— no deja dudas sobre la existencia de los hechos denunciados; pidió que se case la sentencia que absolvió a P. y, sin necesidad de un nuevo juicio, se lo condene a once años de prisión, accesorias legales y costas como autor del delito por el que fue acusado.
IV.3. Sin embargo, la Sala III del Tribunal de Casación Penal, por mayoría, confirmó el pronunciamiento absolutorio de primera instancia.
Para así decidir el señor juez Violini —a cuyo voto prestó adhesión simple el señor juez Carral— inicialmente reseñó lo dispuesto por el tribunal de grado.
Coincidió con que la prueba no alcanzaba a revertir la presunción de inocencia que ampara al acusado, y que por aplicación del art. 1 del Código Procesal Penal había que estimar en su favor las invencibles dudas que surgían en la hipótesis acusatoria. Destacó que no había elementos de prueba unívocos para afirmar con certeza que los hechos descriptos por la fiscalía ocurrieron.
Relató que la imputación se construyó principalmente a partir de lo testimoniado por la presunta víctima, C. R., quien declaró en el debate haber sufrido tocamientos imp
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