Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138801
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se declara la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de tentativa de robo por el que venía condenado Carlos Augusto Ibalo (conf. arts. 42, 44, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 —según ley 25.990— y 164, Cód. Penal).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.801, "Ibalo, Carlos Augusto o Martínez, Rodrigo Ezequiel s/ Queja en causa n° 118.463 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de La Plata, mediante el pronunciamiento dictado el 3 de mayo de 2022, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial y confirmó la resolución del Tribunal en lo Criminal n° 5 departamental que no hizo lugar al planteo de prescripción de la acción penal del delito de tentativa de robo en favor de Carlos Augusto Ibalo (arts. 42, 44, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 inc. "e" y 164, todos del Cód. Penal).
Deducido recurso de casación por la defensa oficial, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia de 31 de agosto de 2022, lo rechazó por inadmisible, pese a lo cual ingresó al tratamiento de la cuestión de fondo y la desestimó.
El señor defensor oficial adjunto ante dicha instancia, doctor José María Hernández, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado inadmisible por el órgano intermedio (v. resol. de 25-IV-2023); frente a ello, articuló queja ante esta Suprema Corte. La vía de hecho fue admitida y el recurso extraordinario concedido en orden a la denuncia de arbitrariedad de la decisión por fundamentación aparente y por apartamiento de la doctrina legal sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el deber de declarar de oficio la extinción de la acción penal por prescripción (causa "Farina"; e.o.) y la consiguiente afectación de derechos constitucionales —debido proceso y defensa en juicio— (resol. de 15-V-2024).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 21-VIII-2024), dictada la providencia de autos (v. proveído de 28-VIII-2024), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurrente tildó a la sentencia impugnada de arbitraria por falta de derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas en la causa y apartamiento de la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 342:2344 "Farina").
Adujo que allí se estableció la interpretación que corresponde realizar sobre la letra del art. 67 inc. "e" del Código Penal, en orden a que el acto interruptivo del curso de la prescripción "es únicamente la sentencia condenatoria de primera instancia".
Añadió que la misma fue receptada por esta Suprema Corte al mutar su criterio en la causa P. 131.745 (sent. de 21-VII-2020), y al reconocer que la prescripción es una cuestión de orden público que puede y debe ser declarada de oficio en cualquier momento.
Por otra parte, alegó que la solución del caso encuentra apoyo en el precedente de la Corte federal "Ramírez" (Fallos: 330:490) acerca de la escala penal aplicable a la tentativa.
Destacó que la arbitrariedad del pronunciamiento reside en el apartamiento de la solución normativa prevista para el caso en cuanto a la declaración de la prescripción de la acción penal (art. 62 inc. 2, Cód. Penal), conforme la doctrina de la Corte federal citada.
Concluyó que el revisor dictó un fallo que no puede reputarse como acto jurisdiccional válido.
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar a la impugnación (v. dictamen digital).
III. Previo a ingresar al fondo del reclamo, resulta necesario efectuar una reseña de algunos hitos procesales pertinentes de la causa.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, con fecha 17 de diciembre de 2018, dictó sentencia en causa acumulada n° 3557/0680 condenando a Carlos Gonzalo Ibalo a la pena de seis meses de prisión de efectivo cumplimiento y costas, por resultar coautor del delito de robo simple en grado de tentativa, en los términos de los arts. 164 y 42 del Código Penal, por el hecho acaecido el día 31 de enero de 2017.
III.2. Frente a ello, la señora defensora oficial del imputado interpuso recurso de casación en el que planteó la nulidad del tratamiento de la cuestión cuarta del veredicto y, por ende, de la determinación de la pena, porque nada de lo allí consignado se correspondía con el trámite del juicio. Destacó que más allá del involuntario error en que se incurrió, lo concreto es que se omitió el tratamiento de la circunstancia atenuante propiciada por esa parte (la situación de vida del acusado) a los fines de obtener una sanción cercana al mínimo legal.
A su vez, denunció la violación a los arts. 27 y 58 del Código Penal, porque si bien el tribunal revocó la condicionalidad de una pena anterior que el acusado registraba (de tres años de prisión en suspenso por los delitos de robo simple tentado, robo agravado por el uso de arma impropia en grado de tentativa y daño, dictada por el Juzgado de Garantías n° 6 departamental el 6 de octubre de 2016 en la IPP 06-00-037496-16), la sanción que fijó no comprendió esa pena, por lo que se obvió —indebidamente— la acumulación de ambas.
III.3. A su turno, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 11 de febrero de 2020, resolvió hacer lugar al recurso de la especialidad, casó el fallo recurrido en el nivel de la cuarta cuestión del veredicto —referida a la verificación de atenuantes— y todo lo que fuese directa derivación de ello, incluyendo la revocación de la condicionalidad de la pena de tres años de prisión y costas impuesta por el Juzgado de Garantías n° 6 departamental en la IPP 06-00-037496-16, con reenvío al tribunal de origen para que, con nuevo juez, reeditase aquellas cuestiones, incluida la pretendida aplicación de los arts. 27 y 58 del Código Penal.
III.4. El Tribunal en lo Criminal n° 5 departamental, el 9 de febrero de 2022, comunicó a las partes que la Secretaría de Gestión Administrativa había designado audiencia de cesura para el día 9 de marzo del mismo año a las 10:00 hs.
III.5. La defensa oficial del imputado, con fecha 3 de marzo de 2022, presentó escrito ante dicho órgano solicitando la suspensión de la audiencia por considerar que la acción penal emergente del delito de robo simple en grado de tentativa se encontraba prescripta, toda vez que, desde el dictado de la sentencia de condena del 17 de diciembre de 2018 hasta esa fecha, había transcurrido un lapso de tres años y casi tres meses.
En tal sentido, explicó que una adecuada interpretación del art. 44 del Código Penal "...establece una disminución del mínimo a un tercio y del máximo a la mitad en la escala punitiva aplicable para el hecho consumado" conforme la doctrina del plenario "Ach" de la Cámara departamental, que estimó la única interpretación posible y coherente con la sistematicidad del Código Penal.
III.6. Conferido traslado a la señora fiscal de juicio, se expidió por la improcedencia de la solicitud argumentando —en lo medular— que desde el dictado de la sentencia de condena a esa fecha no había transcurrido el plazo máximo de cuatro años conforme el criterio de reducción de pena de la tentativa del citado art. 44 que entendió aplicable, disminuyendo en un tercio el máximo y en la mitad el mínimo de la pena correspondiente al delito consumado. Citó el plenario "Villarino" de la por entonces Cámara Nacional de Casación Penal.
III.7. El tribunal de juicio, a través del pronunciamiento del 7 de marzo de 2022, resolvió no hacer lugar al planteo de prescripción de la acción penal formulado por la defensa oficial de Ibalo, por compartir en un todo los lineamientos vertidos por la señora fiscal de juicio. Asimismo, decidió suspender la audiencia de cesura hasta tanto esta cuestión preliminar quedase firme.
III.8. Interpuesto recurso de apelación por la defensa, la cámara departamental —por resolución del 3 de mayo de 2022—, lo rechazó con sustento en la doctrina de esta Suprema Corte, en coincidencia con el criterio del juez de grado.
III.9. Frente a lo así decidido, la defensa interpuso recurso de casación, que fue declarado inadmisible por la Sala I del Tribunal de Casación Penal, aunque —como se indicó en los antecedentes— los jueces ingresaron en el fondo de la cuestión, expresando que la discusión acerca del criterio de reducción de la pena de la tentativa había sido zanjada por esta Corte adscribiendo a la postura de que debe graduarse entre la mitad del mínimo y las dos terceras partes del máximo de la sanción correspondiente al delito consumado (v. resol. de 31-VIII-2022).
IV. El recurso procede.
En efecto, tal como lo puso de manifiesto el tribunal intermedio en el pronunciamiento que motivó la interposición del presente recurso y conforme tiene dicho esta Suprema Corte en numerosos precedentes, tratándose en la especie del delito de robo simple en su forma tentada, la prescripción de la acción debe operar atendiendo a la reducción del art. 44 del Código Penal (conf. causa P. 66.450, sent. de 20-X-1998), y esa reducción actúa disminuyendo a la mitad el mínimo legal de la escala y en las dos terceras partes el máximo de la misma (conf. causas P. 52.985, sent. de 11-VI-1998; P. 56.902, sent. de 13-IX-2000 y P. 66.003, sent. de 28-VIII-2002; e.o). Por tanto, llevando a cabo la reducción de acuerdo con las reglas aludidas, el plazo para tener en cuenta para el tipo penal actuado es de cuatro años (art. 62 inc. 2, Cód. cit.).
V. Dicho esto, el pedido extintivo de la acción progresa, por los siguientes argumentos.
Si bien la cuestión de la prescripción ha sido discutida en estos autos desde las instancias previas, conviene recordar que es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, opera de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; e.o.).
Y ello debe ser resuelto por esta Corte, aun en el estrecho marco de su competencia extraordinaria, cuando se encuentren verificados todos los requisitos positivos y negativos que establece la ley para su procedencia, a efectos de evitar la continuación de un juicio innecesario (conf. Fallos: 186:396 y 318:2481). Estos son: 1) el transcurso del plazo pertinente (art. 62, Cód. Penal) y 2) la inexistencia de actos procesales interruptores y la no comisión de un nuevo delito (conf. art. 67, Cód. cit.).
V.1. Luego, conviene recordar que en las causas P. 131.745, "Villafañe" (sent. de 21-VII-2020) y P. 132.525, "Godoy" (sent. de 23-VII-2020), a cuyos términos me remito en su totalidad, esta Suprema Corte aplicó la doctrina del fallo "Farina, Haydée s/ homicidio culposo" de la Corte federal (sent. de 26-XII-2019) en lo que respecta a la interpretación que debe darse al art. 67 inc. "e" del Código Penal, puntualmente, en el sentido de considerar que el último acto interruptivo de la prescripción al que se alude en esa norma es únicamente "el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme".
Aquí también esta Corte debe adoptar los lineamientos sentados por el Máximo Tribunal nacional en el mencionado precedente (conf. mis votos en causas P. 133.384, sent. de 24-IX-2021; P. 134.184, sent. de 7-VI-2022; P. 133.969, sent. de 3-XI-2022; e.o.). Así, resulta que el último acto con capacidad interruptiva es la sentencia de condena dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 5 de La Plata el 17 de diciembre de 2018, y desde esa fecha transcurrió con exceso el máximo de duración de la pena correspondiente al delito de robo simple en grado de tentativa atendiendo a la reducción del art. 44 del Código Penal —cuatro años— (arts. 62 inc. 2, 67, 42 y 164, todos del Cód. Penal).
Y si bien de los informes de antecedentes del Registro Nacional de Reincidencia y de la Dirección Registro de Antecedentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se desprende que Ibalo habría cometido un nuevo delito el 10 de marzo de 2024, a esa fecha el plazo de prescripción antes indicado ya estaba cumplido, con lo cual, tampoco se ha configurado la causal interruptiva prevista en el art. 67 inc. "a" del Código Penal.
V.2. Por lo expuesto, habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción de la acción penal, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y declarar la extinción de la acción penal en orden al delito de robo simple en grado de tentativa por el que Carlos Augusto Ibalo fue condenado (arts. 42, 44, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 y 164, Cód. Penal).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres en cuanto a que la prescripción de la acción debe operar atendiendo a la reducción del art. 44 del Código Penal (conf. causa P. 66.450, sent. de 20-X-1998), y esa reducción actúa disminuyendo a la mitad el mínimo legal de la escala y en las dos terceras partes el máximo de la misma (conf. causas P. 52.985, sent. de 11-VI-1998; P. 56.902, sent. de 13-IX-2000 y P. 66.003, sent. de 28-VIII-2002; e.o). Por tanto, según las reglas aludidas, el plazo para tener en cuenta es de cuatro años (art. 62 inc. 2, Cód. cit.).
De allí que efectivamente, desde la sentencia de condena dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 5 de La Plata el 17 de diciembre de 2018, se encuentra abastecido el transcurso del tiempo determinante de la prescripción previo al nuevo delito cometido por Ibalo.
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero a la solución del colega que abre este acuerdo.
Es doctrina consolidada de esta Suprema Corte que "la escala penal de la tentativa tiene como mínimo la mitad del mínimo del delito consumado y como máximo las dos terceras partes del máximo del delito consumado" (cfr., por muchas, causas P. 52.985, sent. de 11-VI-1998; P. 56.902, sent. de 13-IX-2000; P. 66.003, sent. de 28-VIII-2002; P. 73.988, sent. de 16-IV-2008; P. 87.906, sent. de 14-V-2008; P. 87.906, sent. de 14-V-2008 y P. 94.878, sent. de 6-X-2010). De modo que la insistencia de la defensa con la postura que interpreta de otro modo dicha regla no procede.
Además, también ha establecido que, a los fines del cómputo de la prescripción, este debe efectuarse de acuerdo a esa doctrina del Tribunal (cfr. causa P. 73.988, cit.). Es decir, reducir la mitad del mínimo y un tercio del máximo.
De modo tal que, llevando a cabo la reducción de acuerdo con las reglas aludidas, el plazo para tener en cuenta para el tipo penal actuado es de cuatro años (art. 62 inc. 2, Cód. cit.).
Ahora bien, el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, con fecha 17 de diciembre de 2018, dictó sentencia en causa acumulada n° 3557/0680 condenando a Carlos Gonzalo Ibalo a la pena de seis meses de prisión de efectivo cumplimiento y costas, por resultar coautor del delito de robo simple en grado de tentativa, en los términos de los arts. 164 y 42 del Código Penal, por el hecho acaecido el día 31 de enero de 2017.
Esa sentencia fue recurrida y la dictada por el Tribunal de Casación Penal, del 11 de febrero de 2020, en cuanto hizo lugar al remedio de la defensa, casando la sentencia a nivel de la cuarta cuestión del veredicto (pautas de mensuración de la pena) y todo lo que resulte directa derivación de ello, incluyendo la revocación de la condicionalidad de la pena de tres años de prisión y demás consideraciones que surgen del fallo, con reenvío al tribunal de origen para que, con nuevo juez, reedite aquellas cuestiones, incluida la pretendida aplicación de los arts. 27 y 58 del Código Penal, no se trata de una sentencia de condena acorde a doctrina de esta Corte (cfr. doctrina de esta Corte, mutatis mutandis, causa P. 90.959, "Aranda", sent. de 3-IX-2008 y su prole —v.gr.: causa P. 124.813, sent. de 27-II-2019—).
Sentado ello, siendo que desde el último acto computable —la sentencia del 17 de diciembre de 2018— ha transcurrido holgadamente el curso de la prescripción, sin que ningún otro supuesto conduzca a enervar su curso —puesto que de los informes del Registro Nacional de Reincidencia y de la Dirección de Antecedentes Personales de la Provincia de Buenos Aires se desprende que el procesado habría cometido un nuevo delito el 10 de marzo de 2024, por fuera del plazo que aquí interesa— corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y declarar la extinción de la acción penal en orden al delito de robo simple en grado de tentativa por el que Carlos Augusto Ibalo fue condenado (arts. 42, 44, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 y 164, Cód. Penal).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se declara la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de tentativa de robo por el que venía condenado Carlos Augusto Ibalo (conf. arts. 42, 44, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 —según ley 25.990— y 164, Cód. Penal).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/02/2025 10:45:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/02/2025 10:47:07 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2025 18:02:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/02/2025 08:43:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/02/2025 08:52:18 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 18/02/2025 09:50:21 hs. bajo el número RS-22-2025 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia