Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138058
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.058, "D'Gregorio, María Laura E. —Fiscal titular interina de Casación Penal—. Queja en causa n° 119.425 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a Piccirillo, Juan José ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de Azul, mediante resolución de 2 de mayo de 2022, revocó —por mayoría— la elevación a juicio dictada por el Juzgado de Garantías n° 1 departamental, declaró la prescripción de la acción penal de los diversos delitos contra la integridad sexual por los que venía imputado y sobreseyó a Juan José Piccirillo.
Frente a ello, el señor Fiscal General departamental interpuso recurso de casación, que fue rechazado por improcedente por la Sala I del Tribunal de Casación Penal (v. sent. digital de 13-X-2022).
Contra lo así decidido, la señora Fiscal titular interina ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D'Gregorio, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado inadmisible por la Sala recurrida.
Deducida queja por aquella parte, la impugnación fue concedida por esta Suprema Corte (v. resol. de 17-X-2023).
Oído el señor Procurador General, quien se pronunció por la procedencia del reclamo (v. dictamen digital de 9-VIII-2024), presentada la memoria por parte de la defensa oficial (v. presentación digital en 1-XI-2024), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio, la recurrente denuncia apartamiento de la doctrina legal del Máximo Tribunal nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vulneración del principio de supremacía constitucional y errónea aplicación del art. 62 del Código Penal, en contra de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino (arts. 8 y 25, CADH; 4 y 7, Convención de Belém do Pará; 3 y 19, CDN; 1, 2 y 15.2., CEDAW; 18 y 75 inc. 22, Const. nac.).
Sostiene que, de la lectura de lo fallado, los hechos ocurrieron cuando la víctima era una niña en los términos del art. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, circunstancia que, junto con la condición de mujer, la torna particularmente vulnerable. Con ese norte, destaca que la inteligencia que el tribunal revisor le otorgó al art. 62 del Código Penal, se alza contra las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino de investigar con la debida diligencia y sancionar la violencia contra las mujeres, garantizándoles el acceso a procedimientos legales justos y eficaces, así como la tutela judicial, continua y efectiva. Ello debido a la vigencia de esas obligaciones al momento en que acaecieron los hechos de autos -entre los años 2001 y 2006—, hasta el momento de la denuncia efectuada en el año 2021 y se mantienen incólumes hasta la actualidad.
Refiere que las obligaciones asumidas por el Estado argentino, tanto en cuanto integran el bloque constitucional o supralegal, tenían plena vigencia con anterioridad a la fecha en donde comenzaron a suceder los hechos aquí juzgados. Por lo tanto, sostiene, una norma de inferior jerarquía —como lo es el art. 62 del Código Penal— no puede ser invocada para justificar su incumplimiento (art. 27, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).
Destaca que en estas actuaciones en ningún momento medió renuncia, desinterés ni mora en investigar por parte de aquellos a quien la ley confiere tal potestad. Resaltó el especial contexto en el cual sucedieron los hechos y el alto nivel de vulnerabilidad de la víctima.
Afirma que no puede ignorarse que el suceso por el cual se investiga a Piccirillo se encuentra alcanzado por las previsiones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belém do Pará", que entró en vigor el 3-V-1995). A su vez, agregó que debe atenderse —conjuntamente— al interés superior del niño (conforme la Convención sobre los Derechos del Niño).
Por eso explica que no es en función de las reformas introducidas al instituto de la prescripción a partir de las leyes 26.705 y 27.206 que peticiona en el sentido indicado, en tanto no resultan de aplicación a hechos que, como el presente, tuvieron lugar con anterioridad a su entrada en vigencia.
Refiere que el instituto de la prescripción hace operativo el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un plazo razonable, pero una vez que se ha iniciado un proceso penal en su contra, claramente no se puede extender en el tiempo de manera indefinida, y debe estar sujeto a un determinado período. Que este derecho que tienen todas las personas, también es una obligación del Estado, que asumió a través de los distintos tratados internacionales, pues el estar sometido a proceso de manera extendida en el tiempo afecta claramente la dignidad y la salud de la persona imputada.
Finalmente, señala que, de ninguna manera, el paso del tiempo sin que la víctima haya puesto de manifiesto la situación que padecía por encontrarse condicionada por el contexto familiar en el cual se desarrollaron los hechos (Piccirillo era el padrastro, padre asimismo de sus hermanas menores), o no encontrarse preparada emocional o psicológicamente para expresar públicamente ello, tiene relación con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, sino claramente con el derecho de acceso a la justicia.
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al reclamo (v. dictamen digital).
III. Por su parte, la señora defensora oficial adjunta interinamente a cargo por ante el Tribunal de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, presentó la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal y solicitó que se aplique la doctrina sentada en las causas P. 132.967; P. 134.019; P. 134.630 y P. 135.109; a la vez que resaltó el derecho de su asistido a obtener un pronunciamiento que ponga fin al proceso del modo más breve posible (conf. precedentes CSJN Fallos: 272:188 "Mattei").
IV. Para dar fundamento a la solución que propicio es menester efectuar un breve repaso de las circunstancias relevantes de la causa.
IV.1. La Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Azul, por mayoría, hizo lugar al recurso de la especialidad interpuesto por la defensa oficial; revocó la elevación a juicio dictada por el Juzgado de Garantías respecto de Juan José Piccirillo, por considerarlo prima facie autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y gravemente ultrajante, agravado por ser cometido contra una persona menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia y por quien resultaba ser encargado de la guarda (Hecho I); abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo y por ser cometido por encargado de la guarda (Hecho II); abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo y por ser cometido por el encargado de la guarda en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo y por ser cometido por encargado de la guarda, reiterados, (Hecho III); abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo y por ser cometido por encargado de la guarda educación reiterado, (Hecho IV); y, abuso sexual reiterado con acceso carnal agravado por ser cometido contra menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo y por ser cometido por encargado de la guarda educación (Hecho V); declaró prescripta la acción penal de los sucesos que se le endilgan; y sobreseyó al nombrado de acuerdo a lo normado por el art. 323 inc. 1 del Código Procesal Penal (v. resol digital de 2-V-2022).
Para así fallar indicó que el Ministerio Público Fiscal fijó las materialidades delictivas investigadas en autos, a través del llamado al causante a prestar declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal y que en dicha oportunidad, circunscribió los despliegues objeto de imputación, de la siguiente manera: HECHO I: "En fecha no precisa, pero en la época estival del año 2001 y antes del mes de junio de dicho año, encontrándose Piccirillo Juan José, en su morada sita en calle Neuquén Nro. 315 de San Carlos de Bolívar, y valiéndose de la situación de convivencia con la menor M.A.R. de 12 años de edad, hija de su pareja Mónica Graciela Izquierdo, en horas de la noche, mientras su pareja se ausentaba a trabajar, habiendo llevado un televisor a la habitación de la menor M.A. la determinó y condicionó a que observara sentada a su lado en la cama una película que contenía imágenes explicitas de sexo, de inclinación pornográfica e inadecuada para el desarrollo de la menor, procediendo a abusarla sexualmente aprovechándose de que la menor no podía consentir libremente la acción, realizándole tocamientos con sus manos en la vagina por debajo de su ropa interior, luego de lo cual previo pararse delante de la menor manifestándole 'te voy a enseñar algo', extrajo su miembro viril y tomándola de la nuca se lo introdujo en su boca para luego el encartado retirarse de la vivienda".
HECHO II: "Que, en fecha no precisa, pero durante la estación de verano del año 2002, en horas de la tarde, en oportunidad en que Piccirillo Juan José se encontraba en su morada sita en calle Neuquén Nro. 315 de la ciudad de San Carlos de Bolívar, valiéndose de la situación de convivencia con la menor M.A.R., de 13 años de edad, hija de su pareja Mónica Graciela Izquierdo, y mientras la menor pernotaba boca arriba en la cama de la habitación matrimonial, éste la sorprendió acostándose sobre su cuerpo, y a la par de que le manifestaba 'quedáte quieta', ejerció violencia sobre la misma separándole sus piernas con un mano mientras que con la otra impidió que la niña pudiera pedir auxilio tapándole la boca, y abusó sexualmente de ésta accediéndola carnalmente, introduciéndole su miembro viril en la vagina, aprovechándose de que la menor no podía consentir libremente la acción".
HECHO III: "Que, en fecha no precisa, pero entre el año 2002 a 2003, en horas de la tarde durante la siesta, en la morada sita en de calle Neuquén Nro. 315 de la ciudad de San Carlos de Bolívar, Piccirillo Juan José valiéndose de la situación de convivencia con la menor M.A.R., entre sus 14 y 15 años de edad, hija de su pareja Mónica Graciela Izquierdo, en oportunidad en que la menor se encontraba durmiendo en la cama matrimonial, la giró colocándola de espalda al mismo y previó inmovilizarla con sus brazos, a pesar de la resistencia seria de esta, quien le refería 'no quiero, me duele', aprovechando de que la menor no podía consentir libremente la acción, abusó sexualmente de la misma introduciéndole su miembro viril en el ano. Que, en fecha no precisa, pero entre el año 2002 a 2003, en horas de la tarde durante la sienta, en la morada sita en de calle Neuquén Nro. 315 de la ciudad de San Carlos de Bolívar, Piccirillo Juan José valiéndose de la situación de convivencia con la menor M.A.R., entre sus 14 y 15 años de edad, la hija de su pareja Mónica Graciela Izquierdo, en oportunidad en que la menor se encontraba durmiendo la siesta la giraba colocándola de espalda al mismo y aprovechando de que la menor no podía consentir libremente la acción, abusaba sexualmente de la misma introduciéndole su miembro viril en el ano, habiéndose reiterado los abusos durante dicho período".
HECHO IV: "Que en fecha no precisa, pero al menos entre el año 2004 a 2005, en horas del atardecer, Piccirillo Juan José, valiéndose de la situación de convivencia con la menor M.A.R., entre sus 16 y 17 años de edad, hija de su pareja Mónica Graciela Izquierdo, valiéndose de la oportunidad de enseñarle a manejar, se retiraba a solas con ella abordo de la camioneta F100 color amarilla cabina simple y/o una camioneta Toyota Hilux blanca doble cabina, conduciendo hacia una zona descampada en dirección a la Ruta 65 a la altura [...] de calle Adolfo Cancio, es que previo detener la camioneta, aprovechando de que la menor no podía consentir libremente la acción, le bajó sus pantalones y ropa interior y la abusó sexualmente, accediéndola carnalmente introduciéndole su miembro viril en la vagina. Habiéndose en igual período y condiciones de tiempo, reiterados los abusos sexuales por parte de PICCIRILLO en zonas descampadas cercanas a la Ruta Nro. 65, en las ocasiones en que refería enseñarle a conducir".
HECHO V: "Que en fecha no precisa pero durante el año 2004 al 2006, en horas de la tarde cuando la menor M.A.R., entre sus 16 años hasta alcanzar los 18 años de edad, salía de la Escuela, es que en oportunidad en que se encontraba colaborando en la imprenta de su progenitora Mónica Graciela Izquierdo, sita en calle Moreno Nro. 98 de la ciudad de San Carlos de Bolívar, Piccirillo Juan José pareja de Izquierdo con quien convivía al igual que con la menor, valiéndose de que se quedaban a solas en la imprenta con esta, la abusaba sexualmente aprovechando que esta no podía consentir libremente la acción, y colocándola entre dos máquinas de imprenta, le bajaba los pantalones y la ropa interior y la accedía carnalmente introduciéndole su miembro viril en su cavidad vaginal, habiéndose reiterado dichos actos de abuso durante ese período al menos una vez por semana".
Consideró que, a la fecha de la presunta comisión de los hechos, la ley material no contenía previsiones que habilitaran la suspensión del ejercicio de la acción de los delitos contra la integridad sexual durante la minoría de edad de la víctima, por lo que se debía tomar como plazo de prescripción el máximo previsto en el art. 62 del Código Penal, esto es 12 años, el cual comenzó a computarse desde la medianoche del día en que el delito cesó de cometerse (art. 63, Cód. Penal).
Valoró que, desde el último hecho (con fecha no precisa, pero durante el año 2006) hasta el primer acto con capacidad interruptiva (el llamado a prestar declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal, el día 12-VIII-2021), transcurrió un plazo superior al previsto por el art. 62 inc. 2 del Código de fondo.
IV.2 Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de casación la fiscalía departamental.
IV.3 La Sala I del Tribunal de Casación de Penal rechazó el recurso homónimo.
Luego de reseñar los antecedentes de autos, indicó que la pretensión se circunscribe a determinar si las leyes 26.705 y 27.206 modificatorias del Código Penal, dictadas con posterioridad a los hechos denunciados, resultan de aplicación retroactiva, dejando de lado el régimen de prescripción que se encontraba vigente al momento de la presunta comisión de los hechos.
Así, el magistrado ponente (el doctor Maidana, que concitó la adhesión simple del doctor Carral), destacó que el núcleo de la cuestión ya había sido materia de análisis en la causa n° 97.344, "Ruvituso" (sent. de 26-XII-2019, reg. 1.273/19), reiterado en "Jimenez" (causa c. 105.657, 29-XII-2020) y "Roldán" (causa c. 107.320, 17-V-2021), en línea con lo resuelto por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala III, el 17 de marzo de 2022, en la causa CCC 34.071/2019/TO1/CNC1 "Cavallotti", y antes el 18 de diciembre de 2018 en "Funicelli" (reg. n° 1.643/18), siguiendo el criterio jurisprudencial fijado por la Corte federal en "Funes" (causa F.294. XLVII, rta. 14-X-2014).
De conformidad con los parámetros reseñados en los precedentes citados, no vislumbró razones de excepción del principio de legalidad (art. 18, Const. nac.).
Destacó que el principio de irretroactividad de la ley penal, sólo podría ser exceptuado por la aplicación de una ley más benigna, de conformidad con el art. 2 del Código Penal.
Aseveró que corresponde la aplicación del régimen vigente al momento de la comisión de los hechos y declarar extinguida la acción penal por prescripción de los hechos endilgados.
Por otro lado, y por fuera de los límites del recurso, sin emitir opinión sobre el fondo del asunto, estimó que podía resultar necesario evaluar si las circunstancias de este caso eran asimilables a los antecedentes donde la Corte nacional, siguiendo el dictamen de la Procuración General, sostuvo la prescripción de la acción penal pero al mismo tiempo señaló que no se podía desatender la obligación del Estado de "...asegurar el derecho a conocer la verdad de los hechos" (CSJN causa F.294.XLVII "Funes", rta. 14-X-2014).
V. Luego de haber expuesto todos los pasos procesales y los fundamentos referidos en el pronunciamiento puesto en crisis, estimo que el planteo de la acusación —a mi juicio— debe ser desestimado por insuficiente (conf. en lo pertinente, causas P. 132.967 y P. 133.029, sents. de 30-VIII-2021; P. 134.630 y P. 134.879, sents. de 23-XII-2021; P. 133.198, sent. de 28-XII-2021; P. 135.659, sent. de 24-V-2023 y P. 137.584, sent. de 27-V-2024; art. 495, CPP).
V.1. Las denuncias de arbitrariedad por fundamentación aparente y de violación de los arts. 19 y 3 inc. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 4 inc. "g" y 7 incs. "b", "c" y "f" de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y 8 inc. 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden prosperar (conf. art. 495, cit.).
Cabe recordar que —tal como lo puso de manifiesto el Tribunal de Casación Penal— y, conforme tiene dicho esta Suprema Corte en numerosos precedentes, las leyes que regulan la prescripción de las acciones penales están alcanzadas por el principio de legalidad (conf. arts. 18, Const. nac.; 9, CADH; 15.1., PIDCP y 2, Cód. Penal; causa P. 118.546, sent. de 6-V-2015, entre muchas otras, con especial sustento en arraigada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de los precedentes "Mirás" —Fallos: 287:76—, especialmente, cons. 6° y 7°; "Arancibia Clavel" —Fallos: 327:3312—; e. o.).
A su vez, el Tribunal de Alzada, remitió a lo resuelto en el precedente n° 97.344, "Ruvituso, Omar Luis s/ recurso de casación" (sent. de 26-XII-2019, reg. 1.273/19), donde, en una controversia normativa similar a la aquí planteada, se resolvió que en el caso mediante el cual se persigue penalmente un delito común, no se vislumbran razones para excepcionar el principio de legalidad (art. 18, Const. nac.), el que solo cede frente a la aplicación de una ley más benigna para el imputado, de conformidad con el art. 2 del Código Penal.
Frente a ello la parte insiste —dogmáticamente— en hacer hincapié en la responsabilidad internacional del Estado, pero no repara ni aborda la colisión de derechos puesta de manifiesto por el sentenciante, todo lo cual pone en evidencia la insuficiencia del reclamo, al desentenderse de ese particular fundamento (art. 495, cit.).
V.2. Tampoco explica los motivos por los cuales el Estado habría incumplido los deberes que emergen de los arts. 4 inc. "g" y 7 incs. "b", "c" y "f" de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Y, en lo que atañe a la afectación del derecho a un recurso sencillo y rápido ante tribunales competentes (conf. art. 4 inc. "g", cit.), cuál sería la atingencia siendo que, por el contrario, la problemática que plantea este caso radic
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