Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132771
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.771, "Ojeda Rodolfo Adrián, s/Queja en causa nº 12.712 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 18 de marzo de 2010, hizo lugar a los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y el particular damnificado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Morón que, en lo que interesa destacar -por mayoría- había dictado veredicto absolutorio respecto de Rodolfo Adrián Ojeda en orden al delito de robo agravado por el uso de armas y homicidio criminis causae . En consecuencia, lo condenó a prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito previsto en el art. 80 inc. 7 del Código Penal (v. fs. 119/128).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial ante la aludida instancia dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 139/175 vta., registrado como causa P. 111.748).
Esta Suprema Corte, el 18-X-2015, por aplicación del mecanismo revisor sentado in re "Carrascosa" (causa P. 108.199, resol. de 24-VI-2015), dispuso remitir la causa a la Presidencia del Tribunal de Casación Penal para que desinsacule los jueces hábiles integrantes de la nueva Sala que, de acuerdo a los lineamientos trazados en dicha resolución, efectúen la revisión integral de la sentencia de condena (v. fs. 198/200 vta.).
En virtud del reenvío ordenado por este Tribunal, el aludido defensor oficial dedujo recurso de casación (v. fs. 226/251 vta.).
La Sala III del Tribunal de Casación Penal -con otra integración- merced al pronunciamiento del 3 de abril de 2018, hizo lugar al recurso interpuesto, casó parcialmente el fallo emitido a nivel de la calificación legal, condenó al nombrado Ojeda como autor de delito de homicidio en ocasión de robo (art. 165, Cód. Penal) y dispuso remitir las actuaciones a su inferior a fin de que se realice a la brevedad la cesura del juicio (v. fs. 262/277 vta.).
A consecuencia de ello, el 14 de noviembre del mismo año, el Tribunal en lo Criminal n° 3 departamental -también en lo que aquí interesa- condenó a Ojeda a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, por su autoría en el delito indicado -art. 165 del Código Penal- (v. fs. 316/320 vta.).
Lo así decidido motivó la deducción de un nuevo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 325/341 vta.), el que habiendo sido declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 342/345), motivó la deducción de queja ante esta Suprema Corte (v. fs. 516/522 vta.). Por resolución del 27 de abril de 2020, este Tribunal la admitió y concedió la vía extraordinaria incoada (v. fs. 523/526).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 538/546 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 548), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor oficial interpuso recurso de inaplicabilidad de ley en el que formuló dos agravios.
I.1. En primer lugar, denunció la violación del plazo razonable de duración del proceso (arts. 8.1, CADH y 15, Const. prov.; v. fs. 329).
Luego de reseñar sucintamente los argumentos brindados por el Tribunal casatorio para descartar idéntico planteo al ahora traído, adelantó que se ocuparía de cada uno de ellos separadamente (v. fs. 329 y vta.).
I.1.a. Con relación a la demora en la constitución de la Sala revisora del veredicto absolutorio, alegó que "...yerra el Tribunal de Casación cuando adjudica razonabilidad al tiempo insumido en el proceso de integración del Tribunal" (fs. 329 vta.).
Consideró que más allá de las circunstancias presentadas entre la radicación de las actuaciones ante el Tribunal de Casación el 3 de febrero de 2003 y el dictado de la sentencia el 18 de marzo de 2010 -que reseñó- "...no se explica cuales han sido las dificultades que han tenido cada uno de los Magistrados intervinientes en elaborar su voto y cuales fueron los motivos de que no se hayan expedido previo a la devolución de la causa" (fs. 330 vta.).
I.1.b. En cuanto a la paralización del proceso por la declaración de rebeldía del imputado, adujo que la sola referencia a dicha circunstancia sin un análisis conglobado del tema, llevó al órgano revisor a realizar apreciaciones arbitrarias.
En ese discurrir, señaló que Ojeda había sido absuelto en diciembre de 2002 y excarcelado el 14 de enero de 2003 por haber agotado la pena en el delito de robo simple, tiempo durante el cual formó una familia y desarrolló su vida sin conflicto con la ley penal, y que en la ocasión de comparecer ante el Tribunal Criminal -en la cesura de juicio actual- destacó que si bien se mudó del barrio para alejarse de las malas juntas, en su DNI figuraba su nuevo domicilio y que desde el año 2008 se encontraba trabajando en blanco (v. fs. 331).
Agregó que la diligencia de notificación se limitó a intentar ubicarlo en el domicilio constituido siete años antes y que no se realizaron otras medidas que puedan erigirse como prueba de un real intento de evasión del nombrado, siendo que además en lo referente a su localización fue notificado al entonces defensor particular cuando el nombrado era asistido por la defensa oficial (v. fs. 331 vta.).
Expresó que en oportunidad de expedirse la Sala V del Tribunal de Casación -contra una denegatoria de morigeración de la prisión preventiva- indicó que para considerar a la declaración de rebeldía como indicio de peligro de fuga debían tenerse en cuenta las fechas de la absolución y excarcelación antes mencionadas, lo cual pudo llevar a Ojeda a considerar que no le quedaban obligaciones pendientes con la justicia (v. fs. 331 vta. y 332).
I.1.c. Finalmente, respecto de la complejidad del caso, afirmó que "...la necesidad de contar con las actuaciones" en la instancia del recurso de casación nada predica respecto de ese tópico (v. fs. 332 vta.).
Explicó que "...más allá de que la cuestión quedara circunscripta -para el tribunal- a la valoración de la declaración de los testigos presenciales, otorgadas durante el debate, el análisis requería acudir a las actuaciones de la investigación penal preparatoria para comprender su alcance" (fs. 332 vta. y 333).
Consideró que la dilación se ha producido en las instancias de revisión por cuestiones ajenas a su asistido y que las circunstancias consideradas para justificar la razonabilidad del plazo de duración del proceso no se corresponden con las constancias de la causa, solicitando se declare la extinción de la acción penal por prescripción por exceso del plazo razonable del proceso (v. fs. 333 y vta.).
I.2. En subsidio, se agravió de la afectación a la garantía de revisión amplia e integral del fallo condenatorio (v. fs. 335 vta.).
Adujo que el tribunal revisor se desentendió de las críticas formuladas en el recurso deducido, limitándose a ratificar la sentencia de condena mediante la aprobación del juicio efectuado por el sentenciante (v. fs. cit.).
Para dar cuenta de ello, transcribió textualmente ciertos párrafos de los planteos que había llevado ante la instancia revisora, que -en lo esencial- refieren a que se había examinado de manera parcial el voto de la señora jueza Lafourcade -miembro del tribunal de mérito-, acotándolo a la declaración testimonial y reconocimiento del acusado durante el debate por parte de Juan Manuel López Castro, para dar por inválido el veredicto bajo el argumento genérico de un quiebre en el razonamiento (v. fs. cit. y vta.). Que la defensa había señalado que no era difícil interpretar lo que concluyó el voto de la mayoría en la instancia departamental, más allá de haber considerado creíble el testimonio de López Castro en cuanto a las explicaciones que brindara sobre el no reconocimiento en rueda, sin que su credibilidad como testigo resulte suficiente para afirmar la presencia de Ojeda en los hechos (v. fs. 336 vta. y 337). En su parecer, al basarse la condena en la ponderación de un reconocimiento efectuado durante la audiencia de debate, se inmiscuye en cuestiones propias derivadas de la inmediación como lo es la percepción de los testigos, sin siquiera ensayar una crítica sobre las demás constancias probatorias (v. fs. 337). Por último, el cuestionamiento al voto en minoría porque los datos incidentales que valoraba -la modalidad operativa con que el hecho fue consumado, la pertenencia de Ojeda en el lugar, la asociación de su nombre al de "Taguichi", su actitud posterior al hecho y el actuar conjunto en el otro delito investigado- no resultaban suficientes a tal fin (v. fs. 338).
En suma, destacó que el órgano revisor incurrió en una errónea revisión al no dar cuenta de los agravios de la defensa y reducir la crítica a la validez o no de los reconocimientos efectuados por López Castro y Panzini en función del principio de inmediación (v. fs. 338 vta. y 339).
Complementó lo anterior con referencias de carácter general al derecho al recurso y a una revisión integral de la condena, con cita de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los Fallos: 328:3399, "Casal"; 328:3741, "Martínez Areco"; C.927.XLIV, "Carrera", sent. de 5-VI-2012; así como lo resuelto en la causa P. 127.396 de esta Suprema Corte, entre otras (v. fs. 339/341).
II. Coincido con el dictamen de la Procuración General en que el recurso no es procedente.
III.1.a. El cuestionamiento vinculado a la violación de la garantía de plazo razonable, no es de recibo.
El suceso que viene inconmovible ante esta instancia da cuenta que "...el día 10 de octubre de 1999, cuanto menos dos sujetos varones armados, interceptaron el paso de un vehículo que circulaba por la calle Marconi con cuatro personas del mismo sexo a bordo, obligando al conductor a detener el vehículo en las inmediaciones del cruce con Orense de la localidad de El Palomar, partido de Morón, y en tanto uno de los sujetos mencionados se ubica en el lateral derecho del rodado, desapoderando a quienes se hallaban ubicados en esa posición de efectos personales, el restante, al no poder cumplir con su parte del plan de apropiación, descerraja un disparo con el arma que portaba, que impacta en la humanidad del conductor en el flanco izquierdo abdominal [...] lo que provoca una severa hemorragia intraabdominal y consecuentemente [...] su óbito" (fs. 16).
En oportunidad de efectuar la revisión integral del fallo de condena dispuesta por esta Suprema Corte (v. fs. 198/200 vta.), la Sala III en su segunda intervención desestimó -en cuanto aquí interesa- el planteo sobre la violación de la garantía del plazo razonable en la tramitación de todo el proceso.
Comenzó señalando que ante la ausencia en nuestro ordenamiento jurídico de una regla preceptiva de un límite temporal exacto para la duración del proceso penal, predomina la llamada "teoría de la ponderación" según la cual no es posible fijar dicho plazo en abstracto sino que los jueces deben evaluar, caso a caso si la prolongación de todo el trámite ha sido o no prudencial, teniendo en cuenta la magnitud del retraso, sus motivaciones, el perjuicio ocasionado, el comportamiento del imputado, el de las autoridades, entre otros criterios (v. fs. 266 vta. y 267).
Sentado lo anterior, efectuó un repaso de los hitos relevantes del caso a partir del hecho del 10 de octubre de 1999, que comprendió el acta de debate, la sentencia absolutoria, la resolución que admitió los recursos de casación y las memorias respectivas, hasta que finalmente la Sala III de dicho tribunal dictó sentencia condenatoria el 18 de marzo 2010, debido a la renuncia del juez Ursi y posterior designación del magistrado Natiello el 12 de agosto de 2008, como nuevo integrante de dicha Sala (v. fs. 267 y vta.)
Explicó que "...los cambios estructurales propios de la administración de justicia, inevitablemente dilataron la resolución correspondiente, observándose también que, a lo largo del tiempo transcurrido, se fueron cumpliendo con los distintos actos procesales necesarios para la integración debida del Tribunal que debía revisar el fallo cuestionado por los acusadores (Ministerio Público Fiscal y Particular Damnificado)" (fs. 267 vta.).
También ponderó que el 22 de septiembre de 2014 se dejó sin efecto el auto de rebeldía y captura ordenado luego de la revocación de la excarcelación de fecha 21 de mayo de 2010, que le había sido oportunamente concedida al encartado, de lo que se deduce que, al menos durante ese lapso transcurrido entre las mencionadas fechas -poco más de 4 años-, Rodolfo Adrián Ojeda no estuvo a disposición de la justicia, dilación que lógicamente era imputable a su conducta (v. fs. 267 vta. y 268).
A ello sumó que al decidir, el 18 de noviembre de 2015, esta Suprema Corte la remisión a la sede casatoria a fin de llevar a cabo la revisión integral de la sentencia de condena (v. fs. 268), fue necesaria la nueva integración de la Sala revisora (v. fs. 218 y sigs.), trámite que una vez concluido, no implicó el pase de los autos para resolver, pues el defensor de esta Sede -en función de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires- solicitó "...nueva vista de las actuaciones, con los principales, incidentes y agregados" (fs. 219), lo que así fue materializado, dando ello cuenta de la complejidad del caso (v. fs. 268 vta.).
Por último, luego de reiterar la parte del tiempo insumido en la tramitación con motivo de la aludida vacancia por renuncia del tribunal, concluyó que "...mal puede reprochársele al Estado una dilación 'indebida' si la circunstancia sobreviniente demandó forzosamente realizar los actos procesales tendientes a tal fin", máxime si a ello se adiciona que el acusado estuvo en rebeldía durante casi cuatro años, lo que importó la suspensión del procedimiento, sin que la defensa haga pie en ese tópico decisivo para definir la suerte adversa de este primer motivo de agravio (v. fs. 268 vta. y 269).
III.1.b. Frente a los fundamentos desarrollados en el fallo, contrarios a la solución pretendida, la defensa se atuvo a exponer su opinión divergente sin hacerse cargo del contenido resolutivo de esa parcela de la sentencia, por lo que media insuficiencia (art. 495, CPP).
Así, la falta de diligencia debida por parte de las autoridades judiciales no puede deducirse, como parece resultar del razonamiento de la parte, del mero transcurso del tiempo, lo que conllevaría una responsabilidad objetiva. No obstante, tampoco se encarga de rebatir el argumento relativo a que no puede reprochársele al Estado una dilación "indebida" si dada la vacancia producida en el tribunal revisor, dicha circunstancia sobreviniente demandó forzosamente los actos procesales tendientes a su conformación.
Por lo demás, las consideraciones efectuadas por la parte en torno a la paralización del proceso por la declaración de rebeldía del imputado se revelan como meramente conjeturales y, por ende, ineficaces para contrarrestar la fundamentación esgrimida por el a quo. Además, desatienden la verdadera situación procesal de Ojeda, a la luz de las constancias certificadas obrantes a fs. 553/558.
En definitiva, el recurrente dejó sin adecuado análisis los diversos parámetros que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir la aplicación al caso de la garantía invocada, en particular el correspondiente a la gravedad del hecho, y la conducta procesal del propio interesado, incurriendo así en insuficiencia (doctr. art. 495 cit.; conf. causas P. 98.415, sent. de 5-XII-2007; P. 94.140, sent. de 20-VI-2007; P. 119.025, sent. de 24-II-2016; P. 129.350, sent. de 14-IV-2019; e.o.).
Por lo demás, cabe poner de resalto que la "teoría de la ponderación" aplicada por el a quo , así ha sido interpretada en el ámbito supranacional por los organismos interamericanos de aplicación, quienes tomando como fuente las decisiones de los órganos europeos de derechos humanos, han considerado que el plazo razonable no puede fijarse en abstracto sino que requiere un examen de las circunstancias particulares de cada supuesto.
Sobre tal base, y con invocación de precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha sostenido en el caso "Suárez Rosero" (sent. de 12-XI-1997, con cita de los casos del Tribunal Europeo: "Motta", sent. de 19-II-1991 y "Ruiz Mateos", sent. de 23-VI-1993) que para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso deben tomarse en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales; aunque también corresponde reparar en el perjuicio o afectación actual que la alongación del proceso implica para la situación jurídica del individuo, así como la gravedad del suceso atribuido (conf. causas P. 70.200, sent. de 27-VIII-2008 y P. 88.303, sent. de 25-III-2009).
A ellos se ha sumado la consideración de la gravedad del hecho, dato que -como se adelantó- la defensa ha ignorado de modo absoluto, y que junto con el relativo a la paralización por cuatro años producto de la rebeldía del propio imputado, en razón de las circunstancias que surgen de la certificación agregada a la causa, y sin que tampoco nada en particular argumente sobre el perjuicio o afectación actual para su situación jurídica, determina la insuficiencia de su reclamo (art. 495, CPP; causas P. 124.343, sent. de 27-XII-2017; en el mismo sentido: causas P. 102.196, sent. de 14-XI-2012; P. 117.341, sent. de 1-IV-2015; P. 121.528, sent. de 27-IX-2017; e.o.).
A todo evento -tal como lo advierte el señor Procurador General en su dictamen- cabe señalar que en ocasión de la cesura del juicio el tribunal en lo criminal ponderó como pauta atenuante de la pena el excesivo tiempo transcurrido desde el inicio de la presente causa hasta la fecha sin haber recaído sentencia firme, a tono con doctrina de esta Corte (conf. P. 88.303, sent. de 25-III-2009; P. 110.833, sent. de 4-V-2011, e.o.). Es decir, que el alongado tiempo insumido en la tramitación de esta causa tuvo, aunque en ese concreto ámbito, una solución diferencial en favor del reclamante (v. fs. 319 in fine ).
III.2. El segundo de los planteos tampoco progresa.
En el caso, la decisión del a quo cumple con los estándares emergentes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal", y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncian, en tanto abordó y se expidió respecto a los agravios que habían sido llevados a su conocimiento relativos a la acreditación de la autoría de Ojeda en el hecho.
III.2.a. El a quo , por intermedio del voto inaugural del doctor Maidana, que concitó la adhesión simple del doctor Mancini, efectuó inicialmente un repaso de los argumentos que llevaron a la Sala III -en su primer pronunciamiento- a justificar ese aspecto de la imputación.
En ese discurrir, dijo que el punto controversial sobre el que versaba principalmente el recurso era el reconocimiento que hiciera Juan Manuel López Castro de la persona del imputado en la audiencia de debate. Explicó que los magistrados de dicha Sala entendieron que la sindicación efectuada por la mencionada víctima frente a los jueces de mérito, y con la presencia y control de la defensa, resultó una prueba "sincera" y "contundente" a los fines de acreditar la intervención autoral de Ojeda (v. fs. 271 y vta.).
Reparó que, a la vez, dicho tribunal consideró el reconocimiento de Panzini como elemento que reforzó lo anterior. Pues, más allá del alcance de la diligencia de reconocimiento
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