Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138743
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Flavia Elizabeth Rodríguez, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.743-Q, "Rodríguez, Flavia Elizabeth s/ Queja en causa n° 120.070 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de Morón, por sentencia del 30 de junio de 2022, condenó a Flavia Elizabeth Rodríguez a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, con más la declaración de reincidencia, por encontrarla coautora penalmente responsable del delito de robo agravado por su comisión mediante el empleo de arma de fuego (arts. 40, 41, 45, 50 y 166 inc. 2 segundo párrafo, Cód. Penal).
La defensa oficial interpuso recurso de casación en favor de Rodríguez y, merced al pronunciamiento del día 7 de diciembre de 2022, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, tras expedirse sobre los agravios formulados, lo rechazó por improcedente.
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 2-II-2023), que fue declarado inadmisible por la Sala recurrida (v. resol. digital de 11-IV-2023).
Ello motivó la interposición de queja que tramitó por ante esta Suprema Corte. Y, finalmente, por resolución de 29-VII-2024, se hizo lugar parcialmente al recurso de hecho deducido, se declaró mal denegada la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley y se concedió únicamente respecto de la denuncia de errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, en cuanto a la valoración como pauta agravante de la extensión del daño causado, así como la violación al principio de culpabilidad vinculada a ella (v. acápite III).
Oído el señor Procurador General —ver dictamen de 31 de marzo de 2025—, dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Dado el alcance parcial de la resolución de admisibilidad referida en los antecedentes, cabe indicar que el recurrente denuncia que el Tribunal de Casación, lejos de dar cabal cumplimiento a su tarea revisora, suplió los defectos de fundamentación del órgano de grado, en cuanto valoró como pauta aumentativa de la pena el resultado muerte acaecido en el hecho como "extensión del daño causado".
Asevera que ese resultado disvalioso no puede endilgarse a su asistida toda vez que el tribunal de mérito limitó la conducta de Rodríguez expresamente excluyendo todo reproche respecto de esa consecuencia mayor.
Indica que al momento de graduar la sanción se valoró como severizante "la extensión del daño causado": es decir el resultado muerte, violentando el principio de culpabilidad por el acto, teniendo en consideración los márgenes de imputación decididos por el tribunal.
En suma, solicitó se imponga una pena sensiblemente menor, considerando el mínimo legal que tiene previsto el delito reprochado.
II. La Procuración General aconsejó rechazar el recurso.
III. Coincido con lo así dictaminado, en tanto la impugnación resulta insuficiente (conf. art. 495, CPP).
IV.1. El Tribunal en lo Criminal n° 6 de Morón tuvo por acreditado que "[e]l día 06 de octubre de 2019, siendo alrededor de las 23:30 horas, en circunstancias en que Alex Nicolás Gutiérrez y Braian Nicolás Rosa se encontraban en la vereda de un comercio del rubro rotisería, sito en la intersección de la arteria Iturri con la Avenida Real, de la localidad de Libertad, partido de Merlo, arribaron al lugar un sujeto varón y una mujer, ambos con cascos colocados, quienes descendieron de un motovehículo color negro de 150 cc de cilindrada, e ingresaron al mentado local. Que allí dentro, el primero de los nombrados se dirigió al mostrador y apuntó al dueño, Hugo Jorge Pedrozo, con un arma de fuego que portaba sin la debida autorización legal -no incautada en autos-, y le refirió 'dame todo o te mato' (sic), ante lo cual la víctima le entregó el dinero producto de la recaudación del día, apoderándose ilegítimamente del mismo. Que, en ese momento, la femenina que lo acompañaba, quien entonces blandía un arma blanca en sus manos, tipo cuchilla de carnicería, inmediatamente salió del comercio hacia la vereda, donde intimidó con dicho elemento al nombrado Rosa, a quien intentó agredir y obligarlo a ingresar al local, resistiéndose éste a su accionar al lograr sujetarla por la espalda, mientras que su compañero pretendía desarmarla sumándose entonces también Eduardo Sergio Gabriel Matta, con igual propósito. Que, en dichas circunstancias, el mencionado sujeto varón, mediante el empleo del arma de fuego que portaba, al ver que no podía lograr el fin propuesto para el ilícito que intentaban cometer y con el propósito de procurar su impunidad como la de su cómplice -quien se encontraba reducida por las víctimas-, efectuó -con el fin de dar muerte- al menos un disparo hacia el rostro de Eduardo Sergio Matta, cuyas heridas le ocasionaron su deceso el día 11 de octubre de 2019 a las 7:59 horas. Que tras ello, ambos se dieron a la fuga con el botín sustraído a bordo del motovehículo en el que habían arribaron por la calle Iturri, en dirección a la arteria Mario Bravo, de la localidad de Libertad, partido de Merlo".
Bajo tal plataforma fáctica, condenó a Flavia Elizabeth Rodríguez a la pena de catorce años de prisión, con más la declaración de reincidencia, por encontrarla coautora penalmente responsable del delito de robo agravado por su comisión mediante el empleo de arma de fuego (arts. 40, 41, 45, 50 y 166 inc. 2 segundo párrafo, Cód. Penal).
Al momento de valorar las pautas agravantes, estimó aplicable, receptando la petición fiscal, "...la muerte provocada por su consorte toda vez que ella coadyuvó a que esto sucediera", en virtud al peligro que se ha causado a raíz de la naturaleza de la acción, conforme lo prevé el art. 41 inc. 1 del Código Penal, pues a consecuencia del escenario creado, se produjo el fallecimiento de quien en vida fuera Eduardo Sergio Matta, "...ello sin perjuicio del encuadre legal".
IV.2. La defensa en el recurso de casación, se quejó —en lo que aquí importa— de que la pena impuesta a Rodríguez resultaba desproporcionada, pues las circunstancias agravantes computadas no conducen a la aplicación de la sanción de catorce años de prisión. Sostuvo, además, que para arribar a tal pena "...se pretende sancionar con un plus por la muerte, que no provocó, ni colaboró para que sucediera". Agregó que ninguna de las pautas de mensura justifica el excesivo monto, por lo que solicitó se fije una pena sensiblemente menor.
IV.3. En la instancia revisora, el Tribunal de Casación resaltó que, aunque no fueron cuestionadas las pautas agravantes computadas, sin embargo, la recurrente alega que —en apariencia— se sancionó a su defendida "con un plus" por la muerte que no provocó ni colaboró para que sucediera.
Así, abordó el planteo referido a que la imputada no fue intimada por el resultado muerte y destacó que ello no importa, sin más, el descarte de tal baremo.
Pues, la circunstancia de que la acusada resulte coautora responsable del hecho contra el bien jurídico "propiedad", significó su activa intervención en la empresa delictiva consistente en arribar al comercio, junto a otra persona, ambos armados, con el claro propósito de apoderarse de cosas totalmente ajenas, circunstancias que permiten advertir la realización del tipo mediante ejecución con división del trabajo.
Especificó que el medio empleado por ella: arma blanca, y haber procurado compañía en el acto (en referencia al consorte que llevaba un arma de fuego), pone de manifiesto el conocimiento del riesgo que entrañaba la conducta iniciada, sin que el autor haya impulsado contrafactores para enervar ese riesgo. Ello, sin perjuicio de que solo se probó el dolo específico del coautor respecto del resultado letal.
No obstante, con cita de doctrina, señaló en punto al concepto "extensión del daño", que puede también tenerse en cuenta la afectación de bienes jurídicos "coprotegidos"; la consideración de consecuencias mediatas del hecho y la medida en que estas también debieron haber resultado previsibles para el autor "...se trata de un problema de limitación de la causalidad. No es posible exigir la imprudencia, sin más ni más, respecto de alguna de las consecuencias del hecho, sin formular ciertas precisiones que controlen la legitimidad de su consideración. A partir de esta noción, se exige que sólo se otorgue relevancia a aquellas consecuencias que tengan alguna relación con el fin de protección de la norma".
Concluyó que resulta acertada la ponderación del baremo severizante de la pena, en consonancia con lo estipulado en el art. 41 del Código Penal.
V. Con este piso de marcha, estimo que la parte no ha logrado demostrar la errónea aplicación de la ley sustantiva que pregona.
Es que se ha limitado a insistir en que no correspondía computar la extensión del daño causado —es decir, el resultado muerte en el evento— como pauta severizante de la pena (art. 41, Cód. Penal), en tanto se estaría agravando el quantum punitivo por un resultado fatídico que no fue posible imputarle ni en términos objetivos ni subjetivos a Rodríguez. Ahora bien, que ese resultado no se le atribuyera o imputara a Rodríguez en el marco de la calificación legal actuada, no implica per se que no pueda tener relevancia o entrar en consideración en el ámbito de determinación de la pena. Por ejemplo, porque la consecuencia guarda alguna vinculación con el fin de protección de la norma (en la intensidad de la violencia propia del robo, según lo estimó el a quo) o, de otro modo, importa la afectación de bienes jurídicos coprotegidos por la norma (cfr. Ziffer, Lineamientos de la determinación de la pena, Buenos Aires, 1999, pág. 124), lo que también formó parte de la línea motivacional del pronunciamiento que se critica.
Sin embargo, quien impugna no se ha hecho cargo de replicar idóneamente los argumentos por los que Casación explicó que el medio empleado —arma blanca— y haber procurado compañía en el acto (consorte que llevaba un arma de fuego), puso de manifiesto el conocimiento del riesgo más general que entraña la conducta así emprendida, esto es de la probabilidad próxima de producción del resultado sin que el autor haya impulsado contrafactores para enervar ese riesgo, aunque no con la consciencia y actualidad propia del dolo de ese resultado (pues, se señala en la sentencia, que ese reproche mayor recayó en quien disparó contra la víctima).
Cabe recordar que la naturaleza de la acción, los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño causado previstos en el citado art. 41 "...son claras referencias al grado del injusto, por lo que constituyen el punto de partida para su graduación" (conf. D’Alessio, Andrés José; "Código Penal", Comentado y Anotado, Parte General [arts. 1 a 78 bis], La Ley, Buenos Aires, 2005, págs. 427/428), debiendo computarse en estos rubros las circunstancias que implican un matiz diferencial de ejecución idóneo para poner de relieve un accionar más o menos grave.
El juzgador al convalidar lo actuado dio cuenta de esos matices diferenciales, del medio lesivo empleado: ella un arma blanca y el consorte un arma de fuego; de las condiciones y modalidad de su empleo como demostrativas de la particular gravedad del ilícito a ella enrostrado. Y quien recurre no logró explicar que se hubiera incurrido en las transgresiones legales denunciadas. Esto es, que la ponderación del daño así causado no pudiera encajar en las previsiones del art. 41 del Código Penal. Media, pues, insuficiencia (art. 495, CPP).
La tacha de violación al principio de culpabilidad, directamente vinculada con la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva, queda huérfana de sustento argumental en atención a lo referido anteriormente.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Flavia Elizabeth Rodríguez, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/11/2025 12:34:11 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2025 23:05:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/11/2025 11:16:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2025 09:24:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2025 09:43:54 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 18/11/2025 09:56:13 hs. bajo el número RS-179-2025 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia