Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138864
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.864, "Ibarra, Sergio Gabriel s/ Queja en causa n° 121.018 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Kohan.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata condenó —el día 21 de septiembre de 2022— a Sergio Gabriel Ibarra a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real.
La defensa de Ibarra interpuso un recurso de casación y la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 28 de marzo de 2023, hizo lugar parcialmente a la impugnación.
En consecuencia, anuló el fallo y ordenó reenviar las actuaciones a la instancia de origen para que a través de jueces hábiles se reediten los actos necesarios para la realización de un nuevo juicio.
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor José María Hernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 14-IV-2023), el que habiendo sido declarado inadmisible (v. resol. digital de 2-V-2023), motivó la deducción de recurso de queja (v. presentación digital de 9-V-2023).
Por resolución del día 8 de abril de 2024, esta Suprema Corte admitió la vía directa y concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en lo que respecta al agravio principal relativo a la violación de la garantía del ne bis in idem (v. resol. digital, pto. III párr. tercero).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 27-III-2025), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurrente denunció el quebrantamiento de la garantía del ne bis in idem (arts. 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac y 8.4, CADH).
Afirmó que la decisión del Tribunal de Casación Penal de hacer lugar en forma parcial al recurso deducido por esa parte, y reenviar las actuaciones a la instancia de origen para la realización de un nuevo debate obliga a Ibarra a exponerse a una segunda condena por el mismo suceso por el que fuera juzgado.
Recordó el conflicto suscitado en el proceso vinculado a la discrepancia sobre el lugar donde habrían ocurrido los hechos imputados a Ibarra. Indicó que dicha irregularidad fue relativizada por el tribunal de juicio quien optó, de todos modos, por condenar a Ibarra violentando el derecho de defensa en juicio.
En sustento de su postura citó lo resuelto por la Corte federal en los fallos "Sandoval" y "Alvarado", como también en "Mattei", al entender que al someter a Ibarra a un nuevo juicio se genera un segundo riesgo de condena, cuando debió el tribunal revisor, en todo caso, asumir competencia positiva y absolver al imputado.
II. Coincido con la postura del señor Procurador General en cuanto aconsejó el rechazo del recurso interpuesto.
III. A fin de un mejor entendimiento de lo acontecido, expondré una breve reseña de los estadios por los que atravesó el caso.
III.1. El día 21 de septiembre de 2022, el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, condenó a Sergio Gabriel Ibarra a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real.
III.2. Contra ello la defensa dedujo recurso de casación en el que, en lo que interesa, denunció que al dar por probada la hipótesis acusatoria, los jueces modificaron "su contenido en un aspecto sustancial" pues establecieron que los hechos imputados ocurrieron en un lugar distinto al que señaló la titular de la acción pública. Alegó afectación al derecho de defensa en juicio por falta de correlación entre imputación y el fallo, en ese tramo específico de la acusación, que privó a Ibarra de la posibilidad de producir prueba de descargo útil y pertinente en sustento de su propia teoría del caso. Explicó que en todas las instancias procesales, incluido el alegato de clausura, el Ministerio Público Fiscal sostuvo invariablemente que los supuestos abusos habrían tenido lugar "...sin poder precisar fecha y domicilio con exactitud, pero en el año 2013 en el interior de un domicilio sito en las inmediaciones de Avda. Colón y Santa Fé" de la ciudad de Mar del Plata; mientras que en el veredicto se estableció que no habrían ocurrido en el citado departamento que se emplaza en plena zona céntrica de Mar del Plata sino —antes bien— en una vivienda familiar ubicada en un barrio periférico (calle Lebensohn al 3800). Indicó que los datos que aportó la niña, identificando dos casas construidas en un mismo terreno, resulta incompatible con la zona céntrica de la ciudad de Mar del Plata, que la fiscalía identificó en la imputación. Alegó que los jueces se enfrentaban a la disyuntiva de "(a) tener por acreditados los hechos que integran la hipótesis fiscal en todos sus extremos, sosteniendo que los presuntos abusos sexuales habrían ocurrido en el departamento de Av. Colón y Santa Fé; o bien (b) modificar los sucesos descriptos por la titular de la acción pública y afirmar que, en rigor, ellos sucedieron en un lugar distinto (la citada casa familiar de calle Lebensohn)", optando por la segunda opción seguramente conscientes de la problemática que esa solución exhibía, a la luz del principio de congruencia. Afirmó que el tribunal reconoció el yerro de la fiscalía pero igualmente condenó al acusado introduciendo —de ese modo— una modificación sustancial en la plataforma fáctica juzgada, lo que obstruyó el ejercicio de la defensa en juicio. Solicitó la absolución de Ibarra.
III.3. A su turno, el señor juez ponente de la Sala I del Tribunal de Casación, doctor Carral que concitó la adhesión del señor juez Maidana, preliminarmente constató que el sentenciante había establecido las posiciones de ambas partes:
a) Observó que la fiscalía "...trajo a juicio dos hechos que, en su requisitoria de elevación a juicio y en la apertura del debate, lo presentó de la siguiente manera: 'HECHO 1: Que sin poder precisar fecha y domicilio con exactitud, pero en el año 2.013 en el interior de un domicilio sito en las inmediaciones de Avda. Colón y Santa Fé de ésta ciudad, un sujeto de sexo masculino identificado como Sergio Gabriel Ibarra, abusó sexualmente mediante tocamientos en sus partes íntimas de R.M.S., quien resultaba ser hija de su ex pareja Alejandra Noemí Sosa, quien por entonces tenía 6 años de edad. HECHO 2: Que sin poder precisar fecha y domicilio con exactitud, pero en el año 2.013 en el interior de un domicilio sito en las inmediaciones de Avda. Colón y Santa Fe de esta ciudad y en al menos tres oportunidades, un sujeto de sexo masculino identificado como Sergio Gabriel Ibarra, en ocasiones haciendo uso de amenazas de ejercer violencia física si lo contaba, abusó sexualmente mediante acceso carnal por la introducción de su pene vía oral, de R.M.S., quien resultaba ser hija de su ex pareja Alejandra Noemí Sosa, quien por entonces tenía 6 años de edad".
Se señaló que en la discusión final del debate la fiscalía mantuvo "...la división o separación de los hechos" y los elementos principales de la conducta fáctica, y "...en lo que respecta al espacio temporal mantuvo su imprecisión, refiriendo el año 2013 por su correspondencia con los seis años de edad de la víctima, mientras que el lugar lo circunscribió al departamento que habitaría el acusado en esa fecha, ubicado en la zona de la Av. Colón y la calle Santa Fe".
b) De otro lado observaron que en el alegato de apertura la defensa adelantó que "...cuestionaría ambas materialidades delictivas" y en la discusión final alegó sobre la prueba practicada en el debate para concluir que "...la reconstrucción fáctica propuesta por la Fiscalía no se correspondía con la prueba producida, especialmente en lo relacionado con el lugar [...] en que habrían ocurrido las conductas juzgadas...". Así argumentó que ya no había posibilidad de corregir esos defectos, y que ese error de la acusación le impidió ejercer una adecuada defensa en juicio, especialmente respecto de las pruebas testimonial y de informes.
Prosiguió indicando que luego de examinar la evidencia disponible, el tribunal realizó un juicio favorable sobre la fiabilidad de R. M. S. como fuente de información y especialmente a partir de su relato en cámara gesell dio por probada "...la existencia de dos abusos sexuales".
Seguidamente, los señores jueces establecieron que "[a]mbos ocurrieron cuando aproximadamente la menor tenía seis años de edad —lo que resulta compatible con el año 2013— y en la vivienda que ocupaba en ese entonces el imputado Sergio Ibarra. En el primero de los abusos Sergio Ibarra y R.M.S. se encontraban acostados en la cama y el adulto le tocó a la niña la vagina y el pecho, haciéndolo por debajo de sus ropas, mientras que en el segundo le hizo lo mismo, pero además le introdujo su pene en la boca. En ambos casos fue obligada la niña a mirar cuando orinaba en el baño".
Sintetizaron el planteo de la defensa relativo a que "...la valoración de la declaración de la menor [...] indicaría que estos hechos sucedieron en la casa de la mamá de Sergio Ibarra, especialmente porque la niña dijo que cuando ocurrieron ésta se encontraba durmiendo en su pieza, agregando que también estaban sus primos, todo lo que se corresponde con la dinámica familiar en el domicilio de calle Lebenshon 3.874 de nuestra ciudad" y que "...la acusación concretada por la fiscal, citando [...] otro domicilio, le impidió ejercer una buena defensa, ejemplificando con testimonios e informes que pudo haber presentado al juicio".
Dijo el revisor que el sentenciante recordó que R. M. S. declaró que los sucesos ocurrieron en el domicilio de Sergio y que sólo podía reconocerlo si lo viera, lo cual era propio de una víctima de tan corta edad. No obstante, agregó que coincidía con la defensa que por las pocas características que brindó la niña (habitación de la mamá del acusado y la presencia de sus primos) sería compatible con la vivienda ubicada en la calle Lebensohn al 3800, y concluyó que esa diferencia no tenía trascendencia, ni generaba indefensión.
Destacó que para el tribunal de origen "...el 'dónde', cuya imprecisión o error cuestiona el Defensor puede tener relevancia en otro tipo de delitos, pero no aquí. Fue en la casa de su asistido donde se produjo el ASI, y esa indicación [...] resulta suficiente, no viendo de qué manera pudo entorpecer en este caso su labor defensista, sin soslayar que: 1) la alegó recién al cierre del debate; 2) de la lectura de su declaración como imputado [...] queda bien claro que éste se defendió respecto de que estos hechos ocurrieron en la casa de su mamá; y 3) nada le impidió al defensor actuar con la conocida diligencia que habitualmente lo hace". Concluyó que no se intentaba enderezar la acusación fiscal en la sentencia, pues coincidía que los hechos ocurrieron cuando la víctima tenía aproximadamente seis años de edad —es decir, alrededor del año 2013—, y en alguna de las viviendas de Sergio, relativizando la indicación que hiciera la señora fiscal Andrea Gómez respecto del inmueble exacto, de lo cual tenía dudas.
El señor juez Carral advirtió la problemática que enfrentaron los jueces en autos, ante la inconsistencia que constataron entre la intimación que hizo la fiscalía y la información que introdujo R. M. S. relativa al lugar donde se habrían cometido los hechos, pues esa fue la prueba fundamental sobre la que edificó su teoría del caso.
Apuntó que en casos de abuso sexual infantil es frecuente advertir cierta indeterminación sobre algunos aspectos de los hechos imputados, de modo que bastará una referencia que permita marcar el contexto en el que ocurrieron.
Sin embargo, destacó que en autos el problema no es de la víctima, sino de quienes llevan adelante la acusación que insistieron a pesar del error evidente, trastocando de esta forma la defensa material en juicio que brindó buenas razones para explicar el alcance del agravio frente a que lo fallado no se correlaciona adecuadamente con la acusación.
Consideró que los jueces simplificaron los términos del planteo de la defensa omitiendo partes centrales de su argumentación, quien señaló que no hubo imprecisión de la niña respecto del lugar dónde se habrían cometido los hechos, así como que no podía identificarse la teoría del caso que afirmaba que los sucesos ocurrieron en un departamento en pleno centro que el imputado habitaba en soledad, con la que sostenía que tuvieron lugar en una vivienda familiar, pues en el segundo lugar residían muchas otras personas que podrían haber oficiado como potenciales testigos.
Razonó el revisor que, al negar la afectación del derecho de defensa en juicio del acusado, el tribunal se expidió vagamente en términos que fueron suficientemente refutados por el recurrente.
Agregó que la circunstancia de que Ibarra hiciera menciones sobre la vivienda de su madre en su declaración (art. 308, CPP), durante la Investigación Penal Preparatoria, no era relevante para examinar si existía correlación entre la base fáctica atribuida por la acusación y la establecida en el veredicto, pues la fiscalía, invariablemente, persistió con su hipótesis en la requisitoria de elevación a juicio, delimitando el objeto procesal. Insistió que tanto el ofrecimiento, como el contra-examen de la prueba y —en general— toda la construcción y el despliegue de su estrategia durante el debate estuvo directamente condicionada por el relato de los hechos formulado por la fiscalía; y no por cualquier otra hipótesis alternativa que a esa altura nadie había propuesto. Agregó que el sentido de relatar el hecho en la requisitoria de citación a juicio (y en la actividad fiscal posterior), consiste en fijar las bases del contradictorio y, en el caso concreto, "...si la discusión se hubiera centrado en lo que pudo haber ocurrido en el domicilio familiar de calle Lebensohn, habría sido de fundamental importancia convocar como testigos a la madre y los sobrinos del imputado, quienes fueron puestos en el lugar por el relato de la Cámara Gesel".
Así, el casacionista constató que el tribunal reconoció el yerro del Ministerio Público Fiscal pero igualmente condenó al acusado introduciendo, de ese modo, una modificación en la plataforma fáctica juzgada que obstruyó el ejercicio de la defensa en juicio al privar al acusado de ofrecer prueba de descargo útil y relevante, y contra-examinar aquella de cargo a la luz de la sorpresiva hipótesis que motivó la condena. Con cita de precedente de Sala sostuvo que "...la congruencia exigida entre acusación y condena impone que, en resguardo de las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso, la base fáctica objeto de reproche penal debe encontrarse, durante todo el proceso, contenida en el denominado 'objeto procesal', que no es otra cosa que el hecho que, con un menor o mayor grado de certeza acerca de su existencia, es imputado a lo largo del trámite de las actuaciones".
Añadió que lo relevante para la garantía de defensa "...es que el acusado no resulte sorprendido por la imputación de una circunstancia que no haya podido tener en cuenta, extremo que constato en el caso concreto".
Advirtiendo un supuesto de los contemplados en el art. 461 del Código Procesal Penal y que resulta necesario celebrar un nuevo debate, hizo lugar parcialmente al recurso de casación, anuló el veredicto y sentencia impugnados y reenvió las actuaciones a la instancia de origen para que a través de jueces hábiles se reediten los actos necesarios para la realización de un nuevo juicio.
Finalmente, consideró que en función de lo decidido no correspondía ingresar al tratamiento de los restantes agravios.
IV.1. Como adelanté, la denuncia de vulneración de la garantía del ne bis in idem y la prohibición de doble juzgamiento no es de recibo.
Las argumentaciones desarrolladas por la parte se refieren, en rigor, a la interpretación y alcance de lo normado por los arts. 460 y 461 del Código Procesal Penal, en cuanto regulan en qué casos el tribunal revisor, luego de casar una sentencia, debe disponer el reenvío a la instancia de origen o, en su defecto, readecuar el pronunciamiento recurrido asumiendo competencia positiva. Y tal cuestión está vinculada con una temática de neto corte procesal, por lo que —en consecuencia y por vía de principio— es ajena a la esfera de conocimiento de esta instancia a través del recurso de inaplicabilidad de ley en estudio (conf. causas P. 101.036, sent. de 3-III-2010; P. 102.924, sent. de 24-X-2012; P. 118.470, sent. de 26-VIII-2015; P. 130.648, sent. de 15-VII-2020; e.o.).
Por lo demás, la parte no consigue evidenciar el compromiso de la garantía constitucional aludida en el caso, en tanto que el tribunal revisor fundó su decisión de reenvío por entender que existió un defecto grave en el procedimiento seguido por el tribunal de juicio que afectó el derecho de defensa en juicio del imputado, por lo cual los jueces de casación no estaban en condiciones de asumir competencia positiva y —por tanto— el reenvío para la realización de un nuevo juicio era necesario.
Sobre ello cabe destacar que esta Corte, tomando en consideración los precedentes del Máximo Tribunal federal, coligió que no cualquier nulidad permite retrogradar el juicio, pero —como contracara— no toda anulación a fin de enmendar los actos esenciales del juicio viciado importa un bis in idem prohibido (conf. doctr. causa P. 123.902, sent. de 4-V-2016).
La alegada violación del doble juzgamiento no resulta eficaz a los fines de privar de efectos a un pronunciamiento que fue producto del recurso articulado por la defensa justamente controvirtiendo, la inobservancia de la regla de correlación entre la acusación y el fallo (art. 374, CPP) en donde la Sala I atribuyó al fallo de primera instancia una afectación de garantías constitucionales, decidió casar la condena y reenviar para la realización de un nuevo juicio.
Se sostuvo en el caso P. 123.902 citado que lo que la Corte Suprema ha vedado es la renovación de actos del proceso justamente cuando la declaración de nulidad reposa en "...consideraciones rituales insuficientes" o "...al respeto exagerado de formas procesales que sólo traducen un rigorismo ritual injustificado", y no los supuestos en que las nulidades responden al quebrantamiento de las formas sustanciales del juicio, tal la referida a la inobservancia de la correlación entre la sentencia y la acusación (CSJN Fallos: 305:1701, "García"; e.o.).
Sentado ello, el recurrente no logra demostrar que la decisión adoptada por el Tribunal de Casación Penal de anular el veredicto condenatorio dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, reenviando las actuaciones para que a través de jueces hábiles se reediten los actos necesarios para la realización de un nuevo juicio, encaje en los supuestos mencionados. De tal manera, frente a la solución adoptada por el Tribunal de Casación, la defensa no evidencia el quebrantamiento de la garantía invocada (art. 495, CPP).
Del mismo modo, la cita genérica de los precedentes "Mattei" y "Sandoval", entre otros, de la Corte nacional, no resulta eficaz para conmover lo decidido por el tribunal revisor y endilgarle arbitrariedad por el apartamiento infundado de la citada doctrina, si la parte no se encargó de evidenciar cómo resultarían aplica
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