Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139014
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.014, "María Laura E. D'Gregorio -Fiscal Titular Interina ante el Tribunal de Casación- s/ Queja en causa n° 121.431 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a R., C. A. y R., C. E.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que el Juzgado de Garantías del Joven n° 1 del Departamento Judicial de La Plata, mediante el pronunciamiento dictado el 17 de marzo de 2022, hizo lugar a la excepción interpuesta por la defensora particular y declaró extinguida por prescripción la acción penal de C. A. R. y C. E. R. por el hecho prima facie calificado como abuso sexual gravemente ultrajante agravado (art. 119 párrafos segundo y cuarto inc. "a", Cód. Penal). Por consiguiente, decretó el sobreseimiento peticionado de conformidad con lo previsto en el art. 323 inc. 1 del Código Procesal Penal.
Deducido recurso de apelación por el Ministerio Público Fiscal, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías departamental, —por mayoría— hizo lugar y revocó el auto impugnado en cuanto declaró extinguida la acción penal por prescripción respecto de C. A. R. y C. E. R. en orden al delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por ocasionar un grave daño en la salud mental de la víctima —varios hechos— (v. resol. de 29-IX-2022).
Frente al recurso de casación presentado por la defensa de los imputados, la Sala I del Tribunal de Casación casó la decisión impugnada en cuanto revocó el auto del juzgado de garantías del joven que había declarado extinguida por prescripción la acción penal seguida contra C. A. R. y C. E. R. y dispuso reenviar las actuaciones a la instancia anterior, a fin de que dicte un pronunciamiento conforme a lo allí resuelto con el voto de la mayoría (v. sent. de 4-IV-2023).
Contra ello, la señora fiscal ante el Tribunal de Casación, doctora María Laura Elvira D'Gregorio, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que habiendo sido declarado inadmisible por resolución del tribunal intermedio (v. resol. digital de 30-V-2023), motivó la deducción de queja.
Esta Suprema Corte resolvió admitir la vía directa articulada, declarar mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y concederlo (arts. 486, 486 bis y 494, CPP; v. resol. digital de 28-X-2024).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 29-IV-2025), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La representante fiscal denuncia el apartamiento de la doctrina legal del Máximo Tribunal nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vulneración del principio de supremacía constitucional, omisión de resolver con perspectiva de género e infancia. Invoca arbitrariedad por inconvencionalidad, errónea aplicación del art. 62 del Código Penal en confronte con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino (arts. 8 y 25, CADH; 4 y 7, Convención de Belém do Pará; 3 y 19, CDN; 18 y 75 inc. 22, Const. nac.) y, además, arbitrariedad por fundamentación aparente y afirmaciones dogmáticas con apartamiento de las constancias de la causa (v. págs. 25 y 26).
I.1. En primer lugar, aduce que las disposiciones del art. 62 del Código Penal —vigentes al tiempo de comisión de los sucesos objeto de investigación (1999/2006)— deben ser interpretadas en consonancia con las normas de derecho internacional relevantes. En particular, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer —"Convención de Belém do Pará"—, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (v. pág. 26).
Afirma que la víctima J. V. A. no ha podido ejercer efectivamente su derecho de reclamar justicia, y repasa su declaración prestada en la sede de la fiscalía el 1 de octubre de 2019 (v. págs. 27 y 28).
Expone que el aludido bloque normativo supranacional obliga al Estado a dar una protección reforzada a los niños, niñas, adolescentes y mujeres; y destaca que una adecuada lectura del bloque constitucional y su operatividad normativa imponía la aplicación de los arts. 62 y 67 del Código Penal bajo el prisma de derechos consagrados por la Convención sobre los Derechos del Niño y la prevalencia del interés superior del niño como pauta de interpretación de las normas en juego (v. pág. 29).
Con ese norte, estima que la inteligencia que el tribunal revisor le otorgó al art. 62 del Código Penal, se alza contra las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino de investigar con la debida diligencia y sancionar la violencia contra las mujeres, garantizándoles el acceso a procedimientos legales justos y eficaces, así como la tutela judicial, continua y efectiva. En tanto, reitera, esas obligaciones se hallaban vigentes en el momento en que acaecieron los hechos del caso —entre 1999 y 2006— hasta el momento de la denuncia efectuada por la víctima en el año 2017 (v. pág. 31). Por lo tanto, concluye que una norma de inferior jerarquía —art. 62 del Código Penal— no puede ser invocada para incumplir tales obligaciones internacionales (art. 27, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; v. págs. 31 y 32).
I.2. En el siguiente punto, la recurrente afirma que, en virtud de una interpretación armónica del interés superior del niño y el derecho a la tutela judicial efectiva, las normas internas relativas a la prescripción de la acción penal —pese a conservar plena validez y eficacia— deben ser delimitadas en el presente caso a fin de resguardar los derechos de mayor jerarquía antes señalados (v. pág. 33).
Con apoyo en el fallo "Arancibia Clavel" de la Corte federal, destaca que —en el caso— la investigación no fue abandonada por inactividad o desinterés estatal, pues el Estado tomó conocimiento de los hechos delictivos en el año 2017 y desde entonces se ha avanzado. De igual modo, señala que la demora de la víctima en efectuar la denuncia se debió a los obstáculos estructurales que presentan este tipo de hechos y, en buena medida, a su triple condición de vulnerabilidad: su edad, género y condición de victimización temprana (v. págs. 33 y 34).
Sostiene que no puede ignorarse que los hechos imputados a C. A. R. y C. E. R. se encuentran alcanzados por las previsiones de la Convención de Belém do Pará —que entró en vigor el 3 de mayo de 1995—, la cual establece en sus arts. 1 y 2 inc. "a" que "...para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado"; y que "[s]e entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual" (págs. 34 y 35).
Resalta también los deberes establecidos en el art. 7 de la referida Convención para los Estados parte (v. págs. 35 y 36).
En resumen, puntualiza que el interés superior del niño y el derecho a la tutela judicial efectiva exigen que las normas internas sobre prescripción de la acción penal sean delimitadas en el presente caso con el fin de resguardar derechos de mayor jerarquía, y que dada la condición de niña de la víctima que padeció abusos sexuales por parte de sus primos de modo reiterado durante varios años de su niñez, la solución a la que se ha arribado se contrapone con el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (v. pág. 40).
Considera que se debe dirimir la tensión que existe entre el principio de legalidad —vinculado a la declaración de prescripción de la acción penal y con el derecho al juzgamiento en un plazo razonable— y el derecho de la víctima a la tutela judicial efectiva y el interés superior de la niña (v. págs. 41 y 42).
Por eso, aun cuando las reformas introducidas al instituto de la prescripción a partir de las leyes 26.705 y 27.206 no resultan de aplicación a hechos que, como el presente, tuvieron lugar con anterioridad a su entrada en vigencia, sí cabe considerar, según sostiene, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos —vigente desde 1994— y la Convención sobre los Derechos del Niño —vigente a partir de 1990— contaban, desde su promulgación, con jerarquía normativa superior a los preceptos del Código Penal, en tanto, la reforma constitucional de 1994 dotó a estos instrumentos de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22, Const. nac., v. pág. 42).
Cita los casos Almonacid Arellano vs. Chile y Gelman vs. Uruguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. También invoca lo resuelto por la Sala I de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos en la causa "I., J. J. s/ promoción a la corrupción agravada - Incid. de extinción por prescripción s/ impugnación extraordinaria", transcribiendo parcelas de la decisión, y refiere que en este tipo de casos donde la víctima está en situación de vulnerabilidad (por ser niña y víctima de violencia sexual reiterada en el ámbito intrafamiliar), el Estado debe reforzar las garantías de protección durante la investigación y todo el proceso penal (v. págs. 42/45).
I.3. En tercer lugar, cuestiona que la decisión puesta en crisis hace primar el principio de legalidad, sin hacer referencia alguna al juego de principios involucrados (v. pág. 46).
Enfatiza que el transcurso del tiempo, respecto de hechos no denunciados, como elemento determinante para que opere el instituto de la prescripción de la acción, responde a una ley (Código Penal) que proviene del derecho penal interno, que no cristaliza ni hace operativo ningún derecho de raigambre constitucional (CDN; v. pág. 49).
Sostiene que la reflexión que a modo de obiter dictum realiza el doctor Carral, no conmueve la tacha de arbitrariedad esgrimida (v. pág. 50).
I.4. A modo de consideración final, insiste en que la resolución puesta en crisis omitió un análisis global de todo el cuadro normativo que regía al momento de comisión de los hechos y en clave para hacer prevalecer, en caso de conflicto de intereses, el interés superior del niño, especialmente de la menor víctima (art. 3, CDN; v. págs. 50 y 51).
Por todo lo expuesto, solicita se deje sin efecto la decisión cuestionada y se ordene la continuación de la presente causa (v. pág. 52).
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al reclamo (v. dictamen digital en 29-IV-2025).
III. No comparto tal dictamen. El carril extraordinario incoado resulta insuficiente para revertir lo decidido por el Tribunal de Casación Penal (conf., mutatis mutandi, causas P. 132.967 y P. 133.029, sents. de 30-VIII-2021; P. 137.584, sent. de 27-V-2024; P. 138.362, sent. de 3-VI-2024; e.o.; art. 495, CPP).
IV. De manera liminar cabe efectuar una reseña del derrotero procesal llevado a cabo en la presente causa.
IV.1. El Juzgado de Garantías del Joven n° 1 de La Plata, por resolución del día 17 de marzo de 2022, hizo lugar a la excepción interpuesta por la defensora particular, declaró la extinción de la acción penal por prescripción respecto a C. A. R. y C. E. R. por el hecho prima facie calificado como abuso sexual gravemente ultrajante agravado, y los sobreseyó.
En lo concreto, estimó que "...no resulta de aplicación la suspensión del curso de la acción establecida en el art. 67 párrafo cuarto del C.P. ya que las leyes 26.706 (B.O. 5/10/2011) y la 27.206 (B. O. 10/11/2015) lo establecido en el art. 2 del C.P., no pueden tener efectos retroactivos".
Expresó que "...los hechos denunciados habrían dejado de cometerse en el año 2006, más concretamente cuando la denunciante habría cumplido los 12 años de edad [...] desde entonces hasta [la fecha de la resolución], ha transcurrido con exceso el plazo máximo de 12 años conforme lo prevé el art 62 inc. 2 del C.P.".
Por otra parte, descartó los reclamos de fiscalía vinculados —por un lado— con que el requerimiento de detención del 9 de octubre de 2018 hubiera producido la interrupción de la prescripción.
Dijo que el fiscal no requirió la detención del joven C. A. R., y consiguientemente no puede interpretarse que a su respecto, se haya exhibido la voluntad estatal de citarlo en el marco del proceso penal con el objeto de recibirle declaración indagatoria, y que si bien mencionó expresamente al joven C. E. R "...no menos cierto es que dicha petición cautelar no fue realizada en el marco de las garantías específicas que rigen en este fuero especial, de conformidad con lo establecido en la ley Nro. 13.634 y las contempladas en los arts. 37 y 40 de la Convención Internacional sobre los derechos del Niño".
Además, señaló que esa parte no ha logrado explicar, más allá de la invocación de la normativa internacional, cuáles serían las razones que permitirían en este caso apartarse de la garantía que deriva del principio constitucional de legalidad que rigen el funcionamiento del Estado democrático y de derecho; y que tampoco justificó que el hecho investigado en los términos del art. 119 del Código Penal, encuadre en la categoría de ilícitos que se los define como "...graves violaciones a los derechos humanos" y de ello sostener su calidad de imprescriptible.
IV.2. La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, por sentencia del 29 de septiembre de 2022, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la agente fiscal, y revocó el auto impugnado en cuanto declaró extinguida la acción penal por prescripción respecto de C. A. R. y C. E. R. en orden al delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por ocasionar un grave daño en la salud mental de la víctima —varios hechos— (art. 119 párrafos segundo y cuarto inc. "a", Cód. Penal).
En lo esencial, con relación a C. E. R., sostuvo —por unanimidad— que no podía soslayarse el carácter interruptor de la prescripción de la acción penal en los términos del art. 67 inc. "b" que tiene el acto procesal obrante a fs. 55/57 (en alusión al pedido de orden de detención), con sustento en que tal "...decisión debe interpretarse como la voluntad del estado por proseguir con la acción penal a su respecto".
Y, por mayoría integrada por los jueces Mateos y Benavides, sostuvo que la prescripción de la acción tampoco cuadraba respecto de C. A. R.
En resumen, estimó que "Si entre las pautas convencionales se establece la necesidad de investigar, judicializar y, en su caso, sancionar las formas de violencia contra el niño (incluidas, claro está, afrentas sexuales como las de la especie) y la adopción de disposiciones normativas de derecho interno asequibles a esos fines, resultaría un contrasentido (y, en definitiva, una transgresión convencional) admitir la supervivencia de un régimen -genérico- de prescripción de la acción penal que se manifiesta abiertamente contrario a esos criterios supranacionales" y que "...desde la perspectiva de protección integral a los niños que conforma el derecho convencional constitucionalizado, una interpretación mecánica de la ley (en el caso, a remolque del art. 2, CP) no puede llevar a una frustración de la finalidad persecutoria en este campo, reconocida por aquél instrumento internacional".
Lo propio señaló desde la perspectiva de protección integral a las mujeres que conforma el derecho convencional constitucionalizado.
Destacó, además, que los hechos investigados habrían acaecido durante los años 2002 a 2006, cuando tales instrumentos internacionales (Convención sobre los Derechos del Niño y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer —"Convención de Belém do Pará"—, aprobada por la ley 24.632) ya se encontraban vigentes.
IV.3. Contra ello, los nombrados C. A. R. y C. E. R. conjuntamente con su defensora particular, interpusieron recurso de casación, esgrimiendo que el pronunciamiento impugnado exponía la inobservancia a la ley y contenía razonamientos contrarios a la lógica, absurdos y arbitrarios, que provocarían la nulidad del fallo al lesionar de manera fatal nuestros principios, garantías y derechos —tanto procesales como sustanciales— de carácter penal en general, y en el caso particular, fulminando el principio de especialidad de tratamiento que consagra la ley a su favor.
V. El recurso fue concedido por el Tribunal de Casación conforme fuera reseñado en los antecedentes.
V.1. Para así resolver, por unanimidad, sostuvo que los hechos objeto de persecución penal, tal como han sido delimitados temporalmente, son anteriores a la vigencia de las leyes 26.705 y 27.206 que reformaran el régimen de prescripción de la acción para la modalidad de ilícitos como los enrostrados, reformulando sus presupuestos de inicio cuando se trate de víctimas menores de edad. En segundo lugar, precisó que la discusión ingresa de lleno en el ámbito de la cobertura del principio constitucional de legalidad, garantizado en orden a la vigencia de la ley penal, salvo las excepciones referentes a leyes temporales o excepcionales (conf. arts. 9, CADH; 15.1, PIDCP y 11.2, DUDH); agregó que el eje de discusión que incluye al principio de aplicación de la ley más benigna y que encontrara cobertura de orden constitucional recién a partir de la reforma de nuestra carta fundamental en 1994, encuentra regulación en la norma de derecho común del art. 2 del Código Penal; y que el ámbito de validez temporal de la ley sustantiva, cuya irretroactividad rige como regla, excepciona el caso de la aplicación al supuesto de una ley posterior más favorable al imputado, e incluye dentro de estos aspectos vinculados al principio de legalidad, también aquello que hace al instituto de la prescripción de la acción penal.
Seguidamente, trajo a colación lo resuelto por la Corte federal en la causa "Mirás" (Fallos: 287:76), al señalar: "Es jurisprudencia de la Corte que esa garantía comprende la exclusión de disposiciones penales posteriores al hecho infractor -leyes 'ex post facto'- que impliquen empeorar las condiciones de los encausados, según ha quedado establecido como una invariable doctrina (Fallos: 17:22; 31:82; 117:22, 48 y 222; 133:216; 140:34; 156:48; 160:114; 169:309; 184:531; 197:569; 254:116, consid. 19º)"; y que con relación al tema de discusión desde el Cimero Tribunal en el fallo citado se sostuvo: "...el instituto de la prescripción cabe sin duda alguna en el concepto de 'ley penal', desde que ésta comprende no sólo el precepto, la sanción, la noción de delito y la culpabilidad, sino todo el complejo de las disposiciones ordenadas del régimen de extinción de la pretensión punitiva" (una profundización de esta noción puede verse en el fallo Arancibia Clavel, Fallos: 327:3312).
Se refirió al instituto de la prescripción como mecanismo de autolimitación al ejercicio del poder punitivo del Estado, y al mismo tiempo, un parámetro de adecuada orientación para asegurar la vigencia del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. A la par, a lo que denominó voces "minoritarias" que acuden a la argumentación mediante la cual se pretende que la sanción de la ley 23.849, por la cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos del Niño" (B.O. de 22-XI-1990), luego incorporada con jerarquía constitucional tras la reforma de 1994, recoge el fin primordial por el que los Estados suscribientes se obliga
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