Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139340
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.340, "Giménez, Iván Sebastián s/ Queja en causa n° 122.652 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan , Soria , Budiño .
El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza, mediante sentencia del día 29 de noviembre de 2022, condenó a Iván Sebastián Giménez a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar coautor responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con homicidio agravado criminis causa (arts. 55, 80 inc. 7 y 166 inc. 2 párr. segundo, Cód. Penal).
A su turno, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 9 de mayo de 2023, rechazó el recurso de su especialidad.
Frente a esta decisión, el señor defensor adjunto ante aquel tribunal, doctor José María Hernández, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. resol. digital), lo que motivó la articulación de un recurso de queja por la defensa.
Esta Corte, el día 6 de agosto de 2024, admitió la queja y concedió el recurso deducido (v. resol. digital).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa denuncia la frustración del derecho a la doble instancia, arbitrariedad en el control de la sentencia de condena, desconocimiento del principio in dubio pro reo (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP) y errónea aplicación del art. 45 en función del art. 80 inc. 7, ambos del Código Penal.
Sostiene en tal sentido que el tribunal de juicio fundó la calificación legal del hecho exclusivamente a partir del modo impulsivo en que actuó uno de los imputados —no individualizado— durante el robo, al efectuar el disparo mortal contra la víctima.
Asevera que ninguno de los elementos de prueba meritados por ambas instancias permite atribuir el homicidio calificado a Giménez a título de coautor, toda vez que no se acreditó su intención de integrar un plan común previamente elaborado y ejecutado, ni tampoco que la decisión de matar al damnificado hubiera surgido de común acuerdo durante la ejecución del robo.
Rememora que dicho reclamo fue llevado a conocimiento del Tribunal de Casación, pero que los jueces no explicaron qué elementos consideraron para concluir que la decisión de matar para lograr el fin propuesto en el desapoderamiento respondió a un designio común del que participó Giménez.
Sostiene que el pronunciamiento en crisis no satisface la doble instancia, toda vez que, desatendiendo los cuestionamientos de la defensa, se reiteraron las razones expuestas en la sentencia de condena, sin verificar la correcta aplicación del método histórico y, en particular, el límite normativo que le impone el principio in dubio pro reo ; indica que las respuestas brindadas no abastecen una debida motivación y, entonces, resultan arbitrarias.
Con cita de jurisprudencia vinculada a la doctrina de la revisión amplia y de la arbitrariedad de sentencias (CSJN fallo "Casal"; e.o.), reitera la afectación del debido proceso, infracción al derecho a ser oído como derivación del derecho de defensa, del in dubio pro reo y de la garantía a la doble instancia, destacando la arbitrariedad del fallo revisor al efectuar el control de la sentencia de condena.
Afirma que no se invocó ningún elemento de prueba que permita tener por acreditado que Giménez aunó su voluntad a la "repentina" decisión de los coautores del robo de dar muerte a la víctima para vencer la resistencia que opuso "...con la particular subjetividad diferenciable del dolo mismo que caracteriza la modalidad agravada del homicidio del art. 80 inc. 7 del CP".
Alegó que con este proceder se aplicó erróneamente el art. 45 en función del art. 80 inc. 7 del Código Penal, habida cuenta de que no se definió cuál fue el rol atribuido a Giménez dentro del presunto plan común.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso interpuesto. Coincido con su opinión.
III. La decisión del Tribunal de Casación Penal cumplió con los estándares emergentes de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denunció, en tanto abordó y se expidió con la debida amplitud sobre los motivos de agravio llevados a su conocimiento.
Preliminarmente, haré un repaso del derrotero de la causa.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 2 de La Matanza tuvo por acreditado que: "...el 6 de septiembre de 2021 siendo aproximadamente las 13:40 h, en las inmediaciones de las calles Alagón y Balboa de la localidad de González Catán [...], tres sujetos del sexo masculino actuando de consuno y con división de roles interceptaron el paso de la camioneta Fiat Fiorino dominio [...] conducida por Armando R. Alegre, a quien intimidaron con fines de apoderarse ilegítimamente de sus bienes con —al menos— un arma de fuego del calibre 22 apta para el disparo, de tal forma que con conocimiento y voluntad de darle muerte, le efectuaron un disparo para facilitar el despojo, el cual impactó en su hemitórax izquierdo, provocándole lesiones tal magnitud que ocasionaron su posterior deceso, no logrando consumar el apoderamiento por razones ajenas a su voluntad, toda vez que la víctima pudo escapar del lugar a bordo de su rodado".
A fin de demostrar la coautoría de Giménez en el suceso, el tribunal valoró, en primer lugar, la declaración del funcionario policial Raúl Aníbal Rodas, quien explicó que tras relevar la existencia de cámaras en las inmediaciones del lugar de los hechos, llegó a una ante-esquina donde dos mujeres aseguraron haber escuchado la detonación de un arma de fuego en una hora y ubicación compatible con el recorrido del damnificado del que daban cuenta las filmaciones. Por eso, ambas fueron llevadas a la comisaría para recibirles declaración, y una de ellas dijo concretamente haber visto, en circunstancias temporo-espaciales próximas al hecho, a dos hombres que pasaron caminando, uno diciéndole al otro "le pegaste un tiro" y que ese otro, vestido con ropa de gimnasia, era "el Colito" (apodo de Giménez), que además se guardó un objeto en la cintura, que podía ser un arma de fuego, para posteriormente subirse a una motocicleta y alejarse del sitio.
El testigo Rodas también relató que al día siguiente se presentó espontáneamente en la comisaría D. A. (menor de edad) con su tía, afirmando que había sido él quien condujo la moto a la que se subió "Colito" y que podía indicar dónde lo había dejado. Se le recibió declaración al joven en presencia de un adulto de su familia, y luego A. marcó dónde subió a "Colito" en la moto, dónde lo dejó y señaló su domicilio (lugar de aprehensión de Iván Sebastián Giménez).
A continuación, el testigo Rodas reiteró que "...quienes vinculan por primera vez a 'Colito' en el hecho son las mujeres con las cuales, cree recordar, dieron en una ante-esquina en la calle Alagón, hablan sobre la detonación de arma de fuego y de un muchacho cuyo apodo no podía recordar, que es el que traslada a 'Colito' en una moto. Al otro día, es el menor quien lo menciona nuevamente identificándose como aquel que lo levantó en la moto".
Los señores jueces ponderaron, asimismo, la declaración testimonial de Cintia Johanna Dávila (tía de D. A.), que refirió que su hermana, V. D., la había llamado para contarle que estaban acusando a su sobrino D. de matar a alguien. Que el joven fue a su casa y le explicó que con su moto había "...levantado a un pibe y lo había dejado en el fondo", por lo que al día siguiente concurrió a la comisaría y se procedió a la aprehensión de su sobrino.
Los magistrados aludieron a la declaración prestada por D. A. (alias "N.") durante el debate, quien afirmó haber estado presente en el hecho que culminó con la muerte de Armando Alegre. A ello sumaron la declaración de Rubén Ezequiel Cóceres (cónyuge de Cintia Johanna Dávila), quien fue conteste con los dichos de su pareja, añadiendo que una vez dada intervención a la policía, acompañó a su sobrino a recorrer el barrio en un patrullero a fin de dar con el culpable, oportunidad en la que D. dijo que había sido un tal "Colo" (en alusión a Giménez).
Otro elemento de interés fue la denuncia anónima realizada el día 7 de septiembre de 2021 al número de emergencias 911, en la que se oye una voz diciendo, en lo que importa: "Quería avisar que el pibe que mató al pollero se llama Sebastián Giménez, es conocido como el Colito, está parando en la casa de la novia, vive en la calle Matías [...] de González Catán...".
Por otro lado, se valoró el hecho de que Iván Sebastián Giménez fue detenido en inmediaciones del domicilio ubicado en San Matías 5788 de González Catán (la calle a la que se aludió en la denuncia anónima), y que se halló en su poder un teléfono celular marca Samsung modelo J7 de color blanco.
Sobre el estudio de extracción y el contenido concreto de este aparato telefónico se trajo a colación el testimonio de Federico Pontello (auxiliar letrado de la Fiscalía General), y además, se ponderaron los archivos de audio surgidos del estudio pericial, registrados entre el día del hecho y el posterior, de los que surge la preocupación de Giménez por no resultar detenido, así como la cantidad de años que le corresponderían en caso de ser condenado, con la consiguiente recomendación de su interlocutor de que "se guarde", la preocupación de su progenitora por que la familia de la víctima no se tomase revancha y la información de que le habían allanado la casa a "N.", entre otros datos.
Este cuadro probatorio resultó, a los ojos del tribunal, contundente y lo llevó a afirmar con certeza la intervención de Giménez a título de coautor.
La señora jueza ponente —a cuyo voto adhirieron sus colegas del tribunal— halló que apenas producidos los hechos ya se sabía en el barrio que los agresores habían sido tres y que "Colito" y "N." eran dos de los involucrados: "Esa información fue recogida de inmediato en las primeras tareas de campo en busca de testigos —recuérdese [a] las dos mujeres de la ante-esquina de Alagón que mencionó el testigo Rodas, las cuales no albergo duda que se trataban de Lucero y Herrera [madre e hija, que también declararon en el juicio, aunque negaron haber visto los rostros de los sujetos involucrados]—; circuló luego hasta llegar a oídos de las familias de ambos implicados; se reforzó con los propios dichos de 'N.' sobre lo ocurrido, quien primero confió en sus tíos a quienes escuchamos en este juicio y luego lo transmitió ante la autoridad policial; se denunció en forma anónima al día siguiente del hecho, y aparece a esta altura demostrado en forma plena a partir de otros elementos".
Según la magistrada, "Que no se contara con testigos presenciales de los hechos dispuestos a señalar públicamente al acusado no debe extrañar pues tanto los dichos de Lucero y Toledo [hijo de la víctima] sobre la peligrosidad del barrio, la actitud de Trinidad [un cliente del damnificado, que tenía el negocio a tres cuadras de donde ocurrieron los hechos] frente a un hombre herido en su puerta [Armando Alegre], inclusive las propias especulaciones del imputado y su familia sobre posibles represalias explican esa situación".
A ello sumó que estaba fuera de todo debate que Giménez respondía al apodo de "Colito" o "el Colito", no sólo porque había sido objeto de estipulación probatoria de las partes, sino porque surgía de las comunicaciones cursadas a través de su teléfono celular e incluso de la declaración del testigo de descargo.
Es más, la señora jueza mencionó que, según el informe socioambiental producido por la defensa, Giménez residía en el barrio desde hacía años, y antes había vivido en Alagón esquina Bariloche, a solo una cuadra del lugar de los hechos, lo cual conectó con sus manifestaciones en uno de los audios, donde afirmó, refiriéndose a lo ocurrido: "...nosotros robamos en la esquina, ahí donde yo vivía con la Carmen".
Estas circunstancias las consideró relevantes debido a que "...quienes cometieron los hechos sin duda conocían el recorrido habitual del reparto [Alegre junto a su familia poseía un comercio destinado a la venta de pollos y derivados, y para esa actividad utilizaba la camioneta Fiat Fiorino], el día de la semana en el cual se realizaban los cobros, el horario y que se pagaba en efectivo".
Por último, la señora jueza aludió a las comunicaciones "inequívocas y múltiples" en las que Giménez "...se atribuye lisa y llanamente la coautoría de los eventos en trato". Ello, dijo, echaba por tierra su declaración prestada al inicio del debate, en la que, con un notable conocimiento del modo en que se desarrollaron los hechos, pretendió ubicarse como un mero espectador, que estaba en la calle "tomando una Coca Cola" cuando ocurrió la secuencia, cuya autoría atribuyó a "dos menores" (unos tales "Luquitas" y "Negrito"). Así, concluyó que el discurso del imputado no había sido sólido, no tenía apoyo en la prueba y se contradecía hasta con el testigo de descargo aportado por la defensa (Julio César Galván).
Para determinar la calificación legal en los términos del art. 80 inc. 7 del Código Penal, el tribunal explicó que la norma admite las tres formas de dolo, y que no exige premeditación, por lo cual la relación entre el robo y el homicidio puede ser ocasional, es decir que el homicidio puede ser resuelto en el momento sin que ello lo deje afuera de la fórmula del criminis causa , y que basta con que quien realiza la acción lo haga para preparar, facilitar, consumar u ocultar el robo o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar el robo.
Indicó que en el caso estaba probado que el damnificado, al ser interceptado por los individuos armados, decidió evadirlos y escapar, acelerando su marcha para alejarse, interponiéndose así a los planes ideados por los coautores. Agregó que el disparo recibido en respuesta a su reacción estaba dirigido sin duda a facilitar y consumar el robo, a lograr para ello y a toda costa que se detuviera en el lugar, en el que los coautores lo estaban aguardando a sabiendas de que era el día y horario de cobro de su recorrido habitual.
Así, encontró demostrada "...la existencia de un plan previo en el que se encontraba claramente establecido y aceptado por todos el empleo del arma de fuego en el contexto de robo y su utilización específica para facilitar y consumar el desapoderamiento, de así ser necesario". Allí ubicó el factor determinante de la responsabilidad de Giménez por el homicidio agravado, al margen de quién fue en concreto el que accionó el arma de fuego, pues la coautoría funcional —que halló ampliamente acreditada— determina la imputación recíproca de todos los aportes.
Agregó que nos hallábamos frente a un obrar colectivo donde el delito es realizado por un conjunto de personas que se reparten las tareas; los coautores realizan actos que integran tanto la objetividad como la subjetividad del hecho, tienen presencia activa y lo quieren como obra propia.
En función de ello, estableció que Iván Sebastián Giménez resultó coautor responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y homicidio criminis causa en concurso real y lo condenó a la pena de prisión perpetua.
III.2. En lo que aquí interesa, frente a ese fallo la defensa oficial de Giménez interpuso recurso de casación en el que se agravió de la ausencia de pruebas para acreditar la intervención de su asistido, y —de modo subsidiario— cuestionó la calificación legal asignada al evento, en particular, la acreditación de la ultraintención requerida por la figura penal en reproche, para requerir —en consecuencia— que se lo encuadre como homicidio en ocasión de robo, en los términos del art. 165 del Código Penal.
Argumentó que si bien el disparo impactó en la víctima, no se demostró que la finalidad hubiera sido matarla o detener la marcha del vehículo. Especificó que tampoco se probó que Giménez hubiera tenido algún elemento ofensivo en su poder; razonó que la muerte ocurrida resultó una contingencia imprevista, y no un resultado conocido y querido por todos los coautores, teniendo en cuenta que el comportamiento estuvo dirigido al desapoderamiento. A partir del cambio de calificación propuesto, pidió la reducción del monto de la sanción.
Por su parte, el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal amplió los fundamentos brindados por su antecesor con relación al encuadre legal, y sostuvo que no se acreditó —en cabeza de Giménez— la existencia del elemento subjetivo requerido por el tipo legal aplicado, es decir, la ultraintención de dar muerte con alguna de las específicas finalidades que se encuentran taxativamente enumeradas en la norma (art. 80 inc. 7, Cód. Penal). Indicó que la mera referencia del plexo probatorio era suficiente para inferir la violación de los arts. 210 y 373 del Código Procesal Penal, así como la infracción a los principios de razonabilidad, defensa en juicio e in dubio pro reo (arts. 18, Const. nac.; 8.2, CADH; 14.2, PIDCP; 1 y 2, CPP). Expresó que se habría verificado un exceso del autor en el plan (conf. art. 47, Cód. Penal), dado que la reconstrucción histórica del evento permitía razonar que Giménez sólo prestó acuerdo para participar de un delito contra la propiedad mediante el empleo de un arma de fuego. Y juzgó contradictorio que los magistrados de la instancia hubieran sostenido, a los fines de la subsunción legal, que la decisión de matar formaba parte del plan común y, al mismo tiempo, que surgió en el transcurso del robo, a partir de la resistencia opuesta por la víctima.
III.3. La Sala I del Tribunal de Casación rechazó el recurso de su especialidad.
Para así decidir, tras haber examinado la prueba disponible, encontró que el tribunal oral había reconstruido la participación del acusado en el evento a partir de una serie de datos, no confrontados por otras evidencias, que —a su vez— permitieron contrarrestar la hipótesis alternativa presentada por la defensa, vehiculizada a través de la declaración de Giménez.
En este sentido, asignó peso a los propios dichos del imputado en tanto se ubicó en el lugar del hecho durante su comisión, juntamente con la información emergente de sus diálogos telefónicos con terceras personas, en donde aludió a su particular intervención —con sentido delictivo— en los hechos ilícitos objeto del proceso.
Con relación al encuadre legal, la Casación aclaró que el recurrente no discutía la reconstrucción histórica del evento, sino la finalidad del homicidio fijada en la sentencia, esto es, "...para facilitar el despojo".
Indicó que se tuvo por probado —y no fue controvertido— que tres sujetos, de común acuerdo, interceptaron a la víctima mientras estaba conduciendo su camioneta y la intimidaron con un arma de fuego, a efectos de apoderarse de sus bienes; que, en ese contexto, le efectuaron un disparo que impactó en su hemitórax izquierdo y, a la postre, le provocó la muerte; y, también, que no se consumó el apoderamiento de los bienes, dado que el damnificado escapó del lugar a bordo de su vehículo (conf. declaraciones de Francisco Toledo Alegre, Paulino Trinidad, Diana González, Teresa Lucero, Paola Herrera, Raúl Rodas y Romina Riquelme; precario médico, acta de necropsia, certificado de defunción e informe pericial balístico, entre otros
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.