Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139181
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.181, "Quintana, Matías Alejo s/ Queja en causa n° 124.203 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Carral.
El Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza, por sentencia del día 10 de marzo de 2023, condenó a Matías Alejo Quintana a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor de los delitos de tentativa de robo calificado por el empleo de arma en concurso real con homicidio calificado criminis causae agravado por la intervención de un menor de edad (arts. 41 quáter, 42, 45, 55, 80 inc. 7 y 166 inc. 2, Cód. Penal).
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 16 de mayo de 2023, rechazó el recurso de la defensa oficial y confirmó la condena.
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. actuaciones digitales de 13-VI-2023), que fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio mediante resolución de fecha 22 de junio de 2023.
Frente a ello la parte presentó queja; a su turno, la Suprema Corte la admitió y concedió el recurso extraordinario (v. resol. de 3-VI-2024).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de fecha 27-XII-2024), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. La defensa oficial denuncia la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal, infracción a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales derivada de la razonabilidad republicana (arts. 1 y 28, Const. nac.), del debido proceso legal y del derecho de defensa en juicio, al amparo del art. 18 de la Constitución nacional.
Sostiene que el Tribunal de Casación convalidó la calificación legal del hecho a partir de un razonamiento arbitrario. En este sentido, indica que la única prueba objetiva valorada en la causa —la filmación de una cámara de seguridad— no permite acreditar la ultrafinalidad requerida por la figura del homicidio criminis causae.
Expresa que, a partir de dicha filmación, se estableció que la víctima Ariel Alejandro Franco fue interceptado cuando caminaba solo por una calle oscura, fue apuñalado en el estómago y quedó tendido en el suelo con todas sus pertenencias (celular, billetera y llaves). Entiende que el encaje legal es ilógico, pues si Franco fue sorprendido mientras andaba solo por un lugar sin luz y recibió una sola puñalada, su muerte no era necesaria para consumar el desapoderamiento (en ese estado no representaba ningún obstáculo para el robo). Agrega que tampoco puede afirmarse que el homicidio haya perseguido la impunidad de los agresores, dado que el damnificado no presentó ningún signo de defensa.
Así asevera que, ni el tribunal de juicio ni el revisor lograron establecer fehacientemente la necesaria conexión ideológica entre el homicidio y el robo. A su juicio, dicha conexión tampoco se desprende de las constancias de la causa.
Pide que se case el fallo atacado, se declare erróneamente aplicada la figura del art. 80 inc. 7 e inobservado el art. 79, ambos del Código Penal, y se disponga el reenvío del caso al tribunal anterior a fin de fijar pena conforme la calificación legal reclamada.
I.2. En segundo término y de forma subsidiaria, denuncia la arbitrariedad del pronunciamiento por entender que la prueba reunida resulta insuficiente para arrojar certeza respecto a la configuración de las exigencias típicas —tanto objetivas como subjetivas— de la figura del art. 80 inc. 7 del Código Penal.
Considera que la verificación de los elementos del tipo no se encuentra acompañada de fundamento alguno que permita comprobar la existencia del dolo homicida para consumar el robo, ni la conexidad del robo con el hecho contra la vida; dice que, por ende, lo resuelto es una mera conjetura en base a una filmación.
Afirma que no se respetó el principio constitucional de in dubio pro reo (art. 18, Const. nac.), pues media en el caso una duda histórica razonable que no se despejó.
Solicita que se case la sentencia impugnada y se declare erróneamente aplicado el art. 80 inc. 7.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III. Conviene tener en cuenta, para un mejor desarrollo expositivo, cómo quedó definida la plataforma fáctica en el veredicto pronunciado en la instancia de origen, así como el derrotero procesal de la causa.
III.1. El tribunal de juicio consideró, tras el debate, que los hechos objeto de acusación habían ocurrido, y para su mejor exposición, partió de los aspectos que las partes habían consensuado como indiscutibles: "a) El día 21 de junio de 2021 minutos antes de la hora 2.15m Ariel Alejandro Franco caminaba rumbo a su domicilio por la calle Cañada de Gómez, b) casi al llegar a la intersección con la calle Damicis, siempre en la localidad de Virrey del Pino, recibió una herida punzo cortante de 3 cm. en cara anterior del hemitórax izquierdo, entre el cuarto y quinto espacio intercostal, ingresando de abajo hacia arriba fracturando el cuarto arco costal y perforando el pericardio y ventrículo izquierdo, produciéndose así su óbito. c) Ese mismo día y a esa misma hora, Matías Alejo Quintana conducía el rodado Peugeot 504 dominio VGH-944 por la misma calle por la que circulaba la víctima, es decir, Cañada de Gómez en la localidad de Virrey del Pino, en compañía del menor de edad Maycol Agustín González, deteniéndose en la Plaza 'Los Alamos'".
A continuación, el tribunal puntualizó como otro dato indiscutible, aunque no consensuado, que el lugar donde fue asesinada la víctima (Cañada de Gómez casi intersección con Damicis) es una de las esquinas de la plaza "Los Alamos". Y justamente en tales circunstancias, halló probado inequívocamente "...que el aquí acusado [Matías Alejo Quintana] junto al menor de referencia [Maycol Agustín González], actuando de consuno, dividiendo roles eficaces para el propósito rapiñatorio perseguido, detuvieron el vehículo descendiendo del mismo el menor munido de un arma blanca. Pero ante la resistencia de Ariel Alejandro Franco, aquel le [infligió] una puñalada a la altura del abdomen [...], determinando así su fallecimiento, huyendo sin poder concretar (por evidentes razones ajenas a su voluntad) la finalidad propuesta, abordando el vehículo conducido por el aquí acusado, quien a esos fines lo aguardaba, retirándose así del lugar".
Como se adelantó, el tribunal encontró a Matías Alejo Quintana coautor de los delitos de tentativa de robo calificado por el empleo de arma en concurso real con homicidio calificado criminis causae agravado por la intervención de un menor de edad, y lo condenó a la pena de prisión perpetua.
Para decidir de ese modo, entendió debidamente demostrada la vocación rapiñatoria de Quintana, así como el fracaso de sus planes contra la propiedad de Ariel Alejandro Franco, por la oposición de este último, que concluyó con el joven González apuñalándolo en el abdomen.
Señaló que esta voluntad final, incumplida por circunstancias ajenas al autor, constituye tentativa de robo calificado por el empleo de arma, en los términos de los arts. 42 y 166 inc. 2 del Código Penal.
Por otro lado, afirmó que la muerte violenta de Ariel Alejandro Franco ocurrió porque los sujetos activos no lograron el fin propuesto al intentar el robo. En tal sentido, destacó los testimonios de Jorge Damián Franco y Leonela Leonor Espinoza, referentes a que la víctima no se había dejado robar en un hecho anterior y que su carácter era "calentón" en este tipo de circunstancias.
Agregó que el fracaso del desapoderamiento quedó evidenciado en el hecho de que Ariel Franco caminó las dos cuadras que lo separaban de su domicilio con el teléfono celular en la mano, y porque no tenía otra cosa más para que se llevaran los perpetradores que unas pocas monedas (según testimonio de su padre).
Desde allí, postuló la subsunción en la figura del homicidio calificado criminis causae por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito, y la hizo concursar con el robo tentado en los términos del art. 55 del Código Penal.
III.2. En el recurso de casación la defensa oficial, en lo que aquí interesa, denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 e inobservancia del art. 79, ambos del Código Penal, ante la falta de acreditación de la tentativa de robo. Entendió que debía encuadrase el hecho como homicidio simple, y que Quintana debía responder en carácter de partícipe secundario.
Subsidiariamente, atacó la calificación legal del hecho sosteniendo que no se verificó la conexión final entre el robo y el homicidio, con lo cual no debió aplicarse la figura del art. 80 inc. 7 sino la del art. 165 pues, "...en caso de que un homicidio aparezca conectado con un robo, si no se tiene suficiente certeza respecto de la existencia de la finalidad que determine el encuadramiento del hecho en una figura calificada del homicidio, el resultado mortal, en tanto contingencia del robo, autoriza a tener por concretada la hipótesis del art. 165 del C.P.".
III.3. La Sala IV del Tribunal de Casación se ocupó de explicar y fundar las razones por las cuales confirmó la calificación legal y dio por acreditado el elemento subjetivo cuestionado.
En esa senda, el Juez ponente doctor Natiello, que concitó la adhesión simple del Juez Kohan, luego de referirse a la materialidad ilícita y de señalar que las conclusiones del tribunal tenían basamento en presunciones e indicios entrelazados a fin de reconstruir los sucesos, hizo un repaso de la prueba valorada.
A tal fin, se remitió a los siguientes elementos de convicción:
a) Declaración testimonial de Leonela Leonor Espinoza (amiga de la víctima), que señaló que el día del hecho Ariel estuvo con ella y su pareja, que se retiró caminando, y que apareció muerto detrás de un camión, a tres cuadras de su domicilio. Asimismo, expresó que su amigo tenía carácter impulsivo.
b) Declaración testimonial de Jorge Damián Franco (padre del fallecido), quien detalló que su hijo era alto, aproximadamente 1.75 metros de altura, noventa y pico de kilos de peso, y de temperamento "calentón"; ya le había dicho que no se iba a dejar robar por nadie, incluso una vez anterior lo habían querido robar y no se dejó robar.
c) Declaración testimonial de Javier Roberto Ruiz (funcionario policial a cargo de la investigación), quien hizo un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona tomando como parámetro que el hecho criminal había ocurrido alrededor de las dos de la madrugada, y encontró a la víctima en un kiosco ubicado en Cañada de Gómez y Río de La Plata. Lo vio llegar, comprar algo y también a un vehículo próximo. Relató que luego la víctima se retiró hacia la calle Río de La Plata y el automóvil volvió a pasar, pero ya en sentido contrario, es decir, siguiendo a la víctima.
Aclaró que el "siguiendo a la víctima" se estableció dada la proximidad temporal de la segunda aparición del vehículo (posible a partir de una vuelta "en U"); también, por la circunstancia de que mantuvo la misma dirección que Ariel Franco, por la conducción a baja velocidad, entre otros indicios.
Explicó que pudo ver circulando sobre la calle Cañada de Gómez, a una cuadra del kiosco, al mismo auto, siempre siguiendo a la víctima; destacó que Franco tomó una calle distinta, y que el vehículo continuó en la misma dirección, siempre a baja velocidad, lo que reafirmaba la hipótesis del seguimiento. Expuso que, en un determinado momento, el vehículo se detuvo, porque se encendieron las luces de "stop". Y resaltó que el auto circulaba con las luces apagadas, en una zona oscura donde serían normalmente necesarias, lo que interpretó como un intento de ocultamiento de los tripulantes.
Con las luces de "stop" encendidas, se produjo una "intermitencia", es decir, por un momento algo las tapó. O, más bien, alguien las atravesó; según el testigo, la única explicación lógica (ya que por la hora y el lugar no había nadie en los alrededores) era que una o varias personas descendieron del vehículo y se dirigieron a la vereda. Y como en la vereda la única persona que veía era Ariel Franco, concluyó que ese había sido el lugar del asalto (Cañada de Gómez casi intersección Damicis, uno de los vértices de la plaza "Los Álamos").
Asimismo, este testigo contó que tomando como referencia lo que había visto en los videos, recorrió la jurisdicción de Virrey del Pino y dio con un vehículo similar; individualizó a su responsable y cuando se le leyeron los derechos, lo oyó decir que él no había sido el autor del homicidio, sino que había sido un menor de nombre Maycol, que vivía cerca de allí.
d) Digitalizaciones de los videos de seguridad.
e) Declaración de Oscar Alfredo Gómez, quien narró que un día de semana, cuando regresaba de trabajar, un patrullero le pidió colaboración para realizar un procedimiento. Fueron a otro lugar donde había más policías. Allí vio un Peugeot 504 medio destartalado con portaequipaje viejo. En el interior del vehículo detectó una remera y un celular. También mencionó que había un hombre detenido que decía ser remisero, que no sabía nada del hecho y que sólo había llevado a un tal Maycol, que era el verdadero culpable y vivía a siete cuadras.
f) El hallazgo de un arma blanca compatible con la que lesionó a la víctima en el domicilio de Maycol Agustín González, los mensajes intercambiados entre el nombrado y un amigo (de los que surge que el arma le fue provista por Quintana), y las declaraciones brindadas por el joven a lo largo del proceso.
g) Declaración de Matías Alejo Quintana, en tanto admitió que en horario cercano al homicidio conducía el Peugeot 504 dominio CGH-944 acompañado por González, y que llegó a una de las esquinas de la plaza donde se produjo el violento deceso de Ariel Franco.
En base a estos elementos, la Casación concluyó que el acusado había conducido el automóvil mencionado, en horas concordantes a la producción del homicidio de Franco, y que iba junto a Maycol González. También, que había fuertes indicios de la existencia de un acuerdo entre Quintana y su compinche para, aprovechándose de la superioridad numérica, la soledad del lugar e, inclusive, dotados de un arma blanca, atacar a Franco para desapoderarlo de sus pertenencias, y, ante la resistencia opuesta por este y la frustración de su objetivo, decidieron ultimarlo.
Apuntó que si bien no había un testigo directo para recrear el momento del atraco, el cuadro indiciario en contra de Quintana era muy fuerte: Ruiz afirmó que en los videos podía verse a la víctima con un celular en la mano, que se consideró el detonante del ataque; Quintana le brindó el arma blanca a González, lo llevó hasta el lugar, y le proveyó el transporte para fugarse de ahí; siguió a Franco a escasa velocidad con las luces del auto apagadas, el auto se detuvo, bajó uno de sus ocupantes para intentar apoderarse del móvil, Franco se resistió y por eso González lo apuñaló para luego abordar el automóvil conducido por Quintana y fugarse.
Apreció que el imputado actuó como coautor de los delitos contra la propiedad —en grado de tentativa— y la vida, tocándole en el reparto la tarea de conducir el automóvil, acercando a Maycol González, quien provisto de un arma blanca ultimó a Franco, frustrado por la resistencia ofrecida.
Encontró clara la existencia del robo en grado de tentativa conexo con el hecho contra la vida de Franco, lo que aventó la posibilidad de aplicar la figura del homicidio simple.
A fin de descartar el planteo subsidiario de la defensa, notó que aun cuando la figura del art. 80 inc. 7 del Código Penal requiere una vinculación subjetiva con otro delito, la preordenación no es indispensable, sino que el designio motivante de la conducta puede surgir sin una previa reflexión, como decisión adoptada en el curso de la ejecución del hecho, tal como sucedió en el caso: el homicidio se cometió frente al intento de Franco de resistir el atraco.
Encontró en los autores la clara motivación de matar por no haber logrado el fin propuesto al intentar el robo. Pues en un primer momento la finalidad fue el apoderamiento del celular que tenía la víctima, pero posteriormente los autores se presentaron en su psiquis la clara intención de dar muerte a Franco, como reacción irascible y violenta, frente a la oposición de la víctima al robo.
Concordó en que no pudieron quitarle el celular a Ariel Franco. Esto quedó evidenciado porque este caminó las dos cuadras que lo separaban de su domicilio con el teléfono en la mano, y no tenía otra cosa más para que se llevaran los sujetos activos que unas pocas monedas. Razonó que el apuñalamiento, tras el fallido intento para que la víctima entregase sus pertenencias, constituyó una respuesta indolente frente al fracaso de la rapiña.
De esta manera, halló abastecida la conexidad subjetiva que prevé la figura del homicidio criminis causae, ante un delito contra la propiedad en curso por no haber logrado el fin propuesto al intentar el otro delito.
Descartó los argumentos defensistas por ser meramente especulativos y colisionar con los serios indicios concurrentes y los testimonios. Certificó el dolo de matar, pues la puñalada fue asestada en una zona vital; es decir, "...se configur[ó] el consentimiento que el sujeto activo asume de antemano en cuanto al probable daño, amén de demostrar el certero menosprecio por la vida humana que caracteriza la figura contenida en la primera parte del inc. 7 del art. 80 del Código Penal".
Juzgó que el apuñalamiento provocó una herida punzo cortante de tres centímetros en cara anterior del hemitórax izquierdo, entre el cuarto y quinto espacio intercostal; el cuchillo ingresó de abajo hacia arriba, fracturó el cuarto arco costal y perforó el pericardio y ventrículo izquierdo, lo que llevó a la muerte de Franco. Esto condujo a la Casación a descartar la figura del art. 165 del Código Penal y a mantener sin cambios la calificación legal escogida por el tribunal del juicio.
IV. Lo primero que hay que señalar es que la defensa incurrió en un notorio viraje argumental, porque al interponer el recurso de casación, si bien planteó la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 e inobservancia del art. 79, ambos del Código Penal, fundó su petición en la ausencia de acreditación de la tentativa de robo y requirió el encuadre del suceso como homicidio simple. Subsidiariamente, se refirió a la inobservancia del art. 165 del Código Penal, alegando inexistencia de conexión final entre el hecho contra la propiedad y el homicidio.
Ahora, en el recurso extraordinario en trato reedita la denuncia de errónea aplicación del art. 80 inc. 7, pero pide el encuadre legal en el art. 79 del Código Penal a partir de considerar que no se probó la ultrafinalidad del homicidio criminis causae. Se observa así que en ningún pasaje critica el delito de tentativa de robo, a diferencia de lo que hizo su antecesor.
Como señala el señor Procurador General en su dictamen, ello denota un viraje argumental respecto de la pretensión articulada ante la instancia intermedia; defecto que, por sí solo, sería suficiente para tornar inabordable el reclamo (doctr. art. 451, CPP; ver, por muchas, causa P. 133.978, sent. de 22-XI-2022).
Pero, además, hay que notar que la parte controvierte la existencia de una conexión final entre el homicidio y el otro delito ("para consumar el robo" o "para procurar la impunidad de los perpetradores"), pero no
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.