Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139305
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Ramón Antonio González, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.685, "González, Ramón Antonio s/ Queja en causa n° 126.383 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 22 de agosto de 2023, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Ramón Antonio González contra la sentencia de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mar del Plata, que revocó el auto dictado por el Juzgado de Ejecución Penal n° 2 departamental que había declarado la inconstitucionalidad parcial de los arts. 100 de la ley de ejecución penal provincial 12.256 y 14, segunda parte, del Código Penal, e incorporado al nombrado González en el régimen de libertad asistida (v. sent. digital).
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor José María Hernández, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio por resolución de 12 de septiembre de 2023.
Deducida queja por esa parte, esta Suprema Corte la declaró procedente y admitió el carril extraordinario (v. resol. digital de 22-XII-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 15-X-2024), dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. De conformidad con la resolución de esta Suprema Corte que admitió la queja, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fue concedido a los fines de abordar la denuncia de violación a la garantía a la revisión amplia, al debido proceso y la defensa en juicio (conf. arts. 18, Const. nac.; 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP).
En ese marco, el recurrente adujo que el órgano revisor omitió dar un amplio y adecuado tratamiento a los planteos de la defensa llevados en el recurso de casación e introdujo un elemento impeditivo a la procedencia de su reclamo que no había formado parte del decisorio de la Cámara —en referencia al dictamen de inconveniencia emitido por el Departamento Técnico Criminológico—, considerándolo un exceso de jurisdicción en perjuicio de su asistido (art. 435 in fine, CPP).
Citó los precedentes "Casal", "Kutko" y "Romero Cacharane" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En función de lo expuesto, efectuó un repaso de los agravios que fueron presentados por esa parte en el recurso casatorio.
Expresó que —de modo preliminar— la defensa objetó que la sentencia carecía del voto individual de todos los magistrados. En lo vinculado con la revocación de la libertad asistida, criticó el fundamento de la decisión por apoyarse exclusivamente en el delito por el cual su defendido había sido condenado y, por otra parte, se agravió del argumento de los jueces de considerar vinculantes los pronunciamientos de esta Suprema Corte sobre la constitucionalidad del art. 100 de la ley 12.256, estimando que ello era insuficiente.
Luego recordó que se solicitó la declaración de inconstitucionalidad de dicha norma con sustento en la afectación al derecho a la reinserción social y la progresividad en la ejecución de la pena, puntualizando —además— que transgredía el art. 6 de la ley nacional 24.660 en orden al principio de mínima intervención y el fin resocializador de la pena.
También se quejó del desconocimiento de la situación actual del condenado al momento de decidir, destacando que los jueces deben conformar sus decisiones a las circunstancias existentes al momento en que se dictan, aunque ellas sean posteriores a la interposición del recurso. Y, por último, hizo referencia a la situación carcelaria que atraviesa la Provincia de Buenos Aires destacando su impacto con el caso en estudio.
Concluyó que el órgano intermedio desconoció completamente tales argumentos y efectuó una lectura formal y estática de los antecedentes del caso con remisión a expresiones introducidas por la fiscalía en el recurso de apelación, que no fueron adoptadas por la Cámara departamental.
Finalmente, solicitó que se case la sentencia impugnada y se remitan las actuaciones a la instancia inferior para que, debidamente integrada, dicte una decisión ajustada a derecho.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso interpuesto. Coincido con su opinión.
III. La decisión del Tribunal de Casación Penal respecto del pronunciamiento de la Cámara departamental, según se verá, cumple con los estándares emergentes de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió sobre los motivos de agravio llevados a su conocimiento.
III.1. En lo que resulta de interés para resolver la impugnación en examen, cabe recordar que la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, merced al recurso de apelación deducido por el señor agente fiscal, decidió revocar la decisión del Juzgado de Ejecución Penal interviniente que había declarado la inconstitucionalidad parcial de los arts. 100 de la ley 12.256 y 14, segunda parte, del Código Penal e incorporado al nombrado González al tratamiento de libertad asistida.
Para así decidir, en lo medular, expresó que desde hacía un tiempo esa Sala venía sujetándose a la doctrina legal de esta Suprema Corte contraria a la invalidez de la norma.
Sostuvo que ello obedeció a la verificación de una constante y pacífica jurisprudencia de este Tribunal que había establecido una regla jurídica uniforme basada en el texto expreso de la ley en su integración obtenida con el sentido literal de la norma y que, en la práctica procesal, las decisiones de todos los órganos inferiores en materia de derecho común o local "...merecen adecuarse a aquella, por razones de economía y orden en la administración de justicia".
Concluyó que la doctrina legal de esta Suprema Corte sobre la validez de la restricción normativa por el delito por el que había sido condenado Ramón Antonio González (abuso sexual agravado por acceso carnal en forma continuada, cometidos en perjuicio de M. B. entre agosto de 2017 y septiembre de 2018 —art. 119 tercer párrafo del Código Penal—), imponía la revocación del fallo dictado, con prescindencia del criterio y la opinión personal de los jueces y de los órganos inferiores intervinientes.
III.2. Al interponer el recurso de casación, la señora defensora oficial objetó la revocación del beneficio de libertad asistida del nombrado González desde distintos ejes argumentales, que fueron reseñados por el recurrente ante esta instancia extraordinaria (v. pto. "I" de la presente), a los que cabe remitirse en razón de brevedad.
III.3. A su turno, la Sala I del Tribunal de Casación Penal —mediante el voto del señor juez Carral, a quien adhirió el señor juez Maidana—, rechazó el recurso deducido por la defensa.
Para arribar a esa decisión, comenzó recordando la jurisprudencia del Alto Tribunal nacional que establece que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es una materia en la que rige un criterio restrictivo, por significar la ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 331:2799), recomendando suma prudencia a la hora de evaluar la posible inconstitucionalidad de una ley (Fallos: 14:425; 105:22; 112:63; 182:317).
Añadió, que "...todo intento tendiente a deslegitimar la validez constitucional de una norma impone a quien lo pretende el deber de demostrar con claridad de qué manera la ley que se cuestiona contraría la Constitución Nacional y cuál sería el perjuicio efectivamente irrogado (Fallos:332:5)".
Con relación al caso, dijo que "...la emisión de juicio respecto de la constitucionalidad de lo normado en los artículos 14 [...] del Código Penal y 100 de la ley 12256 [...] requiere de la corroboración previa de la inexistencia de otros obstáculos que le impiden acceder al derecho perseguido" y que "...sólo tendría sentido declarar la inconstitucionalidad de las reglas en crisis, cuando su aplicación traduzca su relevancia por ser el único y exclusivo obstáculo legal que impide acceder a lo peticionado desde la defensa".
Concluyó que no era necesario ingresar en el examen de convencionalidad, pues "...la situación del penado no supera otros requisitos, desde luego válidos, para acceder en este caso al instituto de la libertad condicional", refiriéndose concretamente "...al dictamen de inconveniencia emitido por el Departamento Técnico Criminológico, y los aspectos desfavorables que surgen de la vida intramuros de[l] condenado" (el destacado figura en el original).
IV.1. En primer lugar, estimo que la denuncia de omisión de tratamiento de la cuestión vinculada con la falta de voto individual que la defensa había articulado como planteo previo ante la instancia intermedia, resulta infructuosa.
Se advierte que la parte no señaló un concreto gravamen o los perjuicios que la omisión de abordaje de tal cuestión le habría causado, por lo cual las pretensiones del quejoso resultan meramente formales, lo que conduce a la ineficacia del pedido por insuficiente (doctr. art. 495, CPP).
Es doctrina de esta Corte que las nulidades no tienen por fin satisfacer pruritos formales sino enmendar perjuicios efectivos que pudieren surgir de las desviaciones procesales, cada vez que estas desviaciones supongan una restricción de la garantía de defensa en juicio o del debido proceso, y en la especie, no concurren estas circunstancias (art. 203 y concs., CPP; conf. causas P. 79.268, sent. de 8-IX-2004; P. 65.404, sent. de 29-IX-2004; P. 96.779, sent. de 17-VIII-2007; P. 94.386, sent. de 20-VIII-2008; P. 109.998, resol. de 27-VIII-2010; P. 109.426, resol. de 24-IX-2010; P. 122.459, sent. de 2-XII-2015; P. 132.402, sent. de 18-XII-2019; P. 131.143, sent. de 14-X-2020; P. 132.095, sent. de 20-X-2020; P. 133.634, sent. de 21-II-2022; e.o.).
IV.2. En cuanto a los reclamos vinculados con la revocación del beneficio de libertad asistida y la postulación de inconstitucionalidad de la norma en trato, como ya se adelantó, el órgano casatorio desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó los argumentos de la parte y los descartó, proporcionando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio.
En efecto, luego de realizar diversas consideraciones generales referidas a que la declaración de inconstitucionalidad es un remedio extremo que debe aplicarse solo excepcionalmente, así como también que quien la reclame deberá demostrar de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución y cuál sería el agravio concreto que la misma le produce, la Casación precisó que, previo a expedirse acerca de la constitucionalidad de lo normado en los arts. 14, segunda parte, del Código Penal y 100 de la ley 12.256, correspondía verificar la ausencia de otros impedimentos legales para acceder al beneficio solicitado, ya que dicha declaración solo tendría sentido cuando la aplicación de la norma puesta en crisis represente el único y exclusivo obstáculo legal que le imposibilite el acceso al beneficio solicitado.
En este punto, advirtió que no resultaba necesario ingresar en el examen de convencionalidad porque la situación de González no superaba otros requisitos para acceder al beneficio, debido al dictamen de inconveniencia emitido por el Departamento Técnico Criminológico y los aspectos desfavorables que surgen de la vida intramuros del condenado. En consecuencia, rechazó el recurso de casación deducido.
Es que, más allá de la técnica empleada por el revisor en el abordaje de los planteos, emerge que brindó los motivos por los cuales restó sentido a la declaración de inconstitucionalidad de las normas cuestionadas desde diversos flancos, pues para ello estas debían presentarse como el único obstáculo legal que impedía a González obtener el beneficio solicitado en su favor, y ello no resultó así merced al dictamen de inconveniencia antes aludido.
De tal forma, aparecen desarticulados los planteos vinculados con la transgresión a la revisión amplia del decisorio de la Cámara y vacía de fundamento la referencia que hace la defensa en torno a la conculcación del debido proceso y la defensa en juicio, relacionada intrínsecamente con aquellos.
Por lo demás, tampoco se evidencia en la decisión impugnada que se haya configurado en autos un exceso de jurisdicción.
En tal sentido, la parte pudo argumentar por qué el tribunal revisor debió emprender el examen de convencionalidad aun cuando existía un dictamen de inconveniencia del Departamento Técnico Criminológico —cuya existencia no fue controvertida— o, dicho de otra forma, por qué tal dictamen no debía ser considerado un obstáculo para la concesión del beneficio de libertad asistida solicitada en favor de su defendido, y no lo hizo. Media, pues, insuficiencia (art. 495, CPP).
En definitiva, el Tribunal de Casación brindó una adecuada respuesta a las objeciones que la defensa formuló ante esa sede, ajustando su labor revisora a los parámetros que establecen los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su doctrina, así como también a los estándares fijados por el precedente "Casal" de la Corte federal.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Ramón Antonio González, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/07/2025 12:14:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2025 12:41:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2025 15:10:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/07/2025 10:21:15 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2025 10:26:21 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/07/2025 10:53:33 hs. bajo el número RS-98-2025 por SP-CATALDI MARIA VICTORIA.
Fin de la sentencia