Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 131163
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor fiscal, se casa el pronunciamiento recurrido -por arbitrario- y se devuelven los autos al tribunal a quo para que de acuerdo con los lineamientos aquí trazados, y con la prioridad que el caso requiere, se aboque al tratamiento de los embates llevados ante él mediante el recurso de apelación y mantenidos por el señor Fiscal General -conf. art. 445 segunda parte del Código Procesal Penal-, dictando el pronunciamiento que estime corresponder (art. 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.163, "Sobrino, Marcelo (Fiscal General del Departamento Judicial de Azul) s/ Queja en Causa n° 13.841 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen, seguida a Belastegui, Oscar José", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud .
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, mediante el pronunciamiento dictado el 9 de abril de 2018, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el señor agente fiscal, doctor Cristian Citterio, contra el fallo absolutorio emitido por el Juzgado en lo Correccional n° 1 de Azul, respecto de Oscar José Belastegui en orden a los delitos de estafas reiteradas (2 hechos), en concurso real (v. fs. 882/884).
Frente a dicha decisión, el señor Fiscal General del Departamento Judicial de Azul, Marcelo Alberto Sobrino, dedujo recurso extraordinario de inaplicabi1idad de ley (v. fs. 908/915), el que fue declarado inadmisible por el a quo (v. fs. 933/936). Deducida queja por aquella parte (v. fs. 1.148/1.153 vta.), la impugnación fue concedida por esta Suprema Corte a través de la resolución del 14 de agosto de 2019 por estimar que la denuncia de arbitrariedad -por exceso ritual manifiesto- cuenta con la carga técnica necesaria (v. fs. 1.159/1.162).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 1.192/1.198), dictada la providencia de autos (v. fs. 1.200) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio, el señor representante fiscal denuncia la arbitrariedad de la resolución impugnada por existir exceso ritual en la interpretación del art. 445 -segunda parte- del Código Procesal Penal, y la vulneración de las potestades recursivas del ministerio público fiscal (v. fs. 911 vta.).
Cuestiona la interpretación de la Cámara según la cual el mantenimiento del recurso efectuado por el señor Fiscal General, avalando los argumentos esgrimidos oportunamente por el fiscal de la instancia, no era suficiente para cumplimentar la manda de dicha norma. Estima que dicha interpretación "...resulta sumamente estrecha, ya que la suerte del recurso, en cuanto a su admisibilidad, quedó plasmada por la actividad del Fiscal apelante, quien la había cumplimentado acabadamente y el mantenimiento hecho por es[]a sede" tal como fue considerado por el órgano departamental originario a fs. 843 (v. fs. cit.).
Recuerda que la aludida norma responde al sistema prescripto por la ley 14.442, de organización piramidal, con lo cual "...al suscrito sólo le corresponde mantener o no el recurso interpuesto por cada uno de los Agentes Fiscales de grado, titulares de la acción pública ..." (fs. 911 vta. y 912).
Explica que conforme lo sostiene gran parte de la doctrina, la obligación de expresar argumentos in extenso parece lógica si lo que se pretende es desistir de un recurso, pues las potestades de los órganos estatales no pueden ser discrecionales, y a contrario, que resulta innecesario expresar agravios con relación a una postulación recursiva que ya viene fundada acabadamente de la instancia precedente (art. 442, CPP; v. fs. 912).
Con cita de los autores Falcone y Madina, señala que ante el silencio del Fiscal de Cámara "...no correspondería ni siquiera declararlo desierto" (v. fs. cit.).
En función de lo expuesto, indica que el a quo , "...utilizando un excesivo ritualismo interpretativo , omitió brindar tratamiento, en su cabal extensión, a los agravios expresados por el titular [de la] acción pública, vulnerando de manera palmaria el sistema recursivo establecido en el código ritual, el de debido proceso establecido por el art. 18 de la C.N. y art. 15 de la Constitución Provincial y en un[a] interpretación amplia, las garantías que poseen todos los ciudadanos a la doble instancia y a la tutela judicial efectiva" (fs. 912 vta. y 913, el destacado figura en el original).
En ese discurrir, efectúa diversas consideraciones generales acerca del derecho a la tutela judicial efectiva, concluyendo que la misma juega un rol decisivo de protección a la víctima y se relaciona con las garantías en materia recursiva (v. fs. 913 y vta.).
Concluye que rechazar el recurso del fiscal, el cual se encontraba mantenido por el superior, implica desnaturalizar el espíritu propugnado por la ley 11.992 y sus modificatorias (v. fs. 913 vta. y 914).
II. Como lo aconseja la Procuración General (v. fs. 1.192/1.198 vta.), el recurso procede.
III. Es doctrina reiterada de esta Corte que las infracciones relacionadas con presuntos vicios procesales anteriores a la sentencia resultan ajenas a la instancia extraordinaria ya que el recurso de inaplicabilidad de ley tiene por objeto la sentencia definitiva y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente (conf. causa P. 77.838, sent. de 18-XI-2009; e. o.). Y que tampoco, en principio, en razón de su carácter procesal, importan cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria prevista en el art. 14 de la ley 48, salvo supuestos de arbitrariedad según doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 324:1994; 331:2077 -por remisión al dictamen del Procurador General-; e. o.).
Dicho lo anterior, el presente recurso fue concedido a efectos de tratar la cuestión federal referida a la arbitrariedad de la sentencia por exceso ritual (v. fs. 1.159/1.162).
Cabe recordar que esta Suprema Corte -excepcionalmente- puede controlar la interpretación y aplicación realizada por el tribunal inferior con respecto de las normas procesales que regulan la materia recursiva, a efectos de que no se vulneren el debido proceso y el derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.; conf. P. 108.244, sent. de 4-IX-2013; e. o.).
Más allá de la excepcionalidad de la doctrina que invoca -arbitrariedad de sentencias-, no debe olvidarse que ella también procura asegurar, respecto del Ministerio Público Fiscal, la plena vigencia del debido proceso que se dice conculcado (conf. doctr. Fallos: 299:17; 331:2077), exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente (Fallos: 311:948 y 2547; 313:559 y 321:1909), lo que no se aprecia en el sub examine .
IV. Para comenzar, es necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en autos.
El día 5 de julio de 2017, el Juzgado en lo Correccional n° 1 del Departamento Judicial de Azul absolvió a Oscar José Belastegui, por los hechos que fuera acusado en orden al delito de estafa -dos hechos- en concurso real (arts. 55, 172 y 173 incs. 2 y 9, Cód. Penal; v. fs. 799/807 vta. en relación a fs. 623/632).
Contra esta decisión, el señor agente fiscal interpuso recurso de apelación a través del cual denunció la errónea aplicación del art. 210 del Código Procesal Penal, alegando que se había valorado erróneamente la prueba y aportando los fundamentos de sus agravios (v. fs. 820/825 vta.).
Luego, la Cámara de Apelación y Garantías de Azul, corrió traslado de esa pieza recursiva al señor Fiscal General en los términos del art. 445 del Código Procesal Penal (v. fs. 841).
A su turno, el señor Fiscal General -doctor Sobrino- expresó "...en tiempo y forma vengo a contestar el traslado conferido y a manifestar que he de mantener el recurso de apelación interpuesto..." y que "Por ello y compartiendo los argumentos allí esgrimidos es que de conformidad con lo establecido en el art. 445 segunda parte del C.P.P. MANTENGO el recurso interpuesto solicitando se revoque la resolución atacada" (fs. 842, el destacado figura en el original).
De seguido, los magistrados de la Cámara de Apelación y Garantías de Azul -doctores Cini y Uhalde-, luego de expresar que el aludido Fiscal General había mantenido el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el agente fiscal, se excusaron de intervenir con fundamento en que habían emitido opinión con el dictado de la resolución obrante a fs. 650/652 vta., y remitieron las actuaciones a la Cámara de Apelación y Garantías de Trenque Lauquen (v. fs 843), quedando -entonces- radicado el recurso en la citada cámara departamental, bajo la intervención de los señores jueces Gini y Glitz (v. fs. 856).
Así es que llegamos a la resolución del 9 de abril de 2018, que fuera reseñada en los antecedentes (v. fs. 882/884).
En lo que importa, el Tribunal de Alzada declaró inadmisible el recurso de apelación deducido por el agente fiscal, con sustento en que la "...específica carga de fundamentación" que impone el mentado art. 445 del Código Procesal Penal -que transcribe- "...aparece ausente en el escrito de mención" pues ella "...no se abastece con la genérica afirmación de compartirse los argumentos esgrimidos por el fiscal de la instancia" (fs. 882 vta.).
Complementó lo anterior con cita de opinión doctrinaria, de la que -en lo medular- se desprende que "...el Fiscal de Cámaras estaba legalmente gravado con un 'plus' de actividad procesal, la fundamentación" y que, a tal efecto "...fundar 'es ensayar una explicación razonada del agravio'", todo lo que reconduce a la inicial interposición de la apelación por parte del agente fiscal (v. fs. 882 vta./883 vta.).
V. Como se adelantara, estimo que el recurrente brindó suficientes argumentos para objetar la declaración de inadmisibilidad dispuesta en el fallo en crisis desde el perfil argumental del exceso ritual manifiesto.
Veamos.
El art. 445 -segunda parte- del Código Procesal Penal reza: "Al Fiscal de Cámara se le notificará la concesión del recurso interpuesto por el Agente Fiscal en cuanto las actuaciones sean recibidas por el Tribunal de Alzada, debiendo en el término de cuarenta y ocho horas (48) manifestar fundadamente si mantiene o no el recurso deducido.".
Al expedirse en cumplimiento de dicha manda, el aludido Fiscal General expresó -como se desprende de la reseña efectuada- que habría de mantener el recurso de apelación interpuesto por el señor agente fiscal, destacando que "Por ello y compartiendo los argumentos allí esgrimidos es que [...] MANTENGO el recurso interpuesto" (fs. 842).
Ahora bien, entiendo que la Cámara hizo reposar su decisión acerca de la inadmisibilidad del recurso de apelación del señor agente fiscal, echando mano a fórmulas dogmáticas y genéricas, tales como que la carga de fundamentación del señor Fiscal General no se abastecía con la mera afirmación de compartirse los argumentos esgrimidos por su par de la instancia.
En efecto, lo expresado por el señor Fiscal General en tal sentido importó, en el caso, más allá de su remisión a los fundamentos dados en el recurso por su predecesor, una manifestación motivada acerca de por qué mantenía el recurso deducido, y así es que dio cumplimiento a la manda del art. 445 -segunda parte- del Código Procesal Penal.
De otro lado, y en coincidencia con el dictamen de la Procuración, el "plus" de fundamentación en el mantenimiento del recurso es, a todo evento, una facultad que la ley le concede al fiscal, para robustecer los argumentos de la apelación, más no una obligación que le viene impuesta por la norma.
De tal forma, dicho órgano jurisdiccional incurrió en arbitrariedad por excesivo rigor formal, en tanto añade una exigencia de especial fundamentación sobre el mantenimiento del recurso que la propia letra de la ley -en el mentado art. 445 del Código adjetivo- no prescribe, y a consecuencia de ello privó al Ministerio Público Fiscal de la garantía del debido proceso legal, en cuanto esta exige que las decisiones judiciales sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente de acuerdo a las circunstancias comprobadas de la causa (art. 18, Const. nac.).
VI. Por lo demás, cabe recordar que ha sostenido la Corte federal que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, las palabras deben entenderse empleadas en su verdadero significado -que es el que tienen en la vida diaria-, y cuando la ley emplea varios términos, no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, de limitar o de corregir conceptos, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador (conf., por muchos, Fallos: 326:1778; 327:769 y 5736; 328:456). Y, en adición, cuando esta no exige esfuerzo de comprensión debe ser aplicada directamente, sin que sea admisible efectuar consideraciones ajenas al caso que aquella contempla (Fallos: 313:1007; 314:458; 315:1256; 318:950; 324:2780; 330:4476). Siempre teniendo en cuenta que no corresponde a los jueces sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como este la concibió (Fallos: 300:700).
VII. En virtud de lo expuesto, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el Ministerio Público Fiscal, dejar sin efecto el pronunciamiento dictado a fs. 882/884 por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Trenque Lauquen y devolver los autos a dicho órgano, a fin de que -conforme lo resuelto precedentemente- y con la prioridad que el caso requiere, se aboque al tratamiento de los embates llevados ante él mediante el recurso de apelación y mantenidos por el señor Fiscal General -conf. art. 445 segunda parte del Código Procesal Penal-, dictando el pronunciamiento que estime corresponder (arts. 439 y 494, CPP).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor fiscal, se casa el pronunciamiento recurrido -por arbitrario- y se devuelven los autos al tribunal a quo para que de acuerdo con los lineamientos aquí trazados, y con la prioridad que el caso requiere, se aboque al tratamiento de los embates llevados ante él mediante el recurso de apelación y mantenidos por el señor Fiscal General -conf. art. 445 segunda parte del Código Procesal Penal-, dictando el pronunciamiento que estime corresponder (art. 496, CPP).
Regístrese y notifíquese (conf. Resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c" resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/10/2021 15:59:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/10/2021 17:11:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2021 07:52:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2021 10:54:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2021 11:05:45 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/10/2021 11:59:49 hs. bajo el número RS-119-2021 por SP-SANTUCCI ROMINA ELISABET.
Fin de la sentencia