Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P-144426-Q
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, por improcedente, la queja interpuesta por el Defensor ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Carlos Hugo Abiati, con costas (art. 486 bis , CPP).
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ABIATI, CARLOS HUGO S/ QUEJA EN CAUSA N° 136.883 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA II
La presente causa P. 144.426-Q, caratulada: "Abiati, Carlos Hugo s/ Queja en causa N° 136.883 del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
I. Conforme se desprende de las piezas procesales acompañadas por la parte, la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, el 4 de agosto de 2025, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra el decisorio dictado por ese órgano jurisdiccional que rechazó el remedio de la especialidad deducido por la defensa frente al fallo del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús que -mediante el trámite de juicio abreviado e integración unipersonal- condenó a Carlos Hugo Abiati a la pena de cuatro (4) años de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas del proceso, como autor penalmente responsable del delito de distribución de representaciones de menores de dieciocho años de edad agravado previsto y punido por los arts. 45, 55 y 128 párrafos primero y quinto del Código Penal.
Para así decidir estimó, por un lado, que no se encontraba abastecido el recaudo objetivo establecido en el art. 494 del Código Procesal Penal y, por el otro, que la defensa no logró demostrar que se encontrara involucrada de manera directa e inmediata una cuestión federal susceptible de excitar la competencia de este Superior Tribunal provincial (art. 14 de la ley 48).
En este sentido señaló que, más allá de la discrepancia expresada, estaban ausentes las críticas concretas dirigidas contra la motivación expuesta en el fallo de esa instancia al desestimar el recurso de casación deducido. Añadió que el recurrente se ciñó a expresar su disenso con la forma en que fueron tratados y rechazados los planteos allí contenidos, argumentando que otro debió ser el control revisor, sin lograr evidenciar una situación de excepción para habilitar la vía extraordinaria pretendida.
Sostuvo que los reclamos se encontraban por fuera de los supuestos legales y convencionales que posibilitarían su formal introducción como cuestiones federales en la vía en tratamiento. Indicó que resultaba de aplicación lo decidido por esta Corte en el precedente P. 107.574 en cuanto a la suficiencia del reclamo de las eventuales cuestiones federales, al objeto de la doctrina de la arbitrariedad y a la afectación del derecho de revisión.
Concluyó que el recurso no presentaba la aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que, en el caso, pudieran estar involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales que deban ser atendidas por este superior tribunal.
II. El defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor José María Hernández, presentó queja.
En primer lugar, efectuó una reseña de los antecedentes del caso y denunció que el recurso fue erróneamente desestimado.
Destacó que los requisitos que impone el art. 494 del Código Procesal Penal debían excepcionarse en razón a que el planteo consistía en una infracción constitucional: violación a los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 75 inc. 22 y 18 de la Constitución nacional; ello en virtud de la revisión aparente de la sentencia de condena con infracción al principio in dubio pro reo y un supuesto de arbitrariedad por inadecuado tratamiento, lo que imponía abrir la competencia de este Tribunal al resultar aplicable la doctrina de la Corte nacional sentada en los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio".
Explicó que la decisión que origina la queja importa una negación de dicha competencia, que priva a la Suprema Corte del rol institucional básico de velar por la supremacía de la Constitución nacional y del bloque federal todo.
Aseveró que de la mera lectura de los fundamentos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se advierte la cuestión federal planteada y que allí se explicó en qué consistió la infracción denunciada.
En este sentido, señaló que frente al planteo defensista relativo a que no se había acreditado que fuera Abiati quien hubiese efectivamente realizado la distribución del material, ello por cuanto, dijo, "en el domicilio allanado no residía únicamente el imputado, no pudiéndose determinar con certeza que la conducta fuera realizada por aquel; el revisor afirma que 'el recurrente se desentendió que en el fallo se hizo referencia a otros complementos que permitieron establecer la vinculación del acusado con la acción ejecutiva al ser verificada su titularidad de la dirección IP de Facebook y Telecom, desde la cual se procedió a la distribución de representaciones (imágenes) de menores de edad dedicados a actividades sexuales explícitas desde una cuenta.'".
Sobre el punto, entendió que dicha respuesta resultaba insuficiente y no contestaba adecuadamente el agravio, afirmó que, en autos, no se comprobó que los aparatos secuestrados con material similar fueran de uso exclusivo del imputado, pues no vivía solo y dijo que los mismos se encontraban en lugares de uso común. Así, se agravió en virtud de que la Casación realizó un inadecuado tratamiento al apartarse de las constancias de la causa lo que implica un supuesto de arbitrariedad y la trasgresión de las normas internacionales antes citadas respecto a la denunciada carencia de prueba para arribar a la certeza exigida.
Refirió haber citado lo expuesto en el fallo "Casal", en torno a la función de la Casación en relación a los hechos probados por los tribunales de mérito e hizo hincapié en la aplicación del método histórico para tratar de establecer hechos pasado que, luego, el órgano de alzada verificará.
Para más, explicó que, en el procedimiento del juicio abreviado, la información y sus fuentes obran en su totalidad en la investigación penal preparatoria de manera que el juicio del a quo es plenamente controlable sin que obre ningún límite que resulte producto de la inmediación. Criticó que se dio por probado que su asistido distribuyó las representaciones de menores, limitándose a remitir genéricamente a la que exposición que se hizo de la evidencia sin analizar seriamente la insuficiencia apuntada.
Luego afirmó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte federal, pues se demostró en el caso la infracción al derecho de revisión de la sentencia condenatoria por un tribunal superior, imposibilitando al imputado el acceso a una revisión amplia e integral de todos los aspectos sustanciales del fallo de condena con la consecuente infracción al " in dubio pro reo ", así como la arbitrariedad por inadecuado tratamiento del planteo; dicha cuestión se vinculó de manera directa e inmediata con la solución del caso pues es determinante de ella, habida cuenta que se encuentra comprometida la interpretación y alcance de la normativa de jerarquía constitucional en el marco de la doctrina de la arbitrariedad que tutela el derecho de defensa; fue oportunamente planteada y el gravamen ocasionado es actual.
Adunó que la decisión que declara la inadmisibilidad del recurso resultó arbitraria al fundarse de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas. Sostuvo que era claro que se planteó una cuestión federal con la suficiencia y carga técnica necesarias para que la vía extraordinaria sea declarada admisible. Por último, transcribió parcialmente el fallo "Recurso de hecho deducido por la AFIP Dirección General de Aduanas en la causa Morinigo Troche, Vicente s/ infracción ley 22.415" de la Corte federal.
III. La queja resulta improcedente (art. 486 bis del CPP).
La presentación directa no controvirtió de manera eficaz el obstáculo formal vinculado con la falta de suficiencia y carga técnica de los planteos de pretensa índole federal en que se sustentó el juicio negativo (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional).
En efecto, de lo reseñado se advierte que el quejoso dedicó sus esfuerzos a afirmar que, a contrario de lo sostenido por el Tribunal de Casación, la vía extraordinaria portaba la denuncia de afectación de la garantía de la revisión amplia de la sentencia condenatoria así como la arbitrariedad por inadecuado tratamiento del planteo efectuado por la defensa en el recurso de casación -referente a la falta de demostración de la autoría de su defendido-, sin lograr evidenciar que sus embates excedieran de una mera opinión discrepante con la tarea desplegada por la Sala casatoria al convalidar en definitiva la construcción probatoria a partir de la cual el Tribunal de juicio formó convicción -en lo que aquí interesa- al tener por acreditada la autoría de Carlos Hugo Abiati (v. sentencia casatoria acompañada por la parte en archivo adjunto).
Entonces, la parte no consiguió demostrar que los cuestionamientos formulados en el recurso extraordinario configuraran tópicos de índole constitucional desarrollados con la carga técnica necesaria para superar el contralor de admisibilidad que exigen los precedentes "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional, ni su relación directa e inmediata con la sentencia casatoria.
Lo expuesto, deja a salvo el pronunciamiento de la arbitrariedad que la parte pretendió achacarle, y por ende el juicio negativo debe mantenerse en esta instancia (art. 486 bis , CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar, por improcedente, la queja interpuesta por el Defensor ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Carlos Hugo Abiati, con costas (art. 486 bis , CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese (conf. resol Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario firmante: KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario firmante: VIOLINI Victor Horacio - JUEZ
Funcionario firmante: TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario firmante: SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE - Número: RR- 2969-2026
Fin de la sentencia