Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133398
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.398, "R., G. A.. Queja en causa nº 14.332 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Zárate-Campana", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Kogan, Genoud, Soria, Violini, Carral .
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Zárate-Campana, mediante el pronunciamiento del 30 de septiembre de 2019, resolvió -en lo que aquí resulta de interés destacar y luego del reenvío dispuesto por esta Corte en el marco de la causa P. 114.882, sentencia de 1 de abril de 2015-: rechazar el planteo de extinción de la acción penal por prescripción y sobreseimiento con fundamento en la insubsistencia de la acción penal impetrado por la defensa de G. A. R.; integrar la aludida sentencia dictada por esta Suprema Corte y condenar a la nombrada a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autora responsable del delito de promoción de la prostitución de menores de edad agravada por el vínculo (arts. 2, 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 125, último párrafo -en su redacción anterior a la vigencia de la ley 25.087-, todos del Cód. Penal; v. fs. 33/43 vta. -sent. de esta Corte- y 51/57 vta. -sent. de la Cámara-).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial departamental, doctor Marcelo Enrique Costa, interpuso recurso extraordinario inaplicabilidad de ley (v. fs. 122/132), que fue declarado inadmisible por el Tribunal de Alzada (v. fs. 133/136). Interpuesta queja por la vía denegada (v. fs. 215/220), este Tribunal resolvió concederla en función de la denuncia de vulneración de las alegadas cuestiones federales: "...arbitrariedad en la aplicación de la garantía del plazo razonable y en la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal", conforme el alcance estipulado en los apartados V y VI de esa decisión -ver esp. fs. 223 y vta.- (v. fs. 221/224).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 230/236), dictada la providencia de autos (v. fs. 238) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planeada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En primer término, la defensa oficial de la imputada manifestó que en oportunidad del reenvío dispuesto por esta Suprema Corte en el marco de la causa P. 114.882 (sent. de 1-IV-2015; v. fs. 33/43 vta.) a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental a fin de que la misma gradúe la pena a imponer a G. A. R., formuló un nuevo planteo de prescripción fundado en insubsistencia de la acción penal respecto del delito materia de condena y solicitó -en dicha oportunidad- el sobreseimiento de su defendida habida cuenta que el trámite de la causa "...resulta a todas luces excesivamente prolongado" (fs. 126). En ese contexto, destacó que desde el comienzo de la investigación del hecho en juzgamiento acaecido entre los años 1996 y 1997 hasta el momento de la interposición de la vía impugnativa en trato: 18-X-2019 (conf. cargo impuesto a fs. 132), transcurrieron "...más de diecinueve (19) años", siendo que desde el referido pronunciamiento de esta Corte pasaron "...más de cuatro años" (fs. 126 vta.).
Luego de efectuada esa descripción del cuadro general de situación en torno a la duración del proceso seguido a R., refirió al derecho de todo procesado a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas -conf. arts. 18 de la Constitución nacional; 8.1 y 25 de la Convención Americana Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- (v. fs. 126 vta.).
Precisó que su defendida no cuenta con un fallo judicial que cierre el proceso en trámite con el carácter de cosa juzgada, vulnerándose de tal modo la garantía a ser juzgada en un plazo razonable (v. fs. 127) y estimó, con sustento en lo resuelto en el caso Genie Lacayo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aunque se tomaran en cuenta los tres elementos que se citan en ese fallo para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso, esto es: i) la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del interesado y iii) la conducta de las autoridades judiciales, quedaría en claro -a su entender- que "...en ningún caso el plazo del proceso puede ser de 18 años de duración" (fs. cit. vta.). En aval de su postura, citó doctrina de autor y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Mattei", "Cuatrín", "Barra" y "Egea" y requirió se decrete la absolución de la encausada con sustento en la extinción de la acción penal (v. fs. 127 vta. y 128).
Seguidamente tachó de arbitraria la sentencia en crisis dictada por la Cámara, por no haber efectuado un análisis actual de la situación concreta de la imputada R. y trasladar automáticamente lo resuelto por esta Corte en el marco de la mencionada causa P. 114.882 -sentencia de 1-IV-2015-, ni atender al mayor agravio y afectación de derechos producidos a su defendida "...en [esos] nuevos cuatro años de trámite recursivo" (fs. 128 vta. y 129).
Enfatizó que no se tuvo en cuenta que desde el 1 de abril de 2015 (fecha del dictado del fallo de este Tribunal en la causa P. 114.882 que ordenó el reenvío de los autos a la Cámara; v. segundo párrafo de la parte dispositiva de fs. 43) hasta el pronunciamiento del Tribunal de Alzada (v. fs. 51/57 vta.) habían transcurrido otros cuatro años, lo que generó una resolución arbitraria y carente de fundamentación (v. fs. 129 cit. y vta.).
Afirmó, asimismo, que el órgano revisor incurrió en inobservancia de lo normado por los arts. 40 y 41 del Código Penal, en la medida que arbitrariamente el tribunal a quo omitió considerar como atenuante la carencia de "...antecedentes penales condenatorios" como atenuante de la sanción impuesta, tal como fuera receptado por el juez de la instancia de origen (v. fs. 15/32) y en la primera sentencia confirmatoria dictada por la Cámara departamental (v. fs. 614/622, causa principal n° 199 ), por lo que habría adquirido carácter de cosa juzgada, a su criterio (v. fs. 129 vta.).
Cuestionó, también, la valoración como agravante de la pena "...la edad de las víctimas al momento de los hechos" en violación a las normas de fondo antes citadas, por no haber sido solicitada por la fiscalía en su petición de condena, entendiendo que ello -además- importó una doble valoración prohibida, pues la minoridad de las víctimas es uno de los elementos del tipo penal por el que fue condenada R. -art. 125, último párrafo del Código Penal; conf. texto anterior a la ley 25.087- y solicitó se descarte esa pauta aumentativa y se disminuya el quantum punitivo aplicado (v. fs. 130 y vta.).
Finalmente, denunció por arbitraria la decisión de la Cámara en lo concerniente a la valoración de la circunstancia referida a "...la excesiva e injustificada duración del proceso" como diminuente de la sanción fijada a R. (v. fs. 130 vta. y 131), por entender que la misma no impactó de manera razonable en el monto sancionatorio, ello así atento a que -de un lado- se ponderó con cariz atenuante la buena impresión causada por la nombrada en su comparendo y -del otro- se disminuyó el monto sancionatorio de trece años de prisión conforme el fallo condenatorio dictado en la instancia de origen a once años de igual clase de pena que fijó el Tribunal de Alzada, sin que este último órgano haya procedido a compensar a la procesada por la afectación de su derecho a obtener una resolución definitiva mediante la imposición de "...una pena considerablemente menor a la establecida por el legislador en el tipo penal: es decir, partir de un mínimo legal sensiblemente menor a los diez años establecidos en el tipo penal [aplicado en el caso -art. 125, último párrafo, Cód. Penal; texto anterior a la ley 25.087-]" (fs. 131 y vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar parcialmente al reclamo deducido por la defensa (v. fs. 230/236).
III. Me apartaré de lo así dictaminado, pues estimo que el recurso es insuficiente (art. 495, CPP).
Para una mejor comprensión corresponde que inicialmente efectúe una breve reseña del derrotero procesal de la presente causa.
III.1. El Juzgado Correccional n° 1 del Departamento Judicial de Zarate-Campana, a través del dictado de la sentencia de 20 de octubre de 2009, condenó -en lo que importa destacar- a G. A. R. a la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autora responsable del delito de promoción a la prostitución de menores de edad agravada por el vínculo (art. 125, último párrafo, Cód. Penal -conf. su redacción anterior a la entrada en vigencia de la ley 25.087), por el hecho cometido durante los años 1996 y 1997 en la ciudad de Campana (v. fs. 15/32).
III.2. A su turno, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, mediante el fallo dictado el 25 de noviembre de 2010, rechazó -en lo pertinente- el recurso de la especialidad presentado por la defensa de R. y confirmó la sentencia apelada (v. fs. 614/622, causa principal n° 199 -del registro del juzgado de la instancia de origen-).
III.3. Luego, en razón del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa oficial de R. contra el fallo que fue reseñado en el acápite anterior (v. fs. 633/640 vta., causa principal cit.), esta Corte dictó sentencia el 1 de abril de 2015 (causa P. 114.882), rechazando -en lo que interesa poner de resalto- dicha vía impugnativa y, sin perjuicio de ello, ordenó que vuelvan los autos a la instancia de origen a fin de que, cumplidos los pasos procesales pertinentes, se fije nuevamente la pena a imponer a la procesada, conforme lo señalado en esa decisión acerca de la excesiva duración del proceso como pauta atenuante -arts. 40 y 41 del Código Penal- (v. fs. 33/43 vta.).
Del contenido del remedio extraordinario aludido en el párrafo anterior surge que la defensa había formulado dos motivos de agravio: en el primero criticó la apreciación de diversos elementos probatorios de cargo que habían sido empleados para dar sustento a la condena de R. -madre de las víctimas- y, en su consecuencia, solicitó la absolución de ésta (v. esp. fs. 633 vta./636 vta., causa principal cit.); mientras que, en el segundo, requirió se declare la extinción de la acción penal por prescripción respecto del ilícito atribuido a la encausada, en virtud de considerar que se había excedido el plazo razonable de duración del proceso para la obtención de una sentencia definitiva firme (v. esp. fs. 636 vta./640 vta., causa principal de mención).
Tal como se indicó, ambos reclamos fueron desestimados por este Cuerpo en consonancia con lo dictaminado por la Procuración General (conf. fallo dictado en la causa P. 114.882; v. fs. 680/690 -causa principal cit.- y 33/43 vta. del presente legajo). En particular, cabe puntualizar -en razón de la índole de los agravios traídos en el remedio en abordaje- que el mencionado pedido de prescripción de la acción penal fue rechazado por extemporáneo, toda vez que no había sido llevado a conocimiento de la Cámara "...a pesar de que era actual pues la tardanza principal que refiere la parte había ocurrido en una etapa previa del proceso. En esas condiciones, no corresponde que sea introducido originariamente en esta instancia de revisión extraordinaria" (fs. 36 -sent. dictada en el marco de la causa P. 114.882, cit.-).
No obstante el déficit apuntado, este Tribunal entendió que "...la excesiva dilación que lleva el trámite de esta causa, lo que en el caso acarrea la consecuencia de que la imputada debería cumplir pena privativa de libertad pasados quince años de la comisión del delito que se le atribuyó" (fs. 36 vta.), debía incluirse "...como modulación atenuante" de la sanción a aplicar teniendo en cuenta sus actuales condiciones de vida, que no había vuelto a delinquir y que permaneció en libertad durante el trámite de la causa (v. fs. 37 y vta.).
Estimó que "...la incidencia que este componente atenuante puede reportar en el caso concreto reclama una suerte de ‘cesura de juicio’ que, sin perjuicio de las pautas dosificadoras devenidas firmes, implicará reexaminar la medida actual de pena realmente necesaria, así como en su momento los demás presupuestos de su ejecución, para lo cual [...] cobra particular relevancia la manda del art. 41 in fine del Código Penal en tanto prescribe la necesidad de que el juzgador tome conocimiento directo y de visu con el imputado a fin de ponderar las nuevas circunstancias apuntadas (conf. doct. P. 86.764, sent. del 26/XII/2007; P. 88.303, sent. del 25/III/2009)", y que "...esa indagación [...] debe ser sustanciada y dilucidada en las instancias de grado, quienes en cumplimiento de estos recaudos deben obrar en oportunidad de volver la causa a sus estrados" -el destacado figura en el original- (fs. 37 vta. y 38).
A las razones expuestas respecto de la valoración de la excesiva duración del juicio como circunstancia atenuante de la pena que han sido reseñadas, el voto de adhesión emitido por el entonces Juez Hitters -que obtuvo el consenso del Juez Genoud-, expresó adicionalmente que "Las circunstancias a las cuales se hará mérito en lo que sigue indican la pertinencia de asignar valor de atenuante a la prolongación de este juicio (arts. 40 y 41 del C.P.) desechando que la consecuencia deba ser la extinción de la acción penal por ese mismo fundamento, vista la gravedad del ilícito motivo de la condena. En efecto, la entidad del delito es una variable relevante que no puede dejar de ser tomada en cuenta a los fines de resolver la insubsistencia de la acción por transgresión de dicha garantía, conforme resulta de diversos pronunciamientos de la Corte federal en los cuales -con el mismo objetivo que ahora nos ocupa- examinó los montos de las escalas penales respectivas y/o el pedido de pena efectuado por la Fiscalía (consid. V del caso 'Acerbo Néstor Horacio s/ contrabando causa Nº 51.221', al compartir el dictamen de la Procuración, sent. del 21 de agosto de 2007 y consid. 21 del voto de la minoría conformada por los jueces Petracchi y Boggiano en el caso 'Kipperband', [CSJN] Fallos 322:360). Por lo tanto, la índole del hecho -facilitación de la prostitución de menores de edad agravada por el vínculo- constituye un obstáculo, en el sub lite, para propiciar la extinción de la acción por la causal en análisis e impide tener por configurados los presupuestos excepcionales que deben conjugarse para aplicar la jurisprudencia establecida por la Corte de la Nación a partir de los precedentes 'Mattei' ([CSJN] Fallos 272:188) y 'Mozzatti' ([CSJN] Fallos 300:1102) -entre otros- de acuerdo a lo resuelto más tarde por el Alto Tribunal en 'Moyal, José Armando s/ asociación ilícita' (sent. del 23/X/2007, que hace suyo el dictamen del Procurador Fiscal). Todo ello no es óbice, en cambio, para considerar que la prolongada duración de este pleito opere como atenuante, como ya se dijo" (fs. 39 vta. y 40).
III.4. Contra este fallo la defensa oficial de la imputada R. interpuso recurso extraordinario federal ante esta Corte (v. fs. 697/710, causa principal cit.), que fue denegado por decisión de este Tribunal de 20 de diciembre de 2017 (v. fs. 749/752, causa principal cit.).
III.5. Efectuadas las notificaciones pertinentes, con fecha 14 de marzo de 2018, los autos reingresaron a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Zarate-Campana (v. fs. 766 bis y vta., causa principal cit.), donde se integró nuevamente al tribunal, se corrió traslado a las partes y se dio cumplimiento a la audiencia de visu con la imputada (v. fs. 44 -acta de audiencia de fecha 13 de mayo de 2019-). Luego, mediante la presentación de un escrito, la defensa solicitó se decrete la prescripción por insubsistencia de la acción penal y la absolución de la encausada (v. fs. 45/46 vta.).
III.6. Es así que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, a tenor de la resolución dictada el 30 de septiembre de 2019, rechazó -en lo que importa destacar y conforme fue descripto en los antecedentes- el planteo de extinción de la acción penal por prescripción y sobreseimiento con fundamento en la insubsistencia de la acción penal impetrado por la defensa oficial de G. A. R.; integró la sentencia dictada por esta Suprema Corte y condenó a la nombrada a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autora responsable del delito de promoción de la prostitución de menores de edad agravada por el vínculo -art. 125, último párrafo del Código Penal; texto anterior a la ley 25.087- (v. fs. 51/57 vta.).
Para así decidir, luego de efectuar un repaso del trámite procesal de la causa (v. esp. fs. 51/53), desestimó los planteos de prescripción por insubsistencia de la acción penal y reseñó la diferente normativa vinculada al derecho de la imputada a ser juzgada sin dilaciones indebidas, así como los precedentes jurisprudenciales sobre la materia (v. fs. 53/56).
Destacó, en particular, que esta Corte mediante sentencia de 1 de abril de 2015 se pronunció rechazando la aplicación del instituto de la prescripción por insubsistencia de la acción (causa P. 114.882, cit.), "...en atención a la gravedad del ilícito motivo de la condena. [... Y] estableció que la entidad del delito, facilitación de la prostitución de menores de edad agravada por el vínculo, constituye una variante relevante que no puede dejar de ser tomada en cuenta" (fs. 55 vta.).
Aseveró que "...en el entendimiento que no puedo apartarme del criterio adoptado por el Superior, aún cuando han pasado desde aquel momento 4 años m[á]s, propongo no hacer lugar a las peticiones formuladas por las Defensas Oficiales Departamentales, rechazar los planteos de extinción de la acción penal por prescripción y sobreseimiento con fundamento en la insubsistencia de la acción penal" (fs. cit.).
De seguido, en orden a la graduación de la pena, resolvió que habiendo mantenido entrevista personal con la imputada R. y conforme la directiva de los arts. 40 y 41 del Código Penal "...dando cumplimiento con lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, debe merituarse como atenuante la impresión brindada por [la nombrada] en los comparendos [...] y especialmente la gran demora en la tramitación del proceso que necesariamente debe ser sopesada; como agravante[s] [...deben ponderarse] la edad de las víctimas al momento de los hechos como así también el grado de debilidad mental que oportunamente se acreditara. No se han ponderado eximentes" (fs. ídem y 56).
Concluyó que, conforme a las pautas de dosificación mencionadas, la pena justa a imponer a G. A. R. es de 11 años de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 56).
IV. En el acotado margen competencial habilitado por esta Corte, es decir, limitado al tratamiento de las pretensas cuestiones federales invocadas: "...arbitrariedad en la aplicación de la garantía del plazo razonable y en la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal" (fs. 223 y vta.), el recurso no prospera, pues los argumentos traídos por la defensa oficial no son suficientes para demostrar que la decisión sea de tal tenor (art. 495, en función del art. 15, ley 48).
Cabe precisar que en el caso en examen esta Corte -en su intervención anterior- rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial (causa P. 114.882, cit.), en cuyo marco específicamente desestimó -por razones de extemporaneidad- el pedido de extinción de la acción penal por prescripción respecto del delito atribuido a la imputada R., que fuera desarrollado desde la perspectiva de haberse violado el plazo razonable de duración del proceso para la obtención de una sentencia definit
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