Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132080
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.080, "Pedernera, Esteban Rodolfo Fiscal- s/ queja en causa n° 20-2017 de La Cámara de Apelación y Garantías en Lo Penal, seguida a S. J. H.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Torres, Kogan, Genoud.
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Junín, mediante el pronunciamiento dictado el 7 de febrero de 2019, hizo lugar al recurso de la especialidad interpuesto por el señor defensor oficial contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 1 departamental que había condenado a J. H. S. a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional con imposición de reglas de conducta -fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato de Liberados, abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y no generar situaciones de conflicto con la víctima y su grupo familiar- por un plazo de dos años, con costas, por resultar autor responsable del delito de lesiones leves calificadas. En consecuencia, revocó la sentencia apelada y lo absolvió (v. fs. 143/145 vta. con relación a fs. 114/127 y vta.).
Contra ello, el señor Fiscal General departamental, Juan Manuel Mastrorilli, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 171/178), el cual fue declarado inadmisible por el Tribunal de Alzada (v. fs. 201 y vta.). Interpuesta la queja pertinente (v. fs. 205/213 vta.), esta Suprema Corte por resolución del 23 de octubre de 2019 la admitió y concedió la vía extraordinaria incoada (v. fs. 214/216 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 230/232 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 233, presentada la memoria por parte del señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal (v. fs. 238/239) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor fiscal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Conforme lo decidido en la resolución que admitió la queja y concedió el recurso de inaplicabilidad de ley, serán abordados en lo pertinente los reclamos federales que justificaron la apertura de la instancia extraordinaria.
I.1. En primer lugar, la fiscalía denunció gravedad institucional por no aplicación de la ley y de la doctrina legal. Refirió que las obligaciones internacionales asumidas por el Estado a través de la ratificación y jerarquización constitucional de ciertas normas internacionales de los derechos humanos (conf. art. 75 inc. 22, Const. nac.) establecen la necesidad de cambios coyunturales en las leyes y la administración de justicia; mencionó la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará), como también en el orden nacional la ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres (v. fs. 174).
Adujo que la aplicación de una perspectiva de género en el análisis de las normas persigue el fin de crear un derecho igualitario e inclusivo, en donde los paradigmas propios de las sociedades androcéntricas sean finalmente destruidos (v. fs. 175). Alegó que en el caso se trata de una mujer víctima de violencia de género "en el ámbito de su hogar conyugal" por lo que debe incorporarse dicha perspectiva.
Denunció que el Tribunal de Alzada esgrimió un temperamento defectuoso que transgredió aquellas obligaciones asumidas por el Estado e indicó que "...la violencia padecida por la víctima V. S. P., lo es, en el contexto tematizado que el género enuncia", lo cual quedó reflejado en las oscilaciones en las que incurrió la mujer al referirse a los hechos, "...los que lucen bajo el pigmento de esta conflictividad" (fs. cit.).
Se refirió al "síndrome de la mujer maltratada" como una "...adaptación a la situación aversiva caracterizada por el incremento de la habilidad de la persona para afrontar los estímulos adversos y minimizar el dolor, además de presentar distorsiones cognitivas, como la minimización, negación o disociación; por el cambio en la forma de verse a sí misma, a los demás y al mundo". En sustento de su postura citó el precedente P. 128.468, sentencia de 12-IV-2017 de esta Corte (v. fs. cit./176). Explicó que, según V. P., el origen del episodio violento fue una confrontación porque aquella no cedió al interés de S., lo cual resulta frecuente en este tipo de casos. El recurrente indicó las circunstancias que, según plantea, demuestran que la lesión sufrida por la denunciante no fue accidental y por lo cual, dar por sentada la versión exculpatoria de la víctima "...sin miras a la compleja realidad que la circunda, es cuanto menos, un cabal incumplimiento de las obligaciones que le caben al estado en materia de prevención, erradicación y sanción de la violencia contra la mujer" en función del contexto.
Aseveró que la relación desigual que se verifica se encuentra "...comprendida en el orden del decreto 1011/2010, reglamentario de la ley 26.485".
I.2. En segundo término, denunció arbitrariedad en lo referido al ejercicio de la acción penal.
Con cita de jurisprudencia alegó que en los delitos de acción dependiente de instancia privada, una vez que la víctima se presenta a hacer la denuncia del hecho y este toma estado público, queda promovida la instancia correspondiendo al Ministerio Público Fiscal el ejercicio de la acción a partir de allí. Argumentó que el maltrato masculino a las mujeres no constituye una cuestión privada y explicó que, aún si existiera habilitación legal para homologar acuerdos que cancelen la persecución penal, debería evaluarse la igualdad de posiciones de las partes al momento de negociar, pues, en los casos de violencia de género, frecuentemente las reconciliaciones se producen en un contexto de desigualdad, derivado de las secuelas psicológicas que inflige la violencia intrafamiliar y -muy particularmente- por la dependencia emocional y económica que usualmente somete a las mujeres víctimas de violencia a los engaños de sus agresores.
Planteó que "Ni el legislador, ni las autoridades competentes para la persecución penal, gozan de discreción en la decisión acerca de la promoción o continuación de la persecución penal, porque el Estado argentino se ha obligado a prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer".
En función de todo lo expuesto concluyó que los dichos de la víctima nunca fueron tratados desde la perspectiva de la violencia de género, al asignarse consecuencias a sus manifestaciones con relación a la acción penal.
II. El señor Procurador General sostuvo el recurso interpuesto y coincidió con el impugnante en que el Tribunal de Alzada dictó un pronunciamiento arbitrario (v. dictamen de fs. 230/232 vta.).
III. En el memorial que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal, el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Mario Luis Coriolano, rechazó la pretensión fiscal y le achacó insuficiencia recursiva. En ese sentido, señaló que las críticas de la acusación bajo un ropaje federal (arbitrariedad) y gravedad institucional, sólo expresan una opinión contraria al criterio del sentenciante sin refutar el argumento central relacionado con la correcta interpretación del art. 72 inc. 2 del Código Penal, anteponiendo desarrollos dogmáticos respecto del alcance de la normativa internacional. Puso de resalto que la Cámara expuso que se "...cumplió con la premisa de un procedimiento legal, justo y eficaz para la mujer, en tanto se desarrolló el debate donde la víctima fue escuchada y en cuya oportunidad relató que el hecho fue accidental y que no resulta de su interés llevar adelante su pretensión sancionatoria".
Por otro lado, solicitó que de hacerse lugar al reclamo fiscal, se tenga en cuenta que la Cámara no abordó el planteo oportunamente formulado en el recurso de apelación respecto de la falta de acreditación del elemento subjetivo del tipo (dolo); pidió que se tenga presente dicha circunstancia a fin de garantizar la revisión amplia de la sentencia de condena (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP) -ver fs. 238/239-.
IV. Considero que el recurso es procedente, con el alcance que se expondrá.
A fin de alcanzar un adecuado entendimiento del presente proceso, resulta conveniente realizar una reseña de las distintas alternativas seguidas en su tramitación.
IV.1. El Juzgado en lo Correccional n° 1 de Junín tuvo por acreditado que: "...en la ciudad de Junín, partido del mismo nombre, el día 11 de julio de 2015, siendo aproximadamente las 22:30 hs., en circunstancias que V. S. P., se conducía en su automóvil, en compañía de J. H. S., con quien tenía una relación de pareja y la hija que tienen en común, al generarse una discusión entre ellos, el nombrado le aplicó un golpe de puño en la cara, provocándole un edema en el pómulo izquierdo y en el labio superior, caracterizadas como leves, para luego bajarse del vehículo y retirarse, junto a su hija; en tanto, la víctima, fue a realizar la denuncia a la Comisaría de la Mujer y la Familia" (fs. 123 vta. y 124).
Sigue la sentencia indicando que durante el transcurso del debate la fiscal le informó que el médico, además de la lesión en el labio, le detectó un edema en el pómulo izquierdo, a lo que ella contestó "...es cierto, tiene razón, pero fue como le digo, él se baja del auto, su mano es una mano fuerte, es albañil, trabaja con su mano [...] sin querer, con toda su fuerza, se quiere bajar con la nena 'upa' y sin mirarme, me da de lleno, pero sin querer, en la cara". Agregó "Es un combo de cosas que pienso que a él le pudieron molestar, él no me dijo que le molesta, pero empezó a levantar la voz como enojado, no vamos a salir o yo no me voy a quedar, si vos saliste toda la tarde o algo así. Yo interpreto que le molestó, un pensamiento que tengo". La damnificada explicó que durante el tiempo que estuvieron separados él le pasaba la cuota alimentaria sin que hubiera necesidad de judicializar el tema y que él "...a partir de dos años fue a Psicología para tratar de hablar su forma compulsiva, para llevarse mejor conmigo, por su cuenta propia, para poder dejar pasar cosas, que las cosas funcionen, y yo iba al Psiquiatra, para estar más tranquila...".
A preguntas de la defensa la víctima refirió "...forcejeamos los dos, no lo recuerdo bien, yo lo que quería era que se bajara del auto, porque estaba siendo muy agresivo en ese momento. Él tiene un vocabulario diferente al mío, por eso hay cosas chocantes, entonces no estaba acostumbrada a escucharlo". Interrogada acerca de si fue un hecho aislado, respondió "...yo pienso que fue así" y acerca de si hubo otro hecho de violencia en los tres años transcurridos dijo "...no, normales de pareja, pero no" y a preguntas de si entendía que el hecho había sido superado dijo que sí y añadió "...no tengo interés en que sea sancionado, para mí, tendría que haber sido diferente, uno ante la ignorancia para mí me tendrían que haber tomado la denuncia en la comisaría común, porque quería que le explicaran que se fuera de la casa y si bien él se quedaba a dormir, era la casa que yo alquilaba con mis hijos". Dijo que en aquel entonces no tenían una convivencia "...como la que tenemos hoy, que podemos tener un enojo, nos aguantamos las caras, pero estamos, en ese momento no funcionaba de esa manera" (fs. 115/117 vta.).
El magistrado citó luego la declaración de la perito social María Lucrecia Díaz sobre un informe del año 2016, momento en el cual la pareja no tenía relación ni diálogo desde hacía un mes "...porque ella decía que al entablar por la hija en común, generalmente, se producían discusiones, si bien no se habían generado situaciones de violencia, entonces, no había ningún trato".
IV.1.b. Seguidamente, el juzgador de origen señaló que las acciones dependientes de instancia privada sólo necesitan que se promuevan, tal como lo hizo V. P. al denunciar ante la Comisaría de la Mujer, aunque más tarde minimizó la situación. El juez añadió que no se puede dejar en manos de la víctima la suerte de la prosecución de la acción penal, que es propia de los delitos de acción privada, y que una vez instada, pasa a ser pública, quedando en manos del Ministerio Público Fiscal, quien solamente puede desistir en los términos del art. 368 in fine del Código Procesal Penal. Explicó que, en términos generales, dadas "...las fases del ciclo de la violencia, bastaría que previo a llevarse a cabo la audiencia de juicio oral, se esté cursando la fase tres, en cuanto el agresor se muestre arrepentido, bondadoso, cariñoso, la llamada 'luna de miel', para que la víctima se retracte de aquélla denuncia y disponga de la acción penal".
El juez correccional interpretó que además de "...la prohibición legal (a contrario sensu del art. 72, inc. 2, del C. Penal), en cuanto no puede disponer de la acción penal" concurren "...razones suficientes para que sea de interés público lo relacionado a la temática de la violencia de género".
No obstante, el juzgador otorgó relevancia a los dichos de la víctima "...en cuanto desea que no se lo condene, la argumentada 'solución del conflicto'" considerando que esa manifestación se encuentra contemplada en el art. 86 inc. 3 del Código Procesal Penal, con relación a la individualización de la pena.
IV.1.c. Acerca de la calificación legal, después de justificar que entre las partes existía una relación de pareja, el juez indicó que el núcleo de la divergencia entre la acusación y la defensa radicaba en que mientras para la fiscalía, aun cuando la víctima relativizó el hecho al decir que fue accidental, lo cierto era que el imputado le propinó un golpe de puño ocasionándole un edema en el pómulo izquierdo y en el labio, lo cual hizo que concurriera a la dependencia policial a realizar la denuncia formal; para la defensa, en cambio, se trató de un hecho accidental y aislado, y por ende, no se halló presente el elemento subjetivo del tipo de lesiones leves dolosas (v. fs. 120).
El magistrado dirimió la divergencia apreciando que el relato de la mujer no fue sincero debido a que "...tiene un interés, habida cuenta la relación actual de convivencia con el imputado, con una hija en común, que, seguramente, la han llevado a realizar un relato inverosímil, en cuanto a la mecánica del hecho, la que entendió fue accidental" (fs. 120 vta.). Argumentó que si hubiera sido accidental no se explicaría por qué la mujer fue a la comisaría "común" y luego a la de la Mujer a denunciar, y que un hecho "sin querer" no se corresponde con la conducta que tuvo el imputado de llevarse a la hija luego de la discusión en el automóvil conducido por la nombrada.
También ponderó que la víctima concurrió al juzgado de familia con fecha 16 de julio de 2015 -cinco días después del hecho-, a fin de solicitar que se le garantizara su integridad psicofísica y el libre ejercicio de los derechos constitucionales de transitar libremente, a raíz de lo cual se le impuso a J. H. S. la obligación de cesar cualquier acto que implique perturbación o intimidación contra la mujer, debiendo abstenerse de generar situaciones de violencia, sea en forma física o verbal o por cualquier vía por el plazo de seis meses, con anoticiamiento a la Comisaría de la Mujer y la Familia para que ante cualquier pedido de ayuda, por considerarse en riesgo, se atendiesen en forma expeditiva (v. fs. 121 vta.).
En definitiva, mediante prueba indiciaria acreditó que la conducta exteriorizada por el imputado fue realizada con dolo directo de lesionar a V. S. P. con su puño en el rostro ocasionándole las lesiones constatadas (v. desarrollo de fs. 122/123 vta.). El juzgador consideró pertinente destacar "el androcentrismo del imputado" que entendió se puso de manifiesto mediante su actitud y reacción cuando V. P. regresó del campeonato de tango, situación que ya ha sido reseñada más arriba.
Finalmente, refirió que analizado el suceso desde una perspectiva de género y aun cuando con posterioridad no se repitieron hechos de esa naturaleza, según lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos "...la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir" y "...favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia" (caso González y otras "Campo Algodonero vs. México", sent. de 16-XI-2009) -ver fs. 123 vta.-.
IV.1.d. Al tener por demostrada la autoría de S. el fallo lo condenó por el delito previsto en los arts. 89, 92 y 80 incs. 1 y 11 del Código Penal a la pena descripta en los antecedentes de la presente.
IV.2. Por su parte, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Junín, frente al recurso interpuesto por la defensa del imputado, señaló que en casos de violencia contra la mujer y de conformidad con jurisprudencia de la Corte Suprema, "...es necesario establecer un procedimiento legal y justo, que incluya 'un juicio oportuno'", en el sentido de etapa final del procedimiento penal.
El Tribunal de Alzada entendió que en estos autos se cumplió con tal premisa pues el juicio se había desarrollado y la víctima había sido escuchada en el marco de l
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