Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132677
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.677, "Endrigo, Fernando Gabriel y Endrigo, Sergio David. Queja en causa N° 2616 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes, mediante el pronunciamiento dictado el 4 de junio de 2019, declaró -por mayoría de fundamentos- inadmisible, por considerar que había sido interpuesto extemporáneamente, el recurso de apelación deducido contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 4 departamental que había condenado a Fernando Gabriel Endrigo y Sergio David Endrigo como coautores penalmente responsables del delito de robo simple, a la pena de dos años de prisión de cumplimiento en suspenso y el pago de costas del proceso (v. fs. 70/76 vta.).
Frente a ello, ambos imputados, por propio derecho, con el patrocinio letrado de la doctora Roxana Natalia Zottola, interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 88/97), el cual fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 98/100 vta.). Deducida queja por aquella parte (v. fs. 177/185), la impugnación fue concedida por esta Suprema Corte a través de la resolución del 13 de mayo de 2020 (v. fs. 189/191 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 205/208 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 212) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Los recurrentes denuncian que la decisión impugnada, al declarar inadmisible por extemporáneo el recurso de apelación deducido por esa parte, incurrió en arbitrariedad por excesivo rigor formal en el cómputo del plazo recursivo, con afectación a las garantías de defensa en juicio, debido proceso y doble conforme (v. fs. 92 y vta.).
Alegan que, como imputados legos y sin educación universitaria, no contaban con la información necesaria sobre la no interposición del recurso de apelación por parte de su anterior abogado defensor, doctor Miranda, quien -según afirman- les aseguró que lo había interpuesto, dado que ellos así se lo habían requerido. Aseguran que fueron engañados por su anterior abogado defensor, ya que no hizo el recurso requerido, violando así el mandato del cliente y la ley 5.177 (v. fs. 92 vta. y 93).
Explican que el pedido de apelación lo habían efectuado en el marco de las entrevistas que mantuvieron en la sede del estudio jurídico del aludido defensor, que en la práctica esa solicitud no se hace por escrito ni con presencia de testigos y que, al haber ejercido el profesional su defensa, la presentación del recurso no requería de la firma de los recurrentes (v. fs. 93).
Argumentan que, en el caso, la aplicación del criterio general de computar el plazo para la interposición del recurso de apelación desde la notificación de la sentencia "...implicó desconocer el estado de indefensión de los imputados" y que ello solo era reparable del modo en que había procedido la señora jueza correccional "...al conceder el recurso [...] a los fines de 'resguardar el derecho de defensa en Juicio y la revisión de una sentencia condenatoria' y dándole intervención a la Excma. Cámara de Apelaciones y Garantías, Sala I, del Dpto. Judicial de Mercedes, para que satisf[i]ciera la voluntad impugnativa de los imputados" (fs. cit.).
En tal sentido, reconocen que, si bien desde la notificación de la sentencia había transcurrido el plazo para su impugnación, el mismo "...debía ceder a partir de la intervención negligente del abogado anterior, única solución que evitaba a esa Excma. Sala I apartarse de las circunstancias descriptas de la causa, haciendo recaer sobre los imputados la negligencia y abandono del defensor separado de la causa" (fs. 93 y vta.).
En apoyo de su reclamo, invocan los fallos "Ojer González", "Moreyra" y "Nazar Anchorena" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 93 vta. y 94).
Añaden que resulta inapropiado atribuir a ellos la carga de probar la negligencia, ya que la defensa técnica y la responsabilidad recae exclusivamente sobre el profesional interviniente de acuerdo a la ley 5.177 y el Código adjetivo, concluyendo que "...no necesariamente [el imputado] debe estar detenido o no notificado para ser exculpado de la presentación extemporánea..." (fs. 94 vta.).
En resumen, y a partir de lo que surge de la fundamentación del voto del juez Gil Juliani, alegan que resulta "...totalmente arbitrario que apliquen un plazo rígido y un excesivo rigor formal manifiesto, cuando claramente en materia civil como en materia penal, el letrado apoderado y el defensor particular tienen la obligación legal de apelar las sentencias definitivas adversas a los clientes, teniendo la carga de la realización de dichas tareas hasta que sean sustituidos en el cargo mediante una resolución judicial al respecto..." y que "No puede intentar imponerse a los imputados una carga que la ley no exige, cuando los suscriptos, sin preparación legal, ni oportunidad de realizar la diligencia encomendada al letrado se vieron defraudados procesalmente y profesionalmente por su abogado de confianza, siendo a su vez, encontrados responsables de la inacción de su abogado, de acuerdo al razonamiento de la resolución en crisis" (fs. 95).
Como corolario, y a fin de despejar toda duda acerca de la existencia de la cuestión federal invocada, destacan las similitudes del caso en trato con el aludido precedente "Ojer González", e incorporan como agravio el infundado apartamiento de la doctrina legal de esta Suprema Corte como causal de arbitrariedad autónoma (v. fs. 96 y vta.).
II. A diferencia de lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 205/208 vta.), estimo que el recurso procede.
III. Cabe recordar inicialmente que el presente recurso fue concedido a efectos de tratar la cuestión federal referida a la arbitrariedad por excesivo rigor formal de la decisión impugnada con afectación al derecho al recurso y la defensa en juicio, imbricada con garantías consustanciales al debido proceso en materia penal (v. fs. 190 vta. y 191).
En función de ello, esta Suprema Corte -excepcionalmente- puede controlar la interpretación y aplicación realizada por el tribunal inferior con respecto a las normas procesales que regulan la materia recursiva, a efectos de que no se vulneren el debido proceso y el derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.; conf. causa P. 108.244, sent. de 4-IX-2013; e.o.).
IV. Para comenzar, es necesario realizar una breve reseña de los antecedentes relevantes que surgen del cuerpo principal de la causa.
Por sentencia del 8 de octubre de 2018, el Juzgado en lo Correccional n° 4 del Departamento Judicial de Mercedes condenó a Fernando Gabriel Endrigo y a Sergio David Endrigo a la pena de dos años de prisión, cuyo cumplimiento dejara en suspenso, como coautores penalmente responsables del delito de robo simple (v. fs. 246/263 vta.).
Dicho pronunciamiento fue notificado en la misma fecha al por entonces defensor particular de los imputados, doctor Miranda, como así también a los imputados. Ello conforme fue manifestado por los propios recurrentes en el remedio extraordinario deducido y lo que surge de la resolución del 4 de junio de 2019, a fs. 283 vta.
El 12 de octubre del mismo año, el doctor Miranda, debido a la reprogramación del vuelo que debía hacer su defendido Fernando Gabriel Endrigo a la República de Paraguay para los días 16 al 22 del mismo mes y año, solicitó al Juzgado en lo Correccional n° 4 departamental autorización para que el nombrado se ausentara del país por el tiempo antes mencionado (v. fs. 266); tal requerimiento, por auto del 16 de octubre del mismo año, se tuvo presente y se ordenó estar a lo dispuesto a fs. 232 primer párrafo (v. fs. 268).
El 29 de noviembre de 2018, la señora Jueza Correccional tuvo por firme la sentencia condenatoria dictada a fs. 246/263 vta. y ordenó practicar por Secretaría el cómputo de pena respectivo; que fue aprobado en idéntica fecha, disponiéndose la notificación a las partes (v. fs. 269 y vta.).
El 30 de noviembre de 2018 se libró notificación electrónica al doctor Miranda para anoticiarlo de la aprobación del aludido cómputo de pena (v. fs. 271).
El 6 de diciembre de 2018, los imputados, por derecho propio, efectuaron dos presentaciones simultáneas ante el Juzgado en lo Correccional interviniente. Mediante la primera, revocaron la designación del entonces defensor particular, doctor Miranda, denunciando que había incumplido el mandato expreso conferido de apelar la sentencia condenatoria dictada el 8 de octubre de 2018, habiéndolos dejado en un estado de indefensión y privado del derecho de revisión ante el órgano superior, sin ningún tipo de justificativo al momento de confrontarlo; asimismo, designaron como nuevos abogados defensores a la doctora Roxana Natalia Zottola y al doctor Guillermo Oscar Burgueño. En la misma fecha la señora jueza correccional, tuvo por propuestos a los nuevos defensores particulares disponiendo la respectiva aceptación del cargo en legal forma ante el actuario (v. fs. 276/279).
En el segundo escrito, los imputados, por derecho propio y con el patrocinio letrado de los nuevos defensores particulares, presentaron recurso de apelación contra la sentencia de condena, donde fundaron su admisibilidad, fundamentaron sus agravios y pidieron sus sobreseimientos (v. fs. 280/302).
Frente a ello, el 10 de diciembre de 2018, la señora jueza correccional concedió el recurso de apelación deducido, disponiendo la formación del respectivo incidente y su elevación a la Cámara de Apelación y Garantías departamental. Para ello, tuvo en consideración que, aun cuando la sentencia recaída en autos se encontraba firme y consentida, correspondía atender los argumentos dados por los encausados, en aras al derecho de defensa en juicio y, en especial, la garantía de revisión del fallo condenatorio (v. fs. 303).
Así, llegamos a la resolución del 4 de junio de 2019 dictada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, que fuera reseñada en los antecedentes (v. fs. 70/76 vta. -del presente incidente-). Allí, frente a similares cuestionamientos a los aquí traídos (v. en especial fs. 281/288), el órgano revisor declaró inadmisible el recurso de apelación deducido por los imputados con el patrocinio de sus nuevos abogados defensores particulares.
Para decidir de esa manera, la opinión mayoritaria de la Cámara -concitada por el voto del juez Gil Juliani, al que prestó adhesión el doctor Petitti- comenzó señalando que, tal como lo destacara el magistrado que votó en primer término -doctor Minetto-, "...dictado el veredicto y sentencia con fecha 08 de octubre del año 2018, fue notificado a las partes por su lectura en la Sala de audiencias" y que no se advertía que tal notificación "...no [hubiera] cumplido el efecto pretendido, siendo que son los propios imputados los que afirman haber estado notificados de la condena de fecha 8 de octubre de 2018 y haberle dado mandato expreso a su letrado para que recurriera y que no lo había materializado" (fs. 74).
Estimó que el pronunciamiento impugnado había adquirido firmeza por haber transcurrido "...los términos del artículo 441 del C.P.P., para interponer el recurso de apelación contra la sentencia correccional (art. 439 del mismo cuerpo normativo)", concluyendo que no existía "...'rigor' formal en las presentes actuaciones" (fs. 74 y vta.).
Sostuvo además que el recurso había sido mal concedido, con apoyo en las diferencias que presentaba el caso en estudio -en el que el letrado "...no ha cumplido con el mandato expreso, no sabemos si verbalizado o de qué manera, de recurrir el pronunciamiento pero sí que en el expediente no existe constancia alguna de la voluntad recursiva por parte de los imputados"- respecto del pronunciamiento de la Corte federal invocado por la parte recurrente, pues allí "...la imputada había planteado su voluntad recursiva en el expediente (recurso in pauperis) y al corrérsele vista a su letrado particular no materializó el mismo, por lo que el Tribunal interviniente declaró desierto el recurso de casación" (fs. 74 vta.).
Por último, destacó que en dicho precedente la Corte federal había considerado los argumentos del Procurador, en cuanto a que "...existen dos razones por las que no se puede hacer recaer, en perjuicio de la imputada, el abandono de la instancia recursiva por parte del defensor particular, a saber: a) la falta de notificación personal del emplazamiento efectuado para mantener el recurso de casación; y b) la inactividad del abogado, que se habría originado en una causal de enfermedad que le impidió cumplir en tiempo y forma con ese acto procesal (conf. estudio médico aportado a fs. 304/305)"; y refirió que ninguna de esas dos circunstancias existían en este legajo, dado que "...estando notificados los imputados del veredicto y sentencia, si bien arguyen haber dado instrucciones a su letrado de confianza de su voluntad impugnativa, no materializaron la misma en el expediente y por tanto, el recurso ahora presentado deviene extemporáneo e inadmisible, sin perjuicio de las acciones que pudieran materializar de acreditarse la falta del defensor particular argüida" (fs. 75).
V. Como ya adelantara, estimo que los recurrentes brindaron suficientes argumentos para objetar la declaración de inadmisibilidad dispuesta en el fallo en crisis desde el perfil argumental del exceso ritual manifiesto.
En efecto, a la luz de las contingencias señaladas, la argumentación vertida por los impugnantes acerca de que desconocían que su anterior defensor no había deducido el recurso de apelación que le habían encomendado -teniendo en cuenta además que, según sus dichos, el letrado les aseguró que sí lo había interpuesto-, fue desestimada por la Cámara esencialmente partiendo de la premisa de que no existía en la causa constancia alguna que dé cuenta de la vocación recursiva de los imputados y, al así decidir hizo jugar en contra de aquellos una situación incierta, que -sin perjuicio de otras consideraciones- debió ser utilizada en su beneficio. De esta forma, se optó por la decisión más gravosa, afectando el derecho de defensa en juicio, así como el debido proceso adjetivo (arts. 18, Const. nac. y 1, CPP; conf. mutatis mutandi causas P. 91.440, sent. de 5-VII-2006; e.o.).
Las irregularidades denunciadas por los recurrentes debieron motivar al órgano revisor a tomar los recaudos necesarios para salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa en la etapa recursiva. Más allá de que en un primer momento el Juzgado en lo Correccional asumió dicha labor al sortear la extemporaneidad de la presentación para resguardar el derecho de defensa en juicio y la garantía de revisión del fallo condenatorio, luego la Cámara -a pesar de haber advertido expresamente la situación de indefensión denunciada por los recurrentes- fundó su decisión en la aludida inexistencia de constancia de la voluntad recursiva y en las diferencias causídicas del caso en trato con el precedente invocado por la parte, para finalmente declararlo inadmisible por extemporáneo.
Cabe poner de relieve que tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el derecho a contar con asistencia técnica requiere que sea observado algo más que formalmente. De modo que no basta con que aparezca virtualmente cumplida dicha exigencia constitucional, sino que es preciso que la posibilidad de contar con el adecuado asesoramiento legal haya sido efectivamente provista al imputado, a fin de evitar dejarlo en estado de indefensión (conf. doctr. CSJN Fallos: 189:34; 279:27; 311:2502; e.o.).
A todo evento, el hecho de que los imputados al momento de manifestar su voluntad impugnativa no se encontraran privados de su libertad no exime a los órganos jurisdiccionales del deber de controlar que esté garantizado el derecho a su defensa técnica efectiva. Dicha garantía rige respecto de toda persona imputada en el marco de un proceso penal donde se encuentran en juego los derechos esenciales de la libertad y el honor, por lo cual deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa del imputado (CSJN Fallos: 311:2502; 320:854; 321:1424; 325:157; 327:3087, 5095; 329:1794; 342:122), independientemente de que al momento de manifestar su voluntad impugnativa se encuentre efectivamente privado de su libertad o no (conf. causa P. 131.264, "Madrid", sent. 26-XII-2018, mutatis mutandi ).
Y es que no resulta lógico supeditar el cabal cumplimiento de dicha garantía constitucional a la condición de que el imputado se encuentre privado de su libertad, ya que ello restringiría de manera irrazonable el rendimiento de la garantía en cuestión, agregando un requisito -privación de la libertad- que la norma no exige (conf. arts. 18, 28, 75 inc. 22, Const. nac.; 8, CADH y 14, PIDCP; causa P. 133.153, sent. de 20-VIII-2020).
Cabe recordar que el derecho a contar con una defensa técnica idónea y eficaz responde a la necesidad de lograr una mayor igualdad de posiciones entre el órgano de persecución penal del Estado y el imputado. En dicho marco, "...una de las formas de propender a la equiparación de posiciones entre el acusador y el acusado es, sin duda, el erigir a la defensa técnica en un presupuesto de la validez del procedimiento y, en fin, de la sentencia". Por ello, "...el defensor representa un instrumento idóneo para la realización del ideal de equiparar las posibilidades entre el acusador y su acusado, en miras a una decisión judicial" y resulta obligatorio en todo proceso penal (Maier, Julio B.; Derecho Procesal Penal. Fundamentos . Tomo I, Editores del Puerto SRL, Buenos Aires, 2004, págs. 583/584).
VI. En definitiva, la Cámara incurrió en arbitrariedad por excesivo rigor formal, pues la interpretación sobre la inadmisibilidad del recurso de apelación -por extemporáneo- al reputar firme la sentencia recurrida es irregular, y se cristaliza en la directa e inmediata trasgresión a la regla de in dubio pro reo y al derecho de defensa en juicio, con menoscabo del debido proceso consagrado en el art. 18 de la Constitución nacional, cuando debió optar por lo más favorable a los imputados.
En virtud de lo dicho, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido, dejar sin efecto el pronunciamiento dictado a fs. 70/76 vta. por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes y devolver las actuaciones a dicho tribunal a fin de que -conforme lo resuelto precedentemente- dicte un nuevo fallo ajustado a derecho (art. 496, CPP).
VII. Por último, entiendo que debe ponerse en conocimiento del Colegio de Abogados correspondiente las manifestaciones expuestas por los imputados en el recurso en trato con relación a su anterior abogado defensor, doctor Osvaldo César Miranda, a sus efectos.
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a la solución que propone mi colega el doctor Torres.
Más allá de que se trata de dos imputados que se encuentran en libertad, que han tenido asesoramiento letrado particular, que han recibido una condena a una pena en suspenso y que no consta en el expediente que hubieran manifestado su voluntad impugnativa, la respuesta ensayada por la Cámara de Apelación y Garantías de Mercedes para no atender el recurso tardíamente presentado, desde mi punto de vista resulta deficiente.
En su decisión el tribunal de Alzada, a través del voto
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