Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135749
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad, con costas (conf. arts. 491, 492 en sentido adverso, 493 y concs., CPP).
Asimismo, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se casa la sentencia impugnada y se devuelven los autos a la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata para que, por intermedio de quien corresponda, dicte un nuevo fallo acorde a derecho (art. 496, CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Ernesto Gabriel Repetto, por los trabajos desarrollados ante esta instancia (conf. art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.749, "De la Torre, Carlos Fabián. Queja en causa n° 34.773 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria , Torres, Genoud .
El Juzgado de Garantías n° 8 de Cañuelas, el 21 de agosto de 2020, condenó a Carlos Fabián de La Torre a la pena de dos años de prisión en ejecución condicional y costas, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de daño, coacción y amenazas calificadas en concurso real (conf. arts. 55, 149 bis, primer párr. última parte y segundo párr. y 183, Cód. Penal).
Asimismo, el citado Juzgado, luego de rectificar a pedido de la defensa el acta de la audiencia de finalización, declaró inadmisible el recurso de apelación contra la sentencia de condena presentado por el defensor de confianza de De La Torre, el doctor Ernesto Gabriel Repetto.
Contra lo así decidido, el citado defensor interpuso una queja ante la Cámara y la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata, mediante resolución de fecha 30 de junio de 2021, la rechazó, confirmando la desestimación del recurso de apelación.
Frente a este último pronunciamiento, el defensor particular articuló sendos recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley que fueron desestimados por la Cámara, lo que derivó en la presentación de una queja ante esta Suprema Corte.
Mediante resolución de fecha 3 de noviembre de 2022, este Tribunal admitió ambos carriles impugnativos.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
2ª) ¿Lo es el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctor Kogan dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que fue admitido el recurso extraordinario de nulidad, se reseñarán los agravios allí desarrollados.
Sentado lo anterior, el defensor particular, doctor Ernesto Gabriel Repetto, luego de detallar los antecedentes del caso, denunció la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales (conf. art. 168, Const. Prov.).
En tal sentido, recordó que en la apelación contra el fallo de condena, había planteado ante la Cámara de Apelación y Garantías que el art. 6 de la ley 13.811 rige solo para la etapa de investigación, pero no para la de juicio (conf. Título II de dicha ley).
Asimismo, indicó que había denunciado que sin perjuicio de que la condena la hubiese dictado un juez de garantías, no resultaba aplicable el citado art. 6 sino las normas del Código Procesal Penal que regulan la impugnación contra la sentencia final. En función de ello, el plazo para apelar es de veinte días (conf. arts. 284 quinquies , 395, 396, 401, 421, 439 y 441, CPP).
A su vez, indicó que también había señalado que el recurso de apelación contra el fallo no exige la presentación de previa reserva por lo que la invocación de tal requisito por parte del magistrado de la instancia no era un argumento válido.
Afirmó que ninguno de esos planteos fue abordado por el revisor, todo lo cual incumple con el art. 168 de la Constitución provincial.
II. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación, postura con la cual coincido.
III.1. De la lectura de la sentencia de la Cámara surge que, mediante el voto del juez Dalto, al que adhirieron las juezas Ermili y Oyhamburu, se afirmó que de la compulsa del video de la audiencia de finalización en la que se formalizó el acuerdo de juicio abreviado y se dictó la sentencia de condena, la defensa se había notificado del fallo sin recurrir el mismo ni formular ninguna manifestación al respecto.
De seguido, se afirmó, en coincidencia con el juez de grado, que resultaba aplicable el art. 6 de la ley 13.811 que establece que las resoluciones en los procesos de flagrancia se notifican oralmente en la misma audiencia y los recursos de reposición y apelación deben interponerse y concederse del mismo modo.
Concluyó que el citado art. 6 consagra expresamente el principio de oralidad en miras a profundizar el procedimiento acusatorio.
III.2. Las cuestiones que la defensa particular dice que fueron omitidas, en rigor, fueron implícitamente descartadas.
En efecto, más allá de las consideraciones que cabría efectuar en torno al cariz procesal de todas las críticas que la parte califica de tópicos esenciales, lo cierto es que la Cámara, al confirmar la inadmisibilidad del recurso de apelación con sustento en el art. 6 de la ley 13.811, implícitamente descartó los restantes planteos relativos a la errónea interpretación de la ley 13.811 y al consecuente pedido de aplicación de las reglas del Código Procesal Penal vinculadas al recurso de apelación contra el fallo de condena en materia correccional.
En otras palabras, la Cámara abordó el planteo, pero lo rechazó, al confirmar la correcta aplicación al caso del art. 6 de la ley 13.811, lo que conllevó el descarte -implícito- de los pedidos de aplicar las reglas generales del recurso de apelación previstas en el Código Procesal Penal.
Cabe señalar que es doctrina de esta Suprema Corte que, aun cuando el órgano revisor no haya respondido directamente cada uno de los argumentos de la parte, si el análisis valorativo entraña un implícito rechazo del planteo, no se configura la indebida preterición que da lugar al recurso de nulidad (doctr. causas P. 93.196, sent. de 29-X-2008; P. 106.168, sent. de 17-III-2010; P. 116.699, sent. de 1-VI-2016; P. 132.095, sent. de 20-X-2020; e.o.). Por lo demás, es ajeno a la vía intentada la discusión del acierto o el sentido de lo resuelto (doctr. causas P. 69.211, sent. de 17-VII-2003; P. 119.418, sent. de 5-XII-2018; P. 132.096, sent. de 17-II-2021; e.o.).
Por lo que se lleva dicho, el recurrente no ha logrado justificar que por eso hubiera existido infracción del art. 168 de la Constitución provincial (conf. art. 492, en sentido adverso, CPP).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el defensor particular, doctor Ernesto Gabriel Repetto, denunció arbitrariedad y violación al derecho a la revisión amplia del fallo de condena (conf. arts. 18, 75 inc. 22, Const. nac.; 14.5., PIDCP y 8.2.h., CADH).
De manera preliminar, reseñó los antecedentes del caso, entre los cuales destacó que, al concluir la audiencia de finalización del procedimiento de flagrancia, la defensa se limitó a notificarse del fallo final, sin consentirlo expresamente -lo que derivó en un pedido de rectificación de su parte puesto que en el acta equivocadamente se había dejado constancia en tal sentido-.
De seguido, destacó que a partir de la voluntad impugnativa que le manifestara su defendido, presentó dentro del plazo legal, un recurso de apelación contra la condena (conf. arts. 401 y 439, CPP).
Afirmó que el Tribunal de Alzada al desestimar el recurso de apelación -confirmando la postura del juez de la instancia- con base en la modalidad de articulación y concesión oral de los recursos que dispone el art. 6 de la ley 13.811, realizó una interpretación arbitraria de la normativa aplicable al caso concreto.
Explicó que, de una lectura integral y armónica de la ley 13.811, se desprendía que el procedimiento de flagrancia se encuentra regulado hasta la sentencia final, pero a partir de allí, regía el régimen impugnativo general del Código Procesal Penal.
Razonó que lo contrario importaría aseverar que la totalidad de las instancias ulteriores de la sentencia recaída para un procedimiento de flagrancia -tanto ordinarias como extraordinarias- también deberían sustanciarse en forma oral, lo que no se encuentra así previsto.
Agregó que el recurso de apelación no exige como requisito la reserva previa, como sí lo requiere el de casación. Por ello, entendió que la Cámara creó de manera pretoriana una exigencia no prevista por ley para el recurso de apelación contra el fallo de condena. En su apoyo, citó los arts. 12 y 13 de la ley 13.811 así como también los arts. 284 quinquies , 395, 396, 400, 401, 439 y 441 del Código Procesal Penal.
Por último, afirmó que lo hasta aquí expuesto, se vincula directamente con la violación del derecho de defensa, del debido proceso y del derecho al recurso contra el fallo de condena (conf. arts. 18, Const. nac. y 8.2.h., CADH).
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el recurso.
Me aparto de lo dictaminado pues a mi entender, el recurso procede con el alcance que sigue.
III.1. En lo que resulta de interés, surgen de las constancias digitales que luego de la tramitación bajo el procedimiento de flagrancia, y tras un acuerdo de partes, el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías n° 8 descentralizado con sede en Cañuelas, dictó veredicto y sentencia condenando a De la Torre a la pena de dos años de prisión en suspenso, por los delitos de daño, coacción y amenazas calificadas en concurso real (conf. arts. 55, 149 bis, párr. primero última parte y segundo párr. y 183, Cód. Penal).
También surge que, en forma errónea, se dejó constancia de que la defensa había consentido expresamente el fallo de condena, lo que fue luego rectificado mediante aclaratoria dictada a pedido del abogado defensor del imputado.
De seguido, frente al recurso de apelación presentado contra la sentencia de condena, junto con la voluntad impugnativa de De la Torre (v. escritos articulados de manera electrónica ante el juzgado de mérito con fecha 8-IX-2020), el Juzgado de Garantías n° 8 de Cañuelas lo desestimó por inadmisible con sustento en la extemporaneidad del mismo. Estimó así que, según lo establecido en el art. 6 de la ley 13.811, la parte interesada debería haber interpuesto el recurso de apelación en forma oral y en el momento de la misma audiencia. En consecuencia, al no haber procedido de tal modo, el recurso de apelación interpuesto incumplía las formalidades de modo y tiempo exigido por la ley 13.811, a lo que agregó la omisión de manifestación impugnativa alguna al ser notificada la defensa del fallo recaído.
III.2. Por su parte, al examinar la queja presentada, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata afirmó que de la compulsa del video de la audiencia de finalización en la que se formalizó el acuerdo de juicio abreviado y se dictó la sentencia de condena, surgía que la defensa se había notificado del fallo, sin recurrirlo, ni hacer ninguna manifestación al respecto.
De seguido, y en coincidencia con lo expuesto por el juez de mérito, sostuvo que resultaba aplicable el art. 6 de la ley 13.811 que establece que las resoluciones se notificarán oralmente en la misma audiencia y los recursos de reposición y apelación se interpondrán y concederán del mismo modo.
Concluyó que el citado art. 6 consagra expresamente el principio de oralidad en miras a profundizar el procedimiento acusatorio.
IV. Si bien los planteos traídos por la parte recurrente hacen pie en cuestiones de índole procesal ajenas a la competencia de esta Suprema Corte, la vinculación directa e inmediata con las denuncias de garantías constitucionales vulneradas, en particular con la garantía de defensa en juicio y derecho al recurso (conf. arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP), imponen el abordaje por parte de esta Corte a fin de asegurar el eventual tránsito del caso hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conf. "Strada", Fallos: 308:490; "Christou", Fallos: 310:324 y "Di Mascio", Fallos: 311:2478, tal como se dispuso en la resol. de admisibilidad).
En este sentido, la respuesta brindada por el tribunal intermedio revela un exceso de rigor formal en la interpretación de las normas procesales que, en el caso concreto, afectó el derecho a la revisión amplia del fallo de condena y se desentendió del análisis integral de las constancias de la causa.
De la compulsa del expediente digital se advierte que, frente a la inadmisibilidad decretada por el juez de primera instancia, el recurrente acudió en queja ante la Cámara. Explicó que el recurso de apelación había sido interpuesto en tiempo y forma puesto que, no obstante haber recaído la condena en el marco de un procedimiento abreviado en un trámite de flagrancia, la normativa general en materia de impugnaciones establece el plazo de veinte días para la interposición del recurso de apelación contra la condena recaída en el juicio abreviado de competencia correccional, sin requerir reserva previa (de conformidad con los arts. 401, 439 y 441, CPP).
El Tribunal de Alzada ratificó el criterio del inferior, con sustento en el único argumento consistente en que la parte apelante debió desarrollar oralmente su pretensión impugnativa durante la audiencia en la que se dictó y notificó el fallo -con invocación del art. 6 de la ley 13.811-. Al así hacerlo se desentendió de las críticas de la defensa por las cuales pretendía canalizar la voluntad recursiva del encausado y ejercer el derecho constitucional a la revisión del fallo de condena. En consecuencia, no brindó una respuesta adecuada conforme al planteo federal que había sido llevado ante su sede y que resultaba conducente para la decisión (CSJN Fallos: 247:111; 249:37; 301:978; 314:737, 1.366 y 1.434 y 318:2678, e.o.).
En efecto, es sabido que, en la tarea interpretativa, debe evitarse asignar a la ley un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, correspondiendo adoptar como verdadero el criterio que las concilie y obtenga la integral armonización de sus preceptos (conf., por todos, CSJN Fallos: 327:769).
Sin embargo, en lugar de buscar una interpretación integradora de los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con los citados arts. 401, 439 y 441 del Código Procesal Penal, y la manda del art. 6 de la ley 13.811; el revisor sobrepuso este último precepto al derecho a la revisión amplia del fallo de condena y la propia sistemática impugnativa del Código Procesal Penal, concluyendo así en la declaración de extemporaneidad del recurso de apelación.
Tal respuesta a la vez que es producto de una interpretación en exceso ritualista de las normas procesales, parece extender una regla que regula la habilitación recursiva para supuestos diversos al fallo final, cristalizando de tal modo en una interpretación más restrictiva del derecho al recurso en ciernes (arts. 18, Const. nac.; 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP; conf. en lo pertinente , mi voto en la citada causa P. 132.677).
V. Por todo lo expuesto, corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento impugnado y devolver las actuaciones a la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata para que, por intermedio de quien corresponda, dicte un nuevo fallo acorde a derecho (art. 496, CPP).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la segunda cuestión también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad, con costas (conf. arts. 491, 492 en sentido adverso, 493 y concs., CPP).
Asimismo, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se casa la sentencia impugnada y se devuelven los autos a la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata para que, por intermedio de quien corresponda, dicte un nuevo fallo acorde a derecho (art. 496, CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Ernesto Gabriel Repetto, por los trabajos desarrollados ante esta instancia (conf. art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/06/2023 12:56:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/06/2023 18:43:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/06/2023 10:57:23 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2023 09:47:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2023 09:56:34 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 10/07/2023 11:39:37 hs. bajo el número RS-68-2023 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia