Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131092
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se revoca la sentencia impugnada y se devuelven los autos a la instancia anterior para que, con intervención de jueces habilitados, se dicte un nuevo fallo ajustado a derecho (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.092, "Sobrino, Marcelo -Fiscal General- s/Queja en causa n° 36.838 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, seguida a Villalba, Francisco Policarpo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Torres, Kogan.
El 5 de junio de 2018, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul, hizo lugar al recurso interpuesto por la defensa particular de Francisco Policarpo Villalba contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 1 de ese departamento judicial que lo había condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y diez años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por resultar autor responsable del delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor, en concurso ideal con lesiones graves culposas agravadas por la conducción imprudente de un vehículo automotor. En consecuencia, lo absolvió por aplicación del beneficio de la duda (v. fs. 725/728 vta.).
Contra ese pronunciamiento, el señor Fiscal General departamental, Marcelo Alberto Sobrino, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 738/745 vta.), cuya inadmisibilidad declarada por el órgano revisor (v. fs. 767/768 vta.), motivó la deducción de la pertinente queja (v. fs. 837/841 vta.), a la que esta Corte hizo lugar concediendo el recurso para el tratamiento de los agravios federales invocados (v. resolución de fs. 853/855).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 881/884 vta.), quien se pronunció por la procedencia del reclamo, dictada la providencia de autos a fs. 886 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Frente al pronunciamiento reseñado en los antecedentes, el señor fiscal denunció la arbitrariedad de la decisión que absolvió a Villalba por haberse sustentado en circunstancias que, según entendió, han sido descartadas por los elementos de prueba colectados y que -entonces- careció de suficiente fundamentación (v. fs. 739 vta.).
Sostuvo que la Cámara incurrió en absurdo probatorio y en la inobservancia y violación de los arts. 84 del Código Penal; 1, tercer párrafo, 210 y 373 del Código Procesal Penal (v. fs. 741).
Con ese marco, procedió a transcribir lo resuelto por el juez de la instancia originaria que dictó el veredicto de condena, quien señaló que luego del examen de la prueba producida quedó comprobado, sin hesitación alguna, que "...el día 6 de diciembre de 2012, siendo aproximadamente las 8:30 hs., en oportunidad en que un individuo de sexo masculino conducía el vehículo BMW, modelo 320, dominio IHZ739 por ruta 205, en dirección suroeste a noreste, el que poseía sus neumáticos trasero y delanteros izquierdo un 70 % de desgaste y el delantero derecho un 100 %, al llegar a la altura del Km 281.8, partido de Bolívar, en forma negligente invadió el carril de circulación contrario al propio por el cual se desplazaba el vehículo Suzuki Fun, dominio EPR884, conducido por Cristian Eduardo Suárez quien circulaba acompañado por Gisela Lorena Zárate, al que embistió frontalmente ocasionándole la muerte inmediata a Suárez por paro cardiorrespiratorio postraumático por politraumatismo y shock hipovolémico; y lesiones en sistema nervioso graves, contusiones cerebrales, lesión de partes blandas cuero cabelludo y rostro, extenso scalp frontoparietal izquierdo, hemoneumotórax derecho, traumatismo cerrado de abdomen con estallido de intestino delgado y desgarro cecal, fractura de fémur izquierdo, cicatriz de pliegue subgluteo izquierdo de 10 cm. de longitud, cicatriz en cara interna de pierna izquierda escara tálica izquierda, cicatriz con queloide en brazo y antebrazo izquierdo a la nombrada Zárate, siendo las mismas de carácter graves por haberla inutilizado para trabajar por más de un mes" (fs. 741 y vta. con relación a fs. 688 y vta.).
Asimismo destacó que el sentenciante de origen tuvo por acreditado que "...la responsabilidad de tal evento, a título de culpa, fue del conductor del BMW Francisco Policarpo Villalba, ya que de la prueba producida en debate y la incorporada por lectura surge que el causante que transitaba por la ruta 205, en dirección a Bolívar-Saladillo, perdió el dominio de su rodado e invadió la mano de la contraria circulación, lo que hizo que, pese a la maniobra evasiva intentada por el conductor del Suzuki Fun que se desplazó hacia su banquina, embistiera en forma fronto-lateral al mismo" (fs. 741 vta. cit. con relación a fs. 691 vta. y 692).
Puntualizó además que el fallo de condena estableció que todo ello "...surge fundamentalmente de los peritos Dupuy y Defalco, [este último] si bien no concurrió al lugar del hecho, los datos en los que basó su experticia fueron recogidos por el primero (Dupuy), quien resulta ser profesional Técnico Superior en Criminalística, capacitado para tal cometido. Asimismo no se evidenció ni se indicó ningún error o falta de conocimiento técnico que permita descartar el contenido de la pericia que Defalco describiera testimonialmente en la audiencia" (fs. cit. y 742; 692 y vta.).
De seguido añadió que en aquel pronunciamiento se expresó que si bien "...no pueden establecerse con certeza los motivos por los cuales el imputado perdió el dominio de su vehículo e invadió la mano contraria de circulación, se estableció con ALTA PROBABILIDAD de la pericia efectuada en autos que, el estado del clima (caída de abundante lluvia), la ruta resbaladiza (había cartel indicador) y el estado de los neumáticos del BMW (con importante desgaste) provocaran el hidroplaneo -más conocido como aqua planing-, fenómeno este que hace que se pierda el control del rodado, ya que las deficiencias de los neumáticos, no permiten desagotar el agua que se encuentra sobre la calzada, lo que hace que el automóvil comience a deslizarse 'planeando' sobre la cinta asfáltica" (fs. 742 y 692 vta.).
El recurrente destacó la conclusión del órgano de juicio en cuanto dijo que "...surge claramente la violación del deber de cuidado por parte de Villalba, que tal como establece el art. 39 de la ley 24449 determina que '...los conductores deben: a) antes de ingresar a la vía pública, verificar que tanto él como su vehículo se encuentre en condiciones de seguridad, de acuerdo a los requisitos legales [...] b) En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito'" (fs. 742 y vta. con relación a fs. 692 vta.).
Luego pasó a cuestionar que la Cámara haya resuelto hacer lugar a la apelación de la defensa por no encontrar acreditado que la colisión mortal se haya debido a la negligencia del acusado Villalba. Y es, precisamente, en este punto donde entiende el señor fiscal que el razonamiento del a quo choca con las reglas de la lógica, lo que impide considerarlo como un razonamiento válido.
En ese sentido, detalló los elementos obrantes en autos concluyendo en que lo decidido por el Tribunal de Alzada resultó arbitrario, en tanto importó forzar la absolución al fundar sus conclusiones en hipótesis no acreditadas, suposiciones acerca del motivo por el cual Villalba invadió el carril contrario y que le generaron una "falsa duda" ya que se basaron "...en circunstancias que no solo no están acreditadas sino descartadas (ver historia clínica de Villalba)...", restándole entidad a la probatoria que -según entendió- dio cuenta científicamente sobre lo sucedido, alterando el razonamiento lógico y congruente e incurriendo en una grosera violación de las reglas de la sana crítica, lo cual habría llevado al juzgador a una aplicación errónea y arbitraria del principio in dubio pro reo.
Al contrario de lo decidido en el fallo en crisis, para el señor fiscal no existió duda alguna en cuanto a que "...perder el dominio de un vehículo que no estaba en condiciones de salir a la ruta, dado el desgaste que tenía en sus rodamientos -lo que ha sido acreditado con certeza- [...] obedece a un obrar negligente y eso resulta innegable. Si a eso le sumamos las condiciones climáticas adversas y el trecho de la ruta en que circulaba, la conclusión no puede ser otra que la condena" (fs. 743 vta.).
Agregó que la absolución decretada se basó en una errónea y arbitraria aplicación del principio in dubio pro reo, toda vez que las circunstancias en que el a quo fundó la duda no se encuentran sustentadas en las constancias probatorias de la causa, lo que lleva -afirmó- a descalificar el fallo por aplicación de la doctrina sobre arbitrariedad de las sentencias, la que tiende a resguardar las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso (v. fs. 744 vta. y 745).
En suma, solicitó que se case la sentencia que absolvió a Villalba en orden a los delitos imputados y se reenvíen los autos para dictar uno nuevo fallo que dé adecuado tratamiento a la cuestión en examen (v. fs. 745).
II. El señor Procurador General sostuvo el recurso y propuso hacer lugar al reclamo traído en el entendimiento de que la absolución dispuesta carece de fundamentación válida y no constituye una derivación razonada y lógica del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa (v. fs. 881/884 vta.).
III. Concuerdo con ese dictamen, el recurso prospera.
IV. La competencia de esta Corte ha sido abierta para el tratamiento de las cuestiones federales articuladas en la vía recursiva en examen, y con ese marco se advierte que las formulaciones de la fiscalía tienen la aptitud necesaria para justificar que el pronunciamiento en crisis presenta vicios lógicos, graves y manifiestos, que lo descalifican como acto jurisdiccional válido.
V. Tal como fue adelantado, asiste razón al señor fiscal en cuanto atribuyó arbitrariedad a la decisión de la Cámara habida cuenta de que, para apartarse de la condena fundada en la instancia de juicio, no forjó su convicción al amparo de una consideración integral y armónica de todos los elementos en juego, sino que la absolución dispuesta hizo pie en un análisis fragmentado y subjetivo de las probanzas reunidas en el proceso.
El Tribunal de Alzada, en concordancia con lo sostenido en el pronunciamiento originario, estableció "...que el vehículo BMW que conducía el encartado Villalba, invadió el carril contrario por el cual se desplazaba el vehículo Suzuki Fun conducido por Cristian Eduardo Suárez, embistiendo al mismo y causando la muerte del último nombrado" (fs. 727).
Sin embargo, interpretó que no mediaba prueba suficiente para sostener, más allá de toda duda razonable, que tal resultado hubiese acaecido debido a negligencia imputable a Villalba.
Así, la Cámara adoptó su decisión absolutoria tras afirmar que el haber perdido el dominio del vehículo, invadir la mano contraria y chocar frontalmente al otro automotor pudo obedecer a diferentes causas, como ser una descompostura, o también a maniobras previas de evitación de riesgo creado por el otro conductor, y expresó que pudo ser así aun cuando no quedaran rastros de ello debido a que el asfalto se encontraba mojado por la presencia de lluvia en los momentos en que se produjo el violento encuentro entre ambos rodados.
No obstante, arribó a esa conclusión sin mediar explicación razonable sobre las tenidas como otras posibles causas del desvío del vehículo de Villalba, toda vez que las hipótesis que esgrimió aparecen enunciadas como meras suposiciones de contenidos no visibles, esto es, sin ninguna referencia a las concretas constancias de la causa.
Tampoco efectuó alusión alguna sobre las explicaciones brindadas por los peritos Dupuy y Defalco que fueron ponderadas en el fallo de condena, a las que expresamente se refiere el impugnante en su reclamo.
Es decir, ninguna opinión fundada le merecieron dichas evaluaciones probatorias efectuadas en la sentencia originaria y que fueron tenidas como determinantes, esencialmente, en cuanto al estado en que se encontraban los neumáticos del vehículo conducido por Villalba, las que fueron apreciadas para justificar que el deber de cuidado había sido aquí inobservado por Villalba con la consecuente incidencia en la muerte del joven Suárez.
Frente a ese contenido decisorio, la impugnación debe prosperar en tanto las críticas recursivas se sustentan en la arbitrariedad de la fundamentación expuesta por el Tribunal de Alzada para absolver al encausado por imperio del principio in dubio pro reo, decisión que no aparece respaldada en la evaluación razonada de los hechos concretos y comprobados de la causa.
Así entonces, asiste razón al señor fiscal en cuanto denunció que el pronunciamiento recurrido es arbitrario por falta de fundamentación, desde que se apartó de lo decidido en la instancia de juicio sin proceder a la consideración integral y armónica de todos los elementos decisivos a los fines probatorios en cuestión, basándose -únicamente- en un análisis fragmentado de las pruebas obrantes en autos.
Más allá de la excepcionalidad de la doctrina que invoca el recurrente -arbitrariedad de sentencias-, no debe olvidarse que ella también procura asegurar respecto del Ministerio Público Fiscal la plena vigencia del debido proceso que también aquí se dijo conculcado (conf. doctr. Fallos: 299:17; 331:2077), exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente (Fallos: 311:948 y 2547; 131:559 y 321:1909), lo que no se aprecia en el sub examine (conf. causas P. 124.923, sent. de 6-VI-2018; P. 128.451, sent. de 5-XII-2018; P. 132.936, sent. de 18-VIII-2020; e. o.).
Resulta oportuno recordar que las sentencias deben ser fundadas y constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (CSJN Fallos: 311:948 y 2402; 321:1909; e. o.), lo que en estas actuaciones no aconteció, toda vez que, para pronunciarse con el alcance que lo hizo, la Cámara se apoyó en una motivación aparente, apartándose de las constancias probatorias del caso, y ello aparejó que administrara con igual vicio de arbitrariedad el beneficio de la duda por el cual concluyó en la absolución del imputado, lo que determina su descalificación como acto jurisdiccional válido.
Asimismo, que esta Corte tiene dicho que si bien la sentencia de condena sólo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del encausado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis probatorio a tenor del principio favor rei, si no es posible poner de manifiesto que el análisis razonado y detenido de todas las probanzas en conjunto impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar a cuestionar esa certeza subjetiva, examen que no se aprecia haya sido llevado en esos términos por el tribunal a quo (conf. en lo pertinente causas P. 131.781, sent. de 28-VIII-2019; P. 130.846, sent. de 4-VIII-2020; entre muchas).
VI. Por todo lo expuesto, y sin que lo que antecede importe un adelanto de opinión acerca del fondo del litigio, corresponde hacer lugar al recurso fiscal, casar el pronunciamiento recurrido, y devolver la causa a la instancia anterior para que, con la integración que corresponda, se dicte un nuevo fallo conforme a derecho (art. 496, CPP).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se revoca la sentencia impugnada y se devuelven los autos a la instancia anterior para que, con intervención de jueces habilitados, se dicte un nuevo fallo ajustado a derecho (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia