Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135287
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.287, "H., J. C. s/ Queja en causa n° 40.167 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Genoud, Torres, Maidana.
La Sala I de Transición del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 6 de marzo de 2019, a tenor del reenvío dispuesto por esta Suprema Corte en el marco de la causa P. 122.670, hizo lugar -parcialmente y por mayoría- al recurso interpuesto por la defensa de J. C. H.. En consecuencia, casó el fallo de origen en lo referente a la determinación de la sanción, incorporó como pauta atenuante la demora del proceso revisor y readecuó la pena en treinta y tres años de prisión, accesorias legales y costas, en orden a los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado, cometido contra una persona menor de dieciocho años y aprovechando la situación de convivencia preexistente, en concurso real con homicidio.
Contra esta decisión, con fecha 4 de febrero de 2020, el señor defensor oficial adjunto de Casación, José María Hernández, interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. archivo adjunto a la presentación de la queja de 23-VI-2021); los cuales fueron desestimados por inadmisibles por el tribunal intermedio (v. resol. de 14-VIII-2020); ello motivó la interposición de queja ante esta Corte (v. presentación de 23-VI-2021, cit.).
Este Tribunal, a través de la resolución dictada el día 6 de mayo de 2022, admitió la vía directa articulada, declaró mal denegados los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley y los concedió (v. fs. 20/23 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 18-IV-2023), dictada la providencia de autos (v. fs. 43), presentó escrito la señora defensora adjunta interinamente a cargo de la Defensoría de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, solicitando la suspensión del trámite de la causa ante esta Suprema Corte y la remisión de las actuaciones a la instancia departamental a fin de que se analice la subsistencia de la acción penal, previa aplicación de la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Farina" y de esta Suprema Corte en los precedentes P. 132.451; P. 131.745; P. 132.525 y P. 135.881 (v. fs. 46/51). Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Corresponde declarar la extinción de la acción penal por prescripción con relación a los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado y homicidio?
En caso negativo:
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Preliminarmente, reseñaré el derrotero de la causa.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Plata, mediante sentencia dictada el 16 de junio de 2009, condenó a J. C. H. a la pena de treinta y cinco años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal calificado en razón de haber sido cometido contra una persona menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia preexistente, en concurso real con el delito de homicidio (arts. 40, 41, 55 -texto según ley 25.982-, 79 y 119 cuarto párr. inc. "f" -en su remisión al tercer párr.-, Cód. Penal).
Interpuesto contra ello recurso por parte de la defensa oficial, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, a través del pronunciamiento dictado el día 14 de noviembre de 2013, lo declaró procedente en cuanto a la determinación de la pena y readecuó el monto en veinticinco años de prisión, accesorias legales y costas, manteniendo la calificación establecida en la instancia.
El señor fiscal de Casación dedujo recurso extraordinario de nulidad; por su parte, la defensa oficial interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Esta Suprema Corte, por resolución dictada el día 13 de diciembre de 2017 en el marco de la causa P. 122.670, resolvió: 1) hacer lugar al recurso deducido por el señor fiscal y anular parcialmente la sentencia recurrida en el nivel de la determinación del monto de la pena; 2) declarar inoficioso el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el señor defensor oficial y 3) devolver la causa al Tribunal de Casación para que, debidamente integrado, dictase un nuevo fallo ajustado a derecho, ámbito en el cual se le encomendó proveer lo que correspondiese con relación a la petición de la defensa de considerar el tiempo insumido en la etapa recursiva como pauta atenuante de la sanción.
Vuelto el caso a la instancia intermedia, la Sala I de Transición dictó sentencia de conformidad a lo reseñado en los antecedentes.
II. Expuestos los antecedentes procesales del caso, desde mi punto de vista, la declaración de extinción de la acción penal, no procede.
En primer lugar, tanto la materialidad ilícita como la autoría del imputado en los hechos objeto de acusación, juicio y condena, arriban enhiestos ante esta sede. Ello así dado que el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Plata, el día 16 de junio de 2009, condenó a J. C. H. a la pena de treinta y cinco años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en razón de haber sido cometido contra una menor de dieciocho años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, en concurso real con homicidio simple (arts. 40, 41, 55 -texto según ley 25.982-, 79 y 119 cuarto párr. inc. "f" -en su remisión a tercer párr.-, Cód. Penal).
La condena fue recurrida por la defensa solo en lo referido a la determinación de la pena , y en tales condiciones la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 14 de noviembre de 2013 -por mayoría- hizo lugar parcialmente al planteo y casó la sentencia impugnada solo en lo referido a la pena, fijándola en veinticinco años de prisión.
Luego -en lo que resulta de interés- esta Corte, en la causa P. 122.670, resolvió con fecha 13 de diciembre de 2017 anular parcialmente la sentencia en cuestión justamente en el nivel de la determinación de la cuantía de la pena, fallo que finalmente se completó con la decisión del día 6 de marzo de 2019, por la que el Tribunal de Casación hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, casó la sentencia en crisis y readecuó la sanción impuesta condenando definitivamente a J. C. H. a la pena de treinta y tres años de prisión.
Se advierte entonces y -en segundo lugar- que la completitud del fallo con la sentencia dictada por el revisor el día 6 de marzo de 2019 tuvo virtualidad jurídica para interrumpir el curso de la prescripción, ello así, dado que la doctrina de esta Corte que estableció que "... el fallo del tribunal revisor que fiscaliza la sentencia de condena y efectúa un pronunciamiento de mérito sobre el asunto, queda atrapado por la previsión legal del art. 67, inc. "e" del Cód. Penal " (conf. causa P. 121.979, "Salinas", resol. de 16-VIII-2015; y, en particular, causa P. 118.658, sent. de 11-II-2016, y las que siguieron), se encontraba consolidada y vigente en ese momento.
Y si bien con posterioridad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación descalificó en el caso "Farina" (CSJN Fallos: 342:2344), la interpretación del mentado art. 67, cuarto párrafo, inc. "e" que efectuara este Tribunal en los precedentes indicados, en el entendimiento que el alcance señalado "... excede el límite de la interpretación posible de ese texto legal, lo cual la torna irrazonable en términos de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias "; ese criterio fue adoptado con posterioridad al acto que aquí revistió calidad interruptora (fallo "Farina" se dictó el 26-XII-2019) y por lo tanto no puede retroactivamente privarlo de ese efecto (conf. mis votos en causas P. 132.304, sent. de 1-XII-2020 y P. 133.969, sent. de 3-XI-2022, en línea con el criterio de CSJN Fallos: 315:276).
Por lo tanto, voto por la negativa.
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Coincido con la solución de la colega preopinante, doctora Hilda Kogan.
Como refiere en su voto, desde la condena impuesta a J. C. H. por el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Plata, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en razón de haber sido cometido contra una menor de dieciocho años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, en concurso real con homicidio simple (arts. 40, 41, 55 -texto según ley 25.982-, 79 y 119 cuarto párr. inc. "f" -en su remisión a tercer párr.-, Cód. Penal), lo único que estuvo en discusión en las instancias sucesivas, con firmeza sobre todo lo atinente a los hechos atribuidos: materialidad fáctica, autoría, culpabilidad y las calificaciones legales establecidas, fue lo concerniente a la determinación de la pena en función del tope que correspondía asignarle al art. 55 del Código Penal para el concurso real de delitos, según ley 25.928 vigente al momento de los sucesos de marras.
Desde entonces el tránsito por las diversas instancias jurisdiccionales, firme todo lo atinente a la sentencia de condena, tuvo en miras definir el monto de la pena a la luz de la discusión del tope del art. 55 del Código de la materia. En definitiva, esa decisión quedó finalmente integrada recién con la emitida el día 6 de marzo de 2019, por la que el Tribual de Casación readecuó la sanción impuesta condenando a J. C. H. a la pena de treinta y tres años de prisión. De ese modo pudo completarse ese tópico (cfr., mutatis mutandi , dictamen del señor Procurador Fiscal -en part., último párr. pto. IV- en CSJN Fallos: 333:462).
Así las cosas, a tenor de lo ya explicitado en mis intervenciones en las causas P. 134.184, sentencia de 7-VI-2022 y P. 133.969, sentencia de 3-XI-2022, y demás consideraciones concordantes que emergen del voto al que adhiero, no ha operado la prescripción de la acción penal de los graves delitos en juego.
Como señalé en el primero de los pronunciamientos referidos, es preciso realizar una adecuada interpretación de las contingencias procesales de la causa a efectos de evitar fomentar la promoción de incidencias en favor de la prescripción de la acción penal y la consecuente impunidad de hechos particularmente graves de delitos contra la vida y de extrema violencia sexual como el que nos ocupa (abuso sexual con acceso carnal agravado en razón de haber sido cometido contra un menor de dieciocho años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente).
Por eso, voto por la negativa.
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Ante las particularidades del caso, coincido con la postura que descarta la prescripción de la acción penal en estas actuaciones.
II. Sin perjuicio de otras consideraciones que exorbitarían la concreta decisión que -en mi opinión- corresponde adoptar, en este supuesto basta con señalar que los hechos "arriban enhiestos a esta sede", como expresa la doctora Kogan y también destaca el doctor Soria al aludir a "lo único que estuvo en discusión" en esta causa, conforme resulta de sus respectivos votos, circunstancia claramente evidenciada desde la anterior intervención de esta Corte en los autos originarios que tuvieron como involucrado al acusado H. (v. pronunciamiento dictado en causa P. 122.670, sent. de 13-XII-2017).
Así entonces, a tenor del alcance de mi voto en el precedente P. 134.184 (sent. de 7-VI-2022), a cuyas consideraciones remito y que, mutatis mutandi, deberán tenerse como contenidas -en lo pertinente- en este sufragio, entiendo que no corresponde declarar la prescripción de la acción penal de los delitos enunciados en la presente cuestión.
Voto por la negativa.
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Doy aquí por reproducido el derrotero procesal de la presente causa efectuado por la señora Jueza doctora Kogan en el apartado I de la presente.
II. Es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; e.o.).
Y ello deber ser resuelto por esta Corte, aun en el estrecho marco de su competencia extraordinaria, cuando se encuentren verificados todos los requisitos positivos y negativos que establece la ley para su procedencia, a saber: 1) el transcurso del plazo pertinente (art. 62, Cód. Penal) y 2) la inexistencia de actos procesales interruptores y la no comisión de un nuevo delito (conf. art. 67, Cód. Penal).
III. Esta Suprema Corte venía sosteniendo de manera reiterada que el fallo revisor de la sentencia de condena interrumpe el curso de la prescripción, doctrina que fue sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015), conforme los lineamientos que habían sido establecidos en las causas P. 84.431, sentencia de 31-X-2007; P. 90.959, sentencia de 3-IX-2008; P. 90.736, sentencia de 30-IX-2009 y P. 105.309, sentencia de 29-IV-2015, entre otras.
Sin embargo, más recientemente, en el marco de las causas P. 131.745, "Villafañe" (sent. de 21-VII-2020) y P. 132.525, "Godoy" (sent. de 23-VII-2020), a cuyos términos me remito en su totalidad, se aplicó la doctrina del fallo "Farina" de la Corte federal (sent. de 26-XII-2019), en lo que respecta a la interpretación que debe darse al art. 67 inc. "e" del Código Penal (ley 25.990), puntualmente, en el sentido de considerar que el último acto interruptor de la prescripción al que se alude en esa norma es únicamente "...el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme".
Aquí también, esta Corte debe adoptar los lineamientos sentados por el Máximo Tribunal nacional en el mencionado precedente. Recuérdese que en aquella ocasión se instruyó a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires a fin de que "...en lo sucesivo, para evitar dilaciones innecesarias como las verificadas en el extenso derrotero de las presentes actuaciones, adopte las medidas necesarias para que sus pronunciamientos y los de los tribunales penales en la jurisdicción a su cargo se adecuen a lo establecido por el legislador en el art. 67, inc. e, del Código Penal y a la doctrina sentada en la jurisprudencia de esta Corte sobre la materia, en la inteligencia de que la cuestión decidida excede largamente la mera interpretación de una norma de derecho común, como es el Código Penal, para involucrar la observancia de diversos artículos de la Norma Fundamental del país, a saber: i) art. 18 (vigencia del principio de legalidad estricta en materia penal y su proyección sobre el derecho a la jurisdicción o de juicio previo); ii) art. 31 (vigencia del orden jerárquico establecido por la Ley Suprema de la Nación, en el caso subvertido por la prevalencia de la cuestionada interpretación de un artículo del Código Penal -que es una ley de la Nación- por sobre el mencionado art. 18 de la Norma Fundamental); y iii) arts. 116 y 117 (vigencia de la interpretación de esta Corte, como tribunal supremo de la Nación, en 'causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución' como son aquellas que -como la presente- tratan sobre la observancia del principio de legalidad en materia penal)" (CSJN causa "Farina", cit., cons. 19°). En otras palabras, se ordenó que los lineamientos allí sentados debían ser seguidos inexorablemente por el Tribunal que integro y por todos los demás del fuero ordinario de la Provincia de Buenos Aires.
IV. En el caso, computando el término legal de prescripción desde la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Plata, dictada el día 16 de junio de 2009, el plazo prescriptivo de doce años de los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado y homicidio ha transcurrido fatalmente de acuerdo con los arts. 62 inc. 2 y 67 del Código Penal (según ley 25.990).
Por otra parte, efectuadas las constataciones pertinentes, no media en autos la causal prevista en el art. 67 cuarto párrafo inc. "a" (ley 25.990) -actual sexto párrafo inc. "a" según ley 27.206, Boletín Oficial de 10-XI-2015-, a tenor de los informes de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y del Registro Nacional de Reincidencia que obran a fs. 58/60, 71 y archivo adjunto recibido en oficio del día 24 de agosto de 2023.
V. Por ello, habiéndose verificado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción, corresponde declarar la extinción de la acción penal en orden a los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado en razón de haber sido cometido contra una persona menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia preexistente, en concurso real con homicidio, por los que J. C. H. viene condenado (arts. 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990-, 79 y 119 cuarto párr. inc. "f" -en su remisión al tercer párr.-, Cód. Penal).
Deberá remitirse vía electrónica copia de esta sentencia directamente al tribunal de juicio para que, inmediatamente, disponga de lo necesario para cumplir con lo ordenado y efectivizar la libertad de H. -siempre y cuando no exista algún impedimento legal para ello-, comunicando lo actuado de igual modo a este Tribunal.
VI. Finalmente, no puedo pasar por alto que la mayor parte del tiempo consumido en la revisión de la condena fue producto de la primera intervención que tuvo la Sala I del Tribunal de Casación Penal (con una integración anterior). Ese órgano no solo se tomó más de cuatro años para resolver, sino que la sentencia que dictó debió ser anulada parcialmente por esta Suprema Corte, por la inexistencia de mayoría de opiniones respecto de una cuestión esencial.
Fue ese derrotero el que produjo que recién en 2019, es decir, diez años después de la condena del tribunal de grado, se pudiera cumplir con la revisión integral que consagran los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encargó de delinear en la causa "Casal" (CSJN Fallos: 328:3399); y el que, sin lugar a dudas, tuvo el mayor impacto en la situación que hoy, por los argumentos expuestos, me lleva a tener que declarar extinguida la acción penal de los hechos de extrema gravedad que aquí se juzgaron.
Voto por la afirmativa.
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Maidana dijo:
Coincido con la solución de la doctora Hilda Kogan.
Atento a que el tránsito por las diversas instancias jurisdiccionales, solo tuvo por objeto definir el monto de pena a la luz de la discusión del máximo del art. 55 del Código Penal, se ha configurado una situación de cosa juzgada parcial como óbice para que opere en el caso la extinción de la acción penal por prescripción.
Inicialmente se impone destacar que, no cabe ingresar al análisis de la prescripción de la acción respecto de los delitos que no han sido impugnados por la parte (causas P. 98.415, sent. de 5-XII-2007 y P. 98.570, sent. de 9-IV-2008), en tanto todo aquello relativo a los mismos, que ahora se pretenden prescriptos, quedó fuera del marco de competencia del órgano (cfr. causas P. 103.166, sent. de 5-V-2010; P. 105.690, sent. de 7-VI-2010; P. 103.28
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.