Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137017
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.017-Q, "Presa, Juan Carlos s/ Queja en causa n° 43.739 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño, Kohan, Mancini.
El Juzgado Correccional n° 2 del Departamento Judicial de Azul, mediante sentencia del 7 de abril de 2022, condenó a Juan Carlos Presa a la pena de tres años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas por considerarlo autor responsable de la comisión del delito de abuso sexual simple (art. 119 primer párrafo, Cód. Penal).
La Cámara de Apelación y Garantías departamental, por mayoría, rechazó el recurso de la especialidad deducido por la defensa oficial en favor del imputado (v. sent. de 8-VI-2022).
Contra lo así decidido, el señor defensor oficial de la Unidad Funcional de Defensa n° 3 de Azul con sede en Olavarría, presentó recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley. La Cámara recurrida los desestimó. Interpuesta la queja, esta Suprema Corte concedió ambos recursos mediante la resolución del 15 de septiembre de 2023.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa de Presa denunció violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial por omisión de tratamiento de diversas cuestiones planteadas -que estimó esenciales-, vinculadas con la responsabilidad penal de Presa y la intensidad de la pena.
En primer término, se refirió a la denuncia sobre la incorporación por lectura -que consideró ilegítima y oficiosa- de un documento (el CD de la audiencia en Cámara Gesell). Sostuvo que la Cámara se limitó a reiterar lo resuelto en primera instancia sin dar respuesta a lo peticionado. En su opinión la respuesta en esos términos resultó solo aparente e inexistente.
En orden a la intensidad de la pena, denunció que el Tribunal de Alzada nada dijo respecto de sus planteos relativos a la fundamentación del monto de pena impuesto. De tal manera insistió con que la Cámara se abocó a tratar lo concerniente a las críticas puntuales sobre cada agravante, pero sin abordar con adecuada suficiencia la sanción decidida, lo que, desde su punto de vista, importó una omisión de tratamiento.
De seguido recordó que en el recurso de apelación se había planteado que el juzgador de mérito había aplicado agravantes solicitadas por el acusador, que al momento de requerirlas aquel no habría fundamentado ni tampoco explicado por qué debían ser ponderadas por el juez. En esta senda, señaló que la Cámara nada dijo sobre esa queja.
Acerca de la severizante "la condición de mujer de la víctima" señaló que se había planteado ante la Cámara que la normativa internacional no imponía una divergencia de tratamiento punitivo en los casos de mujeres víctimas de delitos y que al tratarse de una menor de edad las características referidas eran propias de la etapa evolutiva de crecimiento, y que la normativa aplicable impedía formular una diferenciación en razón del sexo, con lo cual la condición de mujer no debía sopesarse.
En ese sentido, denunció que la Cámara no respondió el planteo formulado pues se remitió a los fundamentos del juez de primera instancia por considerarlos suficientes.
Con respecto a la diferencia de edad entre el sujeto activo (61 años) y pasivo (15 años) que habría operado como aumentativa por implicar una mayor indefensión para la víctima, destacó que la respuesta brindada por el revisor fue solo aparente al reiterarse los argumentos de su par de la instancia sobre el punto sin adicionar explicación alguna.
En cuanto al rechazo de la circunstancia atenuante de la pena por "buen concepto vecinal", refirió que la queja llevada a conocimiento del Tribunal de Alzada estaba vinculada a lo irrazonable de la decisión del juzgador de dar prevalencia a los dichos de dos mujeres que relataron hechos supuestamente ocurridos hace más de veinte años, en lugar de hacer foco en los informes sociales existentes en el expediente, los que consideró actuales y gráficos. Sostuvo que el revisor nada dijo sobre esta cuestión que resultaba dirimente y esencial para el resultado del proceso.
II. Coincido con la Procuración General en que el recurso no puede prosperar (conf. art. 493, CPP).
III.1. El Juzgado Correccional n° 2 de Azul tuvo por acreditado que: "...el día 30 de octubre de 2017, siendo aproximadamente las 18:30 horas, Juan Carlos Presa, de 61 años de edad en ese momento, en el sector de atención al público del comercio ubicado en calle Rodríguez Peña nro. 259 de la ciudad de General La Madrid, denominado 'Mercadito La Madrid', abusó sexualmente de una persona de sexo femenino de 15 años de edad -Melina Maroa Fernández-. El nombrado Presa, dueño del negocio y quien se encontraba en el lugar, se acercó a la joven, la abrazó y la besó en la mejilla, pensando Melina que se trataba de una acción de agradecimiento por parte de Presa luego de que dejara pasar a una clienta para ser atendida mientras ella esperaba que complete su trámite de pago de una factura online, pero inmediatamente después de esto y sin soltarla Presa la tomó de la cintura y no le permitió soltarse pese a que quería separarse de él forcejeando para lograrlo, intentó besarla en la boca con fuerza, tomándola de la cintura, levantándola y acercándola hacia su cuerpo, debiendo Melina mover la cara para los lados para evitar ser besada pese a lo cual Presa insistía con factibilidad real de haberlo logrado en algún momento, además de apoyar sus partes íntimas contra su cuerpo mediante movimientos pélvicos, ante la evidente no aceptación y no consentimiento de la víctima, consumando de esa manera el abuso sexual".
Encontró a Juan Carlos Presa autor responsable de la comisión del delito de abuso sexual simple (art. 119 primer párrafo, Cód. Penal) y lo condenó a la pena de tres años y tres meses de prisión; accesorias legales y costas.
III.2. En el recurso de apelación la defensa planteó la nulidad por entender que el soporte audiovisual fue ilegítimamente ingresado al debate. Como segundo motivo de agravio señaló que conforme surge de la comparación de los hechos materia de imputación en relación a los documentados en la sentencia, el juez agregó en el fallo secuencias fácticas relevantes que no estaban en la imputación y que habrían dejado en indefensión a Presa. Esgrimió que, en la hipótesis del fiscal, Presa habría aprovechado que la menor no pudo consentir libremente la acción (aunque sostuvo que nunca se estableció cuál era la conducta que aplicaba a esa descripción ni el motivo de la misma), pese a que la víctima había relatado que su falta de consentimiento ante el accionar de Presa generó que desistiera de su intención, lo que a su entender constituía una variación de la imputación sobre un elemento esencial -modo comisivo- y afectó el derecho de defensa del imputado. Agregó que se vulneró el debido proceso y el derecho de defensa, la imparcialidad del juzgador, por haber tomado decisiones acusatorias sin respetar su rol de tercero imparcial.
Criticó la acreditación de la responsabilidad de Presa con base en la valoración del testimonio de la víctima y consideró que a la negación de los hechos por parte del imputado se le restó importancia, dejándolo en una posición de minusvalía frente a la acusación.
Continuó con el desarrollo de las críticas respecto a la valoración de los testimonios de las testigos Melina Fernández, madre de la menor, y Teresa Graciela Herrera aseverando que hubo una incorrecta reconstrucción de los hechos, en violación al principio del in dubio pro reo.
Reseñó la declaración de la perito psicóloga licenciada Sofía Canevello, quejándose de que el juez con una generalización mutara la acción de apoyar el pene en la entrepierna de la joven a una suerte de apoyo de "partes íntimas" en el cuerpo de la misma.
Planteó la arbitrariedad de la sentencia en cuanto a la determinación de la pena, manifestando que los fundamentos brindados no tenían sustento lógico y que no se le había dado tratamiento a las quejas de la defensa. Indicó que la pena impuesta se alejó del punto de partida de la escala penal y que el fallo presentaba un indicio de ilegitimidad cuando el juez consideró que los hechos revelaron un mayor grado de peligrosidad en el accionar del imputado, lo que consideró un resabio del pensamiento positivista inverificable y contrario a la Constitución nacional y en línea con el derecho penal de autor. Se quejó de la falta de mérito como atenuante del "buen concepto" expresado por terceras personas que conocían al imputado, agregó que la agravante referida a la edad de los sujetos intervinientes, nunca debió ser motivo de valoración, por falta de fundamentación por parte de la acusación y porque, tratándose de una conducta no consentida, la edad del sujeto activo era irrelevante. Añadió que la alegada disminución de posibilidades de defensa de la joven -en razón de la diferencia de edad con su supuesto agresor-, no se acreditó, y que la denunciante por su juventud y fuerza logró impedir la concreción de la intención delictiva atribuida al sujeto activo. También se disconformó con el mérito como severizante de la calidad de mujer de la víctima puesto que ese dato aislado no pudo agravar el reproche ni hubo justificación en la necesidad de mayor pena. En cuanto al daño psíquico, manifestó que el juzgador solo se basó en los dichos de la madre, sin haberse acreditado por el profesional actuante.
III.3. El Tribunal de Alzada, por mayoría, rechazó el recurso. Luego de exponer los agravios llevados a su conocimiento, detalló el hecho que se tuvo por probado y la calificación legal endilgada. De seguido, en lo que aquí interesa, el órgano revisor abordó expresamente el planteo de la defensa referido a que el soporte digital de la declaración en Cámara Gesell de la menor -a diferencia del acta con la transcripción de su testimonio-, no formaba parte del plexo probatorio. Al contrario, el magistrado ponente (el doctor Cini) se refirió a la resolución del juez sobre las cuestiones preliminares -inobjetada por las partes-, donde se explicó la introducción al debate -por lectura, exhibición o reproducción de audio o audiovisual correspondiente- de la declaración testimonial brindada en Cámara Gesell a la vez que indicó que durante la audiencia de juicio, se detallaron los elementos incorporados para su valoración, donde se especificó al "...soporte DVD que contiene la videograbación de la cámara Gesell a fs. 286".
También refirió que, tratándose de un anticipo extraordinario de prueba, la finalidad central del acto es su aporte pleno al debate, por lo que el soporte digital forma una misma unidad instrumental con el acta confeccionada en la ocasión.
Así rechazó lo argumentado por la defensa oficial en cuanto pretendía que el juzgado no podía tomar como prueba el acto videograbado entendiendo que no había sido pedida ni resuelta su incorporación sino solo el acta y su posterior transcripción.
En orden al segundo motivo de agravio referente a que de la comparación de los hechos materia de imputación en relación a los documentados en la sentencia, el juez de la instancia incorporó elementos de contexto, señaló que si bien era cierto que en la narración del fallo constaban elementos que no obraban en el relato de la fiscalía, en particular, en lo referente a la manera en que el causante sujetó a la víctima, expresándose en el fallo que "...la tomó de la cintura y no le permitió soltarse pese a que quería separarse de él forcejeando"; estimó que el relato del veredicto coincidía, en lo sustancial, con el efectuado por la agente fiscal durante los alegatos. De modo que consideró que se trató de una puntualización para determinar el modo en que no estuvo presente el consentimiento de la víctima frente a la acción del imputado, pero de acuerdo con la prueba producida en el debate.
Explicó que también la agente fiscal, durante la discusión final había dado mayores detalles sobre el hecho endilgado, de acuerdo a lo que surgía de las pruebas producidas; por lo que consideró que la descripción que realizó el Juez resultó respetuosa de la imputación y que en nada afectó el principio de congruencia. Reforzó esa respuesta señalando que la defensa, durante los alegatos, controvirtió la prueba que dio sustento al relato fiscal efectuado en dicha oportunidad, sin quejarse allí de que el mismo implicara una sorpresa o que perjudicara su estrategia. Así desestimó el agravio.
En otro orden entendió que los cuestionamientos respecto de la valoración de la prueba eran improcedentes.
Se refirió al análisis que se debe realizar de los testimonios de las víctimas de esta clase de delitos, los que, generalmente, se cometen sin la presencia de otras personas, se refirió a los aspectos de congruencia y coherencia lógica interna que deben presentar estas declaraciones; si los aspectos trascendentales se mantienen incólumes durante el proceso; si existen indicios de querer perjudicar al imputado con dichos falsos; y si las manifestaciones del testigo no resultan controvertidas -en forma seria- por otros elementos de prueba que las desestimen o que arrojen una duda que haga aparecer como razonable la existencia de otra hipótesis diferente a la sostenida por la acusación fiscal.
Resaltó que el juez de la instancia en su análisis probatorio, tuvo en cuenta, como principal elemento acreditativo, la declaración de la víctima tomada en Cámara Gesell y con las formalidades del anticipo extraordinario de prueba. Sostuvo que allí hubo una nítida sindicación de autoría del acusado Juan Carlos Presa, y apreció aspectos que consideró que daban cuenta de la credibilidad de los dichos de la víctima, "...a saber: a) congruencia y coherencia lógica interna, producto de un relato contextualizado y preciso de eventos centrales y periféricos, donde se describen lugares, momentos, conductas, protagonistas y sensaciones vividas; b) persistencia durante el proceso, puesto que lo que denunció coincide -en aspectos trascendentales- con lo que luego declaró testimonialmente y con lo que contó a otras personas, como se verá a continuación; c) falta de un motivo de querer perjudicar al imputado con dicho falsos; y d) naturalidad de su exposición, la cual luce como un relato espontaneo sin indicios de afirmaciones preconcebidas o armadas".
Descartó los ataques de la defensa respecto de algunos de estos indicadores de veracidad, por entender que habían sido articulados en forma aislada e individual cuando era la suma e integración de todas las circunstancias resaltadas lo que había dotado de credibilidad al testimonio. Consideró -además-, que la falta de un motivo contra el imputado era -entre otros que también señaló- un indicador altamente revelador de veracidad.
Concluyó que es la suma e integración de los distintos indicadores de veracidad vinculados con la forma en que se debe analizar un testimonio en base a las reglas de la lógica, experiencia y psicología; lo que da cuenta que el testimonio de Maroa Fernández resulte creíble.
Adicionó que dicho testimonio se vio coadyuvado por otros elementos de prueba, a saber: dictamen realizado por la licenciada Sofía Canevello, quien realizó una entrevista psicológica abierta y semidirigida con Melina Maroa Fernández, las declaraciones de la policía Sofía Magdalena Talamoni y de Mónica Soledad Del Fresno.
Expresó que ese plexo probatorio compuesto por declaraciones de la víctima con plurales y trascendentes indicadores de veracidad, respaldado por los relatos de la madre y de su amiga, quienes dan cuenta del estado de nerviosismo extremo en el que llegó Melina luego del hecho -contando el abuso, e identificando a su autor, de la misma manera en que lo hizo durante la Cámara Gesell y en la denuncia- y los testimonios de Sofía Magdalena Talamoni y Mónica Soledad Del Fresno, respecto de las cuales el juez con inmediación destacó un correlato emocional que impresionó revelador de la impronta que dejó el obrar de Juan Carlos Presa, pues refirieron conductas similares del imputado contra las testigos -cuando la primera tenía 13 o 14 años y 16 o 17 años la segunda-.
Aclaró que los eventos contados no fueron objeto de condena por falta de denuncia, pero ello no impide, dentro del marco de libertad probatoria, merituar los dichos de las testigos como un indicio más, atento la credibilidad que merecían sus expresiones.
También se refirió a la declaración de Juan Carlos Presa durante el debate, la que no consideró creíble; "...además de aparecer -a diferencia de lo que sucede con la exposición de la víctima- huérfana de elementos que la corroboren".
Coligió que la valoración que hizo el juez de la instancia de la prueba del proceso permitía arribar a la certeza necesaria sobre los extremos cuestionados.
En relación a la autoría del hecho, también rechazó la afirmación de la defensa, en cuanto no advirtió el revisor una duda razonable que desvirtúe la decisión adoptada en primera instancia. Tampoco advirtió una errónea reconstrucción del hecho por parte del magistrado, descartando arbitrariedad en la decisión.
En cuanto a la calificación legal, la confirmó por considerarla correcta y explicó su coincidencia con el juez del juicio en cuanto a que los actos descriptos por la joven fueron contactos (besos, abrazos, apoyo de partes íntimas, movimientos pélvicos) y aproximaciones (intento de besos, etc.) del cuerpo del agente con el de la víctima, que en sí mismos contenían un significado sexual. Refirió que la mención de "partes íntimas" que se realizó en el hecho; respecto de la zona del cuerpo con que el imputado tocó a la menor, y de la que se queja la defensa por imprecisión; debía integrarse con el relato de aquella al declarar en Cámara Gesell, cuando refirió que no sabía si había intentado acercarle el pene o había intentado levantarla, pero que había hecho "...un movimiento raro con la cadera y la pelvis para arriba"; y, sobre todo, que sintió el contacto en la panza.
Encontró consumada la figura penal prevista por el art. 119 primer párrafo del Código Penal.
En cuanto a la mensuración de la sanción el doctor Cini mencionó que las dos primeras agravantes ponderadas por el juez en la sentencia no se confundían, ya que por un lado estaba la edad de la víctima (15 años) lo que de por sí denotaba un plus de gravedad respecto de la figura prevista por el art. 119 primer párrafo del Código Penal, por una mayor lesión al bien jurídico protegido; y por otro lado estaba la diferencia de edad entre sujeto activo y sujeto pasivo, que revelaba una situación de preeminencia y abuso que reducían las posibilidades de defensa del sujeto pasivo.
Apuntó que la condición de mujer de la víctima, era otro indicador de mayor reprochabilidad, remitiéndose a los fundamentos dados por el juez, por considerarlos suficientes para responder a los embates de la defensa.
Advirtió que el grave daño a la salud de la víctima estuvo verificado con las declaraciones congruentes de la víctima, de su madre, de Herrera, Haag y de la licenciada Canevello.
Finalmente advirtió que las agravantes valoradas en el veredicto habían sido las consideradas por la agente fiscal al momento de los alegatos, y que la fundamentación realizada en la sentencia lo fue de cada uno de los potenciadores de la pena, respondiendo a los cuestionamientos que, al respecto, efectuó la defensa durante l
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