Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131186
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.186, "Cichilitti, Marcelo Alejandro s/ queja en causa n° 45.815 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, de Lázzari.
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 25 de abril de 2017, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Azul, que condenó a Marcelo Alejandro Cichilitti a la pena de tres años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha sido acreditada (art. 166 inc. 2 último párrafo, Cód. Penal) -ver fs. 248/252 vta. con relación a fs. 33/40-.
La señora defensora oficial adjunta ante esa instancia, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 267/279 vta.), el que habiendo sido declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 280/283 vta.) motivó la deducción de queja ante esta Corte (v. fs. 367/375 vta.). Por resolución del 29 de mayo de 2019, este Superior Tribunal hizo lugar y concedió la vía extraordinaria incoada (v. fs. 376/379).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 396/402 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 403), presentada la memoria del señor defensor ante el Tribunal de Casación Penal (v. fs. 408/409) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. En primer lugar, denunció la errónea revisión de la sentencia de condena con relación a la participación de Marcelo Alejandro Cichilitti en el hecho acreditado (conf. arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP), así como la vulneración al debido proceso, la defensa en juicio y el principio de in dubio pro reo (v. fs. 270).
Refirió que el Tribunal de Casación Penal no se pronunció sobre si el sobreseimiento por ausencia probatoria dictado en favor del menor Gartland, le permitía a su vez declarar como testigo en la presente causa, y de ser así, por qué sus expresiones en el debate no se consignaron en la sentencia, ello teniendo en cuenta que se juzgaba la intervención de Cichilitti en el suceso que damnificara a Scornovacca, a quien Gartland –además de autoincriminarse- había sindicado como su consorte de causa. Consideró que la respuesta a esa incógnita estaba dada por la circunstancia de que el menor había sido presionado por la policía para que en una habitación lejos del padre y del testigo culpara a su pupilo (v. fs. 272/274).
Sostuvo que el a quo tampoco se ocupó de analizar por qué el remisero Scornavacca no pudo describir al sujeto que se hallaba detrás suyo en el vehículo, a pesar de que en el debate había manifestado que esa persona era la que luego pasó para adelante del automóvil.
Refirió también que no explicó por qué al declarar la testigo Senra -telefonista de la remisería-, no dijo en esa oportunidad que la víctima Scornavacca le había referido que de la cara del que le robó no se olvidaría nunca (v. fs. 274).
Recordó que los magistrados de grado habían justificado el reconocimiento en rueda positivo de su pupilo, en la circunstancia de que la víctima había dicho que no podía hacer dictado de rostro de la persona que se encontraba detrás de él en el rodado porque no lo había podido ver, lo que no se condice con lo asentado en su denuncia ni con la declaración prestada en sede fiscal (v. fs. 274 vta.).
Seguidamente, señaló que el hecho de que su defendido haya sido aprehendido junto a Gartland a una cuadra y media del lugar donde otro remisero de la misma agencia había sido víctima de un delito contra la propiedad en grado de tentativa, hecho por el que Cichilitti había sido absuelto, fue –a su juicio- lo que determinó que Scornavacca dijera que "...no olvidará la cara del que le robó" y así lo reconociera en rueda de personas pese a que nunca antes pudo describir sus rasgos fisonómicos (v. fs. 274 vta. y 275).
Indicó que el tribunal casatorio tampoco contestó los planteos de esa defensa plasmados en el recurso de la especialidad respecto a la denuncia efectivizada por la señora Etchegaray sobre un efectivo de la Comisaría Primera de Azul, el cual habría obtenido fotos de su defendido que luego exhibió a la víctima, además de haber escuchado decir a los oficiales Suárez y Rodríguez que no se irían de la seccional policial hasta que el reconocimiento de Cichilitti diera resultado positivo.
También cuestionó el no tratamiento al agravio vinculado con la falta de valoración de los dichos de su pupilo en su declaración a tenor del art. 308 del Código Procesal Penal, ni la denuncia ni las testimoniales prestadas por Cichilitti con relación a la persecución policial (v. fs. 275).
En resumen, señaló que el tribunal revisor se desentendió de su función revisora y transgredió la doctrina contenida en el fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conf. arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP) -ver fs. 275/276-.
I.2. En segundo término, tachó a la sentencia de arbitraria por apartamiento de las constancias de la causa al no haber considerado la demora insumida en la etapa recursiva como circunstancia atenuante sobreviniente, en consonancia con el derecho a la revisión del pronunciamiento de condena en un plazo razonable (arts. 8.1, CADH y 15, Const. prov.; v. fs. 276/277).
Destacó que el recurso de casación ingresó en esa sede el día 24 de noviembre de 2010, que el extraordinario de inaplicabilidad de ley fue interpuesto el 15 de julio de 2011, el extraordinario federal el 10 de octubre de 2013 y la queja por denegatoria de recurso extraordinario federal el 23 de octubre de 2015. A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió de modo favorable mediante resolución del 23 de agosto de 2016, quedando finalmente la causa radicada ante la Sala II del Tribunal de Casación Penal el 16 de febrero de 2017, dictando sentencia el 25 de abril de ese mismo año (v. fs. 277).
De tal modo, consideró que la demora no puede ser imputada a la actuación de esa parte, sino exclusivamente a la jurisdicción, y bien pudo ser oficiosamente considerada por el tribunal revisor (v. fs. 277 y vta.).
En sustento de su postura citó el precedente P. 110.833 de esta Corte, y solicitó que se pondere la excesiva duración del proceso en la etapa revisora como atenuante (v. fs. 278 y vta.).
II. El señor Procurador General se pronunció por el rechazo del recurso traído (v. fs. 396/402 vta.). Coincido en que el remedio no prospera.
III. El señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Mario Luis Coriolano, presentó la memoria del art. 487 del Código Procesal Penal (v. fs. 408/409). Consideró que el argumento utilizado por el acusador público en el dictamen implicó un excesivo rigor manifiesto, e insistió con la necesidad de atender el planteo conforme el alcance otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos "Espíndola" y "Farina" sobre la razonabilidad de los tiempos de la instancia revisora, así como la doctrina legal de las causas P. 119.455 y P. 129.222 de esta Corte.
IV.1. El Tribunal en lo Criminal n° 2 de Azul tuvo por legalmente acreditado que: "...el día 23 de Julio de 2009 siendo aproximadamente las 20:30 hs., dos personas de sexo masculino, una de ellas aún no individualizada, abordaron el auto remis de la Agencia La Revoca, marca Renault 9 Dominio ADW-538 conducido por ALFREDO ROBERTO SCORNOVACCA, en calle Leyria a la altura del numeral 140 y le indicaron al conductor que se dirigiera a calle Lavalle y Aldaz de esta ciudad de Azul. Que una vez en el lugar de destino, uno de ellos le apoyó algo en la nuca, mientras que la persona imputada en la presente causa extrajo de entre sus ropas un arma de fuego de tipo pistola de caño corto, que exhibió en forma amenazante a la víctima al tiempo que le exigió la entrega de sus pertenencias, apoderándose ilegítimamente de ese modo, de una billetera color marrón que contenía una suma aproximada de 200 pesos, un celular marca Samsung negro de la empresa Personal con abonado numero 02281-15478085 y un celular marca Samsung color gris de la empresa Claro abonado N° 02281-15580010. Que ya con las cosas en su poder, la persona a la que vengo haciendo referencia hizo descender del vehículo a la víctima, le exigió la entrega de las zapatillas que vestía y en tanto ésta se negó a entregarlas se apoderó también ilegítimamente del auto antes indicado, el que utilizaron para huir del lugar y dejaron abandonado en calle Necochea y calle N° 5 de Azul" (fs. 33 y vta., sent. de condena).
Tuvo por acreditada la autoría responsable en cabeza de Marcelo Alejandro Cichilitti a partir de lo declarado por la víctima Alfredo Roberto Scornavacca, quien refirió que la persona que se ubicó en la parte trasera del auto, del lado derecho, era más alta y más delgada que la otra que estaba detrás suyo, de piel blanca y bastante narigón; que pudo reconocerla en la oportunidad de llevarse a cabo el reconocimiento en rueda de personas en la Comisaría, lugar donde se enteró de su apellido Cichilitti. A su vez tuvo en cuenta el reconocimiento inequívoco que la víctima realizó en el debate y el testimonio de Viviana Soledad Senra, que si bien no acredita directamente la autoría, corrobora las expresiones de Scornavacca en todos sus términos (v. fs. 36 vta. y 37).
IV.2. En el recurso de casación, la defensa de Cichilitti alegó que no se había probado la autoría penalmente responsable de su defendido en el hecho investigado, y denunció una absurda valoración de la prueba. En ese sentido, sostuvo que se lo había condenado tomando en cuenta la "contradictoria" denuncia y el reconocimiento por parte de la víctima, omitiendo ponderar otros elementos de la causa (v. desarrollo de fs. 48 vta. y 49). Señaló que el tribunal de condena omitió valorar la denuncia realizada por la señora Carmen Vanesa Etchegaray (v. fs. 49 y vta.), e indicó que tampoco se tuvo en cuenta la declaración prestada por su defendido a tenor del art. 308 del Código Procesal Penal, ni la realizada en el marco de una denuncia efectuada en el incidente n° 725, ni el resultado negativo del allanamiento ordenado en su vivienda (v. fs. 49 vta.). Finalmente, destacó que el testimonio de Viviana Soledad Senra prestado en el debate oral, solo dio cuenta de la existencia del ilícito, pero nada aportó en cuanto a la autoría del mismo (v. fs. cit.). En resumen consideró que "...un inocultable estado de duda [...] impide tener por acreditada la autoría de mi defendido en el hecho que se le imputa..." (fs. 50).
IV.3. A su turno, el Tribunal de Casación Penal tuvo por cierta la participación del acusado Cichilitti a partir de la declaración prestada por la víctima, Alfredo R. Scornovacca, quien en su oportunidad declaró que: "...la persona que se ubicó en la parte trasera del auto, del lado derecho, era más alta y más delgada que la otra que estaba detrás suyo, de piel blanca y bastante narigón", la cual reconoció no sólo en la diligencia de rueda de personas sino también durante el juicio oral, sindicándolo como el sujeto que le apuntó con un arma y le exigió que le entregara sus pertenencias (v. fs. 249 vta.).
Refirió que el punto cuestionado por la defensa (autoría), se tuvo por comprobado "categóricamente" a través del relato de la víctima y testigo directo del hecho, demostrando con ello que la sentencia no se encontraba infundada en ese aspecto (v. fs. cit.).
Agregó a ello que "...el testimonio de referencia se ha visto robustecido por otro elemento, según ha expuesto razonablemente el tribunal de instancia, tal como la declaración de Viviana Senra, quien más allá de no acreditar directamente la autoría, sí pudo corroborar las expresiones de Scornavacca en lo que le tocó vivenciar y percibir a través de sus sentidos, en especial en cuanto a la mecánica de los hechos y en cuanto a que el damnificado le dijo que la cara de quien lo había asaltado no se la olvidaría más" (fs. 250 vta.).
Aclaró que en el juicio el testigo Scornavacca había explicado que "...cuando había dicho que no estaba en condiciones de realizar un dictado de rostro, se había referido a la otra persona que estaba detrás de él pues no le pudo ver la cara, pero que a Cichili[tt]i lo pudo ver claramente", a lo que agregó "Si vinculamos esa explicación, con la directa imputación que le volvió a formular durante el juicio oral cuando, 'sin dudas' lo señaló como quien lo había apuntado con el arma, caen las postulaciones de la impugnante en el sentido de pretender atribuir dudas o contradicciones en el testimonio de la víctima del caso" (fs. 250 vta. y 251).
A su vez, añadió que "...las críticas de la defensa son insuficientes pues se desentienden de la totalidad de los argumentos articulados por el a quo para así decidir (por ej. del referido a la explicación dada por la víctima respecto del dictado de rostro), lo que no constituye una adecuada técnica impugnativa pues quien pretende la enmienda de un fallo, ante todo, se debe encargar de mostrar los errores que contiene, lo que no alcanza con la mera exposición de un razonamiento paralelo sin crítica concreta a los fundamentos considerados por los magistrados de la instancia de origen" (fs. 251 y vta.).
Concluyó en que "...la autoría del inculpado ha sido correctamente determinada en el fallo impugnado pues el tribunal de grado ha explicado en forma razonada y adecuada, con total apego a la normativa que rige el asunto (Arts. 1, 106, 209, 210 y 373 del ritual) el modo en que arribó a la certeza sobre la participación de Cichilitti, sin que el recurrente logre demostrar, en su exposición, vicio lógico o valorativo alguno que autorice la casación que se pretende" (fs. 251 vta.).
V.1. Frente a la respuesta dada por el tribunal del recurso en el marco de los agravios llevados a su consideración, no demuestra la parte que la revisión emprendida haya importado un menoscabo a los estándares emergentes del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conf. arts. 8.2."h", CADH y 14.5, PIDCP) que cita, ni que hubiese afectado el debido proceso y la defensa en juicio del acusado (art. 495, CPP).
En efecto, de lo reseñado en los párrafos que anteceden emerge que el Tribunal de Casación Penal abordó los reclamos de la defensa en lo referente a la autoría del imputado confirmando en ese aspecto lo decidido en la instancia de grado. En rigor, la queja se asienta en un criterio discrepante en la valoración de la prueba mediante una reedición de argumentos llevados en el recurso ante la instancia anterior.
Por otro lado, las alegaciones de la defensa sobre que el Tribunal de Casación Penal "...no se cuestionó", "...se sustrajo de analizar", "...se desentendió", "...tampoco se preguntó" respecto a ciertas cuestiones "...cómo se llegó al allanamiento en la casa de Rubén Pedro Garlant"; "...el menor fue presionado por la policía para dar esa versión"; "...si puede quien es tenido como coautor, más allá de ser sobreseído en la causa pero que fue quien se habría autoincriminado ante la policía y sindicado a mi asistido como su compañero en la empresa delictiva, prest[ar] declaración testimonial en el juicio oral" (fs. 272/274), no fueron llevadas a conocimiento del órgano revisor por lo que su introducción ante esta instancia resulta extemporánea (art. 451, CPP).
Por lo demás, las argumentaciones tributarias del concepto de la revisión suficiente acuñado in re "Casal" deben armonizarse con el dictamen del Procurador Fiscal en la causa "Delfino, Martín Fernando y otros s/ lesiones graves en agresión -causa 57.038/04-" -D.1624.XLI- en cuanto se dijo que la doctrina de dicho precedente no exime de cumplir con el recaudo relativo al momento en que deben interponerse los agravios, sino que lo torna aún más exigible, "...pues mal puede afirmarse un menoscabo al derecho de obtener una revisión de la condena en relación a un aspecto que la misma parte no sometió al examen del tribunal de instancia superior" (causa cit., sent. de 1-IV-2008). Este criterio, a su vez, fue luego ratificado por el Superior Tribunal de la Nación en el caso "Godoy, Gustavo Ezequiel y otro s/ causa 1499/1514", sentencia de 22-XII-2008, oportunidad en la que al hacer suyos los argumentos del señor Procurador General estimó que "Si bien el derecho de una persona a obtener una revisión de su sentencia por un tribunal superior es innegable, el deber [...] de agotar el esfuerzo por revisar todo aquello que resulte motivo de agravio, queda enmarcado dentro de las exigencias formales que resultan insoslayables y cuya omisión impide el tratamiento de determinadas cuestiones, como ocurre con la introducción tardía de nuevos agravios".
Respecto al agravio de que el tribunal revisor "...no respondió los planteos de la defensa de origen plasmados en el recurso de la especialidad", vinculados a la "...denuncia de la Sra. Etchegaray del hecho que un efectivo de la Comisaría Primera de Azul le obtuviera fotos de mi defendido, se las mostrara a Sornavacca y que escuchó que los oficiales Suárez y Rodríguez dijeron que no se iban a ir hasta que el reconocimiento de Cichilitti no diera positivo [...] y de la denunciada falta de valoración de los dichos del imputado en su declaración a tenor del art. 308 del CPP como tampoco de la denuncia y testimoniales prestadas por éste en cuanto a la persecución policial para que sea tenido como autor del hecho" (fs. 275), coincido con el señor Procurador General (v. fs. 401) en que si la parte pretendía con ello demostrar una omisión en su tratamiento, debió postularla por la vía pertinente (conf. arts. 491, CPP y 168, Const. prov.; doctr., por muchos, P. 122.356, resol. de 29-XII-2014 y P. 120.909, resol. de 26-III-2015).
V.2. Por último, el planteo vinculado con la denuncia de arbitrariedad por haberse omitido considerar la demora insumida en la etapa recursiva como circunstancia sobreviniente minorante de la pena, tampoco es de recibo.
Al respecto, el tribunal intermedio sostuvo que "En cuanto a la novedosa solicitud de la Sra. Defensora de Casación, en el sentido de que se pondere el tiempo insumido por la etapa recursiva como circunstancia atenuante, cabe su rechazo en atención a que no puede considerarse, así sin explicación alguna, como una pauta atenuante desde que configura una circunstancia que difícilmente pueda encontrar cobijo en las pautas de mensura que enumeran los arts. 40 y 41 del C.P., por ser posterior al hecho que motivó los presentes actuados, aspecto sobre el cual la defensa tampoco brinda argumentos como para realizar una consideración diferente" (fs. 251 vta. y 252).
Concuerdo con la Procuración General en que la queja del recurrente es técnicamente insuficiente (art. 495, CPP). La defensa de Marcelo Alejandro Cichilitti hace una mención a dicha garantía de un modo genérico -tanto en el recurso como en el memorial del art. 487 del Código Procesal Penal- que acompaña con cita de precedentes jurisprudenciales, pero deja sin adecuado análisis los distintos parámetros que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir su aplicación al caso.
Cabe poner de resalto, que nuestro ordenamiento jurídico no tiene una regla preceptiva de un límite temporal exacto para la duración del proceso penal, por lo que debe acudirse a la llamada "teoría de la ponderación". Así lo han interpretado en materia de derecho supranacional los organismos interamericanos de aplicación, quienes tomando como fuente las decisiones de los órg
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