Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133821
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.821, "A., J. A.. Queja en causa n° 46.054 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud,
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 7 de mayo de 2019, resolvió (en lo que aquí resulta de interés destacar y luego del reenvío dispuesto por esta Corte en el marco de la causa P. 121.046, sent. de 13-VI-2018): hacer lugar parcialmente al recurso de la defensa y estimar la pauta atenuante planteada -excesiva duración del proceso- en la etapa recursiva. Asimismo, resolvió condenar a J. A. A. a la pena de once años y seis meses de prisión, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo cometido en forma reiterada -al menos dos ocasiones-, manteniendo el resto de las declaraciones de la sentencia (v. fs. 195/221 vta.).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial de Casación Adjunto, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, interpuso recurso extraordinario inaplicabilidad de ley (v. fs. 255/259 vta.), que fue declarado inadmisible por el Tribunal de Alzada (v. fs. 260/263). Interpuesta queja por la vía denegada (v. fs. 271/273 vta.), este Tribunal resolvió concederla mediante resolución de 3-II-2021 (v. fs. 274/278).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 284/287 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 289) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planeada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Denunció el señor defensor que el órgano revisor incurrió en errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal al momento de valorar circunstancias agravantes, así como en la afectación al principio de culpabilidad y proporcionalidad (v. fs. 256 vta.).
I.1. Cuestiona la defensa la valoración de las circunstancias agravantes confirmadas por el órgano intermedio. En ese orden, aduce que "...nuevamente se argumenta la existencia de dicha agravante, relativa al retraso madurativo que padecía la menor, en cuanto a que éste provocaba un desarrollo mental por debajo de su edad cronológica" (fs. 257).
Advierte que la niña víctima tenía al momento del hecho 9 años y 11 meses de edad y que, según el informe psicopedagógico enviado por el Hospital Infanto Juvenil "Dra. C. Tobar García" de fecha 10 de junio de 2009, se determinó que su edad mental resultaba ser de 5 años y 8 meses. Y, en ese sentido señala el recurrente que el tipo penal contenido en el art. 119, primer párrafo, del Código de fondo, en consonancia con el tercer párrafo tipifica la conducta abusiva sobre "...una persona cuando ésta sea menor de trece (13) años o cuando mediare violencia o amenaza, o abuso coactivo o intimidatorio o relación de dependencia, de autoridad o de poder, aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción" (fs. cit.).
De tal modo considera que ya sea la edad cronológica (9 años y 11 meses) o la edad mental (5 años y 8 meses), lo cierto es que el tipo penal utilizado al efecto resulta ser el mismo, el art. 119, tercer párrafo, del Código Penal en relación con el primer párrafo de dicha figura.
En consecuencia, el retraso madurativo en cuestión -a su juicio- no puede ser valorado per se como una circunstancia agravante de pena.
I.2. De otro lado, en lo que se refiere a "la extensión del daño causado" como circunstancia agravante, el Tribunal de Casación precisó que dicha valoración "...se apoyó en lo expresado por la víctima en la declaración en Cámara Gesell, con lo cual debe descartarse la ausencia probatoria invocada por el impugnante" (fs. 257 vta.).
La defensa impugna ese razonamiento tildándolo de insuficiente, siendo que su parte había objetado que el daño no excedía del que inevitablemente se ocasiona en la ejecución de los delitos de esta naturaleza. Explicó además que no surgían a partir de lo constatado en la audiencia de Cámara Gesell, secuelas que de por sí exacerben la medida del injusto.
Hace alusión el impugnante a la doctrina de arbitrariedad de sentencias y que, por lo tanto, estima violatoria del art. 18 de la Constitución nacional, asumiendo que los jueces deberán ponderar las circunstancias concretas comprobadas en la causa y explicar las razones por las cuales a dichas circunstancias fácticas corresponde aplicar determinada solución normativa (v. fs. 258).
Puntualiza que según surge de lo resuelto por el Tribunal de Casación al momento de indicar las agravantes se limitaron a reiterar lo expuesto por el sentenciante de grado, sin abordar el planteo de la defensa en cuanto a la correspondiente aplicación al caso, constituyendo dicho proceder una revisión tan sólo aparente, que no satisface el estándar del examen integral de la condena y de la pena, tornando el pronunciamiento revisor en una decisión arbitraria y apartada de las constancias de la causa.
Señala que el impacto de las circunstancias previstas en los arts. 40 y 41 del Código Penal debe estar fundado, ser lógico y proporcional con el hecho objeto de condena.
II. El señor Procurador General aconsejó desestimar el reclamo deducido por la defensa (v. fs. 284/287 vta.).
III. En efecto, estimo que el recurso no puede prosperar (art. 495, CPP).
Para una mejor comprensión corresponde que inicialmente efectúe una breve reseña del derrotero procesal de la presente causa.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a través del dictado de la sentencia de 5-XI-2010, condenó a J. A. A. a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, reiterado (arts. 55 y 119 párrafos tercero y cuarto, apdo. "b", Cód. Penal), hechos cometidos en fecha indeterminada antes del 17 y entre el 22 y 24 de noviembre de 2008, en la localidad de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza, en perjuicio de su hija menor Y. A. A. (v. fs. 24/33).
III.2. A su turno, la Sala III del Tribunal de Casación penal, mediante el fallo dictado el 16 de mayo de 2013, hizo lugar al recurso de la especialidad articulado por la defensa, casó la sentencia recurrida y absolvió al imputado en orden al delito por el que llegaba condenado (v. fs. 73/80)
III.3. Luego, en razón del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el fiscal ante el Tribunal de Casación -doctor Carlos Arturo Altuve- contra el fallo aludido (v. fs. 90/99), esta Corte dictó sentencia el 13-VI-2018 (causa P. 121.046), haciendo lugar al reclamo fiscal en consonancia con lo dictaminado por la Procuración General, en virtud de la arbitrariedad del pronunciamiento recurrido, y remitió los autos al tribunal intermedio a fin de que, una sala habilitada, dicte una nueva decisión ajustada a derecho (v. fs. 152/162).
III.4. La defensa oficial del imputado manifestó en oportunidad del reenvío dispuesto por esta Suprema Corte en el marco de la causa P. 121.046 en virtud de considerar que se habría excedido el plazo razonable de resolución de la causa, se valore dicha circunstancia sobreviniente como atenuante en oportunidad de revisar el monto de pena a imponer a su asistido (v. fs. 194 y vta.).
IV. Es así que la Sala III del Tribunal de Casación Penal, a tenor de la resolución dictada el 7 de mayo de 2019, hizo lugar parcialmente al reclamo de la defensa y estimó como pauta atenuante la excesiva duración del proceso en la etapa recursiva condenando a A. a once años y seis meses de prisión, manteniendo el resto de las declaraciones de la sentencia (v. fs. 195/221 vta.).
Para rechazar los cuestionamientos de la defensa a la valoración de las circunstancias agravantes ponderadas en el decisorio de origen, el tribunal puntualizó que la sentencia originaria computó como atenuante la ausencia de condenas anteriores solicitada por las partes en tanto integra el buen concepto recabado en la audiencia (v. fs. 217 vta.).
Por otro lado, el magistrado valoró "...'como agravantes, conforme lo solicitado por el fiscal de juicio, el retraso mental leve que padece la menor A., que la coloca por debajo de su edad cronológica, conforme lo informado a fs. 101 y la extensión del daño que le ocasionó, desmembrando la familia, privándola del afecto que le dispensa según lo expresado en la Cámara de Observación Judicial a fs. 48/49'..." (fs. cit.).
A renglón seguido aclaró el sentenciante que "...contrariamente a lo sostenido por la defensa, la circunstancia valorada por el órgano juzgador como pauta agravante de la sanción, no fue la edad de la víctima sino su nivel de desarrollo mental al momento de los hechos, en cuanto presentaba un leve retraso que la colocaba por debajo de su edad cronológica. No se verifica entonces la doble valoración a la que alude el recurrente como motivo de su pretensión" (fs. 217 vta. y 218).
Y, en lo que se refiere a la extensión del daño causado advirtió que "...la decisión se apoyó en lo expresado por la víctima en la declaración en Cámara Gesell, con lo cual debe descartarse la ausencia probatoria invocada por el impugnante" (fs. 218).
Destacó, en particular, que esta Corte -en punto a la determinación judicial de la sanción- estableció en innumerables precedentes que no existe norma que establezca determinado método de dosificación de la pena. Así, "...si lo que la defensa pretendía era que además de ello, la decisión hubiera asignado un valor numérico a cada pauta, sumando y restando cada una de ellas sobre algún punto de ingreso a la escala penal, corresponde señalar que esta Corte ha declarado invariablemente que ese método no resulta impuesto por norma alguna [...] (P. 125.464, del 22/12/15)" (fs. 218 vta.).
V. El recurso no prospera, pues la disconformidad con la solución adoptada por el a quo es ineficaz para demostrar la violación a los arts. 40 y 41 del Código Penal (art. 495, CPP y su doctr.).
V.1. En efecto, el recurrente no ha logrado justificar el desacierto que le atribuye a la ponderación como pauta agravante de pena del retraso madurativo evidenciado por la menor víctima. Pues, más allá de la edad cronológica de la damnificada que constituye un dato objetivo que fundamenta la ilicitud, se ha explicitado que aquella especial circunstancia verificada -incluso dentro de ese marco temporal- es dable evaluarse como una arista especialmente disvaliosa del evento y merecedora, en la cuantificación de la pena, de un plus agravatorio (conf. causas P. 66.444, sent. de 11-II-2004; P. 78.365, sent. de 7-VII-2004 y P. 93.864, sent. de 27-II-2008), sin que se advierta arbitrariedad en esa conclusión.
Ello así, pues como lo entendió el tribunal, la circunstancia apuntada determina naturalmente una mayor vulnerabilidad e indefensión de la niña víctima susceptible de ser computada con el cariz severizante apuntado.
En ese orden de ideas, nada obsta a que, en el marco de la individualización de la pena, y de acuerdo con las circunstancias comprobadas -conforme las diversas pruebas producidas en la causa- se pueda valorar como se hizo, al estado de indefensión que surge del retraso madurativo de la víctima, que ciertamente trasciende la genérica minoría de edad que califica a la figura, circunstancia extendida y ponderada respecto al delito reprochado al procesado.
La norma del art. 41 inc. 1 del Código Penal impone al juzgador tener en cuenta, al momento de mensurar la pena, "...la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y peligro causados".
Es decir que, en tales condiciones, la puntual indefensión de la víctima como consecuencia de su condición, aparecía como una pauta elocuente del disvalor de la acción legalmente ponderable en la cuantificación de la pena a la luz del art. 41 del Código Penal, por lo que el argumento de doble valoración prohibida esgrimido resulta inconducente.
V.2. Asimismo, en cuanto a la restante agravante cuestionada (extensión del daño causado), el recurrente esgrime un mero disenso con lo resuelto en las instancias anteriores, pero no demuestra las transgresiones que invoca, ni que las condiciones acreditadas en la causa puedan ponderarse en el marco del inc. 1 del art. 41 aludido. Media, pues, insuficiencia (doctr. art. 495, CPP).
VI. Por último, y conforme se ha expresado en diversas oportunidades, para evidenciar que un pronunciamiento es contrario a la Constitución nacional en los términos de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, no basta la mera disconformidad del apelante como aquí acontece, en tanto dicha doctrina no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que atiende sólo a supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, las sentencias queden descalificadas como acto jurisdiccional, y ello no se evidencia en el caso de autos (CSJN, Fallos: 250:348).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria votaron la cuestión por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/11/2021 10:05:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2021 10:42:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/11/2021 11:04:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2021 08:07:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2021 08:25:14 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 12/11/2021 10:41:30 hs. bajo el número RS-153-2021 por SP-ARCHUBY PAULA VALERIA.
Fin de la sentencia