Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131508
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
Se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.508, "Pucheta, Jonathan Emanuel s/Queja en causa n° 49.635 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Torres, Kogan.
El 4 de abril de 2011 el Tribunal en lo Criminal n° 5 de La Plata resolvió dictar veredicto absolutorio respecto del encausado Jonathan Emanuel Pucheta en orden al delito de robo calificado por el uso de arma de fuego, por su comisión en poblado y en banda, y por la participación de un menor de edad, por los que fuera acusado en los términos de los arts. 41 quáter, 45, 166 inc. 2 y 167 inc. 2, todos del Código Penal (v. fs. 99/107).
Contra esa decisión, se alzó la agente fiscal mediante recurso de casación, y el 9 de abril de 2013 la Sala II de ese Tribunal hizo lugar al reclamo y condenó al encausado a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor responsable del delito de robo agravado por el uso de arma (v. fs. 131/141 vta.).
El señor defensor particular de Pucheta -doctor Julio Ricardo Beley- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 174/178 vta.), el que fue resuelto por esta Corte en causa P. 120.509 el 24 de agosto de 2016. En esa decisión se estableció la aplicación al caso del precedente P. 108.199 "Carrascosa" y se remitió la causa a la Presidencia del tribunal revisor para que se desinsacule una nueva Sala a fin de llevar a cabo la revisión integral de la sentencia condenatoria (v. fs. 188/189 vta., expte. P. 120.509).
Radicada la causa en la Sala IV del Tribunal de Casación, el 28 de agosto de 2018 se rechazó el recurso de la defensa y se confirmó la sentencia dictada por la Sala II de ese tribunal (v. fs. 228/237).
Contra dicho pronunciamiento el señor defensor particular -doctor Julio Ricardo Beley- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 242/253), el que fue declarado inadmisible por el órgano intermedio (v. fs. 260/263) y provocó la deducción del recurso de queja por parte de la defensa (v. fs. 327/336 vta.).
El 28 de agosto de 2019 este Tribunal admitió la queja deducida declarando mal denegado el recurso articulado ante la Sala IV del Tribunal de Casación y concedió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley de fs. 242/253 (v. fs. 340/342 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 349/353, dictada la providencia de autos a fs. 359 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el defensor de confianza del imputado, doctor Julio Ricardo Beley, desarrolló un único agravio: tildó de arbitrario el fallo del órgano revisor argumentando que efectuó una absurda valoración probatoria al haber legitimado la incorporación por lectura de piezas procesales y justificado ese proceder sobre la incomprobada premisa de haber tenido esa parte la oportunidad de controlar los testimonios de las víctimas durante la etapa previa, todo lo cual -a su entender- no ha sido acreditado de ninguna forma, y que por ende se arribó a una conclusión totalmente inconciliable con los derechos y garantías que deben amparar a su asistido en el proceso penal. En tal entendimiento, alegó la infracción de los derechos de defensa en juicio, debido proceso, oralidad e inmediación, toda vez que a pesar de su oposición se dispuso incorporar seis testimonios, sin los cuales -según expresó- nunca se hubiera podido condenar a Pucheta (v. fs. 244 vta.).
Añadió que el resolutorio impugnado incurrió en una falta de fundamentación suficiente que impide considerarlo un pronunciamiento jurisdiccional válido, ya que no sólo efectuó meras remisiones y repeticiones de la sentencia de condena emanada de la Sala II, sino que, además, omitió realizar un análisis profundo de ese fallo y sin mencionar con cuáles de sus motivos habría coincidido (v. fs. cit. y 245).
De seguido, trajo a colación el fallo "Benítez" de la Corte nacional que estimó aplicable al caso (v. fs. 246), y cuestionó que el tribunal revisor lo haya descartado argumentando que de todas formas mediaban en contra del acusado otros elementos para sostener la condena, desde que ellos -según su interpretación- debieron necesariamente ser relacionados con las cuestionadas piezas incorporadas por lectura.
Adujo que con tal incorporación se violó el espíritu mismo del sistema acusatorio que establece la Constitución nacional y "puntualmente" nuestro Código Procesal Penal, ya que al incorporar prueba por su sola lectura se privó al imputado ejercer una plena y efectiva defensa de sus derechos (v. fs. 246 vta.).
También afirmó que en el caso de autos el Estado no pudo notificar y traer a juicio a ninguno de los seis testigos víctimas, no porque hubieran fallecido sino simplemente porque no se los pudo localizar y que, entonces, esa circunstancia ajena al acusado no habilitaría la incorporación por lectura de la totalidad de esos testimonios en su perjuicio (v. fs. 247 vta.).
Por otra parte, indicó que su crítica reposa en que la Sala IV del órgano casatorio, más allá de exponer los lineamientos del fallo "Benítez", omitió efectuar una relación con las constancias y los hechos fácticos de la causa y del proceso seguido al imputado, ya que al momento de validar la incorporación de prueba por lectura el juzgador no explicó cómo acreditó que la defensa tuvo efectiva oportunidad de controlarla en las instancias previas y sin justificar su decisión, lo que impone su nulidad por falta de motivación o motivación aparente, tal como lo prescribe el art. 106 del Código Procesal Penal (v. fs. 248).
El recurrente regresó al tramo de la decisión que afirmó la concurrencia de otros elementos, negando que se tratara de "piezas 'independientes'" como afirmó el a quo (v. fs. 250). En ese marco aludió a los "informes médicos" y expresó que ellos también fueron incorporados por lectura.
Además, volvió a referirse al fallo condenatorio de la Sala II del Tribunal de Casación criticando que allí se haya advertido "autocontradicción" en la sentencia originaria que absolvió a Pucheta, cuestionando la interpretación del art. 366 del Código Procesal Penal contenida en esa decisión.
En definitiva, solicitó se case el pronunciamiento recurrido por haberse violado las garantías de defensa en juicio y el debido proceso, y se declare su nulidad ordenando la realización de un nuevo juicio que prescinda de la prueba incorporada por lectura, por tratarse de piezas que la parte no tuvo oportunidad de contra interrogar (v. fs. 252 y vta.).
II. En el dictamen de fs. 349/353, el señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso deducido.
III. Coincido con ese dictamen, toda vez que no proceden las denuncias de arbitrariedad, absurda valoración de la prueba, y afectación de los derechos de defensa en juicio, debido proceso, oralidad e inmediación.
IV. El tribunal intermedio resolvió que "...de la simple lectura del fallo puesto en crisis, surge evidente que en el presente proceso existieron otros elementos de prueba que permitieron sostener la responsabilidad penal de Pucheta en los eventos reseñados con independencia de los testimonios vertidos durante la instrucción, elementoséstos que al ser correctamente ponderados permiten arribar a una sentencia de condena con la certeza necesaria que esta instancia requiere" (fs. 232).
A renglón seguido, precisó que correspondía aplicar al caso idéntico criterio al postulado por el Procurador General de la Nación en la causa caratulada "Alfonso, David Abraham", causa n° 4558, cuyos fundamentos y conclusiones fueron compartidos por la mayoría de la Corte, en sentencia de 25-IX-2007, es decir con posterioridad al fallo "Benítez" (v. fs. 232 vta.).
Con esa motivación resolvió que "A esta altura no puede desconocerse el peso incriminante que posee el acta de procedimiento, secuestro y aprehensión glosada a fs. 17/18, instrumento en el que se dejó debida constancia que el día en que ocurrieron los hechos, siendo las 02.40 horas aproximadamente, personal policial avistó a dos sujetos del sexo masculino en actitud sospechosa, que circulaban por calle 7 en sentido desde 39 hacia 40, de la Ciudad de La Plata, los que al percatarse de la presencia de los uniformados, que a su vez intentaban identificarlos, procedieron a darse a la fuga, siendo finalmente aprehendidos sobre calle 7 entre 40 y 41" (fs. cit.).
Prosiguió destacando que "...uno de los sospechosos resultó identificado como el encartado de autos, incautándose en su poder dos proyectiles calibre 22, una billetera marrón con cincuenta y siete pesos en efectivo, relojes, y teléfonos celulares, quien además se encontraba en compañía de un menor de edad, al que también se le secuestraron varios celulares. Asimismo sobre calle 41 entre 7 y 8, se logró secuestrar un arma de fuego, del tipo pistola, calibre 22 largo, marca Tala, color plateado, con su cargador respectivo sin municiones, armamento que posteriormente, conforme se informara mediante la pericia balística pertinente [...], se determinó que resultó apto para producir disparos" (fs. 232 vta. y 233).
Adunó luego que "...de dicha pieza procesal surge claramente que, una vez en el interior de la dependencia policial de mención, se hizo presente el denunciante de marras, Hermes Ramírez Otazu, reconociendo algunos de los efectos secuestrados como de su propiedad" (fs. 233), y que "Tampoco puede perderse de vista que dicho procedimiento resultó corroborado a través de los testimonios de los numerarios policiales Hernán Pablo Butarelli, Adrián Rodolfo Gal y José Del Rosario Echavarría, que comparecieron al juicio y fueron debidamente interrogados por las partes, pudiéndose recrear los momentos inmediatos posteriores al ilícito perpetrado, ratificando en un todo el acto por el cual se procedió a la aprehensión y posterior detención de Pucheta, al igual que la incautación del arma y de los efectos antes mencionados" (fs. cit.).
También se destacó en el pronunciamiento que "Sobre el punto en cuestión, tanto Federico Sebastián Moreno como el ya nombrado Hermes Ramírez Otazu, comparecieron ante la fiscalía de instrucción [...] dejando debida constancia que, una vez presentes en la comisaría de mención, reconocieron los efectos secuestrados como de su propiedad, haciendo lo propio respecto del justiciable en el momento en que era trasladado hasta dicha dependencia policial" (fs. 233 y vta.).
Precisó entonces que "...los alcances del precedente 'Benítez' no resultan plenamente aplicables al caso traído a estudio por cuanto, la imputación no se sustenta únicamente sobre los [cuestionados] testimonios [...], sino que además se erigen en contra del acusado las circunstancias en que resultó detenido, cercanas en tiempo y espacio, en relación al ilícito producido, incautándose además parte del botín en su poder, las que resultan ser datos que guardan una íntima vinculación con el despojo perpetrado, que vienen a reforzar las directas imputaciones efectuadas por los testigos nombrados, cuyas manifestaciones además encontraron correlato con los informes médicos pertinentes, documentos en que se dejó constancia que las lesiones padecidas por los damnificados resultaron contestes con la mecánica del robo armado, lo cual reforzó la veracidad de sus dichos" (fs. 233 vta.).
IV.1. Frente a los fundamentos desarrollados en el fallo, contrarios a la solución pretendida, la defensa se atuvo a exponer su opinión divergente sin hacerse cargo del contenido resolutivo de esa parcela de la sentencia (art. 495, CPP).
En efecto, la parte se limitó a criticar dogmáticamente lo resuelto sin rebatir el argumento referido a que, aun prescindiendo de los dichos cuestionados, la autoría de Pucheta se encontraba correctamente acreditada en base a otros elementos de convicción independientes.
De tal manera, la denuncia de violación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso por apartamiento del fallo "Benítez" de la Corte nacional debe ser desestimada, pues el recurrente no dio acabada cuenta de la atingencia al caso de la doctrina invocada a tenor de las concretas circunstancias del presente.
Resulta del fallo recurrido, tal como antes se reseñara, que la autoría del encausado se acreditó no sólo en virtud de los dichos impugnados sino con sustento en otros elementos de convicción independientes que no fueron eficazmente controvertidos.
Por caso, cabe señalar que al aludir a los "informes médicos" apreciados por el a quo el recurrente no tuvo en consideración que ellos fueron incorporados al debate con la anuencia de las partes (v. acta debate, fs. 82 vta. in fine y 83), por lo que mal puede ahora poner en jaque esa circunstancia respecto de un elemento cuya incorporación no objetó en su oportunidad.
A ello se debe agregar, como lo destaca el señor Procurador General, que resultan "superfluas" las alegaciones de la parte sustentadas en el mencionado caso "Benítez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde que -vale reiterar- el tribunal revisor apoyó su decisión en el fallo "Alfonso" del Alto Tribunal al momento de evaluar pruebas independientes a los testimonios que la defensa cuestionó, decisión que tampoco fue motivo de censura en la impugnación en examen.
En suma, la defensa no reparó en las respuestas dadas por el a quo y que dan cuenta de la diferencia del caso con el invocado precedente "Benítez" (doctr. art. 495 y concs., CPP).
IV.2. Los cuestionamientos dirigidos contra el fallo revocatorio de la absolución de Pucheta, dictado por la Sala II del Tribunal de Casación, resultan inatendibles toda vez que no refieren a la decisión de la Sala de ese tribunal que procedió a la revisión de la condena.
IV.3. En cuanto a la denuncia de arbitrariedad una vez más concuerdo con el señor Procurador General en que tampoco es de recibo, pues el impugnante no consiguió poner en evidencia la existencia de graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado (art. 495, CPP; v. dictamen, fs. 353).
En efecto, la defensa sostuvo que por las circunstancias antes analizadas el fallo del tribunal revisor sería arbitrario, pero esa alegación, desprovista de argumentos conducentes a demostrarla, resulta ineficaz a los fines pretendidos, máxime si la sentencia recurrida cuenta con fundamentos suficientes que la ponen a salvo de la tacha de arbitrariedad esgrimida por el impugnante.
Viene al caso recordar que el objeto de la doctrina de la arbitrariedad "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234).
En definitiva, los cuestionamientos de la parte no pasan de ser una mera opinión discrepante con el criterio sustentado por el a quo opuesto a su pretensión. Y como es sabido, el mero disenso, o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo desde el ángulo de la técnica del carril impetrado (conf. causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-IX-2009; P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014 y P. 117.680, resol. de 26-III-2014).
Y, como resultado de lo aquí resuelto, quedan sin sustento las denuncias de afectación a las garantías constitucionales postuladas por el recurrente (art. 18, Const. nac.).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
Se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia