Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133909
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial en favor de Pablo Sebastián Caballero Moraias, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.909, "Caballero Moraias, Pablo Sebastián s/ queja en causa nº 50.054 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres, Kogan, Genoud .
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 27 de diciembre de 2018, a consecuencia del reenvío dispuesto por esta Suprema Corte en la causa P. 121.101, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes, que condenó a Pablo Sebastián Caballero Moraias a la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas, con declaración de reincidencia, por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual agravado por el acceso carnal y por el empleo de arma blanca, en concurso real con robo agravado por el uso de arma (arts. 50, 55, 119 párrafos tercero y cuarto inc. "b" y 166 inc. 2 primer párrafo, Cód. Penal; v. fs. 197/218).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 227/237), el que habiendo sido declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 239/242), motivó la interposición de queja (v. fs. 250/253 vta.).
Esta Suprema Corte por resolución del 16 de junio de 2021, admitió la vía directa articulada y concedió el recurso interpuesto (v. fs. 258/261).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 268/272), dictada la providencia de autos (v. fs. 274), presentada la memoria por parte de la defensa oficial (v. fs. 277/279) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurrente tacha la sentencia de arbitraria por apartamiento de las constancias de la causa e inadecuado tratamiento del agravio relativo a la violación del derecho a ser oído y ser juzgado en un plazo razonable (arts. 7.5. y 8.1., CADH); también alega omisión de reconocer su impacto en el monto punitivo aplicado pese al transcurso de más de siete años de trámite revisor de la sentencia de condena (v. fs. 230).
Aduce que el tiempo insumido en la etapa recursiva cercenó el derecho de su pupilo a obtener un pronunciamiento -absolutorio o condenatorio- y ser oído dentro de un plazo razonable del proceso; refiere que aunque el Tribunal de Casación efectuó una salvedad sobre la oportunidad de la pretensión de ponderar la excesiva duración del proceso revisor como pauta atenuante sobreviniente (conf. art. 451, CPP), no descartó el planteo por extemporáneo sino que se adentró en su estudio y lo rechazó (v. fs. 230 vta. y 231).
Destaca que el pedido fue introducido en la primera intervención concedida a esa defensa previamente al dictado del nuevo pronunciamiento que, en función del reenvío, debía resolver nuevamente el recurso de casación; a su vez aclara que dado el carácter "sobreviniente", su temporaneidad ha sido reconocida por esta Suprema Corte en diversos precedentes (conf. causas P. 88.303, sent. de 25-III-2009; P. 110.833, sent. de 4-V-2011; P. 109.935, sent. de 11-V-2012; P. 113.790, sent. de 26-IX-2012; P. 90.759, sent. de 23-X-2013; P. 126.655, sent. de 9-VIII-2017; P. 126.473, sent. de 16-VIII-2017; e.o.; v. fs. 231 y vta.).
Luego de una reseña de los fundamentos esgrimidos por el Tribunal de Casación, sostiene que de acuerdo a inveterada doctrina de esta Corte la excesiva duración del proceso puede subsumirse entre las "condiciones personales" mencionadas en el art. 41 inc. 2 del Código Penal, doctrina de la cual -según adujo- se apartó arbitrariamente el tribunal a quo . Agrega a lo expuesto que no surge ni de los precedentes locales ni internacionales citados por el órgano casatorio, carga alguna para el peticionante de efectuar un " ...análisis pormenorizado de las circunstancias que [...] provocaron la injustificada mora ", en tanto basta denunciar una situación procesal que surge palmaria de los datos objetivos invocados; y que "...el Tribunal requerido [es] quien debiera señalar cuáles son aquellas circunstancias que por obedecer a la complejidad del asunto, a la actividad procesal del interesado o a la conducta de las autoridades judiciales, justificarían la mora en la que se ha incurrido y por ende fundarían el rechazo de reclamo" (fs. 231 vta./233).
Destaca que en el caso no se advierte complejidad en los ilícitos, pluralidad de imputados o víctimas, ni conductas irregulares o incomparecencias de su pupilo quien siempre estuvo a derecho, como tampoco circunstancias extraordinarias que debieran integrar el pretendido "análisis pormenorizado" (v. fs. 233 vta.).
También refiere que "...los señores magistrados de las diferentes instancias han consumido más de siete años de proceso revisor sólo para las instancias recursivas, previstas para el ejercicio de la garantía del art. 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCyP provocando que la tarea revisora excediera en más del doble el tiempo de duración de la primera instancia" (fs. 234).
Luego de invocar el precedente P. 70.200, sentencia de 27-VIII-2008 de esta Suprema Corte, concluye que "...al momento de resolver el Tribunal de Casación no podía prescindir del atraso que alcanzaba ya los prácticamente diez años de duración del proceso entre etapas de investigación, juicio y revisión...", lo cual hizo de manera injustificada, merced a un tratamiento inadecuado de la cuestión, obstando la posibilidad de subsanar la situación mediante una reducción compensatoria en el momento de la pena dictada. Por lo expuesto solicitó que se anule la sentencia recurrida y se reenvíen los autos al inferior a fin de dictar un nuevo fallo ajustado a derecho, y se valore la excesiva duración del proceso revisor como circunstancia sobreviniente atenuante de la pena (v. fs. 236).
II. El señor Procurador General se expidió por el rechazo del recurso (v. fs. 268/272).
III. La señora defensora oficial adjunta ante la instancia intermedia, doctora Ana Julia Biasotti, presentó la memoria y propició que se haga lugar a la vía incoada; además formuló otras consideraciones sobre el impacto de la dilación indebida del proceso y la configuración de una causal de extinción de la acción, cuestión que no corresponde su análisis en tanto excede el marco impuesto en el art. 487 del Código Procesal Penal (conf., mutatis mutandi , doctr. causas P. 100.233, sent. de 8-VII-2008; P. 94.333, sent. de 23-VI-2010; P. 93.356, sent. de 28-V-2010; e.o.; v. fs. 277/279).
IV. Liminarmente, cabe realizar una reseña del derrotero procesal de la presente causa a fin de comprender la solución a la que se arribará en el caso.
IV.1. El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes, dictó sentencia el 14 de septiembre de 2011 y condenó a Pablo Sebastián Caballero Moraias a la pena de trece años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual agravado por el acceso carnal, con empleo de arma blanca, en concurso real con robo agravado por el uso de arma (v. fs. 51/57).
Contra ello, la defensa oficial interpuso recurso de casación y denunció: 1) arbitrariedad en la valoración de la prueba de cargo; 2) falta de valoración de circunstancias atenuantes en la determinación de la pena y errónea valoración de las agravantes y 3) falta de fundamentación en el proceso de formación de la pena (v. fs. 63/71). Por su parte, ante la instancia casatoria, la defensa, en ocasión del memorial respectivo agregó como planteos la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal al haberse rechazado la ponderación de la personalidad de su defendido como pauta atenuante de la pena, y solicitó la inconstitucionalidad del art. 50 del Código citado por vulneración de los principios de culpabilidad y ne bis in idem (v. fs. 87/92 vta.).
IV.2. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 26 de marzo de 2013, hizo lugar al recurso interpuesto y absolvió a Caballero Moraias en orden a los delitos por los cuales había sido condenado, ordenado su inmediata libertad (v. fs. 101/113).
Contra esta decisión, el señor fiscal ante la citada instancia -doctor Carlos Arturo Altuve-, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que tramitó como causa P. 121.101 (v. fs. 119/126 vta.).
IV.3. Esta Suprema Corte concedió la vía extraordinaria incoada con fecha 29 de diciembre de 2015 (v. fs. 143/144 vta.); la Procuración General dictaminó con fecha 26 de febrero de 2016 (v. fs. 146/149 vta.); por su parte, el señor defensor oficial ante la instancia intermedia, doctor Mario Luis Coriolano, presentó revocatoria y memoria en subsidio contra la resolución que dispuso conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 155/159 vta.), la cual fue rechazada el 21 de septiembre del mismo año (v. fs. 164 y vta.).
IV.4. Esta Suprema Corte, merced a la sentencia dictada el 29 de noviembre de 2017, hizo lugar al recurso fiscal y ordenó devolver los autos al tribunal a quo para que, debidamente integrado, dicte un nuevo pronunciamiento examinando la integridad de la prueba actuada a tenor de las normas que gobiernan dicha etapa (v. fs. 173/177 vta.).
IV.5. El señor defensor oficial adjunto de casación, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, presentó escrito notificándose de lo así resuelto y denunció que se considerase como "circunstancia atenuante sobreviniente" el exceso del plazo razonable insumido por el trámite de la causa, reclamando que se ponderase dicha pauta al momento de revisar el monto de la pena (v. fs. 192 y vta.).
IV.6. A su turno, la Sala III del Tribunal de Casación Penal -con otra integración-, dictó nueva sentencia el 27 de diciembre de 2018 y rechazó el recurso oportunamente deducido por la defensa de Pablo Sebastián Caballero Moraias (v. fs. 197/218).
Luego de una reseña de agravios y de hacer alusión a la doble conformidad judicial (arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP), el tribunal a quo sostuvo que "En atención a los alcances del reenvío dispuesto por la SCBA y limitados los motivos de agravio a los consignados, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala I, c. 77.217, 'Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación', sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219. 'Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación', sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, 'Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación', sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16, entre muchas otras)" (fs. 198 vta./202).
En lo que importa destacar para la solución del caso, en cuanto al planteo subsidiario incoado por la defensa relativo a ponderar la excesiva duración del proceso revisor como pauta atenuante sobreviniente, la Casación sostuvo que dicha cuestión no había sido introducida en el recurso de la especialidad, y por tanto estaba fuera de su conocimiento "...por no tratarse de un desarrollo de las razones que provocaran su intervención sino distintos, conforme lo dispuesto por el artículo 434 y doctrina del artículo 451 -último párrafo- del CPP (cfr. SCBA P. 58.417, P. 59.379, P. 75.534, P. 77.329, P. 78.901, P. 81.725, P. 83.841, P. 85.039, P. 89.638, P. 91.185, e/o)".
Sin perjuicio de ello, igualmente precisó que "...la excesiva duración del proceso, es una circunstancia que escapa a los parámetros de dosificación que establecen los arts. 40 y 41 del CP (cfr. TCP, Sala Sexta, causa nro. 64.635, caratulada: 'López, Fabricio Julián s/ Recurso de Casación', rta. 30/4/15, reg. 217/15)"; y expuso ciertas consideraciones en torno al plazo razonable explicando que "...es la expresión más frecuentemente empleada por la dogmática de los derechos fundamentales para regular la prerrogativa del imputado a que su proceso termine tan pronto como sea posible"; "El término proviene del art. 6.1 del CEDH y fue reproducido literalmente en el art. 8.1 de la CADH. Aunque algunos instrumentos internacionales hablan del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas o injustificadas (vgr. arts. XXV de la DADyDH y 14.3.c del PIDCyP)"; que "...la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en reiteradas oportunidades su postura en la temática construida sobre la base de tres elementos esenciales, a saber: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales, acudiendo a la teoría que denominó como 'análisis global del procedimiento' (cfr. Corte IDH, 'Genie Lacayo', sentencia del 29 de enero de 1997, Corte IDH (Ser.C) No. 30 -1997- y de ese mismo tribunal 'Suárez Rosero', sentencia de 12 de noviembre de 1997, Corte IDH (Ser.C) No. 35 -1997-)", y que "La consideración de estos elementos sumada a la mención de la imposibilidad de traducir en un número concreto de días, meses y años el plazo razonable de los pactos internacionales de derechos humanos conforma el estándar dominante en la materia"; agregó que la Constitución nacional consagra de manera implícita y como derivación del principio de defensa, el derecho del imputado a obtener del modo más rápido posible un pronunciamiento definitivo, también receptado en la Constitución provincial en el art. 15 segundo párrafo (v. fs. 213/214 vta.).
En definitiva, señaló que "...estas fórmulas remiten a una misma configuración del derecho fundamental en análisis y tiene el mismo alcance: el imputado goza de un derecho constitucional subjetivo según el cual su proceso debe finalizar definitivamente dentro de un término que asegure un enjuiciamiento expeditivo..." (fs. 214 vta.).
Concluyó que "A tenor de lo expuesto, se observa, además, que el Defensor se limitó a señalar el tiempo que ha insumido la tramitación de la causa sin ofrecer un análisis pormenorizado de las circunstancias que, a su entender, provocaron la injustificada mora y en su caso, porque ello debe tener incidencia en la mensura de la pena, lo cual denota insuficiencia" (fs. 215).
V. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
Si bien el recurrente tacha de arbitrario el pronunciamiento del Tribunal de Casación Penal, de la reseña efectuada podemos advertir que el a quo abordó el planteo y brindó las razones por las cuales desechó la pretensión de valorar la demora en el proceso revisor como pauta atenuante sobreviniente.
Mas allá de que primero invocó cuestiones relacionadas al alcance de su intervención (arts. 434 y 451, CPP), también, ingresando al fondo del reclamo, indicó que la garantía invocada escapaba a los parámetros de dosificación de la pena de los arts. 40 y 41 del Código Penal, y realizó diversas consideraciones sobre su recepción en el ámbito nacional e internacional. Particularmente, verificó la infracción a la garantía del plazo razonable en la tramitación del proceso revisor y concluyó que -en el caso-, el defensor se había limitado a mencionar el tiempo insumido en la tramitación del expediente, sin ofrecer un análisis pormenorizado de las causas que habrían provocado la mora como así también de su incidencia en la mensura de la pena; rechazando la pretensión por insuficiente (v. fs. 213/215).
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (caso "Al Kassar, Monzer s/ incidente de prescripción", sent. de 12-XII-2006, por remisión al dictamen de la Procuración) consideró que correspondía a la defensa mencionar "...por qué considera que el proceso se ha extendido irrazonablemente en el tiempo ponderando: la duración del retraso, las razones de la demora, y el perjuicio concreto que al imputado le ha irrogado dicha prolongación...", lo que no se cumple con la mera referencia al tiempo transcurrido, ni con la dogmática afirmación de que "No se advierte ni complejidad en los ilícitos investigados, ni pluralidad de imputados o víctimas, ni conductas irregulares o incomparecencias del inculpado quien siempre estuvo a derecho en la sustanciación de la causa" (fs. 233 vta.).
En definitiva, la defensa no ha abordado su planteo con un desarrollo que explicara el caso en concreto -más allá de alguna reseña al derrotero procesal de la causa-, a fin de evidenciar espacios de tiempo injustificados demostrativos de falta de actividad procesal válida en el lapso que denuncia como irrazonable. Por ello el planteo se devela insuficiente para revertir lo decidido (conf. art. 495, CPP).
Para más, el impugnante tampoco demuestra la similitud de la situación planteada en autos con las suscitadas en los precedentes de esta Corte que cita (conf. causas P. 70.200, sent. de 27-VIII-2008 y P. 88.303, sent. de 25-III-2009; v. fs. 235 vta. y 236), en tanto que más allá de transcribir el temperamento adoptado en esas causas, no realizó un desarrollo que permitiera asimilar aquellas situaciones con las de este caso en particular (art. 495, CPP).
Cabe poner de resalto, que nuestro ordenamiento jurídico no tiene una regla preceptiva de un límite temporal exacto para la duración del proceso penal, por lo que debe acudirse a la llamada "teoría de la ponderación". Así lo han interpretado en materia de derecho supranacional los organismos de aplicación interamericanos quienes tomando como fuente las decisiones de los órganos europeos de derechos humanos, han considerado que el plazo razonable no puede fijarse en abstracto, sino que requiere un examen de las circunstancias particulares del caso.
Sobre tal base, y con invocación de precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha sostenido en el caso Suárez Rosero (sent. de 12-XI-1997, con cita de los casos del Tribunal Europeo: "Motta", sent. de 19-II-1991 y "Ruiz Mateos", sent. de 23-VI-1993) que para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso deben tomarse en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales; aunque también corresponde reparar en el perjuicio o afectación actual que la alongación del proceso implica para la situación jurídica del individuo, así como la gravedad del suceso atribuido (conf. P. 70.200, sent. de 27-VIII-2008 y P. 88.303, sent. de 25-III-2009).
Estos tópicos no han sido abordados adecuadamente por el recurrente, incurriendo así en insuficiencia (doctr. art. 495 cit.; conf. P. 98.415, sent. de 5-XII-2007 y P. 94.140, sent. de 20-VI-2007).
Como consecuencia, queda sin sustento la denuncia de arbitrariedad articulada.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial en favor de Pablo Sebastián Caballero Moraias, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/06/2022 18:14:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/06/2022 10:17:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/06/2022 10:33:38 - KOGAN
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