Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131993
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.993-RQ, "Corvalán Tripoloni, Adrián Fernando s/ Queja en causa n° 53.675 del Tribunal De Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de Dolores, con fecha 21 de agosto de 1996, condenó -en lo que aquí interesa- a Adrián Fernando Corvalán Tripoloni a la pena de veinte años de reclusión, accesorias legales y costas, por encontrarlo partícipe primario del delito de homicidio en ocasión de robo en grado de tentativa en concurso ideal con homicidio simple (v. fs. 1/6).
Lo así resuelto fue impugnado ante el Tribunal de Casación Penal, órgano que, el 25 de marzo de 2004 y por mayoría, casó parcialmente la sentencia atacada en punto a las pautas para la determinación de la pena, disminuyó la sanción a la de quince años de reclusión, accesorias legales y costas, y dejó intactas las demás declaraciones formuladas en el fallo parcialmente casado, sin costas (v. fs. 8/25 vta.).
Recurrida dicha decisión por la defensa, con fecha 17 de diciembre de 2008, esta Corte -por mayoría- hizo lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, revocó la sentencia impugnada en el nivel de la subsunción legal y modificó la calificación del hecho, la que estableció en la figura de robo agravado por homicidio, en grado de tentativa (conf. arts. 165 y 42 del Código Penal). En consecuencia, y en lo que aquí interesa, ordenó el reenvío de los autos al tribunal de origen para que graduara la pena de Corvalán Tripoloni, de conformidad a la nueva calificación legal, teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes firmes (v. fs. 26/36).
Devueltas las actuaciones a la instancia, el 30 de marzo de 2012, el Tribunal en lo Criminal n° 2 de Dolores, declaró la extinción de la acción penal en orden al hecho de robo agravado por homicidio en grado de tentativa, en razón de haber operado la prescripción (v. fs. 37/43).
Sin embargo, el 9 de diciembre de 2013, la Sala I del Tribunal de Casación Penal declaró admisible el recurso homónimo deducido por el señor Agente Fiscal del Departamento Judicial de Dolores y, por mayoría, anuló la resolución del Tribunal en lo Criminal n° 2 departamental y remitió los autos a fin de que se hiciera operativo lo dispuesto por este Tribunal y se graduara la pena de Corvalán Tripoloni (v. fs. 99/105).
La defensa oficial interpuso nuevo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 128/140 vta.), que declarado inadmisible por el órgano intermedio (v. fs. 146/148 vta.), motivó la interposición de queja por aquella parte (v. fs. 236/241) que, finalmente, fue admitida por esta Suprema Corte y -por aplicación del art. 2 del Código Procesal Penal- concedida la impugnación extraordinaria articulada (v. fs. 245/248 vta.).
Oída la Procuración General (v. fs. 276/284 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 286), presentada la memoria a fs. 289/291 vta., y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor José María Hernández, denunció la errónea aplicación del art. 67 inc. "e" del Código Penal por estimar que la interpretación del alcance de la expresión "sentencia condenatoria" asignada en autos infringe el principio de legalidad por vía de la extensión analógica del ámbito de lo punible (v. fs. 132 vta. y 133).
Sostuvo que "sentencia condenatoria" es solo la que pone fin de modo ordinario al proceso e impone una condena, sin que quepa incluir ninguna otra decisión posterior que tenga origen en el ejercicio de derechos de las partes a recurrir aquella sentencia (v. fs. 133 vta.).
Por tal motivo, afirmó que la única sentencia en autos con capacidad para interrumpir el curso de la prescripción es la sentencia dictada por la Cámara departamental el 21 de agosto de 1996, por lo cual la acción penal se encuentra prescripta (v. fs. 134).
Destacó, con cita de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Salas Jara", "Tello" y "De la Torre", que solo la primera sentencia es la que interrumpe la prescripción, pues sino aquel tribunal no hubiera remitido los autos a los órganos jurisdiccionales inferiores para que se pronunciaran sobre la vigencia de la acción penal (v. fs. 135 y vta.).
Luego, alegó que la interpretación del art. 67 inc. "e" del Código Penal que abarca dentro del concepto de "sentencia condenatoria" a los fallos revisores es arbitraria por imposible, en tanto otorga carácter interruptivo de la prescripción a decisiones que son producto del ejercicio de los derechos de doble instancia y defensa del imputado (conf. arts. 18, Const. nac.; 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 135 vta.).
Expuso que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra y que cuando ella no ofrece dificultad alguna debe aplicársela directamente, sin extender el carácter de sentencia de condena a las que la revisan (v. fs. 136).
En apoyo de su postura, citó lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Barra", "Kipperband" y "Podestá" (v. fs. 137).
Agregó que la interpretación brindada en autos también quiebra el principio de igualdad ante la ley, en el marco de la distribución federal de competencias legislativas (v. fs. cit. vta.).
Explicó que ello es así puesto que la exégesis mencionada "...lleva a considerar que la cantidad de actos interruptivos de la prescripción de la acción contemplados por el art. 67 inc. 'e' del CP puede variar de una provincia a la otra, según el ejercicio que hicieran de su facultad de establecer plurales instancias dentro de su propia organización de justicia" (fs. 138 vta.).
Finalmente, estimó que además se frustra el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, permitiendo la dilatación del proceso de un modo excesivo e intolerable (v. fs. 139 y 140).
II. El señor Procurador General propuso el rechazo de la impugnación (v. fs. 276/284 vta.).
Para dictaminar de ese modo, consideró que, si bien no desconoce lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Farina", en esta causa el pronunciamiento del Tribunal de Casación Penal del 25 de marzo de 2004 modificó la condena imponiendo una pena cinco años menor, por lo cual se transformaría en una nueva sentencia condenatoria con efecto interruptivo. Agregó que la sentencia de esta Suprema Corte del año 2008 -que mutó la calificación legal y reenvió para la imposición de pena- no fue recurrida en cuanto a la materialidad ilícita, la autoría o la calificación legal, motivo por el cual ello redundaría en la cosa juzgada parcial de la sentencia condenatoria.
III. Disiento con su postura, el recurso prospera.
III.1. Sin perjuicio de que la cuestión de la prescripción ha sido discutida en estos autos desde las instancias previas, conviene recordar que es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; entre muchas otras).
Asimismo, se debe destacar que, si bien el hecho por el que viene condenado Corvalán Tripoloni por sentencia no firme es de fecha anterior a la reforma de la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005), corresponde aplicar esta norma retroactivamente por ser la ley más benigna (conf. arts. 9, CADH; 15, PIDCP; 75 inc. 22, Const. nac. y 2, Cód. Penal; causa P. 131.505, sent. de 5-X-2020).
Esta Corte tiene dicho que el principio de retroactividad de la ley más benigna también rige en lo atinente a los mecanismos de extinción de la acción, ya que este extremo está incluido en el concepto de ley penal que establece el art. 2 del Código Penal (CSJN Fallos: 287:76; causa P. 83.722, sent. de 23-II-2005 y su progenie).
En tal entendimiento se señaló que la ley 25.990, en cuanto modificó el párrafo cuarto del art. 67 del Código Penal, sustituyendo la expresión "secuela de juicio" como causal interruptora de la prescripción de la acción penal por un catálogo taxativo de los actos procesales que producen ese efecto (incs. "b", "c", "d" y "e"; conf. doctr. causa P. 83.722, cit.), varió sustancialmente el instituto relativo a la prescripción de la acción penal, restándole virtualidad interruptora a muchos actos que, según pacífica jurisprudencia, revestían esa entidad tanto en la etapa instructoria, como en el plenario o contradictorio e, incluso, en la instancia recursiva.
Estas nuevas disposiciones proyectan, en el caso, sus efectos más benignos sobre la situación del procesado, al haber reducido las causales de interrupción por actos del procedimiento; corresponde, por ende, su aplicación.
III.2. Por otro lado, esta Suprema Corte venía sosteniendo de manera reiterada que el fallo revisor de la sentencia de condena interrumpe el curso de la prescripción, doctrina que fue sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015), conforme los lineamientos que habían sido establecidos en las causas P. 84.431, sentencia de 31-X-2007; P. 90.959, sentencia de 3-IX-2008; P. 90.736, sentencia de 30-IX-2009 y P. 105.309, sentencia de 29-IV-2015; entre otras.
Si bien recientemente en el marco de las causas P. 131.745, "Villafañe" (sent. de 21-VII-2020) y P. 132.525, "Godoy" (sent. de 23-VII-2020), a cuyos términos me remito en su totalidad, se aplicó la doctrina del fallo "Farina" de la Corte federal (sent. de 26-XII-2019), en lo que respecta a la interpretación que debe darse al art. 67 inc. "e" del Código Penal (ley 25.990), puntualmente, en el sentido de considerar que el último acto interruptor de la prescripción al que se alude en dicha norma es únicamente "...el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme", en el caso, aún bajo el amparo de la doctrina anterior (causa P. 121.979, cit. y su progenie), la acción penal en orden al delito de robo agravado por homicidio en grado de tentativa (arts. 165 y 42, Cód. Penal) de todos modos está prescripta.
En efecto, tanto sea que se compute el término legal de prescripción desde la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de Dolores (21 de agosto de 1996) como que se lo haga a partir del fallo del Tribunal de Casación Penal (25 de marzo de 2004), o inclusive desde la sentencia de esta Corte -incompleta, en tanto se dispuso el reenvío para la imposición de pena a raíz del cambio de calificación legal- (17 de diciembre de 2008), se arriba a la misma conclusión, esto es, que el plazo prescriptivo ha transcurrido fatalmente de acuerdo con los arts. 62 inc. 2 y 67 del Código Penal (según ley 25.990).
III.3. Por otra parte, efectuadas las constataciones pertinentes, no media en autos la causal prevista en el art. 67, cuarto párrafo, inc. "a" (ley 25.990) -actual sexto párrafo, inc. "a", según ley 27.206, Boletín Oficial de 10-XI-2015-, a tenor de los informes de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de fs. 262/263 y del Registro Nacional de Reincidencia que obran a fs. 269/274 vta.
IV. Por lo demás, en cuanto a lo dictaminado por el señor Procurador General, cabe destacar -tal como lo sostuve en la causa P. 131.745, sentencia de 21-VII-2020- que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, merced al citado pronunciamiento dictado el día 26 de diciembre de 2019 en la causa CSJ 2148/2015/RH1 "Farina, Haydée s/ homicidio culposo", por mayoría, instruyó a este Tribunal a fin de que, en lo sucesivo, adopte las medidas necesarias para que los pronunciamientos de los tribunales penales de la jurisdicción se adecuen a lo establecido por el legislador en el art. 67 inc. "e" del Código Penal y a la doctrina sentada en su jurisprudencia sobre la materia, en la inteligencia de que la cuestión decidida excede largamente la mera interpretación de una norma de derecho común, como es el Código Penal, para involucrar la observancia de los arts. 18, 31, 116 y 117 de la Constitución nacional.
En lo atingente a la interpretación de la mentada norma sustantiva, sostuvo que en el marco de incidencias provenientes del fuero penal ordinario de la Provincia de Buenos Aires (causas CSJ 572/2009 [45-S]/CS1 "Salas Jara, Carlos Patricio s/ causa n° 4646", de 26-II-2013; CSJ 133/2009 [45-S]/CS1 "Squillario, Adrián Rodolfo y otros s/ defraudación especial - causa n° 267/2001", de 26-III-2013 y CSJ 1586/2005 [41-F]/CS1 "Farías, Alberto J. s/ homicidio culposo" -voto de la mayoría- de 11-VII-2006; e.o.), se dispuso suspender el trámite de la queja a fin de que se resolviese en orden a la vigencia de la acción penal por considerar que el último acto interruptivo de la prescripción al que se alude en el art. 67 inc. "e" del Código Penal es (únicamente) "...el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme".
En el considerando 13, puso de relieve que la interpretación del art. 67 del Código Penal que se deja de lado se aparta de la finalidad perseguida por la sanción de la ley 25.990, modificatoria de esa disposición legal, que fue la de "...darle al instituto de la interrupción de la prescripción de la acción penal, la expresión de máxima taxatividad y legalidad al enunciar cada uno de aquellos actos del procedimiento que poseen aptitud para hacer cesar su libre curso" (CSJN Fallos: 337:354, cons. 14°).
A su vez, en el considerando 14, puso de resalto que el instituto de la prescripción de la acción penal tiene estrecha vinculación con el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento que ponga término, del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal (CSJN Fallos: 272:188; 306:1688; 310:1476; 316:2063; 323:982 y 331:600, cons. 7° y sus citas; e.o.), y recordó que el derecho del imputado a ser juzgado en plazo razonable no solo es un corolario del derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.) y, en definitiva, del principio de inocencia, sino que se encuentra también previsto expresamente en los tratados internacionales incorporados a la Constitución nacional como parte del debido proceso legal y de la garantía de acceso a la justicia (arts. 8.1, CADH y 14.3, PIDCP).
Por otra parte, en el considerando 17 dejó en claro que el tema revestía trascendencia institucional, ya que no se limitaba a una falencia de acatamiento de lo resuelto por ese tribunal en una causa singular aislada, sino que "...la cuestión en debate [...] se proyecta a numerosas causas [...], a punto tal de generar una afectación al funcionamiento de todo un fuero (Fallos: 156:283; 317:462 y 335:2379)", y aclaró que en este caso se trataba del fuero penal ordinario de la Provincia de Buenos Aires, en cuyo ámbito rige la doctrina jurisprudencial que se apoya en una interpretación extensiva del art. 67 inc. "e" del Código Penal.
En el considerando 19 se refirió a que la persistencia de la doctrina jurisprudencial contra legem en el fuero penal de la Provincia de Buenos Aires, frente a reiterados fallos de esa Corte en que se había explicitado que el dictado de la condena no firme es el único acto que interrumpe la prescripción conforme la letra del art. 67 inc. "e" del Código Penal, constituye un "...claro alzamiento por parte del tribunal a quo y los tribunales que de él dependen, contra la autoridad de este Tribunal, en su carácter de último intérprete de la ley en la República Argentina", y que tal reticencia por parte de las autoridades judiciales provinciales para aplicar en su ejercicio jurisdiccional la doctrina constitucional sentada por esa Corte en casos como el presente, conlleva la lesión de los derechos con relación a los cuales se adoptó el criterio respectivo, la vulneración del derecho a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, y acarrea dispendio jurisdiccional y el riesgo cierto de que se dicten sentencias contradictorias.
Por tal motivo, consideró necesario instruir a esta Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires a fin de que "...en lo sucesivo, para evitar dilaciones innecesarias como las verificadas en el extenso derrotero de las presentes actuaciones, adopte las medidas necesarias para que sus pronunciamientos y los de los tribunales penales en la jurisdicción a su cargo se adecuen a lo establecido por el legislador en el art. 67, inc. e, del Código Penal y a la doctrina sentada en la jurisprudencia de esta Corte sobre la materia, en la inteligencia de que la cuestión decidida excede largamente la mera interpretación de una norma de derecho común, como es el Código Penal, para involucrar la observancia de diversos artículos de la Norma Fundamental del país, a saber: i) art. 18 (vigencia del principio de legalidad estricta en materia penal y su proyección sobre el derecho a la jurisdicción o de juicio previo); ii) art. 31 (vigencia del orden jerárquico establecido por la Ley Suprema de la Nación, en el caso subvertido por la prevalencia de la cuestionada interpretación de un artículo del Código Penal -que es una ley de la Nación- por sobre el mencionado art. 18 de la Norma Fundamental); y iii) arts. 116 y 117 (vigencia de la interpretación de esta Corte, como tribunal supremo de la Nación, en 'causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución' como son aquellas que -como la presente- tratan sobre la observancia del principio de legalidad en materia penal)".
Lo así resuelto por la Corte federal, me exime de mayores consideraciones sobre el punto.
V. Por ello, habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción de la acción penal, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y declarar la extinción de la acción penal en orden al delito de robo agravado por homicidio en grado de tentativa (arts. 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990- 165 y 42, Cód. Penal).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a la propuesta del doctor Torres de hacer lugar al reclamo intentado en la vía de inaplicabilidad de ley concedida a la defensa y declarar la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de robo agravado por homicidio en grado de tentativa (arts. 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990- 165 y 42, Cód. Penal), por los que fuera oportunamente responsabilizado Adrián Fernando Corvalán Tripoloni.
En efecto, tanto sea que se compute el término legal de prescripción desde la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de Dolores (del 21 de agosto de 1996) como que se lo haga a partir del fallo del Tribunal de Casación Penal (fechada el 25 de marzo de 2004), o inclusive desde la sentencia de esta Corte -incompleta, en tanto se dispuso el reenvío para la imposición de pena a raíz del cambio de calificación legal- (17 de diciembre de 2008), se arriba a la misma conclusión, esto es, que el plazo prescriptivo ha transcurrido fatalmente de acuerdo con los arts. 62 inc. 2 y 67 del Código Penal (según ley 25.990).
Por lo tanto, en el caso no hace falta ingresar a la discusión entre la doctrina de esta Corte sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015) o la que se señala nacida al amparo del fallo "Farina" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (sent. de 26-XII-2019), referido a la interpretación del art. 67 inc. "e" del Código Penal, según ley 25.990 (doctr. art. 488, CPP), para tener
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