Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134758
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza, por mayoría de fundamentos, el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 493, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.758, "Morán, Rubén Darío y Roldán, Pedro Aldo s/ Queja n° 56.496 y acum. 56.498 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan, Budiño.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 4 de julio de 2013, hizo lugar parcialmente a los recursos homónimos deducidos por las defensas oficiales de Rubén Darío Morán y de Pedro Aldo Roldán contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata que había resuelto condenar a ambos imputados a la pena de treinta y cinco años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlos coautores responsables de los delitos de robo doblemente agravado por el empleo de arma en sentido impropio y por las lesiones causadas (art. 166 incs. 1 y 2, Cód. Penal) -hecho I-; y abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma y la comisión de dos personas (art. 119, párrs. tercero y cuarto inc. "d", Cód. Penal) -hecho II-, ambos en concurso real entre sí (art. 55, Cód. Penal). En consecuencia, casó el fallo impugnado, valoró como atenuante de la sanción de Pedro Aldo Roldán la ausencia de antecedentes penales y resolvió -por mayoría- fijar el monto sancionatorio -en razón de los argumentos que expuso acerca del tope punitivo máximo para el caso de concurso real- en treinta años de prisión, accesorias legales y costas -sin costas en esa sede- para Rubén Darío Morán y en veintinueve años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, sin costas en esa instancia, para Pedro Aldo Roldán, dejando incólumes las restantes declaraciones contenidas en el mismo (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8 inc. 2 apdo. "h", CADH; 45, 55, 119 párrs. tercero y cuarto inc. "d" y 166 incs. 1 y 2 primer párr., Cód. Penal; v. fs. 198/220).
Frente a lo así resuelto, interpusieron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley la señora fiscal adjunta ante el tribunal intermedio (v. fs. 246/251 vta. -causa P. 121.293-) y el señor defensor oficial (v. fs. 256/272 -causa P. 123.125-).
Esta Suprema Corte, mediante la sentencia dictada el día 9 de mayo de 2018, hizo lugar al recurso interpuesto por la Fiscalía -causa P. 121.293-, revocó la sentencia impugnada en el nivel de la determinación de la pena y, en consecuencia, ordenó remitir los autos a la instancia intermedia para que -con intervención de una sala habilitada- dictara una nueva decisión con arreglo a lo allí resuelto; y -por mayoría de fundamentos- declaró que no correspondía abordar el remedio de la defensa oficial -causa P. 123.125- dado el modo en que había sido resuelta la primera cuestión y teniendo en cuenta que los agravios de esa parte se sustentaban en el monto de la pena impuesto que allí se dejó sin efecto (v. fs. 306/316 vta.).
Con motivo de dicho reenvío, la referida Sala I del Tribunal de Casación Penal, con nueva integración, dictó sentencia el día 18 de julio de 2019, asumió competencia positiva readecuando la pena impuesta a Pedro Aldo Roldán en treinta y cuatro años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, y manteniendo la impuesta a Rubén Darío Morán en treinta y cinco años de prisión, accesorias legales y costas, en orden a los delitos por los que fueran condenados (v. fs. 350/357 vta.).
Frente a ello, la defensa oficial presentó recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 378/387 vta.), que fue declarado inadmisible por el Tribunal de Alzada (v. fs. 391/393 vta.), lo que motivó la deducción de queja ante esta Suprema Corte (v. fs. 416/423) que por resolución del día 3 de noviembre de 2021 la admitió, declaró mal denegado el recurso extraordinario y lo concedió (v. fs. 430/433 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 442/445), dictada la providencia de autos (v. fs. 447) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Tras una reseña de los antecedentes procesales de la causa (v. fs. 379/385 vta.), la defensa oficial denuncia la inobservancia del art. 168 de la Constitución provincial por omisión de tratamiento de una cuestión esencial relativa a la inconstitucionalidad de la ley 25.928 en cuanto reformó el art. 55 del Código Penal y elevó a cincuenta años de prisión el máximo de la escala penal del concurso real de delitos (v. fs. 385 vta.).
Explica que esa parte alegó que la norma puesta en crisis habilitaba para el caso una escala penal de veintisiete años de amplitud, estimando que "...la consagración en la ley de una escala penal de tan desmesurada latitud era constitutiva de una desobediencia del legislador al mandato de taxatividad que deriva del principio de legalidad penal" (fs. 386).
Destaca que la sentencia impugnada no dispensa ningún tratamiento a dicha cuestión, sino que, por el contrario, "...se limita a rechazar la 'desproporción' de las penas impuestas sin siquiera mencionar en todo su desarrollo el principio de legalidad penal en vinculación con la escala penal que habilitara su imposición" (fs. 386).
Señala que tal omisión constituye una clara infracción de los derechos de defensa en juicio en su vertiente del derecho a ser oído y debido proceso (v. fs. cit.).
Expresa asimismo que la decisión de este Tribunal "...suprimió la posibilidad de restringir de ese modo la desmesura de la escala penal en abstracto en la que se fundó el agravio" (fs. 386 y vta.).
Afirma que el acogimiento del planteo no tratado hubiera significado, por ejemplo, una reducción de las penas, de lo cual -concluye- "...resulta claro que constituye por sí una cuestión esencial" (fs. 386 vta.).
II. El señor Procurador General se pronunció por el rechazo del recurso (v. fs. 442/445). Coincido con su opinión, aunque por otros fundamentos.
III.1. En lo que aquí importa, de la reseña de los antecedentes relevantes del caso efectuada por el recurrente -con anclaje en las constancias de la causa-, surge que en el recurso de casación deducido en favor de Morán, la señora defensora oficial, doctora Ostachi, refirió haber cuestionado el monto máximo de la pena pedido por el Ministerio Público en sus alegatos -y finalmente impuesto- por reputar que "...no se ajustaba a los principios constitucionales limitadores del poder punitivo, en especial los de proporcionalidad y culpabilidad", invocando a tal efecto las críticas que el doctor Zaffaroni ha formulado a la ley 25.928 en su voto en el precedente "Estévez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 379 vta. y 380, con relación a fs. 161/163 vta. -legajo cas. 56.496-). Y que en el recurso homónimo deducido por la defensa del coimputado Roldán, esta adhirió a las razones expuestas por la doctora Ostachi, y a su vez cuestionó la pena impuesta por desproporcionada (v. fs. 380 y vta., con relación a fs. 209/213 -legajo cas. 56.498-).
Luego destaca que una vez radicados tales incidentes casatorios ante el Tribunal de Casación, la defensa planteó la inconstitucionalidad del art. 55 del Código Penal en su redacción reformada por la ley 25.928, reputándolo contrario al principio de máxima taxatividad legal que es concreción del mandato que el legislador le dirige el principio de legalidad penal (art. 18, Const. nac.; v. fs. 380 vta., con relación a lo que surge de los memoriales presentados en los términos del art. 458 del Código Procesal Penal a fs. 183/188 -legajo cas. 56.496- y fs. 221/226 -legajo cas. 56.498-).
Tras lo decidido por esta Suprema Corte en la sentencia del día 9 de mayo de 2018, la defensa oficial presentó una nueva memoria en la que retomó el planteo de inconstitucionalidad del art. 55 del Código Penal que no había sido tratado por la Sala I en su sentencia anulada (v. fs. 382/383, con relación a fs. 334/340).
A su turno, el Tribunal de Casación, en cumplimiento de lo dispuesto por esta Corte, abordó la cuestión vinculada a la medida de la pena, y -en lo que importa destacar- sostuvo que conforme la ponderación de los bienes jurídicos afectados, el monto de las sanciones impuestas en la instancia de origen se compadecía con la observancia del principio de proporcionalidad; y, por otra parte, que las mismas no resultaban lesivas de principio constitucional alguno. Así es que, tomando en consideración la entidad de los injustos atribuidos a los nombrados Morán y Roldán, su calificación legal, el grado de participación que les cupo, las pautas de mensura aplicadas y el cómputo de la atenuante por ausencia de antecedentes penales para el imputado Roldán, asumió competencia positiva -por razones de economía y celeridad procesal- y les impuso las penas que fueran reseñadas anteriormente (v. fs. 350/357 vta.).
III.2. De la reseña efectuada, se puede advertir que tal y como lo admite la propia parte, la crítica en torno a la inconstitucionalidad del art. 55 del Código Penal en su redacción reformada por la ley 25.928 por contradicción al principio de legalidad penal, fue llevada durante el trámite del legajo casatorio, y no en los recursos respectivos ante el Tribunal de Casación Penal. Es decir que recién fue alegado en una etapa procesal posterior, en el marco del memorial que autoriza el art. 458 del Código Procesal Penal y, en consecuencia, dicho órgano jurisdiccional no estaba obligado a su tratamiento (art. 451, tercer párr., CPP; conf. arraigada doctrina de esta Corte, causas P. 77.329, sent. de 10-IX-2003; P. 81.725, sent. de 16-IX-2003; P. 83.841, sent. de 9-X-2003; P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; P. 91.185, sent. de 20-XII-2006; P. 92.143, sent. de 11-IV-2007; P. 102.093, sent. de 17-XII-2008; P. 103.665, resol. de 16-II-2011; e.o.).
Esta Corte, ha sostenido que el último párrafo del apartado cuarto del art. 451 del ritual marca el límite temporal para expresar los motivos de casación: hasta la interposición del recurso. Una vez vencido ese término "...el recurrente no podrá invocar otros motivos distintos".
Las posteriores ocasiones procesales están contempladas para que la parte complete, con argumentos y citas legales, el planteo originario del recurso, sin que quepa ampliar el espectro del material sobre el cual el Tribunal de Casación debe ejercer su faena revisora.
Sentado ello, la sentencia cumple con las exigencias impuestas por la Constitución de la Provincia en el art. 168 de la Constitución provincial que la parte alegó como vulnerado.
III.3. Finalmente, la denuncia de violación de las garantías constitucionales -defensa en juicio en su vertiente del derecho a ser oído y debido proceso-, traídas a remolque por el recurrente, son ajenas a la vía impugnativa intentada (conf. causas P. 110.072, resol. de 18-IV-2011; P. 107.461, resol. de 30-V-2012; P. 122.027, resol. de 8-IV-2015; e.o.).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al rechazo que propicia mi colega el doctor Soria. Solo dejo a salvo mi criterio respecto a la introducción de agravios de naturaleza federal por una vía diferente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En tal sentido tengo dicho (conf. causa P. 63.922, "Cáceres", sent. de 10-V-2006; e.o.) que, por aplicación de la doctrina de las causas "Strada" (CSJN Fallos: 308:490), "Di Mascio" (CSJN Fallos: 311:2478) y "Christou" (CSJN Fallos: 310:324), esta Corte, como Superior Tribunal de la causa, no puede inobservar su deber de dar una respuesta más allá de los límites formales que establece la regulación de la vía elegida, pues ello es lo que le permite al impugnante cumplir con el indicado recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48).
Dicho esto, advierto que la denuncia de violación de las garantías constitucionales -defensa en juicio en su vertiente del derecho a ser oído y debido proceso-, es improcedente, por análogos motivos a los ya expuestos por el doctor Soria.
Es que, en efecto, el recurrente expone un único agravio (la pretensa omisión de tratamiento de una cuestión esencial) pero lo hace desde la óptica de la ortodoxia del recurso extraordinario de nulidad (a través del motivo tasado ya indicado), y también lo aborda desde la perspectiva de la infracción del derecho a ser oído y debido proceso. Sin embargo, el planteo es el mismo: la falta de tratamiento sobre la pretendida incompatibilidad constitucional del art. 55 del Código Penal.
En tales condiciones y así explicado, no cabe más que remitirme a la respuesta a la que adherí y que se ciñe a la inveterada doctrina de esta Corte en cuanto a la oportunidad en que deben ser introducidos los agravios para obligar al juez a brindar una respuesta. En tal sentido, el planteo de inconstitucionalidad del art. 55 del Código Penal, fue llevado durante el trámite del legajo casatorio, y no en los recursos respectivos ante el Tribunal de Casación Penal, por lo que dicho órgano jurisdiccional no estaba obligado a su tratamiento (art. 451, tercer párr., CPP; conf. arraigada doctrina de esta Corte, causas P. 77.329, sent. de 10-IX-2003; P. 81.725, sent. de 16-IX-2003; P. 83.841, sent. de 9-X-2003; P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; P. 91.185, sent. de 20-XII-2006; P. 92.143, sent. de 11-IV-2007; P. 102.093, sent. de 17-XII-2008; P. 103.665, resol. de 16-II-2011; e.o.).
Entonces, la pretensión también decae desde la óptica de la afectación del derecho a ser oído, pues tratándose de una cuestión federal -planteo directo de inconstitucionalidad de una norma-, la misma debió ser planteada en la primera ocasión que prevé el procedimiento a fin de que los señores jueces de la causa pudieran considerarla y decidirla (CSJN Fallos: 328:3165).
Incluso el estándar de revisión amplia no exime a la defensa de cumplir con el recaudo relativo al momento en que deben interponerse los agravios, sino que lo torna aún más exigible, "...pues mal puede afirmarse un menoscabo al derecho de obtener una revisión de la condena en relación a un aspecto que la misma parte no sometió a examen del tribunal de instancia superior" (conf. CSJN causa "Delfino", Fallos: 331:488).
Con este agregado, adhiero a mi colega y también voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza, por mayoría de fundamentos, el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 493, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/12/2022 13:54:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2022 14:09:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/12/2022 12:41:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2022 16:00:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 10:03:40 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 10:33:07 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 19/12/2022 11:05:51 hs. bajo el número RS-153-2022 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia