Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135053
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos por los defensores de A. N. H. y P. L. B., con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes a los doctores Rubén Oscar Piccolomini y Guillermo Hugo Rojo por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.053, "H., A. N. s/ Queja en causa n° 61.123 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora" y su acum. causa P. 135.052, "B., J. P. L. s/ Queja en causa n° 61.123 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, mediante el pronunciamiento dictado el día 9 de febrero de 2021, hizo lugar parcialmente a los recursos de la especialidad deducidos por las defensas de A. N. H. y J. P. B., modificó la calificación legal impuesta por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil y estableció que correspondía condenarlos por el delito de abuso sexual agravado por la intervención de dos o más personas, por dos hechos, en concurso real entre sí, imponiéndoles a ambos la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y costas, con más las siguientes pautas de conducta, por el plazo de tres años: 1) fijar residencia y someterse al cuidado y control del Patronato de Liberados y 2) realizar un curso sobre violencia de género, cuyo cumplimiento deberá acreditarse por ante el juez de instancia, debiendo informar lugar, fecha de inicio y duración del mismo.
Tal decisión fue dictada como consecuencia de la sentencia de esta Suprema Corte de Justicia, dictada el día 10 de octubre de 2018, que hizo lugar a los recursos extraordinarios interpuestos a favor de los nombrados, dejó sin efecto el fallo recurrido y reenvió las actuaciones para que el órgano, debidamente integrado, brindara tratamiento a los agravios interpuestos contra la sentencia del Tribunal Único de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora que los había condenado a la pena de cuatro años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento, accesorias legales y costas, en orden al delito de abuso sexual agravado por resultar gravemente ultrajante para la víctima y por la intervención de dos o más personas, dos hechos en concurso real entre sí.
Contra la sentencia señalada en el primer párrafo, interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley los defensores particulares de los nombrados, doctores Rubén Oscar Piccolomini y Guillermo Hugo Rojo que, declarados inadmisibles por la Cámara, motivaron la interposición de sendas quejas, finalmente concedidas -por mayoría- por esta Suprema Corte.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 56/63), dictada la providencia de autos (v. fs. 65) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de A. N. H.?
2ª) ¿Lo es el articulado en beneficio de J. P. L. B.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. El defensor de A. N. H., doctor Rubén Oscar Piccolomini, denunció la vulneración de la garantía a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (conf. arts. 18, Const. nac. y 8, CADH).
Afirmó que su asistido viene siendo sometido a una persecución penal iniciada cuando era menor de edad, desde el año 2013, sin que hasta el momento se haya puesto fin al calvario que significa encontrarse sometido a un proceso penal.
Aseguró que esta situación conlleva también la transgresión a la garantía del debido proceso, al derecho de defensa en juicio y al adecuado acceso a la justicia.
En aval de su reclamo invocó lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Mattei" (CSJN Fallos: 272:188).
Expuso que no fueron los jóvenes quienes debían velar por la celeridad de la actuación de las autoridades judiciales en el desarrollo del proceso penal, ni por la falta de debida diligencia, ni por las nulidades producidas en estas actuaciones.
Resaltó que el caso no lleva mayor complejidad y que las defensas intervinientes actuaron con "diligencia y dinámica". En cambio, expresó que "...la demora principal en la tramitación del proceso fue el dictado de una sentencia que vulneró el derecho de defensa de los imputados, y que acarreó un tiempo inconmensurable que aún vienen sufriendo los jóvenes", con todas las consecuencias que ello lleva aparejado.
Finalmente, expuso que a siete años de iniciada una investigación "nada justifica" que "...se condene a adolescentes a una pena de prisión totalmente atemporal y que no cumple con ninguno de los fines para los cuales se pretende imponer".
I.2. Por otra parte, denunció arbitrariedad por falta de fundamentación de la sentencia, en tanto la condena solo se habría sustentado en los dichos de las supuestas víctimas. Adujo que en la causa no hay otras constancias válidas que avalen tales testimonios.
Refirió que, si bien en el sistema acusatorio no rige el principio testis unus testis nullus , la sola versión de las víctimas no alcanza para lograr la certeza que exige el art. 210 del Código Procesal Penal para fundar la condena.
II. El señor Procurador General propuso el rechazo de la impugnación; coincido con su dictamen.
III.1. El agravio sobre la violación de la garantía de plazo razonable no es de recibo, en razón de su insuficiencia (doctr. art. 495, CPP).
La defensa del imputado H. hizo una mención genérica a esa garantía, mas dejó sin adecuado análisis los diversos parámetros que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir su aplicación al caso.
Resulta oportuno recordar que nuestro ordenamiento jurídico no tiene una regla preceptiva de un límite temporal exacto para la duración del proceso penal, por lo que debe acudirse a la llamada "teoría de la ponderación". Así lo han interpretado en materia de derecho supranacional los organismos de aplicación interamericanos quienes, tomando como fuente las decisiones de los órganos europeos de derechos humanos, han considerado que el plazo razonable no puede fijarse en abstracto, sino que requiere un examen de las circunstancias particulares del caso.
Sobre tal base, y con invocación de precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana en el caso Suárez Rosero (sent. de 12-XI-1997, con cita de los casos del Tribunal Europeo: TEDH Motta , 19-II-1991 y Ruiz Mateos , 23-VI-1993) ha sostenido que para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso debe tomarse en cuenta la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales, aunque también corresponde reparar en el perjuicio o afectación actual que la alongación del juicio implica para la situación jurídica del individuo, así como la gravedad del suceso atribuido (conf. causas P. 70.200, sent. de 27-VIII-2008; P. 88.303, sent. de 25-III-2009; P. 132.553, sent. de 24-II-2021; P. 135.381, sent. de 15-VI-2022; P. 133.153, sent. de 3-XI-2022; e.o.).
En este supuesto, se advierte que el recurrente se limitó a señalar de modo abstracto el tiempo insumido en este juicio, sin hacer referencia concreta a las particularidades del expediente que justifiquen la concurrencia del conjunto de circunstancias que se impone valorar a los fines de fallar sobre la infracción de la garantía del plazo razonable en la tramitación del proceso, conforme la doctrina que emerge de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal Supremo provincial.
Por otra parte, la referencia a la mora de los órganos jurisdiccionales no puede deducirse del mero transcurso del tiempo, como parece resultar del razonamiento expuesto en el recurso, sin considerar en toda su dimensión la existencia de diversas particularidades que no pueden soslayarse al momento de analizar este aspecto del tópico, tales como las circunstancias que fueron detalladas en los antecedentes.
En cuanto al precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación invocado, cabe señalar que ningún intento ha sido efectuado por la defensa para justificar que la solución allí adoptada pudiera ser trasladable a este caso a pesar de las peculiaridades que los diferencian.
Encuentro oportuno rememorar que esta Corte resolvió que la pretensión de que se extinga la acción penal por violación del plazo razonable de tramitación del proceso es insuficiente si el recurrente apoya su agravio en la afirmación dogmática de que ha sido superado el "plazo razonable" de duración de la causa, sin evidenciar, más allá de sus alegaciones sobre la simplicidad del asunto y la prudente conducta del procesado, tal circunstancia a través de un análisis concreto de sus constancias objetivas (causas P. 117.968, sent. de 11-III-2015; P. 133.153, cit.; e.o.).
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó la necesidad de hacer un análisis de razonabilidad evaluando la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia (CIDH caso Valle Jaramillo , sent. de 27-XI-2008) lo que constituye el cuarto elemento que debe tomarse en cuenta para valorar globalmente la razonabilidad cronológica (CIDH caso Kawas , sent. de 3-IV-2009, párrs. 112 y 115).
Este último elemento, en particular, ha sido ignorado de modo absoluto por la defensa y ello se erige en un impedimento serio para la declaración de la extinción de la acción penal por vulneración del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas (art. 495, CPP).
En efecto, la entidad del delito es una variable relevante que no puede dejar de ser tomada en cuenta a los fines de resolver la insubsistencia de la acción por transgresión de dicha garantía, conforme resulta de diversos pronunciamientos de la Corte federal en los cuales -con el mismo objetivo que ahora nos ocupa- examinó los montos de las escalas penales respectivas y/o el pedido de pena efectuado por la fiscalía (cons. 5° del caso "Acerbo, Néstor Horacio s/ contrabando causa n° 51.221", al compartir el dictamen de la Procuración, sent. de 21-VIII-2007 y cons. 21° del voto de la minoría conformada por los señores jueces Petracchi y Boggiano en el caso "Kipperband", Fallos: 322:360; conf. causas P. 131.933, sent. de 29-X-2020; P. 131.186, sent. de 2-IX-2020; e.o.).
III.2. Tampoco progresa el embate emparentado con la arbitrariedad por falta de fundamentación.
Sin perjuicio de otras consideraciones que cabría formular, lo cierto es que la parte se limitó a cuestionar el valor asignado por el Tribunal de Alzada al testimonio de las víctimas, pero de modo totalmente genérico y sin anclaje en las constancias de la causa (art. 495, cit.).
En efecto, refirió la Cámara que "[l]o trascendental de los testimonios producidos por las víctimas, es que ambas colocan, con minutos de diferencia, a los dos incusos dentro de la misma habitación, con otras personas, donde fueron abusadas sexualmente mediante tocamientos, en distintas partes íntimas de sus cuerpos". Agregó que en el hecho que damnificara a J. C. la versión dada por F. B. corroboró que el sujeto que la sostenía era J. B. mientras A. H. se hallaba sobre la menor.
Ese tribunal destacó, a su vez, que las circunstancias del suceso como las posteriores al ataque que se tuvieron por establecidas en el fallo, siguiendo el relato de las víctimas, resultaron consonantes con las declaraciones de F. A. N., B. F. M., M. R. y T. P., entre otros testimonios que fueron invocados, con lo que evidenció claramente no haberse valido solo de los relatos de las jóvenes damnificadas para fundar la condena de los acusados.
Frente a ello la parte nada dijo, desarrollando su planteo mediante una técnica que resulta infructuosa para revertir lo fallado.
Es decir, el impugnante no reparó en los fundamentos expuestos en la sentencia en crisis, limitándose a la exposición de un criterio discrepante con el que no logra demostrar la descalificación que pretende (art. 495, cit.).
Al respecto, dable es reiterar que "El objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234). Y más allá de su discrepancia con el pronunciamiento dictado, la parte no consiguió poner en evidencia vicios de tal magnitud.
Por lo demás, se desentendió por completo del contexto de violencia de género en el cual los juzgadores enmarcaron especialmente al hecho, así como de las pautas de amplitud probatoria que corresponde aplicar en estos supuestos.
Conviene recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que "...'las agresiones sexuales se caracterizan, en general, por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de estas formas de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho...' ('Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú', sentencia del 20 de noviembre de 2014, parágrafo 150; en el mismo sentido, 'Caso Fernández Ortega y otros vs. México', sentencia del 30 de agosto de 2010, parágrafos 100 y 104; 'Caso Rosendo Cantú y otra vs. México', sentencia del 31 de agosto de 2010, parágrafo 89, y 'Caso J. vs. Perú', sentencia del 27 de noviembre de 2013, parágrafos 323 y 324)" (citados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por remisión al dictamen del señor Procurador General, en causa "S., J. M. s/ abuso sexual -art. 119, 3° párrafo-", sent. de 4-VI-2020; conf. causas P. 132.751, sent. de 14-XII-2020; P. 134.832, sent. de 14-IV-2023; e.o.).
En razón de lo expuesto, voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El defensor particular de P. L. B. alegó que su defendido viene siendo perseguido penalmente desde el día 14 de octubre de 2013, sin que hasta el momento se haya obtenido una sentencia definitiva. Señaló que dicha situación "...espeja una innecesaria prolongación del estado de incertidumbre del imputado acerca de los resultados del proceso, a la vez que una afectación a la propia dignidad...".
Destacó que su asistido fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, por un delito cuya investigación no llevó mayor complejidad, resultando sumamente excesivo el proceso al que se encuentra sometido con la consecuente vulneración del debido proceso al haberse violado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
En sostén de su reclamo invocó los arts. 7 inc. 5 y 8 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 24 inc. 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos; XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 14 inc. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Aludió a los parámetros que deben ser tomados en cuenta para evaluar la razonabilidad de la duración del proceso, poniendo de relieve que ninguna complejidad ha generado la investigación del accionar endilgado a los imputados y que la defensa no obstaculizó el proceso ni interpuso medidas tendientes a dilatarlo.
Sostuvo que el "núcleo" del problema se encontraría en la conducta de las autoridades judiciales "...pues recién a dos años de iniciada la investigación se produjo la primera resolución", la que fue impugnada ante la Cámara de Apelación del Departamento Judicial de Lomas de Zamora cuya sentencia fue declarada inválida por esta Suprema Corte por resolución del día 28 de abril de 2016. Agregó que cinco años después la Sala III de la misma Cámara volvió a emitir pronunciamiento condenatorio.
Reflexionó sobre la eventualidad de que la condena sea confirmada y, ante ese supuesto, estimó que la pena ya no tendría razón de ser pues les llegaría a siete años del hecho, cuando "...los jóvenes han cambiado de vida, de costumbres, no se les conocen hechos ilícitos nuevos ni nada que los haga merecedores de reproche alguno". A su vez, expresó que el conflicto ya ha encontrado solución por otros carriles mediante documentación que acredita que las víctimas han sido "...plenamente satisfechas mediante una reparación patrimonial".
Finalmente se refirió a la arbitrariedad de lo resuelto por fundamentación aparente, y afirmó que la condena basada solo en los dichos de las supuestas víctimas no cumple con la manda del art. 210 del Código Procesal Penal.
II. El señor Procurador General también aconsejó el rechazo del recurso en examen, luego de haber procedido a un análisis conjunto -ante la similitud de los agravios- con la impugnación deducida en favor del coprocesado H., tratada en la cuestión precedente.
III. En atención a ello, y dado que los embates aquí formulados resultan sustancialmente análogos a los analizados en la cuestión anterior, corresponde que me remita a los fundamentos allí desarrollados para desestimar de igual manera este recurso, los que en honor a la brevedad doy por reproducidos para ser tenidos como parte integrante de la presente.
Por lo expuesto, voto también por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos por los defensores de A. N. H. y P. L. B., con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes a los doctores Rubén Oscar Piccolomini y Guillermo Hugo Rojo por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/04/2024 14:39:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/04/2024 15:04:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/04/2024 09:57:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2024 10:12:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2024 10:40:36 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/04/2024 07:49:31 hs. bajo el número RS-55-2024 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia