Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136637
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Raúl Alejandro Barboza, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.637, "Barboza, Raúl Alejandro. Queja en causa n° 63.976 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza, el 19 de diciembre del año 2013, condenó a Raúl Alejandro Barboza a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y el pago de las costas del proceso, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio simple.
Tanto la Fiscalía como la defensa oficial del imputado, impugnaron la decisión ante el Tribunal de Casación. La Sala VI (integrada por los doctores Piombo y Maidana), con fecha 30 de diciembre del año 2014, rechazó el recurso del Ministerio Público Fiscal y acogió el de la defensa, casando parcialmente la sentencia al nivel de la determinación de la pena, readecuándola en catorce años de prisión.
El Ministerio Público Fiscal y los particulares damnificados interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley.
Esta Suprema Corte, el 27 de diciembre del año 2017 hizo lugar al reclamo de la Fiscalía, revocó la decisión y reenvió al Tribunal de Casación para que dictase un nuevo pronunciamiento.
El 18 de septiembre del año 2018, la Sala VI (integrada por los doctores Natiello y Kohan) analizó el reclamo del Ministerio Público Fiscal y recalificó el hecho objeto de condena como homicidio agravado por alevosía (art. 80 inc. 2, Cód. Penal), imponiéndole a Barboza la pena de prisión perpetua.
La defensa oficial interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue denegado, por lo que acudió mediante queja ante esta Corte. Así, con fecha 20 de julio del 2020, este Tribunal resolvió hacer lugar a la queja y, ante el encuadre legal más gravoso dispuesto en la instancia casatoria, ordenó la adecuación del trámite impugnativo ante esa sede a los fines de salvaguardar el derecho al recurso.
La Sala I (integrada por los doctores Carral y Borinksy), en virtud del reenvío dispuesto por esta Corte llevó a cabo la revisión horizontal de la sentencia, y el día 7 de diciembre de 2021 rechazó el recurso de la especialidad deducido por la defensa de Raúl Alejandro Barboza contra el pronunciamiento de la Sala VI del mismo órgano que había casado la decisión de primera instancia y recalificado el hecho imputado a Barboza como homicidio agravado por alevosía, condenándolo a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas.
Contra esa decisión se alzó el señor defensor oficial adjunto ante la instancia intermedia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa de Barboza planteó la errónea aplicación del art. 80 inc. 2 del Código Penal y la arbitrariedad de lo resuelto en cuanto a la calificación legal.
Explicó que su agravio radica en que el Tribunal de Casación Penal confirmó la existencia del elemento subjetivo del tipo, alejándose de las constancias de la causa.
Alegó que resulta indiscutible que la víctima era menor de edad y que Barboza al momento del hecho se encontraba solo con él, lo que no encuentra basamento en las constancias de la causa es que haya hecho alguna maniobra para lograr estar solo con el niño. Agregó que nada hace pensar que haya tomado la decisión de atacar al niño con anterioridad a la partida de Micaela Nadina García, ni que se hubiera ofrecido a quedarse con él, sino todo lo contrario.
Sostuvo que, con las probanzas colectadas en autos, no era posible condenarlo como autor de homicidio alevoso pues, si bien la víctima era un menor de dos años, ello no permite por sí solo acreditar la agravante. De lo contrario, afirmó, caeríamos en el error de calificar como alevoso el homicidio de todo menor de edad.
Adujo que la única posibilidad para que aquella pueda aplicarse, sería que la condición fuera aprovechada por el imputado para actuar sin riesgo, y consideró que no se observaban elementos que permitieran tener por acreditado el aprovechamiento mencionado.
Expresó que la alevosía no solo debe coincidir con la premeditación, como ocurre en el aprovechamiento de una situación encontrada por el autor, aunque sí es necesaria una preordenación, en el sentido de que el sujeto debe obrar con la finalidad especial de actuar sin riesgo, lo que no ocurrió en el caso.
Destacó que en estos casos el dolo no abarca al conocimiento del estado de indefensión de la víctima como elemento del tipo objetivo, sino que exige que el sujeto activo se aproveche de tal circunstancia, por lo que requirió, en definitiva, la exclusión de la calificante.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el remedio extraordinario articulado.
III. Concuerdo con esa postura.
III.1. Los antecedentes y pasos procesales ya han quedado reseñados.
III.2. El Tribunal de Alzada recordó en su pronunciamiento que llegaba incontrovertida la materialidad ilícita, que quedó establecida del siguiente modo: "...el 8 de junio del año 2012, siendo aproximadamente las 13:00 horas, en una habitación de la pensión sita en la calle José Alico nro. 1631 de la localidad bonaerense de Aldo Bonzi, partido de La Matanza, un sujeto de sexo masculino aplicó sendos golpes al menor Tobías García, de un año y ocho meses de edad, el cual se encontraba momentáneamente a su cuidado, los cuales le provocaron traumatismo craneocefálico con presencia de hematoma subdural sobre el hemisferio cerebral izquierdo y presencia de escasa cantidad de sangre y traumatismo abdominal con infiltrado hemorrágico, que finalmente ocasionaron su óbito" .
Afirmó que la esencia de la agravante se integra, de un lado, por el aseguramiento del resultado y, del otro, por la ausencia de reacción de la víctima con la eliminación del riesgo que pueda afectar al agresor. Consideró que las circunstancias referidas a la escasa edad del niño, dado que llevaría implícita la incapacidad para defenderse, no constituyen un punto gravitante para conmover lo fallado.
En ese derrotero, expuso que no existía una razón para hacer diferencias entre una persona dormida o algún individuo que integre alguno de los conjuntos de personas que el recurrente pretendía excluidos -ancianos, niños, desvalidos-. Sostuvo que el argumento era el mismo para todos los casos: debía ponderarse si la posición del sujeto activo adolece de riesgo y la víctima carece de posibilidades de defensa.
Sostuvo que la distinción formulada por la defensa proviene de una incorrecta recepción de argumentos desarrollados a la luz del derecho penal español, por lo que la agravante prevista por el inc. 2 del art. 80 del Código Penal resulta aplicable al caso.
A ello agregó que, a tenor del reenvío ordenado por esta Corte para el abordaje de los planteos del Ministerio Público sobre la agravante, el actuar venciendo las posibilidades defensivas y sobre seguro también impone evaluar la oposición a la conducta ofensiva que pudieran haber prestado terceros.
En este sentido, puso de relieve que las pruebas de autos dieron cuenta que Barboza se encontró en una situación en la que ninguna posibilidad existió de intervención defensiva, ni siquiera de terceras personas, ya que su concubina había dejado al niño solo con él en el cuarto. Por ello, concluyó que el accionar de Barboza contuvo un dolo que se proyectó, "...no sólo sobre las circunstancias propias del evento referidas a la incapacidad defensiva de un niño -que hasta donde fuera referido, se encontraba reposando dormido en una cama-, sino también sobre su tendencia a asegurar la ejecución y su orientación a impedir la defensa de cualquier tipo -propia de la víctima y terceros-, eliminando así conscientemente el posible riesgo que pudiera suponer para su persona una eventual reacción defensiva. Todo lo cual permite apreciar un mayor grado de antijuridicidad, derivado de la propia conducta juzgada y las condiciones de ocurrencia del luctuoso episodio" .
III.3. En el caso, contrariamente a lo denunciado por el impugnante, el hecho descripto y las pruebas obrantes en la causa dan cuenta de los elementos del tipo objetivo y subjetivo que requiere la figura del homicidio con alevosía previsto por el art. 80 inc. 2 del Código Penal y la doctrina de esta Corte, que considera que hay alevosía cuando la falta de peligro para el autor y la indefensión de la víctima -causadas o no por el sujeto activo- hubieran sido condición subjetiva del ataque (doctr. causas P. 33.240, sent. de 6-IX-1988, "Acuerdos y Sentencias", 1988-III, p. 295; P. 36.645, sent. de 20-II-1987; P. 39.327, sent. de 12-IV-1994; entre muchas. Criterio seguido también en causas P. 104.754, sent. de 2-III-2011 y P. 134.772, sent. de 6-V-2022).
Por lo demás, la defensa reedita los planteos llevados ante las instancias previas desconformándose con las razones que concluyeron en sentido adverso a su pretensión, pero sus desarrollos se muestran más como una opinión discrepante que como una crítica razonada y concreta que demuestre aquello que intentó denunciar (art. 495, CPP).
Los agravios traídos, bajo la denuncia de errónea aplicación de la norma de fondo y del supuesto excepcional de la arbitrariedad, están dirigidos a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta- a efectos de lograr un cambio en la calificación legal y, por ello, escapan al acotado ámbito de la competencia de esta Corte (art. 494, CPP).
Para revisar la prueba de los hechos y su valoración por la vía de la arbitrariedad, es preciso demostrar que las conclusiones que se impugnan son el producto de un error grave, grosero y manifiesto, que deriva en afirmaciones contradictorias o inconciliables con las constancias objetivas de la causa, que conducen irremediablemente a la descalificación de la sentencia como acto jurisdiccional válido (CSJN Fallos: 337:1252; 321:507; 308:248 y 306:1115, a contrario sensu ).
En el remedio bajo estudio, la defensa no ha rebatido las concretas respuestas brindadas por la Casación para tener por configurada la calificante.
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Raúl Alejandro Barboza, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/12/2023 12:50:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/12/2023 07:48:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2023 10:16:13 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2023 12:35:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2023 12:47:02 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 12/12/2023 13:18:45 hs. bajo el número RS-171-2023 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia