Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134358
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.358, "A., S. L. s/ Queja en causa n° 64.130 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan .
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 3 de septiembre de 2014, hizo lugar -parcialmente- al recurso interpuesto por los representantes del Ministerio Público Fiscal contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Morón que dictó veredicto absolutorio respecto de S. L. A. P. en orden a los hechos por los cuales fuera llevado a juicio calificados como abuso sexual con acceso carnal agravado a su vez por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años aprovechando la convivencia preexistente en concurso real con corrupción de menores agravada. En consecuencia, casó el veredicto dictado por el órgano de mérito, condenó al nombrado A. P. por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal en los términos del art. 119, tercer párrafo del Código Penal, y dispuso el reenvío de las actuaciones a la instancia de origen a fin de que se fije pena (v. fs. 158/171 vta.).
Contra lo así decidido, la defensa oficial ante el Tribunal de Casación Penal, con motivo de la falta de definitividad del decisorio, formuló reserva de recurrir ante esta Corte hasta tanto el tribunal primigenio determine la pena a imponer a quien asiste (v. fs. 194).
El día 29 de octubre de 2014, el Tribunal en lo Criminal n° 2 precitado -con una nueva integración- impuso al nombrado A. P. la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas, en virtud del ilícito en reproche (v. fs. 204/211 vta.).
Frente a lo así resuelto, en lo que aquí importa, el señor defensor oficial adjunto -doctor José María Hernández- articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 257/277 vta.).
Esta Suprema Corte, en el marco de la causa P. 127.491-RC, el día 11 de abril de 2018, rechazó la impugnación por aplicación del art. 31 bis de la ley 5.827. De un lado, descartó la denuncia de vulneración de los principios que rigen el juicio y al ne bis in idem , por su insuficiencia, al no controvertir la decisión adoptada por la sede intermedia y, del otro, en torno al agravio relativo al derecho a la doble instancia, aplicó el mecanismo revisor sentado in re "Carrascosa" (causa P. 108.199, resol. de 24-VI-2015), y remitió la causa a la Presidencia del Tribunal de Casación Penal para que desinsacule los jueces hábiles integrantes de la nueva Sala que, de acuerdo a los lineamientos trazados en dicha resolución, efectúen la revisión integral de la sentencia de condena dictada por la Sala I del mismo órgano que había adquirido completitud con la pena fijada por el citado tribunal de juicio (v. fs. 313/317).
En virtud del reenvío ordenado por este Tribunal, el aludido defensor oficial contestó la vista conferida (v. fs. 334/357 vta.).
El día 17 de octubre de 2019, la Sala III del Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso de casación interpuesto en favor de S. L. A. P., con costas (v. fs. 362/370 vta.).
Lo así decidido motivó la deducción de un nuevo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 378/431), el que fue declarado inadmisible por el Tribunal de Alzada (v. fs. 432/435 vta.). Presentada la queja pertinente (v. fs. 443/474 vta.), esta Suprema Corte le hizo lugar y concedió el recurso extraordinario en orden a las cuestiones federales planteadas (v. fs. 478/483 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 522/533), dictada la providencia de autos (v. fs. 535) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. En primer lugar, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal denuncia la violación del derecho a la revisión de la sentencia condenatoria por un tribunal orgánicamente superior y la renuncia a los controles de constitucionalidad y convencionalidad, así como la arbitrariedad de la negativa a tratar el agravio en infracción de los derechos de defensa en juicio y debido proceso (v. fs. 410 vta.).
Expresa que dicho planteo no pudo deducirse con anterioridad a la vista otorgada a la defensa luego del reenvío de esta Corte debido a que se trataba de una "sentencia compleja" integrada por dos decisiones sucesivas, de las cuales las dos primeras no podían ser impugnadas con fundamento en el agravio que aquí se expresa, y que "...la primera oportunidad de plantear esa cuestión federal [...], fue, precisamente, el memorial presentado en la nueva radicación de la causa en sede casatoria que ese reenvío había originado"; de modo tal que la afirmación utilizada para rechazar el agravio -a su entender- es prescindente de las concretas circunstancias procesales del caso (v. fs. 413 vta. y 414).
Trae a colación lo decidido por la Corte nacional en los fallos "Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina c. Laboratorios Alex, S.A." y "Descole" (v. fs. 414 y vta.).
Afirma que, si bien el agravio aparece incompatible con lo resuelto por esta Suprema Corte, no ha implicado proponer un alzamiento contra lo allí decidido, sino una vía para canalizar respecto de lo fallado por este Tribunal: "...la introducción de nuevos y fundados argumentos" que ameriten apartarse de esa solución (v. fs. 418).
Refiere que el hecho de que el tribunal intermedio se haya negado a analizar el planteo llevado con base en la interpretación que los órganos de aplicación hicieran de los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, merced a su contrariedad con lo actuado por esta Suprema Corte acerca de esas cláusulas en el auto de reenvío (v.gr., aplicando su doctrina "Carrascosa"), ha implicado una lisa y llana renuncia a efectuar el control de convencionalidad al que está obligado (conf. arts. 2, CADH y 26 y 27, Convención de Viena; v. fs. 420 y vta.).
Asimismo, critica que su reclamo fue denegado bajo el pretexto de que esa parte no ha cuestionado "la imparcialidad del Tribunal" ni acreditado, en consecuencia, "perjuicio concreto alguno".
Sobre el punto, argumenta que dicho "plus" de exigencia del tribunal para tratar el agravio supone una ofensa a la defensa en juicio y el debido proceso y con ella a la división de poderes, y resulta creadora de un exceso ritual manifiesto. En aval de su postura, invoca el precedente "Colalillo" del Máximo Tribunal federal (v. fs. 421/422).
Por otra parte, explica que los argumentos dados por el órgano casatorio para sostener que la competencia positiva asumida por la Sala I de ese órgano se encontraba habilitada por el art. 460 del Código Procesal Penal responde a una afirmación meramente dogmática y carente de apoyo normativo. De igual modo, estima vulnerados los derechos de defensa en juicio, debido proceso y doble instancia (v. fs. 422 vta. y 423). A modo de resumen sostiene que "...la sentencia casatoria ha dejado sin respuesta el agravio referido a que la primera sentencia de este mismo órgano aplicó erróneamente el art. 460 del CPP e inobservó su art. 461, como mecanismo frustratorio del derecho a que la condena que eventualmente recaiga en un proceso sea revisada por uno orgánicamente superior [...] incurriendo en una serie de arbitrariedades que infringen los derechos de defensa en juicio y debido proceso [...] asumiendo funciones legislativas..." (conf. arts. 1.1 y 2, CADH; 26 y 27, Convención de Viena; 5, 31, 116 y 123, Const. nac.; todos en función de los arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 423 vta.), y solicita finalmente que se anule la sentencia cuestionada (v. fs. 424 vta.).
I.2. En segundo término, el recurrente denuncia el quebrantamiento de la congruencia, tilda a la sentencia impugnada de autocontradictoria en sus fundamentos, por cuanto reconoce el alcance del principio y luego prescinde de él para la solución del caso mediante la alteración de los presupuestos penales y procesales sobre los que asienta su operatividad (v. fs. 424 vta. y 425).
Con apoyo en los argumentos dados por el tribunal revisor para descartar similar planteo al ahora traído, recuerda que lo que el órgano de juicio consideró no probado fue el modo comisivo imputado por la Fiscalía, consistente en proferir amenazas para vencer la voluntad de la víctima, cuando -sostiene- ese proceder fue posterior al acceso carnal (v. fs. 425).
En lo medular, alega que el órgano revisor "...rechazó el agravio relativo a la ausencia de identidad entre el hecho objeto de la condena y aquél que había sido objeto de imputación, en base a un análisis según el cual el concepto de 'amenaza' es igual al de 'uso de fuerza', y fundiendo ambos conceptos en un tercero más lato que llama 'contexto intimidatorio'" (fs. 427 vta.). En ese discurrir, señala que se ha prescindido del sentido y alcance del principio de congruencia, en el que el hecho imputado tiene que ser igual al de la condena, pues nadie puede defenderse de aquello de lo que no se le acusa (v. fs. cit.).
Considera que, en el caso, bastaba con que la defensa probara que no se había ejecutado ninguna amenaza para vencer la voluntad de la víctima, y que esto era relevante para la defensa porque, si la imputación hubiera consistido en el uso de fuerza, la defensa hubiera debido ser otra (v. fs. 428).
Concluye así que no basta con la anulación y el reenvío de los autos al Tribunal de Casación para que juzgue el caso por tercera vez, sino que se impone la restitución de la absolución que había dictado el órgano de juicio (v. fs. 429).
En aval de su postura invoca el precedente "Sircovich" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 429 vta./430 vta.).
II. Coincido con el señor Procurador General, el recurso no prospera (v. fs. 522/533).
III.1. Los agravios vinculados con la violación del derecho a la revisión de la sentencia condenatoria por un tribunal orgánicamente superior, no son de recibo.
III.1.a. Preliminarmente cabe referir que la denuncia de la mano de la errónea aplicación del art. 460 e inobservancia del art. 461, ambos del Código Procesal Penal, con el sentido ahora esgrimido -que la Casación debió reenviar y no asumir competencia positiva a efectos de no frustrar el derecho a la revisión de la eventual condena por un tribunal orgánicamente superior- no fue postulada al recurrir ante esta Corte en la causa P. 127.491. En efecto, la línea argumental de aquel reclamo giró -esencialmente- en torno a que, para el caso de acogerse un recurso fiscal dirigido a cuestionar la valoración probatoria hecha en una sentencia total o parcialmente absolutoria, por razones atinentes al método de conocimiento para la verificación -o negación- de la verdad de la imputación, resultaría obligatorio el reenvío para un nuevo juicio de mérito (v. fs. 266 vta./273 vta.).
La interpretación que ahora postula sobre "tribunal superior" en relación con el derecho al recurso, a la luz del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mohamed vs. Argentina (sent. de 23-XI-2012, caso n° 11.618), ya había sido dictada en ocasión de articular el primer recurso de inaplicabilidad de ley contra la primera sentencia de condena -deducido el día 9 de diciembre de 2015- sin ninguna consideración sobre el punto.
Allí aparece nítida la primera oportunidad en que debió reclamarse con los contornos que tardíamente propone.
III.1.b. Por lo demás, el Tribunal de Casación, al rechazar, mediante el pronunciamiento dictado el día 17 de octubre de 2019, por improcedente el recurso destinado a la revisión de la sentencia de condena impuesta a S. L. A. P., sostuvo -en lo que aquí resulta de interés- que en razón de lo dispuesto por esta Suprema Corte y del agravio planteado por la defensa "...la competencia positiva asumida por la Sala I de este Tribunal de Casación para dictar veredicto condenatorio se encuentra habilitada por el artículo 460 del Código Procesal Penal, que en el caso resultó de aplicación toda vez que los señores jueces integrantes de aquélla así lo entendieron", y que si la defensa lo estimaba erróneamente aplicado e inobservado el art. 461 del mismo cuerpo adjetivo, "...así debió plantearlo ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires mediante la interposición de las vías habilitadas para hacerlo, pues sabía que el Supremo Tribunal de la Provincia reenviaría a este Cuerpo las actuaciones para una revisión integral de la primer sentencia de condena impuesta, como así lo hizo, por aplicación de la doctrina 'Carrascosa', y con ello, el agravio resulta tardío, a la par que tampoco se cuestiona la imparcialidad del Tribunal, ni se acredita en consecuencia, un perjuicio concreto" (fs. 366).
Concluyó que, al amparo de la imparcialidad, en razón de la intervención de nuevos jueces hábiles para la revisión integral del primer pronunciamiento condenatorio, no pudiendo la Casación desoír "...una manda legítima de su superior", el agravio de la defensa no podía progresar (v. fs. 366 y vta.).
III.1.c. Frente a ello, en concordancia con lo dictaminado por la Procuración General (v. fs. 529 vta./530 vta.), se advierte que ante la decisión de esta Suprema Corte del día 11 de abril de 2018, que -con sustento en la aplicación del precedente P. 108.199, resolución de 24-VI-2015- dispuso la remisión de la causa a Casación a efectos de proceder a través de jueces hábiles a la "revisión horizontal" de la sentencia impugnada, la defensa de S. L. A. P. no interpuso recurso extraordinario federal a efectos de intentar enmendar los supuestos agravios de esa índole a los que refiere (art. 14, ley 48). En su lugar, presentó un escrito en el cual solicitó que se le corriera vista una vez que la causa se radicara en la Presidencia del Tribunal Casatorio (v. fs. 327 y vta.), lo que ocurrió a fs. 334/357 vta. De tal modo, consintió la decisión de esta Suprema Corte dictada en su oportunidad, sin cuestionar lo allí resuelto, por lo que su postulación resulta fruto de una reflexión tardía (doctr. art. 451, CPP).
Si bien la parte arguye sobre la ausencia de definitividad de tal pronunciamiento (v. fs. 413 vta. y 414), lo cierto es que -en la lógica de su reclamo- esa constituía la oportunidad adecuada frente a una decisión final emitida por quien reputa un tribunal inhábil, no ya en relación con la actuación de un magistrado en una causa determinada, sino en cuanto pone en tela de juicio el diseño de revisión horizontal a efectos de que el tribunal estatuido legalmente al efecto proceda a ese cometido también cuando la decisión -como primera sentencia de condena- que deba fiscalizar emane de un par. Por ello, se devela ineficaz a los fines de cuestionar la respuesta del Tribunal intermedio, quien desestimó los planteos por haberlos interpuesto de manera extemporánea (art. 495, CPP).
Por otra parte, en cuanto a la crítica sobre lo decidido en orden a que no observó afectada la imparcialidad del Tribunal, ni se ha acreditado un perjuicio concreto que merezca especial atención, cabe señalar que de allí no surge la imposición -expresa o tácita- de un "plus" de exigencia del tribunal para habilitar el tratamiento de la pretensión, tal como lo afirma el recurrente. De igual modo, la decisión se encuentra fundada y no carece de apoyo normativo, por lo que -nuevamente- media insuficiencia (art. 495, CPP).
En suma, estimo que las críticas de la defensa se asientan únicamente en un criterio discrepante con las razones esgrimidas por el a quo para resolver del modo en que lo hizo, técnica que resulta insuficiente para demostrar las infracciones constitucionales y convencionales alegadas en la impugnación en análisis (art. cit.).
Conforme se ha expresado en diversas oportunidades, no basta la mera disconformidad del apelante con el pronunciamiento, en tanto la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que atiende solo a supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, las sentencias queden descalificadas como acto jurisdiccional (CSJN Fallos: 250:348). Ningún extremo se advierte en tal sentido en el fallo aquí recurrido (conf. causas P. 126.850, sent. de 19-IV-2017; P. 126.351, sent. de 28-VI-2017; e.o.).
III.2. La denuncia de la afectación del principio de congruencia, vinculado con la violación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso, tampoco puede prosperar (art. 495, CPP).
III.2.a. En principio cabe señalar que lo atinente a la afectación del principio de congruencia constituye una cuestión procesal que -según la regla general- resulta ajena a la competencia extraordinaria de este Tribunal, a tenor de la doctrina del art. 494 del Código Procesal Penal.
Solo en razón de que el punto involucraría una cuestión federal, y a fin de que esta instancia pueda constituir un tránsito adecuado para la posible articulación del remedio extraordinario previsto en los arts. 14 y 15 de la ley 48 (doctr. CSJN Fallos: 308:490 "Strada" y 311:2478 "Di Mascio") corresponde ingresar a su análisis.
III.2.b. En lo que aquí importa, el a quo comenzó por recordar que el órgano de origen, tuvo por acreditado el abuso sexual con acceso carnal que padeció la joven por parte de A. P., pero no así las amenazas como medio comisivo y que, a su turno, la Sala I advirtió que, aunque el pronunciamiento partía de una correcta premisa en cuanto a respetar los límites de la acusación a fin de no afectar el principio de congruencia, evidenciaba un intransigente temperamento (v. fs. 366 vta. y 367).
Luego sostuvo que lo fundamental para verificar si en el caso se vulneró el derecho de defensa en juicio y el principio de congruencia, es constatar si el imputado tuvo la oportunidad eficaz de refutar y contradecir la plataforma fáctica intimada por la acusación, concluyendo positivamente en ese punto (v. fs. 367).
Así, efectuó un repaso de la materialidad ilícita a partir del testimonio de la víctima, R. G. C. quien "...bajo el sistema de la Cámara Gesell señaló que en oportunidad de encontrarse al cuidado de sus sobrinos, el imputado antes de irse a trabajar la invitó a tomar mate e inesperadamente la alzó, besó y llevó hasta la habitación, se quitó la parte inferior de la ropa, mientras la tocaba. Cuando se levantó y la agarró, le sacó el pantalón de jean a la par que la tocaba. Que en la habitación había una cama, la puso en la punta y ella se quedó dura, ya le había sacado parte de su ropa, se le puso todo en blanco y no supo qué hacer" (fs. 367).
Adunó a ello el informe pericial del cual surge que la nombrada sufrió penetración que le ocasionó un desgarro en hora 6, lo declarado por la licenciada, María Soledad Cárdenas y Homene, como así también el testimonio de la hermana de la víctima, M. L. C., quien declaró que "...su hermana le contó que A. P. le besó el cuerpo y la tiró en la cama, le sacó la ropa y la penetró con el pene. Que se lo contó el día domingo siguiente [...] cuando terminó, estaba shockeada por la situación, A. le dijo que se bañara, lavara la ropa interior y no contara nada porque le iba a hacer lo mismo a sus sobrinas, hijas de su hermana G....", y en idéntico sentido el informe médico de Karina Andrea Radaglia (v. fs. 367/368).
Sentado ello, sostuvo que la plataforma fáctica descripta por la Fiscalía encuentra sustento en la prueba rendida (v. fs. 368). Continuó señalando que de acuerdo a la declaración de la víctima "...el imputado utilizó y se valió de un contexto de intimidación, signado por el sorpresivo e
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