Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131711
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.711, "Romero, Juan Manuel y Rodríguez, Yesica Vanesa s/queja en causa nº 67.192 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el 8 de octubre de 2015, rechazó el recurso de la especialidad interpuesto por la señora defensora oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes que -con integración unipersonal- condenó a Juan Manuel Romero y Yesica Vanesa Rodríguez a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas, para cada uno de los nombrados, por resultar coautores del delito de robo agravado por el empleo de arma (v. fs. 70/77 vta.).
El señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de ambos imputados (v. fs. 79/85), el que declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 111/116 vta.) motivó la deducción del recurso de queja (v. fs. 219/227). Esta Suprema Corte se pronunció a favor de su admisión y, en consecuencia, concedió el medio extraordinario de revisión (v. fs. 232/234 vta.).
El señor Procurador General dictaminó aconsejando que el recurso sea rechazado (v. fs. 243/245); dictada la providencia de autos (v. fs. 246); presentada la memoria prevista en el art. 487 del Código Procesal Penal, en la cual la parte reiteró los fundamentos del recurso extraordinario (v. fs. 279/282 vta.); y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Contra la sentencia de la que dan cuenta los antecedentes, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que invocó -como único agravio- la violación al plazo razonable de duración del proceso (v. fs. 79/85).
Adujo que el órgano revisor al considerar que dicho reclamo no había sido sometido a la decisión del tribunal de primera instancia, pasó por alto que ello no obedeció a una omisión de la defensa, sino a la espera por parte de sus asistidos del dictado de una sentencia absolutoria (v. fs. 81).
Acompañó sus desarrollos con la cita de los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, y de diversos fallos de la Corte Suprema de la Nación -"Bramajo", "Giroldi", "Mattei", "Mozzatti" y "Losicer", entre otros-, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -"Suárez Rosero" y "Genie Lacayo"- y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -"Motta", "Ruiz Mateos", "Terranova vs. Italia" y "Phocas vs. Francia"- (v. fs. 81/83).
Con relación al caso, argumentó que sus asistidos fueron condenados diez años después del inicio de la causa a la pena de cinco años de prisión, y que de tal forma se había "...frustrado el ejercicio en tiempo útil del derecho al debido proceso y defensa en juicio (art. 33 Const. nac.)" (fs. 83).
Explicó que para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso deben tomarse en cuenta tres elementos: a) la dificultad y complejidad del caso; b) la conducta del reclamante durante el mismo y c) la conducta de los órganos estatales (v. fs. 83 vta.).
Con relación al primero de ellos, dijo que "...de las constancias de la causa surge que no ha mediado en la investigación dificultad alguna, habida cuenta [...] que habiendo transcurrido menos de tres meses desde la fecha del hecho investigado, la misma fue elevada a juicio (v. fs. 39 vta.)" (fs. cit.).
En cuanto al segundo, alegó que debía descartarse toda actividad obstructiva de parte de los imputados y su defensa, siendo que no había mediado ninguna actividad dilatoria de esa parte que sea relevante en el lapso transcurrido desde el inicio del proceso. Agregó que sus asistidos "...son dos personas que estuvieron durante todo el proceso a derecho, que durante los diez años que duró el mismo mantuvieron una conducta intachable, y que aguardaron pacíficamente el dictado de una sentencia por la cual pretendían se los absuelva del hecho investigado" (fs. ibídem).
Respecto del tercero, destacó que "...la mora del Tribunal de instancia en llevar a cabo un juicio que esclarezca la culpabilidad o inocencia de [sus] asistidos resulta inoponible a los imputados" (fs. 84).
Finalmente reiteró que habían transcurrido diez años desde la elevación a juicio de la causa hasta que se dictó sentencia, durante los cuales sus defendidos estuvieron sometidos al proceso esperando el dictado de una sentencia que los declare inocentes y los absuelva por el hecho que fue investigado, y que ello importó un avasallamiento a sus garantías y derechos más fundamentales (v. fs. cit.).
Concluyó que la excesiva duración del proceso ha constituido una innecesaria prolongación del estado de incertidumbre de los imputados acerca del resultado del proceso, a la vez que una afectación a la propia dignidadínsita en el carácter de persona de sus asistidos (conf. CSJN in re "Mozzatti", cit.).
II. El señor Procurador General propició el rechazo del recurso intentado (v. fs. 243/245).
III. En la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal, el señor defensor oficial reiteró la solicitud de que se declare la extinción de la acción penal por haberse agotado el plazo razonable de la duración del proceso y señaló que el tiempo transcurrido en el que sus asistidos estuvieron en libertad, da cuenta de lo contraproducente que sería el cumplimiento de la pena dispuesta, atentando contra el propio fin resocializador de la misma (v. fs. 281). En el mismo sentido, efectuó diversas consideraciones a partir del informe practicado por el auxiliar letrado de dicha defensoría y de las copias simples de los informes ambientales de cada uno los imputados practicados el 13 de julio de 2018 en el marco de la presente causa, los que adjuntó a la memoria (v. fs. 251/282 vta.).
IV. El recurso es procedente.
IV.1. Es doctrina consolidada del Tribunal que el examen de la subsistencia de la acción penal resulta previo a cualquier otro que fuera menester en el marco del recurso extraordinario intentado y que importe expedirse sobre el fondo del asunto.
Aun cuando ese criterio nació al amparo del instituto de prescripción de la acción penal, por cuanto constituye una cuestión de orden público, que opera de pleno derecho y que debe ser declarada de oficio por cualquier juez y en cualquier instancia del proceso (conf., por todos, en el ámbito local, causa P. 83.722, sent. de 23-II-2005; y en relación con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, v. Fallos 322:300), es posible extender su aplicabilidad a aquellos supuestos en los que la superación del plazo razonable de duración del proceso conduzca necesariamente a la misma solución extintiva (conf., e.o., doctr. causas P. 70.200, sent. de 27-VIII-2008; P. 90.308, sent. de 10-VI-2009 y P. 114.572, sent. de 15-V-2013; y en el ámbito nacional, CSJN, Fallos: 329:445; 333:1639; e.o.).
IV.2. El hecho por el cual recibieran condena Juan Manuel Romero y Yesica Vanesa Rodríguez data del 22 de mayo de 2004, fecha en la fueron aprehendidos y se instrumentó la declaración a tenor de lo prescripto en el art. 308 del Código Procesal Penal (v. fs. 1/8).
A fs. 9/12 luce el requerimiento de elevación a juicio del 9 de agosto del mismo año (v. fs. 9/12).
El acta de audiencia de debate se celebró el 7 de julio de 2014 (v. fs. 17/22 vta.), y el día 14 -del mismo mes y año- el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, dictó la sentencia condenatoria respecto de los imputados que fue reseñada en los antecedentes (v. fs. 23/31 vta.).
Cabe recordar que la materialidad fáctica allí acreditada da cuenta que "...el día 22 de mayo de 2004, alrededor de las 05.00, Marcos Emiliano Cespedes y Carlos Maximiliano Orieta caminaban por la Avenida del Sur en dirección a la avenida Calchaquí, en la localidad y partido de Quilmes [...] En tales circunstancias, un sujeto de sexo masculino y una mujer que venían detrás de ellos se abalanzaron sobre Orieta, desapoderándolo ilegítimamente de una gorra de lana y, a Cespedes, de una mochila que contenía en su interior efectos personales y los documentos de identidad de los nombrados, intimidándolos con un caño de hierro pintado de color rojo, de unos 40cm. de largo, con las puntas oxidadas, con el que los amenazaron con golpearlos, a la vez que el agresor de sexo masculino, haciendo un ademán hacia la cintura, les anunció que les iba disparar, ante lo que las víctimas salieron corriendo, quedando los asaltantes en poder de los efectos despojados, adquiriendo la libre disponibilidad de los mismos [...] Instantes después, personal policial, alertado por Cespedes del ilícito que acababa de sufrir, logró aprehender a los dos agresores y secuestrar en poder de ellos la gorra y la mochila despojadas a las víctimas y el caño empleado en la comisión del evento reseñado" (fs. 23 y vta.).
Frente a ello, la señora defensora oficial dedujo recurso de casación en el que denunció, en lo que aquí interesa, la vulneración del plazo razonable de duración del proceso (arts. 8.1, CADH; 14.3.c, PIDCP y XXV, DADDH; v. fs. 39 vta./41 vta.).
La sentencia del tribunal intermedio fue dictada el 8 de octubre de 2015 (v. fs. 179/186 vta.).
En respuesta al reclamo aludido, el tribunal a quo, si bien inicialmente se pronunció por su extemporaneidad (v. fs. 71), a continuación lo trató con apoyo en precedentes de esta Suprema Corte y de la Corte federal, y concluyó que el mismo era insuficiente con fundamento en que "La huera mención del tiempo transcurrido junto a la dogmática afirmación de que resulta irrazonable y ajeno a los imputados, no resulta suficiente para tener por verificada la afectación constitucional denunciada" y que la defensa no había demostrado "...cuál ha sido la afectación provocada por la que considera una excesiva duración del procedimiento en la situación jurídica de sus defendidos quienes, por cierto, y según se desprende de las constancias del presente expediente llegaron al juicio en libertad, lo que termina por sellar la suerte adversa del reclamo" (fs. 74 vta. y 75).
Así es que llegamos al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que abrió la competencia de esta Suprema Corte.
V.1. Ahora bien, desde la ocurrencia del hecho el 22 de mayo de 2004 hasta la actualidad, han transcurrido más de dieciséis años. Es decir que Juan Manuel Romero y Yesica Vanesa Rodríguez llevan ese lapso sometidos a un proceso penal que aún no ha concluido y, por tanto, no han recibido todavía un pronunciamiento judicial firme que haya puesto fin a la situación de incertidumbre que ello importa.
No resulta indiferente destacar que se trató de un solo hecho delictivo constitutivo de un ilícito contra la propiedad, en el que se dispuso imponer a los nombrados el mínimo de la escala penal prevista en la figura que se subsumió el delito imputado (art. 166 inc. 2, Cód. Penal).
Tales circunstancias y antecedentes me obligan a abordar detenidamente la cuestión referida a la duración excesiva del proceso penal, atento al tiempo que llevan sometidos a proceso los imputados por un hecho que no revistió mayor complejidad investigativa.
Me remito en honor a la brevedad a los fundamentos históricos y normativos que sobre el tema vertí oportunamente -entre otros- en la causa P. 94.880 (sent. de 17-III-2010), destacando las reglas consagradas en los arts. 7.5 y 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que aluden al derecho a ser oído y juzgado dentro de un plazo razonable por un tribunal competente similar a la regulación de la Convención Europea de Derechos Humanos, art. 24 inc. 5. En igual sentido el art. XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre al postular el juzgamiento sin dilación injustificada y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 14.3 al contemplar la garantía a ser juzgado sin dilaciones indebidas (inc. "c").
En el orden local el Código Procesal Penal de nuestra provincia no regula plazos específicos de la duración íntegra del proceso -tampoco lo hace el Código Procesal Penal de la Nación, ni la mayoría de los ordenamientos procesales argentinos- no obstante, el art. 2 de nuestro ordenamiento adjetivo prescribe que "Toda persona sometida a proceso tendrá derecho a ser juzgada en un tiempo razonable y sin dilaciones indebidas". La contextualización de tal norma en el marco de las garantías del imputado frente al Estado, así como las regulaciones referidas a plazos parciales e institutos vinculados al proceso, junto a la evolución jurisprudencial sobre dichos temas, pueden arrojar luz sobre la naturaleza y consecuencias de la cuestión traída a estudio.
Como ya lo señalé en esa oportunidad, no todo proceso penal prolongado caerá en la categoría de proceso que ha excedido el plazo razonable de sustanciación, pues en tanto la elongación tribute a la complejidad y dimensión del mismo o bien a cuestiones ajenas a la labor y diligencia de las autoridades judiciales, no calificará como excedido del plazo razonable. Dicha razonabilidad habrá de evaluarse contemplando las circunstancias de su desarrollo en cada caso y será a su vez la pauta rectora para establecer si se verifica tal extremo.
El Estado, al exceder injustificadamente el plazo necesario de sustanciación que normalmente habría exigido el proceso, viola la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, al tiempo que hace lo propio con el derecho fundamental del individuo a obtener su sentencia en un plazo que impida mantenerlo sujeto indefinidamente a la coerción estatal propia del proceso penal. Esa infracción estatal es de naturaleza procesal, por afectar un aspecto propio del proceso penal -referido a las condiciones de legitimidad del proceso- más allá de cierta repercusión inevitable que habrá de recaer en el ejercicio de la acción penal, también verificable en otros institutos procesales que no pierden por ello su naturaleza de tales (v.gr., las excepciones del art. 328, CPP). Se trata de una limitación al carácter indisponible de la acción pública fundada en la necesidad de preservar los derechos fundamentales del individuo (conf. Pastor, Daniel, El Plazo razonable en el proceso del estado de derecho, pág. 541, ed. Ad Hoc., Bs. As., 2002).
Como enseña Jorge A. Clariá Olmedo "...suele ocurrir que el orden jurídico sacrifique el interés de justicia para proteger otros intereses cuya afectación con el proceso puede resultar más gravosa" (Derecho Procesal Penal, Tomo I, parágrafo 139, Rubinzal Culzoni, Bs.As., 2008). Configurada tal infracción el proceso ya no puede seguir desarrollándose legítimamente, por tanto, ya no podrá continuar de ningún modo, por resultar inadmisible su prosecución en franca violación a las reglas del debido proceso (art. 18, Const. nac.); ello sólo se dará cuando se verifiquen los extremos que permitan afirmar categóricamente que el Estado ha violado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, habilitando así el remedio que siempre será excepcional.
Al verificarse la infracción corresponde al órgano jurisdiccional actuar incluso de oficio, a fin de hacer cesar la violación y finalizar antes de llegar a la sentencia firme el proceso, por configurarse un impedimento procesal a su continuidad, pues no sólo la punibilidad, sino el proceso mismo, deben quedar excluidos ante la existencia de impedimentos procesales que tornan inadmisible la persecución y la pena. Tratándose de circunstancias que impiden la admisibilidad del proceso, no pueden ser expresadas por la ley en numerus clausus, sino de modo abierto, con la única condición de poder deducirse del espíritu de la ley, que busca obstaculizar la realización de procesos inválidos. Surge para el órgano judicial, antes que el deber de proveer sobre el fondo, el deber de examinar si existen los extremos procesales necesarios para proveer sobre el mérito, un verdadero proceso sobre el proceso y si encuentra déficit en él, declarará que la relación procesal no está constituida en el modo exigido para poder conducir a una providencia de mérito (conf. Calamandrei, Instituciones de Derecho Procesal, Tomo I, pág. 350 y sigs., EJEA).
V.2. En el caso de autos se percibe nítidamente la infracción a la preceptiva constitucional y supranacional arriba mencionada.
En esas condiciones, la forma técnicamente más adecuada de hacer cesar en forma inmediata el proceso devenido en ilegítimo por violación del plazo razonable máximo, no puede ser otra que el dictado de sobreseimiento para los imputados, en tanto es una forma anticipada de conclusión del proceso, en este caso, definitivamente. No debe buscarse en las causales del art. 323 del Código Procesal Penal, pues se trata del sobreseimiento por motivos puramente procesales, que en contraposición con los casos de la norma citada no tiene relación directa con la punibilidad abstracta de la conducta, sino con la imposibilidad formal de investigar la sospecha objeto del procedimiento, con la prohibición de llegar a la sentencia en tales condiciones, pudiendo ser dictado en cualquier momento del proceso, incluso después de la sentencia definitiva no firme (numerus apertus).
Se trata, en definitiva, de resolver una situación procesal, no el fondo del asunto, y puede ser dictado al comprobarse la infracción en cualquier momento del proceso, incluso después de la sentencia definitiva no firme, como en el presente caso.
V.3. Esta consecuencia jurídica para dar respuesta a los casos en que se constate que se ha excedido el plazo razonable del proceso resulta a mi juicio preferible a las restantes propuestas doctrinarias y es la que propongo, pues se adapta mejor técnicamente a la naturaleza de la infracción y no incursiona en aspectos de dudosa o nula relación con el tema, al tiempo que garantiza una inmediata solución a la situación de los imputados, garantizándoles el cierre definitivo del proceso con debido respeto del principio ne bis in idem en lo sucesivo.
Las restantes alternativas aplicadas en algunos casos por el más alto tribunal no logran a mi parecer deslindar adecuadamente la infracción estatal por violación al debido proceso de aspectos inherentes al hecho penal o a la culpabilidad del autor. Así, la alternativa que implica atenuar la pena del condenado resulta insatisfactoria a nivel teórico, dado que no puede responder al caso del imputado que debe ser absuelto, siendo además forzado su fundamento, en tanto no se evidencia el por qué una contingencia ajena al hecho y al autor puede influir en la culpabilidad del mismo y en el monto de pena que merece.
Asimismo debe repararse en las propuestas a favor de la declaración de prescripción de la acción penal emergente del delito investigado, por importar una ficción jurídica, en tanto la acción penal en el caso mantiene la vigencia y virtualidad que el ordenamiento sustantivo le reconoce, sin que se verifiquen fundamentos para apartarse de los principios que rigen la extinción de la acción penal por prescripción, basados en la gravedad del hecho y el desinterés de la sociedad y el ordenamiento jurídico en aplicar castigo en los casos en que el paso del tiempo resulta tan significativo que ha enervado la alteración de la paz jurídica otrora producida por el delito.
VI. Por tanto, considero según los fundamentos expresados, que la infracción al plazo razonable d
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