Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131143
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.143, "A., F. s/ queja en causa n° 69.512 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 11 de julio de 2017, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de F. A., contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Plata que lo condenó a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la situación de convivencia preexistente y abuso sexual gravemente ultrajante, en concurso real entre sí (arts. 54, 55 y 119 párrafos segundo, tercero y cuarto incs. "b" y "f", Cód. Penal; v. fs. 123/131 vta. con relación a fs. 9/45).
El señor defensor oficial ante la aludida instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 136/147 vta.), el que al ser declarado inadmisible por resolución del 8 de febrero de 2018 (v. fs. 148/150), motivó la deducción de queja ante esta Corte (v. fs. 257/263 vta.). Este Tribunal, por decisión del 11 de septiembre de 2019, lo declaró mal denegado y lo concedió (v. fs. 264/267).
Oído el señor Procurador General (fs. 272/280 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 281) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Contra la sentencia que fuera reseñada en los antecedentes, la defensa oficial de F. A. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y denunció la violación al debido proceso y al derecho de defensa; invocó nulidad absoluta de la sentencia de condena por ausencia de mayoría de fundamentos (arts. 1, 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1, CADH; 14.1, PIDCP y 168, Const. prov.) y tachó el fallo de arbitrario por inadecuado tratamiento de la cuestión federal (v. fs. 139 vta.).
I.1. En primer lugar, sostuvo que la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Plata es contradictoria e incompatible con un acto jurisdiccional válido, al no contar con mayoría de opiniones respecto al ítem vinculado con la ley aplicable al hecho I, del cual resultara víctima la joven R. A..
Luego de una síntesis de los votos de los jueces del tribunal de mérito sobre la calificación legal y la ley aplicable al caso (v. fs. 140 vta. y 141), señaló que la mayoría decisora sobre esta última cuestión quedó conformada con la suma de los votos de los doctores Domenech y Paolini, aunque aclaró que fue una "mayoría sobre el resultado y no de sus opiniones". En ese sentido, indicó que el juez Domenech fundó la aplicación de la ley 25.087 en que "...al menos algunas de las agresiones fueron cometidas bajo la sanción de la ley actualmente vigente y entonces es posible aplicar la escala penal actual (C.P. art. 1)"; para el juez Paolini el sostén de esa ley radicó en que "...los hechos integran un delito continuado, único, y pese a la modificación legal la lesión gradual afectó antes y después de ella al mismo bien jurídico, la libertad sexual"; por último, en el extremo opuesto el magistrado Vitali postuló como aplicable la ley anterior independientemente de la modalidad concursal por el hecho de ser más benigna (v. fs. 141/142).
Refirió que "El antagonismo es evidente, no puede construirse mayoría de fundamentos entre las posturas de estos dos Magistrados en punto a la legalidad aplicable, toda vez que uno toma la existencia de un bien jurídico único (libertad sexual) para justificar la ley aplicable y el otro, hipotéticamente, plantea que no podría aplicarse la nueva ley por el cambio operado en los bienes jurídicos (honestidad según ley 23.487 e integridad sexual según ley 25.087)" (fs. 143).
Concluyó que lo decidido deja al descubierto la inexistencia de consenso de opiniones para integrar la mayoría sobre cuál ley es la que debe regir a los hechos que tuvieron como víctima a R. A., ocasionando la afectación al art. 168 de la Constitución provincial y el correcto y efectivo ejercicio del derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.), además de imposibilitar una defensa concreta frente al desconocimiento de la ley aplicable al caso (v. fs. 143 y vta.).
I.2. Por otro lado, tachó la sentencia recurrida de arbitraria debido al inadecuado tratamiento brindado al planteo sobre la ausencia de mayoría de opiniones sobre la ley aplicable (v. fs. 143 vta.).
Luego de transcribir lo decidido sobre el punto por la Casación, refirió que, si bien el memorial presentado ante la instancia intermedia no aludió al voto en tercer término del doctor Andrés Vitali, ello no era estrictamente necesario ni impedía arribar a la conclusión de ausencia de mayoría, pues si lo denunciado era la desconexión entre los fundamentos brindados por los jueces Domenech y Paolini -y allí reposó el acuerdo mayoritario para la legalidad aplicable-, bastaba con evidenciar la disparidad de fundamentos entre ellos. En su opinión, la lectura del voto del doctor Vitali hubiese reforzado el planteo, pero no impedía su procedencia (v. fs. 143 vta. y 144).
Por otro lado, alegó que tanto para el juez Domenech -como obiter dictum- como para el doctor Vitali, la calificación de los hechos como delito continuado no necesariamente determina la consecuencia normativa de la legalidad aplicable, es decir, la vigente en el tramo final de consumación de los hechos; y desde esta premisa los contornos de la mayoría que se pretende convalidar se hacen todavía más difusos (v. fs. 144 y vta.).
Finalmente, mencionó precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculados a la validez de la sentencia de un tribunal colegiado, y citó la causa P. 51.135 de esta Corte (v. fs. 145 vta./147 vta.).
II. El señor Procurador General emitió su dictamen y aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 272/280 vta.). Coincido con esa postura.
III.1. El primer planteo no es de recibo.
En la oportunidad prevista por el art. 458 del Código Procesal Penal, el defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal mantuvo expresamente el recurso deducido a fs. 54/61 y sumó como planteo la nulidad de la sentencia de condena por violación a los arts. 371, 375 y concordantes del Código Procesal Penal, 168 de la Constitución provincial y 18 de la Constitución nacional, por considerar que el fallo de origen carecía de mayoría de opiniones respecto al ítem vinculado con la ley aplicable a los hechos que tuvieron como víctima a R. A. (v. fs. 118/121).
En ese marco, sostuvo que para el juez Domenech se había tratado de un supuesto de abuso sexual reiterado con acceso carnal agravado por el vínculo y la situación de convivencia en concurso ideal, conforme el art. 119 tercer y cuarto párrafo del Código Penal, mientras que para el juez Paolini se había configurado un supuesto de delito continuado (v. fs. 118 vta.).
Respecto a la norma aplicable, refirió que el primer juez se decantó por aplicar la ley 25.087 en virtud de que algunas de las agresiones se habían cometido durante su vigencia, y señaló que el criterio propuesto por ese magistrado radicó en la imposibilidad de aplicar la figura del "delito continuado" a raíz del cambio de legalidad; mientras que el segundo votante manifestó que no obstante la lesión gradual admitida y la reforma operada por la ley 25.087, el bien jurídico vulnerado había sido idéntico a lo largo de todo el discurrir delictivo (la libertad sexual), recayendo sobre una misma titular y alterándose la relación de disponibilidad (v. fs. 119 y vta.).
III.2. El Tribunal de Casación Penal describió inicialmente el hecho I del siguiente modo: "Aproximadamente desde que R. E. A. contaba con 11 años de edad y hasta mediados de sus 17 años, su padre, quien vivía con ella, en distintas e imprecisas oportunidades la obligaba a succionarle el pene y le toqueteaba los genitales, aprovechando internaciones de su madre, con motivo de una diabetes que padecía o embarazos. En alguna oportunidad la amenazó con un cuchillo en el cuello, diciéndole que si decía algo mataría a su madre y hermanos. R. padece alteraciones en el crecimiento con enanismo y dificultades en la dicción. Cuenta en la actualidad con 28 años, de modo que los hechos pueden datarse entre 1997 y 2003. Sólo a partir de la denuncia R. logró comenzar su escolaridad. Un clima de gran violencia familiar rodeó estas agresiones, caracterizado por los golpes a la madre de la víctima, desatenciones elementales y encierros en la vivienda" (fs. 124 vta. y 125).
Seguidamente, abordó el planteo de nulidad introducido por el defensor oficial ante esa instancia y lo desestimó por insuficiente (v. fs. 125/126).
En concreto, señaló que el pedido enarbolado sobre la ausencia de mayoría de opiniones en la sentencia atacada "...omite la mención y el consecuente análisis del voto del magistrado que se expidió en tercer término -doctor Vitali-, cuya lectura permite arribar a una conclusión contraria a aquella sobre la que funda la petición" (fs. 125 y vta.). De seguido, pasó revista de lo expuesto por los magistrados votantes y concluyó que en el caso existió "...consenso y acuerdo sobre las dos cuestiones discutidas, alcanzándose la mayoría de opiniones requerida en el caso" (fs. 126).
III.3. De lo expuesto, tal y como refiere el señor Procurador General en su dictamen, se advierte que el agravio vinculado con la ausencia de mayoría de opiniones respecto a la ley aplicable al hecho I del cual resultara víctima la joven R. A., se dirige -en rigor- contra los argumentos que utilizó el Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Plata para condenar a F. A. a la pena de doce años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, mas no hacia los fundamentos propios de la sentencia del Tribunal de Casación Penal recurrida en esta instancia, lo que demuestra la insuficiencia del planteo (art. 495, CPP).
Por otra parte, el recurrente alega que la ausencia de mayoría de opiniones impidió el "...correcto y efectivo ejercicio del derecho de defensa en juicio (art. 18 CN) al imposibilitar la articulación de una defensa concreta al desconocerse cuál es la ley que en definitiva se aplica al caso" (fs. 143 y vta.); sin embargo, más allá de esa genérica afirmación, no enumeró qué defensas se vio privado de ejercer como para postular una sanción de estas características.
Tal situación implicaría declarar una nulidad por la nulidad misma, ubicando lo formal por sobre lo sustancial, cuando solo el perjuicio real y concreto habilita una sanción de este tipo.
No sobra recordar que es doctrina de esta Suprema Corte que las nulidades no tienen por fin satisfacer pruritos formales sino enmendar perjuicios efectivos que pudieren surgir de las desviaciones procesales, cada vez que estas desviaciones supongan una restricción de la garantía de defensa en juicio o del debido proceso, y en la especie, de conformidad con lo dicho, no concurren tales circunstancias (art. 203 y concs., CPP; conf. causas P. 79.268, sent. de 8-IX-2004; P. 65.404, sent. de 29-IX-2004; P. 94.386, sent. de 20-VIII-2008; P. 109.998, resol. de 25-VIII-2010; P. 109.426, resol. de 22-IX-2010 y P. 122.459, sent. de 2-XII-2015). Media, pues, insuficiencia en el planteo (art. 495, CPP).
IV.1. El segundo agravio, vinculado a la tacha de arbitrariedad de la sentencia del Tribunal de Casación Penal por considerar que el tratamiento dispensado al planteo sobre la ausencia de la mayoría de opiniones resultó inadecuado (v. fs. 143 vta.), tampoco es de recibo.
De la reseña efectuada en el acápite III.2 se advierte que el revisor desestimó el pedido de nulidad por insuficiente; destacó que la parte había omitido mencionar y analizar el voto del magistrado que se había expedido en tercer término -doctor Vitali-, cuya lectura -según refirió- permitía arribar a una conclusión contraria a la que fundaba la petición.
Seguidamente, el tribunal intermedio se refirió a los tres votos realizados. Señaló que discutida la calificación con relación a los hechos de los que resultara víctima R. A., "...el votante en primer término, doctor Ernesto Domenech, entendió que aquellos configuraban el delito de abuso sexual reiterado con acceso carnal agravado por el vínculo y la situación de convivencia, en concurso ideal"; a su turno "...el doctor Paolini, consideró que los hechos probados en perjuicio de la menor, constituían un supuesto de delito continuado, aunque coincidió con su colega preopinante respecto de la imposibilidad de aplicar en el caso la ley penal más benigna, toda vez que ciertos ataques sufridos por la niña ocurrieron durante la vigencia de la ley 25.087, aunque resulte más desfavorable para el imputado"; por último "...el doctor Vitali, hizo propias las consideraciones del doctor Paolini, en cuanto a la valoración de las conductas reprochadas como jurídicamente constitutivas de delito continuado, aunque se apartó de sus colegas en relación a la ley que, según el mencionado votante, debía aplicarse en el caso bajo análisis, y sostuvo el encaje de la conducta en el marco de la ley anterior, por aplicación del artículo 2º del Código Penal" (fs. 125/126).
En virtud de ello, la Casación concluyó que "...existió consenso y acuerdo sobre las dos cuestiones discutidas, alcanzándose la mayoría de opiniones requerida en el caso, determinándose la concurrencia de un supuesto de delito continuado -en virtud de la opinión de los doctores Paolini y Vitali- y la aplicación de la ley actual -conforme la mayoría alcanzada por los votos de los magistrados Domenech y Paolini- (artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires)" (fs. 126).
IV.2. Lo expuesto deja en evidencia que, frente al planteo de nulidad formulado por la parte en el memorial respectivo, el Tribunal de Casación lo abordó y lo descartó, brindando fundamentos suficientes para decidir de ese modo.
En efecto, luego de repasar lo expuesto por cada uno de los magistrados integrantes del Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Plata, el revisor concluyó que -al contrario de lo afirmado por la defensa de F. A.- en el caso había existido consenso y acuerdo en las dos cuestiones que fueron discutidas (v. fs. 126).
En ese sentido, comparto lo dictaminado por el señor Procurador General (v. especialmente fs. 277 vta.), toda vez que las argumentaciones expuestas en el recurso en trato no resultan idóneas para controvertir los argumentos del tribunal recurrido al desestimar el planteo, pues en rigor solo trasuntan una mera opinión discrepante en torno al alcance brindado a cada uno de los votos realizados por los sentenciantes de mérito. Y como es sabido, el mero disenso o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo desde el ángulo de la técnica del carril intentado -arbitrariedad- (conf. causas P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.680, resol. de 26-III-2014; e.o.).
Por otro lado, la defensa tampoco evidencia -más allá de su opinión contraria- que la omisión en la inclusión del voto del tercer magistrado -doctor Vitali- puesta de resalto por el Tribunal de Casación, era realmente intrascendente como para resolver el agravio en el sentido pretendido por la parte.
En definitiva, no se advierte que la sentencia puesta en crisis padezca de algún vicio que encasille en algún supuesto de arbitrariedad; el planteo se devela como insuficiente (art. 495, CPP).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia