Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 131916
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en causa P. 131.916-Q, "Núñez, Brian Nicolás s/queja en causa n° 69.991 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 29 de marzo de 2016, hizo lugar al recurso fiscal deducido contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Morón que había dictado veredicto absolutorio respecto de Brian Nicolás Núñez en orden al delito de homicidio agravado por la causa y lo había condenado a cinco años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor de robo calificado por el uso de arma. En consecuencia, casó el veredicto absolutorio y condenó, en definitiva, a Brian Nicolás Núñez, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas como autor de homicidio calificado por la causa y robo calificado por el uso de arma, en concurso real (v. fs. 243/253 vta.).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 255/262 vta.), que fue concedido por la Sala recurrida (v. fs. 265/266).
Esta Suprema Corte, por aplicación del mecanismo revisor sentado in re "Carrascosa" (causa P. 108.199, resol. de 24-VI-2015), dispuso remitir la causa a la Presidencia del Tribunal de Casación Penal para que desinsacule los jueces hábiles integrantes de la nueva Sala que, de acuerdo a los lineamientos trazados en dicho precedente, efectúen la fiscalización integral de esa sentencia de condena (causa P.128.004, resol. de 23-XI-2016, v. fs. 294/295).
En virtud del reenvío ordenado por este Tribunal, el señor defensor adjunto de Casación evacuó la vista conferida en favor del imputado (v. fs. 206/212 vta.).
La Sala III del Tribunal de Casación Penal -integrada al efecto por los doctores Natiello y Celesia -mediante el fallo dictado el día 10 de octubre de 2017- corrigió la sentencia dictada por su antecesora en lo que respecta a la calificación legal dada con relación al homicidio criminis cusae , toda vez que lo estimó perpetrado con el fin de lograr la impunidad; manteniendo la condena de prisión perpetua que se le impusiera a Brian Nicolás Núñez, por resultar coautor penalmente responsable del delito de mención y del de robo calificado por el uso de arma, en concurso real (v. fs. 313/322).
Contra este último pronunciamiento, el señor defensor adjunto de Casación, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 346/352 vta.), que declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 354/357), motivó la deducción de un recurso de queja (v. fs. 566/572 vta.). Esta Suprema Corte se pronunció a favor de su admisión y, en consecuencia, concedió el recurso extraordinario promovido por esa parte (v. fs. 579/582).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 592/598 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 600), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto ante el tribunal intermedio denuncia la arbitrariedad de la sentencia (art. 18, Const. nac.) y violación al principio de inmediación (arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1, CADH y 14.1, PIDCP).
Sostiene que el vicio de arbitrariedad está dado porque en el fallo cuestionado se efectúa una disímil interpretación del soporte fáctico de la condena, modifica la calificación del hecho investigado y agrava severamente la pena impuesta, sin haber garantizado la inmediación.
Plantea, siguiendo los lineamientos consagrados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Casal", que el Tribunal intermedio debió revisar todo lo que le sea posible revisar, en el marco de los agravios propuestos, sin escudarse en la distinción entre cuestiones de hecho y de derecho, con el único límite de lo que es propio de la inmediación del juicio oral.
Entiende violado el derecho a un proceso justo que incluye la posibilidad del acusado y los testigos de ser oídos ante el tribunal del recurso y poder controvertir la revalorización que este efectúa del material probatorio, al haberse dictado sentencia condenatoria sin inmediación (v. fs. 349 vta.).
Esgrime que la impresión personal que tuviera el Tribunal de instancia de ciertos testigos no podía ser controlable y menos revalorizada por el órgano revisor, pues aquel dio cuenta de los motivos que lo llevaron a ponderar solo los testimonios producidos por "Pinky" (es decir, Rubén Leonardo González) y por los testigos Martínez y Contreras, por considerarlos los más cercanos a lo acontecido, descartando las manifestaciones de Franco Daniel Maroni, por resultar alejadas de la realidad a la vista de las distintas versiones que se fueron produciendo (v. fs. 350 vta.).
Considera que el órgano de juicio dio cuenta circunstanciada de la impresión personal que le causaran los testigos -lo cual a tenor del mencionado precedente "Casal"-, en función de la inmediación, tales conclusiones se tornarían irrevisables por el tribunal intermedio (v. fs. cit.).
Las circunstancias particulares de autos derivadas de tratarse de una primera sentencia de condena, mediante revocación de una absolución, imponen -a su criterio- que se tomen ciertos recaudos referentes a la inmediación, a fin de no dejar huérfanas las garantías del debido proceso y de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.; v. fs. 351 y vta.).
Denuncia nuevamente la arbitrariedad del fallo por contener una fundamentación contradictoria, pues si bien refiere realizar el escrutinio con base en los parámetros del fallo "Casal", en cuanto que "...lo único irrevisable son las circunstancias que emerjan directamente de la inmediación y que además carezcan de fuente alternativa", por otro lado, convalida la primigenia sentencia casatoria que condenó al imputado a la pena de prisión perpetua, según sostiene, tras una reinterpretación de las pruebas del caso.
En orden a los fundamentos brindados por el tribunal revisor en el apartado III, efectúa dos observaciones: a) que el art. 458 del Código Procesal nada dice acerca de que la audiencia allí prevista solo pueda llevarse adelante a solicitud del imputado; y b) que la sentencia omite explicar los motivos que llevaron a revalorizar las testimoniales prestadas en el debate oral, que fueron las que, en definitiva, torcieron la suerte del imputado (v. fs. 352).
Solicita se decrete la nulidad de la sentencia en crisis, reenviando los autos al Tribunal de Casación Penal a fin de que, debidamente integrado, dicte una nueva sentencia satisfactoria de las garantías constitucionales del debido proceso, defensa en juicio, derecho a ser oído y principio de inmediación (v. fs. 352 vta.).
II. Coincido con el señor Procurador General en que la vía extraordinaria debe ser rechazada (v. dictamen, fs. 592/598 vta.).
III. Como se señaló en los antecedentes, la Sala III del Tribunal de Casación integrada por los doctores Borinsky, Violini y Carral hizo lugar al recurso fiscal, casó el veredicto absolutorio dictado por el tribunal de juicio y condenó, en definitiva, a Brian Nicolás Núñez, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas como autor de homicidio calificado por la causa y robo calificado por el uso de arma, en concurso real.
Para así decidir, el doctor Borinsky, que concitó la adhesión simple del doctor Carral, señaló que encontraba certeza respecto a que el imputado no solo cometió el ilícito contra la propiedad "...sino que también mató para tomar lo que no era suyo". Ello merced al "collar de pruebas" formado por la desmerecida declaración de Franco Daniel Maroni, la de Rubén Leonardo González, a las que se suman las de Aldana Daniela Izaurrualde, Cristian Omar Lazarte Martínez y Yésica Romina Contreras, la pericia de autopsia, y el secuestro dentro del grupo familiar del causante del celular sustraído a la víctima, entre otras (v. fs. 247 vta. y 248).
Estimó que si a través de las comprobaciones efectuadas por el tribunal del juicio se dio por acreditado que el imputado, junto con otros dos, se apoderaron mediante intimidación armada del celular, campera y dinero de Coria, "...no puede luego desdoblar[se] el razonamiento lógico, de forma arbitraria y dogmática, desentendiéndose, justamente, de las mismas constancias evaluadas para verificar lo anterior, y decir, sin sustento alguno, que Núñez no participó en el homicidio", que fuera producto de la utilización de la cuchilla que llevaron para intimidar y apoderarse de lo ajeno, "...pues lo actuado espeja una conclusión diametralmente opuesta a ello" (fs. 248 cit.).
Destacó que el órgano de juicio, a partir de la autopsia -según lo establecido por la perito Evangelina De Stefano- tuvo por configurado que Coria falleció por un paro cardiorrespiratorio traumático ocasionado por herida de arma blanca en región lumbar y falla sistémica. Y que en prueba de lo ocurrido trajo a colación lo declarado por el apodado "Pinky" (Rubén Leonardo González), testigo directo del hecho, quien dijo que uno de los agresores blandió la cuchilla, y luego se la pasó a quien en definitiva asestó la puñalada letal.
Explicó que el a quo estimó que los dichos de "Pinky" no se correspondían con el "indeciso" Franco Maroni, pese a que el nombrado señaló directamente a Núñez como quien apuñaló a su amigo Coria (v. fs. 248 vta.).
Sin embargo, el juez que lideró el acuerdo en sede casatoria, consideró que frente a lo que expusieron ambos testigos no se apreciaba la contradicción señalada "...pues Maroni mencionó una piña en el estómago, que el acusado le pasó la cuchilla por la cara, que luego de producido el cuchillazo, le sacaron a la caída víctima el teléfono y la campera, que reconoció a Núñez cuando lo vio en la comisaría, mientras González (quien caminaba junto a Coria) dijo algo más de lo mismo, pues más allá de no reconocer a los agresores, señaló que eran tres, que uno le dio una piña, que otro le puso la faca, que los amenazaron de muerte para que no denuncien, y que al occiso le sacaron la campera luego de que lo apuñalaron". Agregó que, aunque el testigo dijera que Maroni no se encontraba con ellos pues se fue corriendo, no quita que este pudiera ver lo que dijo que vio (v. fs. 248 vta. cit.).
Remarcó que no advertía tal contradicción entre lo declarado por González y Maroni, siendo que quien señaló a Núñez como autor de la puñalada bien pudo no ser visto por el otro acompañante, sin perder de vista que momentos antes estaban los tres juntos (v. fs. 249).
Destacó los dichos de Maroni en cuanto sostuvo "...que junto a Mariano Coria salieron de un cumpleaños de 15, que tres chicos los corrieron con una cuchilla, que la víctima y 'Pinky' (González) se fueron para atrás y el dicente siguió y dio vuelta la manzana a la carrera, que al regresar se escondió detrás de un árbol y desde enfrente y a sólo la mitad de una casa, vio cuando el trío formado por Núñez, un tal 'Alexander' y otro le dieron una piña en el estómago a la víctima y le asestaron la cuchillada" (fs. cit.).
Coligió que bien pudo González no ver a Maroni pues este se había escondido en el lugar señalado.
Agregó que a la directa imputación de Franco Daniel Maroni, se suman las juramentadas de Aldana Daniela Izaurrualde, Cristian Omar Lazarte Martínez y Yesica Romina Contreras. "El primero contó que ese día Núñez dejó un vino en el piso y sacó una cuchilla de un portón, que se la pasó por la cara, que el deponente salió corriendo, dio la vuelta y vio que con la misma amenazaban a Coria, que le pegaron una piña en el estómago y le clavó el cuchillo en la espalda". Estos dichos fueron confirmados por Izaurrualde al referir que Núñez se presentó con la hermana y la mamá diciendo que se iba a entregar (v. fs. 249 vta.).
A su turno Martínez recordó que un sujeto de nombre "Alejandro" contó que apuñaló a otro sacándole la campera y el celular, que lo hizo con un tal "Brian", señalando en audiencia al imputado; y Contreras escuchó a Alejandro Ruiz Díaz decir que había participado en el hecho, que estaba con Brian Núñez. Y que él apuñaló al chico que murió (v. fs. cit. y 250).
Afirmó que "...lo declarado por los testigos y una labor pericial ajustada a las circunstancias del caso junto a los hechos acreditados, suministra certeza y predomina sobre la hipótesis remota (o mejor dicho ninguna hipótesis) sostenida por la absolución, en la que sólo hay apariencia de duda, pues Núñez no sólo intervino en el robo sino también en la muerte para poder cometerlo" (fs. 250 vta.).
De ese modo, tuvo por probado que los tres atacantes se pusieron de acuerdo en concurrir armados a robar, portando una cuchilla, poniendo en obra el delito en sí mediante la ejecución conjunta del homicidio, por lo que lo hecho por uno es un aporte al grupo y los responsabiliza a los otros, y a lo que no pone ni quita que uno solo haya sido quien le asestara una puñalada a la víctima, luego de que lo inmovilizaran a través de una piña en el estómago (v. fs. cit.).
Como prueba de coautoría, apuntó, se aprecia el trabajo ulterior por el que, ante la puñalada efectuada, Núñez se apodera del celular que luego fue hallado en poder de su hermana, y se fuga (v. fs. 251).
Aseveró que "...con la inconmovible intervención del acusado en el hecho contra la propiedad, el hecho contra la vida se ubica en el artículo 80, inciso séptimo, del Código Penal" y que "...la acción relatada pone de manifiesto un obrar homicida reflexivo para matar que es movilizado por la comisión de otro delito (apoderarse de los bienes)" -fs. citada-.
Así consideró acreditado con el grado de certeza que requiere un pronunciamiento de condena el elemento subjetivo del tipo de homicidio, agravado por la causa, del que Brian Nicolás Núñez es coautor, "...pues el tribunal de primera instancia abraza una verdad aparente, cuando lo desliga de la muerte" (fs. 251 vta.).
Por su parte el doctor Violini agregó que Núñez "...integró el grupo criminal, que con 'preordenación' dio muerte a Coria, con el solo objetivo de despojarlo de sus pertenencias (énfasis personal)" (fs. 252).
Mencionó que en una muestra de distribución de roles y coordinando su accionar, obraron del siguiente modo: uno de ellos propinó un golpe de puño a la víctima y el otro le asestó una puñalada por la espalda, para luego, caído en el piso, los tres lo despojaron de lo poco que poseía, consumando así, el delito planeado (v. fs. 252 vta.).
Coincidió que ese obrar en común y concertado, convirtió a los intervinientes -entre ellos Núñez-, en coautores en los términos del art. 45 del Código Penal, conforme la teoría del dominio funcional del hecho desde que existió una inmediata imputación recíproca de todas las contribuciones al lamentable suceso.
Y resaltó que la secuencia descripta, patentizó que la "...planificación previa del convenio delictivo, estuvo signada por la ultraintención de alcanzar la consumación del delito complejo, elemento subjetivo esencial para sostenerlo, [...] toda vez que el homicidio, no fue más que el modo para lograr la sustracción de las pertenencias del occiso" (fs. 252 vta. cit.).
III.1. En oportunidad de efectuar el control horizontal y ante similares agravios a los aquí traídos por la defensa, el órgano intermedio -con voto del señor juez Natiello, que concitó la adhesión simple del doctor Celesia-, se expidió en primer lugar sobre el principio de inmediación, y resaltó que en atención a la normativa vigente no se puede generar la prueba en la instancia casatoria, salvo que surja un nuevo plexo probatorio, que para ese supuesto el Código de forma prevé la audiencia del art. 456 y siguientes, y agregó que "...si bien la impresión personal del juez es inescrutable", ello no obsta a que "...tanto la credibilidad del testigo como su información deben ser materia de fundamentación racional y, por lo tanto, susceptible de ser controlada analizando la sentencia" (fs. 317).
Adunó que bajo estos parámetros "...es incorrecto que el juicio de primera instancia sea reeditable, pues son irrepetibles las condiciones en que se presentó la primera audiencia, única oportunidad en que el juzgador puede obtener conocimiento con un mínimo de distorsión. En consecuencia, sería inútil una segunda instancia de conocimiento, siendo que el correcto control del fallo es perfectamente asequible a través de un exhaustivo registro de lo acontecido en la audiencia de conocimiento y el análisis crítico de sentencias a las que se exige rigurosa motivación de sus afirmaciones" (fs. 317 y vta.).
Aseveró que la inmediatez es sustancialmente un instrumento generador de información sobre el caso, y que la decisión del juez deberá ser fruto de una argumentación consistente que se haga cargo de los datos aportados en el proceso, más allá de su convicción íntima de cómo acontecieron las circunstancias históricas del hecho, ya que puede existir prueba irregularmente adquirida o criterios discriminatorios impresos en la subjetividad del juez que le sugieran la culpabilidad del imputado, pero si no hay elementos legítimos objetivables racionalmente, la opinión del caso labrada en el fuero íntimo del juzgador es jurídicamente irrelevante (v. fs. 318).
Concluyó que "Si a tal exhaustividad de motivación del fallo adunamos la existencia de registros de la prueba desarrollada, la inmediación no constituye límite alguno para el tribunal revisor, pudiendo controlar tanto la valoración del juez como su propia percepción directa de la prueba" (fs. cit. y vta.).
En concreto indicó que dentro del proceso casatorio, en la figura del imputado, la legislación brinda oportunidad procesal para que pueda ser escuchado por los jueces que deben dilucidar la pieza recursiva que interpusiera, así el art. 458 del Código Procesal Penal, establece las pautas del debate oral, donde se prescribe que no es necesaria la presencia del imputado en el mismo, salvo expreso pedido de este o de su defensor (v. fs. 318 vta.).
Tal es así que el encartado cuenta con la audiencia de visu establecida en la última parte del art. 41 del código de fondo.
Destacó que, más allá de las oportunidades procesales mencionadas, ni el imputado Núñez ni su defensa hicieron uso de esa facultad, solo se acompañó memorial, para de esa forma desistir de la audiencia, e incluso no solicitar la audiencia de visu referenciada.
III.2. Seguidamente describió la materialidad fáctica que se tuvo por acreditada en los siguientes términos: "...el día 21 de abril de 2013, aproximadamente a las 5.00 horas, en calle Fraga entre Feval y Cucha Cucha del Barrio Pompeya (Merlo), el imputado junto con otros dos, intimidaron a Mariano Coria con una cuchilla de carnicero apoderándose de su campera, el celular y dinero, asestándole una puñalada para lograr el fin propuesto, existiendo nexo ideológico entre el homicidio y el robo" (fs. 319 vta.).
Consideró probado con el grado de certeza que requiere un pronunciamiento de condena, el elemento subjetivo del tipo del art. 80 inc. 7 del Código Penal, resultando Brian Nicolás Núñez coautor de la materialidad ilícita reseñada.
Convalidó lo concluido por su predecesor en cuanto al actuar en común tanto respecto del robo como del homicidio y la intervención de Núñez en ese quehacer delictivo (v. fs. 319 vta. y 320).
Repasó que entre el plexo probatorio analizado que llevó a la condena de Núñez, están las declaraciones testimoniales de Franco Daniel Maroni, de Rubén Leonardo González, de Aldana Daniela Inzaurralde, de Cristian Omar Lazarte Martínez y de Yésica Romina
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