Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 131798
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.798, "Altuve, Carlos Arturo s/ queja en causa n° 74.130 del Tribunal de Casación Penal, Sala V, seguida a Galloso, Claudio Miguel", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan , Soria , Genoud.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 4 de agosto de 2016, en lo que importa para el caso, hizo lugar al recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Martín que, en lo que también importa, condenó a Claudio Miguel Galloso a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable de los delitos de resistencia a la autoridad, homicidio doblemente agravado por haber sido cometido para procurar la impunidad de otro ilícito y contra personal policial en ejercicio de su función, por la intervención de un menor de dieciocho (18) años y la utilización de un arma de fuego, homicidio doblemente agravado por haber sido cometido para procurar la impunidad de otro ilícito y por resultar personal policial en ejercicio de su función, por la intervención de un menor de dieciocho (18) años y la utilización de un arma de fuego en grado de tentativa, y autor del delito de encubrimiento, todos en concurso material entre sí. En consecuencia, casó parcialmente la sentencia impugnada, absolvió al nombrado con relación a los delitos contra la vida y ordenó el reenvío de la causa al tribunal de origen para que fije nueva pena teniendo en cuenta los ilícitos subsistentes de resistencia a la autoridad y encubrimiento que no habían sido objeto de recurso (v. fs. 124/155 con relación a fs. 72/85 vta.).
Contra esa decisión, el señor Fiscal ante el referido Tribunal, doctor Carlos Arturo Altuve, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 163/183), el que habiendo sido declarado inadmisible por resolución de fs. 190/193, motivó la deducción de recurso de queja el cual fue desestimado por esta Suprema Corte al considerar que la decisión recurrida no era sentencia definitiva.
El día 8 de agosto de 2018, el Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Martín, a consecuencia del reenvío dispuesto por el órgano intermedio, condenó a Claudio Miguel Galloso a la pena de tres años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, en orden a los delitos de resistencia a la autoridad y encubrimiento, en concurso real entre sí (v. fs. 226/227).
Contra ello, el señor Fiscal ante la instancia intermedia interpuso nuevo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 207/224 vta.), el cual por resolución del día 28 de noviembre de 2018 fue declarado inadmisible por el a quo (v. fs. 228/230 vta.); ello motivó la interposición del recurso de queja (v. fs. 312/318 vta.), que esta Corte resolvió de modo favorable el día 4 de septiembre de 2019 y concedió el recurso extraordinario deducido (v. fs. 319/322).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 334/337 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 339), presentada la memoria por parte del señor defensor oficial ante la instancia intermedia, doctor Mario Luis Coriolano (v. fs. 348/349 vta.), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor Fiscal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor Fiscal denunció arbitrariedad de la sentencia recurrida por motivación aparente al haberse desentendido del plexo probatorio cargoso reunido en el caso, circunstancia que -a su juicio- invalida el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido (v. fs. 209 vta.).
Luego de hacer una transcripción del hecho acreditado y del voto que permitió conformar el acuerdo del Tribunal de Casación, refirió que el a quo no había demostrado en modo alguno que los fundamentos en los que el sentenciante de origen había cimentado su certeza sobre la materialidad ilícita y la autoría del imputado hubieran sido irrazonables, sino que el revisor se limitó a formular un cuestionamiento en torno a la fuerza convictiva de diversos elementos probatorios que en nada desvirtuaban la contundente prueba que había sido valorada por el juzgador de mérito, apartándose de la real motivación brindada en la sentencia de condena (v. fs. 209 vta./218).
Refirió que, al contrario de lo argumentado por la Casación, existió prueba de cargo suficiente como para fundamentar la convicción sobre la verdad de los hechos acaecidos (v. fs. 218).
En ese sentido, resaltó los testimonios brindados por Walter Ortellado, Ricardo Villareal, Jonathan Hart, Daniel Lorenzo, Marcelo Pérez, Lucas Branda, Diego M. Ibáñez, Jorge Saucedo y Javier García, la declaración del imputado Galloso, como así también hizo hincapié en la pericia balística realizada sobre el arma de fuego secuestrada en el lugar y su posterior cotejo con el proyectil extraído del cuerpo del oficial Galarce (v. fs. 218 vta./219 vta.).
Con ello, sostuvo que el análisis conglobado de todas las piezas de prueba mencionadas conformaba un cuadro probatorio de entidad suficiente como para tener por acreditado los ilícitos denunciados y dejar en cabeza del imputado la autoría penalmente responsable de ellos (v. fs. 20).
Destacó el minucioso relato aportado por una de las víctimas, el sargento Ortellado, el cual -a su juicio- resultaba plenamente conteste con el resto de la prueba reunida en la causa -testimonios de Villarreal, Hart, el efectivo policial Ibáñez e incluso los dichos del propio imputado; la pericia balística que determinó que el proyectil extraído del cuerpo de la víctima fue disparado por la pistola Browning 9 mm sin numeración que fuera encontrada sobre la vereda a metros del lugar en el que ocurrió la colisión- (v. fs. 220 y vta.).
Consideró que ninguno de los cuestionamientos formulados por el Tribunal de Casación quitaban entidad convictiva a la prueba valorada por el órgano de origen, ya que "...si la moto chocó de frente al patrullero y luego, por la fuerza del impacto, su rueda trasera quedó incrustada contra el mismo o, si el disparo recibido por Ortellado fue de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, o, si Galarce recibió el impacto de bala intentando bajar del móvil (nadie dijo que hubiese bajado) pero es hallado sentado en el asiento del conductor -circunstancia que, por otra parte, resulta perfectamente compatible con ello, máxime si se considera que, según los dichos del propio Ortellado, él le pidió a Galarce que modulara para pedir auxilio y éste lo hizo, por lo que claramente estaba sentado en el asiento del conductor-, resulta irrelevante a los fines de conmover lo decidido por el órgano de mérito. De igual modo, si el imputado quedó tendido en tal o cual lugar luego de volar por el aire" (fs. 221 vta.).
Ante ello, afirmó que "...la prueba en la que el Tribunal Criminal cimentó su convicción en torno a la participación de Galloso en los injustos contra la vida resulta contundente y [...] los argumentos en los que el Tribunal de Casación funda su decisión carecen de toda aptitud pa[r]a desvirtuarla" (fs. cit.).
Continuó indicando que Galarce había fallecido como consecuencia del disparo efectuado por el arma hallada a metros del lugar del hecho, lo que fue fehacientemente acreditado por la pericia balística practicada en autos; por ende, estimó que la ausencia de pericia del arma de Ortellado carecía de interés en ese sentido. Además, apuntó que la circunstancia de que el arma fuera hallada sobre la vereda toda desarmada -lo cual había llamado la atención del Tribunal de Casación- resultaba plenamente conteste con el hecho relatado por Ortellado e incluso por el propio imputado, en cuanto a que, al colisionar, el mismo voló por el aire y su consorte dio dos vueltas carnero y salió corriendo (v. fs. 222).
Aseveró que cada uno de los cuestionamientos formulados por el órgano intermedio a la sentencia condenatoria surgían de su propia subjetividad y proponían una duda que nunca había existido en el ánimo de los sentenciantes de la instancia, quienes ponderaron razonadamente el plexo global recibido en su presencia. También apuntó que ninguno de los argumentos desplegados por el revisor había sido suficiente para conmover la certeza de que el disparo mortal que impactara a Galarce fuera disparado por el arma hallada a metros del lugar, ni tampoco que una de las víctimas del hecho -Ortellado- escuchara disparos y a Galloso inclinarse sobre la moto y decir a su compañero "...dale, tirale" (fs. 222 y vta.).
Concluyó en que el fallo recurrido presentaba graves y manifiestos defectos de fundamentación en la valoración de la prueba en tanto se había fragmentado indebidamente la prueba recogida, todo lo cual descalificaba la sentencia como acto jurisdiccional válido, incurriendo por ello en absurdo y arbitrariedad (v. fs. 223).
II. El señor Procurador General sostuvo el recurso interpuesto y aconsejó que se haga lugar al mismo en los términos peticionados (v. fs. 334/337 vta.).
III. Por su parte, el señor defensor oficial ante la instancia intermedia, doctor Mario Luis Coriolano, acompañó la memoria que autoriza el art. 487 del ritual (v. fs. 348/349 vta.).
En esa oportunidad, refirió que, bajo el ropaje de una cuestión federal -arbitrariedad de sentencia-, la acusación pretendía una nueva revalorización de la prueba, materia ajena a la competencia de esta Corte. Además, afirmó que un análisis exhaustivo del fallo del Tribunal de Casación determinaba que había realizado una revisión amplia de la sentencia de condena en función de las constancias de la causa, arribando a la falta de certeza respecto de la mecánica del hecho y la consecuente autoría en cabeza de Galloso, especialmente por carencias en la producción probatoria.
IV. Adelanto que, en mi opinión, el recurso prospera, pues, para absolver al imputado respecto de los ilícitos contra la vida por los que fuera condenado en primera instancia junto a otros delitos, el Tribunal de Casación se desentendió de los fundamentos del tribunal de mérito a partir de los cuales sus integrantes formaron su convicción para adjudicar la coautoría en cabeza de Galloso.
V. Liminarmente, cabe indicar que los reclamos que trajo el recurrente se vinculan con cuestiones de índole probatoria, ajenas al ámbito de revisión propio del medio en cuestión (conf. doctr. art. 494, CPP).
Ahora bien, el señor Fiscal le atribuyó a la sentencia recurrida el vicio de arbitrariedad al desarrollar una "motivación aparente", mediante un estudio "parcial" y desentenderse por completo del "plexo cargoso reunido en el caso" (fs. 209 vta.) y, en este punto, concuerdo con el señor Procurador General en que el recurso debe tener respuesta favorable.
V.1. La sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Martín encontró a Claudio Miguel Galloso coautor responsable de los delitos de resistencia a la autoridad, homicidio doblemente agravado por haber sido cometido para procurar la impunidad de otro ilícito y contra personal policial en ejercicio de su función, por la intervención de un menor de dieciocho (18) años y la utilización de un arma de fuego, homicidio doblemente agravado por haber sido cometido para procurar la impunidad de otro ilícito y por resultar personal policial en ejercicio de su función, por la intervención de un menor de dieciocho (18) años y la utilización de un arma de fuego en grado de tentativa, y autor del delito de encubrimiento, todos en concurso material entre sí (v. fs. 72/85 vta.).
De conformidad con ese fallo, y solo en lo que importa destacar para el caso, la materialidad ilícita que se tuvo por acreditada fue la siguiente: "...el día 1 de agosto de 2013 a las 19.30 hs., Galloso en circunstancias que se desplazaba a bordo de la moto que conducía junto con un masculino menor en las inmediaciones de la calle 17 de agosto y Pastor Luna, de la localidad de Villa Bosch, Pdo. de Tres de Febrero, en actitud sospechosa se resiste a la orden del sargento Ortellado y Galarce que recorrían la zona en el móvil nro. 37381, quienes en ejercicio de sus funciones, procuran interceptar, intentando los sujetos darse a la fuga, efectúan disparos con un arma de fuego, pistola browning 9 mm. sin número con cartuchos de igual calibre, contra el personal policial mencionado con la intención de darles muerte y lograr su impunidad, acelera a la moto vehículo impactando patrullero, disparos que hieren al efectivo Ortellado en brazo izquierdo y Galarce en la región clavicular lado derecho causándole la muerte" -Hecho II- (v. fs. 72 vta.).
Para arribar a esa conclusión los señores jueces de grado consideraron relevantes las declaraciones testimoniales prestadas por Ricardo Sergio Villareal, Jonathan David Hart, Claudio Damián Castro, Daniel Aníbal Lorenzo, Marcelo Alejandro Pérez, Leonel Hernán Dona, Maximiliano Adrián Delgado, José Teodoro Zavala, Raúl Alejandro Vega, Néstor Fabián Ríos, Lucas Rodrigo Brandan, Diego Matías Ibáñez, Jorge Fabián Saucedo, Javier Edgardo García, Claudio Alberto Amodeo, Walter Martín Ortellado (una de las víctimas) y Carlos Francisco Martínez. Además, sumaron los elementos incorporados por lectura al debate (v. fs. 72 vta./78 vta.).
Particularmente, con relación a este suceso, el tribunal de mérito tuvo especialmente en cuenta la declaración testimonial prestada por Walter Ortellado, resaltando que, durante la audiencia de debate, el testigo había referido que "...el día del hecho se encontraba patrulla[n]do en el móvil identificable junto con su ocasional compañero, Galarce, quien se encontraba al mando de la patrulla, observando que se le cruza una motocicleta con dos ocupantes en las calles Campo de Mayo y 17 de agosto, por lo que comienzan a seguirlos con las balizas encendidas, acelerando la moto, iniciándose su persecución, siendo que el biciclo, dobla por la arteria P. Luna, pasándose de largo, es que Galarce retrocede con el móvil para tomar por dicha arteria, viendo que la moto llega hasta el cruce con Betarran, la cual estaba cortada por arreglos en su pavimento, haciendo una maniobra de ocho, vuelve la moto hacia donde se encontraban ellos, siendo que se detienen a mitad de cuadra, le pide a Galarce que lo encare para interceptarlos, comenzando a acercarse la moto, mientras que intenta descender del móvil, cuando Galarce hace una maniobra brusca que lo vuelve a sentar en el móvil, advirtiendo que la moto se les viene encima y que antes de colisionar con la misma observa al conductor de la moto inclinado hacia el tanque de combustible con las manos aferradas al manillar, diciéndole dale o tirale, escuchando una detonación, sintiendo una herida en su brazo izquierdo, inmediatamente choca la moto al móvil, volando por encima del capot el conductor de la misma, mientras que su acompañante se larga de la moto cayendo y dando vueltas carnero, se incorpora y se retira del lugar, logrando Ortellado bajar del móvil, observando que el conductor de la moto estaba en el piso, ordenando que se quede quieto dado que estaba consciente, pidiendo a su compañero que module para pedir apoyo, quien inicialmente lo hace, pero luego ve que inclina su cuerpo". También resaltó que Ortellado había contado que no pudo observar si alguno de los ocupantes de la moto se hallaba armado, pero que antes de la colisión escuchó decir al conductor "dale" o "tirale" y seguidamente oyó el disparo (v. fs. 79 y vta.).
Según el sentenciante de origen, aquella versión de lo ocurrido fue corroborada parcialmente con los testimonios de los vecinos del lugar Ricardo S. Villareal y Jonathan D. Hart, quienes se acercaron luego de ocurrido el hecho y pudieron observar al patrullero detenido y una moto azul tirada en el piso, un sujeto también en el piso y una pistola plateada, reconociéndola como similar al arma de fuego secuestrada al serle exhibida la pistola calibre 9 mm (v. fs. 79 vta.); todo ello se concatenó con lo dicho por los oficiales Diego M. Ibáñez y Javier E. García, cuyos testimonios fueron reforzados con el material fotográfico y planimétrico (v. fs. 80 y vta.).
En suma, el tribunal de origen ponderó que la pericia balística practicada sobre el arma de fuego secuestrada en el lugar y su cotejo con el proyectil recuperado en el cuerpo de Galarce, había dado cuenta de que ese armamento era apto para el disparo y resultaba ser el arma que produjera el disparo mortal a la víctima (v. fs. 80 vta.).
Con ello, el tribunal consideró que se estaba frente a un "...badallar probatorio incriminante inconmovible, de modo que las acciones atribuidas desde su génesis hasta su culminación se ven claramente acreditadas" (fs. 81). En ese sentido, no compartió la postura de la defensa en cuanto a la ajenidad de su defendido en el fatídico hecho en trato; a la vez, destacó que, pese a las dudas que existieron respecto de la portación de arma de fuego homicida por parte de Galloso, se pudo probar que tanto el nombrado como el menor C. combinaron subirse a la moto de origen ilícito para llevar a cabo un robo; que ambos adjudicaron al otro en sus declaraciones como el que portaba el arma de fuego; que el encartado Galloso estaba conduciendo la motocicleta al momento de cruzarse con el patrullero tripulados por Galarce y Ortellado; que intentaron fugarse al ser perseguidos y que, al encontrarse con la calle cortada, decidieron volver sobre la misma calle y enfrentarse al móvil policial (v. fs. 81).
De esta manera, resaltó que Galloso tenía otras opciones o alternativas para evitar el fatal episodio, pues sabía que estaba al mando de una moto de origen ilícito y que -al menos en su versión- su primo estaba armado con un arma de grueso calibre, motivo por el cual se resistió a ser interceptado por el móvil policial dado que definitivamente sabía que iban a ser detenidos por el encubrimiento de la motocicleta y por la portación de un arma de fuego. Recalcó que también tuvo como opción, al ver que la calle estaba cortada, seguir su camino por la vereda a bordo de la moto y, si así no fuera, de igual modo podía haber descendido del vehículo, abandonarlo y alejarse a pie, evitando de ese modo enfrentarse con la policía (v. fs. 81 y vta.).
En síntesis, el tribunal de mérito concluyó que Galloso "...decidió junto con C., no abandonar la motocicleta ni el arma de fuego y al mando de la biciclo, enfrentarse a sangre y fuego con los uniformados que le cortaban su retirada, acostándose sobre el tanque de combustible de la moto, para facilitarle a su primo, la posición de disparo, a la vez que le alentaba diciendo dale o tirale, produciéndose los disparos que llevaron a la muerte a Galarce. Estos disparos conforme la trayectoria descripta por el médico actuante en su autopsia [...], se generaron necesariamente cuando el móvil estaba detenido, tal como lo describe Ortellado y cuando Galarce de gran altura, se estaba incorporando de su asiento, apoyando su brazo derecho sobre el marco de la puerta y así salir del móvil cuando los ocupantes de la moto se abalanzan y colisionan al móvil, de esta manera se explica la trayectoria del proyectil de Galarce, que ingresa por debajo de su brazo derecho, termina[n]do dicha bala mortal de pasar por toda su caja torácica y alojarse en el brazo izquierdo. Por ello entiendo que Galloso aceptó la suerte del resultado de dichos disparos, ello con el propósito de lograr su impunidad sabiendo que los mismos resultaban a todas luces efectivos policiales en ejercicio de sus funciones" (fs. 81 y vta.).
V.2. En el recurso de casación, la defensa de Galloso planteó la inobservancia de los arts. 210 y 373 del Código Procesal Penal y consideró
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.